Sin transparencia, los recursos del Plan Nuevo Guerrero

El Sur de Acapulco

El gobierno de la república, encabezado por Enrique Peña Nieto, les mintió a los guerrerenses. Les dijo que el Plan Nuevo Guerrero, cuyos recursos financieros se invertirían en la reconstrucción del estado, luego de las afectaciones por las torrenciales lluvias de septiembre de 2013, se ejercerían con rigurosa transparencia. Pero no ha sido así, pues a partir de ejercicios para el acceso a la información, se observó una abierta falta de transparencia que impide el seguimiento y la vigilancia de los recursos.

Si bien se puede encontrar alguna información en el portal Transparencia Presupuestaria, en la liga Plan Nuevo Guerrero, ésta incluye sólo datos muy generales y simplemente no es estratégica para hacer un seguimiento. Y cuando se solicitó a varias dependencias federales (Sedatu, Inifed, SCT, Secretaría de Economía) información diferente y con mayor detalle de la que publica ese portal electrónico, relacionada con la reconstrucción, éstas escondieron y retrasaron los datos o sus respuestas fueron muy parciales y en algunos casos la declararon parcialmente confidencial.
Las respuestas desafortunadas que recibimos a estos ejercicios de acceso a la información para indagar un programa con tantos recursos como el Plan Nuevo Guerrero parece que son cada vez más frecuentes en el gobierno federal –ya no sólo en los estatales y municipales- para ocultar información relevante.
Aunado a esto, por vez primera en la experiencia de quien esto escribe, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ya no fue un organismo diligente en sus procedimientos, sino una entidad burocratizada, que en este ejercicio de investigación del Plan Nuevo Guerrero no hicieron expedito su trabajo.
Hoy comenzamos una serie de textos que examinan la transparencia y el acceso a la información en el uso de los recursos del Plan Nuevo Guerrero, del que se prometió transparencia, y hoy sólo se conoce información muy parcial, en el mejor de los casos, que despiertan numerosas dudas.
Una de las dependencias más reacias a entregar información fue la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que tiene a su cargo la construcción de viviendas para quienes las perdieron en septiembre de 2013.

La promesa

Con bombo y platillo, el presidente Peña Nieto anunció el 7 de noviembre de 2013 que la Cámara de Diputados decidió “respaldar a Guerrero en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ampliando los recursos del Fonden, con una cantidad importante de siete mil millones de pesos, pero que además esto posibilitará que el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Hacienda, pueda a través de mecanismos financieros, ampliar el monto de inversión que será del orden de 30 mil millones de pesos a favor de la entidad el próximo año”.
Y agregó el presidente: “Para que esta ayuda rinda frutos y llegue efectivamente a quienes más lo necesitan, son imperativas la transparencia y la participación social”.
En su turno, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, abundó que el Plan de Nuevo Guerrero representaba una “oportunidad de ejercer los recursos de manera ejemplar, con la participación de la ciudadanía y con absoluta transparencia”.
“Por eso, en cumplimiento a la instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto, en el ejercicio de los recursos Federales del Plan Nuevo Guerrero se introducirán nuevas formas de participación y vigilancia ciudadana, como, por ejemplo, un sistema de obra pública abierta, que permitirá que la ciudadanía verifique con información en tiempo real el costo y el avance de las obras”.
En esa ocasión, para la vigilancia de los recursos, según informó el presidente, se integró un Consejo Estatal y Comités Comunitarios para la Restauración de Guerrero -en cuya membresía predominaron los representantes empresariales y de colegios de profesionales, que auguraban desde entonces que este “organismo ciudadano” tendría un funcionamiento estéril, poco crítico y muy complaciente con el ejercicio de los recursos.

Opacidad en la construcción de viviendas

La falta de transparencia de la Sedatu es sólo un ejemplo de la manera como se están ejerciendo los recursos públicos federales, en este caso los destinados a la construcción de vivienda, dentro del Plan Nuevo Guerrero.
Ante dos solicitudes de información para conocer con detalle los datos básicos sobre el programa de vivienda que opera, la Sedatu hizo todo los posible por ocultar la información, lo que da pie a muchas interpretaciones sobre si se están ejerciendo con honestidad los recursos, porque con transparencia no.
El 28 de julio de 2014 se presentó la solicitud de información folio 0001500050814 para requerir los siguientes datos: “Número de viviendas construidas al 15 de julio de 2014 como parte de las afectaciones por los fenómenos metereológicos en septiembre de 2013 en el estado de Guerrero. Esta información desglosada por municipio, localidad, monto invertido y población beneficiada”. Es decir, información elemental que la Sedatu está obligada a tener en sus registros.
Sin embargo, el 25 de agosto de 2014, la Sedatu anunció que requería de una prórroga para responder a la solicitud. La justificación, que por obligación normativa deben hacer saber al solicitante, fue en los siguientes términos: “Con el fin de continuar la búsqueda de la información solicitada, es necesario ampliar el plazo”.
El 24 de septiembre de 2014, la Sedatu dio respuesta a la solicitud de información proporcionando datos muy escuetos y diferentes a los solicitados. Respondió la dependencia entregando un reporte con corte a septiembre de viviendas en construcción –cuando lo que se solicitó fueron las viviendas construidas al 15 de julio- con un total de 6,281 viviendas y el desglose fue por cada una de las regiones del estado.
También informó que el “monto ejercido” fue de 753.7 millones de pesos, y la población beneficiada alcanzó los 24,495 habitantes.
No sin cierto sarcasmo, la Sedatu remató: “Con lo anterior, se da respuesta en forma clara y completa a su solicitud de acceso a la información pública”.
Ante esta información parcial que nos entregaron, e 7 de octubre de 2014 presentamos un recurso de revisión debido a que “el sujeto obligado no entregó de manera completa la información que se le requirió, no obstante que solicitó prórroga y tuvo el tiempo suficiente para hacerlo”.

Las mañas de la Sedatu

Ante el requerimiento del IFAI, la Sedatu respondió que “bajo el principio de disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados a que se refiere el artículo 6 de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental debe considerarse que la información requerida por el particular únicamente se encuentra disponible por región y no por municipio y localidad”.
Agregó la dependencia que de acuerdo con el artículo 42 de la LFAIPG, no está obligada a entregar información que no esté en sus archivos.
Con esta decisión de la dependencia, se observó un claro intento de ocultar la información –el primero de varios-por parte de la Sedatu. Es difícil de creer que la dependencia no lleve un control riguroso del número de viviendas construidas en cada municipio y localidad, pues si no es así, entonces estamos ante un grave problema de eficiencia e ineptitud en la dependencia. Y además, ¿dónde quedó el compromiso de Peña Nieto de transparentar el Plan Nuevo Guerrero?
El IFAI desnudó la opacidad de la dependencia. Le señaló, por ejemplo “que no remitió la solicitud para su atención a todas las áreas que pudieran contar con la información”, y enumeró varias oficinas “que pudieran contar con la información requerida, toda vez que sus atribuciones se encuentran directamente relacionadas con la materia de la solicitud”.
Asimismo, la Sedatu se vio evidenciada cuando el IFAI revisó la página electrónica de la dependencia, en Sala de Prensa, donde se publicaron una serie de boletines institucionales sobre las actividades que realiza la Sedatu, y entre los cuales “se pudo encontrar una cantidad importante de boletines relacionados con la entrega de viviendas a familias que resultaron afectadas por el desastre natural del año dos mil trece en el estado de Guerrero”.
Incluso, el órgano garante federal acopió varios ejemplos obtenidos del portal electrónico de la Sedatu, como el que transcribimos a continuación: “El gobierno federal, a través de la Sedatu, entregó hoy 92 viviendas a igual número de familias de Tierra Caliente, Norte y Costa Chica, Guerrero, que resultaron afectadas por los fenómenos naturales Ingrid y Manuel.”
Añadió el boletín de prensa publicado en septiembre de 2014: “Con la adjudicación simultánea de 92 casas, 20 de ellas en Ajuchitlan, 11 en Changata, 20 en Sinahua, 15 en Tierra Blanca, 23 en Tepecoacuilco (en las comunidades de San Juan Tetelcingo 5, San Agustín Oapan 15 y San Miguel Tecuixipan 3) y tres en Costa Chica, suman mil 219 viviendas entregadas al día de hoy, y se espera que para el 16 de septiembre se tengan terminadas poco más de dos mil 500 viviendas”.
Se observa en los boletines de prensa de la Sedatu que si cuentan con información desglosada por municipio y por localidad, lo que es incongruente con la respuesta dada a una solicitud de información.
Es decir, la Sedatu tiene dos criterios en el manejo de su información, cuando se trata de describir el trabajo y las actividades de la dependencia con el propósito de difundirlos en los medios de comunicación, sí se esmera en brindar información con mucho detalle; pero cuando se trata de responder a las solicitudes de información de las y los ciudadanos, solo entregan información muy general.
Esta incongruencia fue comentada por el IFAI en los siguientes términos: “toda vez que la fuente de la información pública localizada [boletines de prensa] corresponde al propio sujeto obligado, es inaceptable considerar que la información requerida no se encuentre con el grado de desglose requerido por el particular”.
Asimismo, comenta que “no se puede considerar que la búsqueda [hecha por la Sedatu] hubiese sido exhaustiva ni llevada a cabo con el criterio adecuado, máxime que se localizaron boletines de prensa del sujeto obligado que dan a conocer información con el grado de desglose requerido por el particular”.
Con estos argumentos, el IFAI emitió, el 20 de noviembre, la resolución RDA4353/14 en los siguientes términos: Se revoca la respuesta emitida inicialmente por la Sedatu, y además se instruye a la Sedatu “para que un plazo máximo de diez días hábiles” cumpla con lo ordenado en la resolución, es decir, entregar la información.

Sedatu no superó la opacidad

En un claro desafío a la resolución emitida por el IFAI, la Sedatu siguió ocultando la información solicitada. En el último día que tuvo para entregar los datos (19 de enero de 2015), la dependencia entregó información correspondiente a una semana, del 14 al 18 de julio de 2014, cuando claramente se lee en la solicitud que la información requerida abarca desde que se comenzaron a construir viviendas en 2013 por las lluvias torrenciales provocadas por Ingrid y Manuel y hasta el 15 de julio de 2014.
Fue en este punto del proceso donde el IFAI comenzó a presentar una cara burocrática y de ineficiencia, ya que buscamos asesoría en diferentes áreas del organismo, y nadie pudo proporcionar datos sobre el área correspondiente para el seguimiento de las resoluciones. Incluso, siguiendo las indicaciones en la resolución, se envió un comunicado al correo vigilancia@ifai.org.mx para expresar la inconformidad sobre la información recibida de la Sedatu, y nunca hubo respuesta.
Finalmente, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno de la república se salió con la suya, y afectó el derecho de acceso a la información de la ciudadanía.
Lo anterior, no obstante que el en su resolución, el IFAI informa que “en caso de encontrarse insatisfecho con la resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación”.
No es la resolución la que falló en este caso, sino el andamiaje institucional del seguimiento de las resoluciones del IFAI, que nunca brindaron una respuesta para atender el debido cumplimiento de la Sedatu.
A ocho meses de que se presentó una solicitud de información para requerir datos básicos de las viviendas construidas en Guerrero, ganó la opacidad del gobierno de la república.

 

 

La vigilancia a la obra pública, simulación

El Sur de Acapulco

Ángel Aguirre Rivero le mintió descaradamente a la población de Guerrero. Le hizo creer que su gobierno sería transparente y hasta se atrevió a anunciar la creación de un organismo ciudadano, como una forma de hacer contrapeso a su gobierno en un tema sensible que involucra muchos recursos financieros como son las adquisiciones y la obra pública. Pero el ejercicio fracasó, fue una simulación, ya que el ex mandatario estatal nunca tuvo la intención de hacer partícipe a la ciudadanía para que realmente vigilara una parte importante del quehacer gubernamental, pues había muchos negocios de por medio que se cocinaban en el interior de su gobierno.

Hoy sabemos que la creación del Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones del Estado de Guerrero fue sólo un parapeto para engañar nuevamente a los guerrerenses, mientras su familia y amigos trasquilaban los recursos públicos. Su coartada le fue muy útil para armar un discurso de que su administración gobernaba con ciudadanía, pero no le duró mucho.

Los antecedentes

Esta práctica de crear un organismo ciudadano de vigilancia, Ángel Aguirre ya la había ensayado en su primer periodo de gobierno a finales de los noventa. Puede suponerse que le fue útil mediática y discursivamente porque lo volvió a hacer.
En esos años, específicamente el 7 de abril de 1998, por iniciativa suya y aprobación del Congreso, se publicó en el periódico oficial del estado el Decreto No. 128, que crea el Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones, cuyo primer artículo establecía que la finalidad del organismo era “supervisar y vigilar directamente la realización de obras y compras del Gobierno del Estado de Guerrero, con el objeto de que las mismas se ajusten a la normatividad vigente y libremente presenten opiniones y recomendaciones al respecto”.
Sin embargo, no se conocen resultados de este primer consejo, ni tampoco la emisión de reportes o recomendaciones públicas para hacer transparentes las compras y construcciones gubernamentales, y conociendo los manejos que solía hacer el ex mandatario, no es difícil concluir que esa primera versión del consejo ciudadano fue un fracaso.
La LVI Legislatura del Congreso del estado, durante el gobierno de René Juárez Cisneros, se encargó de la muerte jurídica del consejo ciudadano de Aguirre mediante el Decreto por el que se abroga el diverso que crea el consejo ciudadano de vigilancia de la obra pública y las adquisiciones y extingue el consejo, que fue aprobado en la sesión del 11 de mayo 2001.
Independientemente de que este organismo ciudadano no haya tenido ninguna utilidad, los argumentos expuestos por la administración de Juárez Cisneros y avalados por los legisladores para dar fin a esta figura ciudadana son grotescos. Por ejemplo, argumentaron que la normativa “única y exclusivamente facultan a la Contraloría General del Estado, para el control y supervisión de los recursos en su etapa de ejecución; por otra parte el gobierno del estado de Guerrero, tiene signado un convenio con la Secretaría de Desarrollo Administrativo [hoy Secretaría de la Función Pública], para que en su nombre y representación sea la Contraloría General del Estado quien supervise, controle y vigile el ejercicio de los recursos federales destinados a la obra pública en el estado y los municipios”.
Y más adelante explicaban que “en la presente administración se han implementado políticas y sistemas tendentes a proveer la plena observancia del marco legal, por considerar que constituye la prioridad esencial para un gobierno que busca garantizar el buen desempeño en las funciones de los servidores públicos, previendo el mal uso de los recursos públicos; el enriquecimiento ilícito y todas aquellas acciones que pudieran atentar contra el orden normativo”.

El segundo Consejo

Al calor de la campaña electoral por la gubernatura 2011-2015, el entonces candidato Ángel Aguirre propuso la creación de un consejo ciudadano para que vigilara la transparencia y la legalidad en las adquisiciones y la obra pública en el estado. Por lo cerrado que se suponía la disputa electoral, Aguirre requería atraer a todos los simpatizantes, y fue en el debate que sostuvo con Manuel Añorve Baños (realizado el 18 de enero de 2011), que Aguirre Rivero se fue de boca y se comprometió a crear el consejo.
Pero la coartada de Ángel Aguirre era diluir en la simulación el compromiso adquirido, pues fue hasta finales de octubre de 2011 cuando el ex gobernador envió la iniciativa de decreto al Congreso del estado para su análisis y aprobación. Los diputados locales aprobaron el decreto el 7 de febrero de 2012, y su publicación en el periódico oficial del estado se realizó el 17 de febrero del mismo año, es decir, a casi un año de haber asumido la gubernatura.
Aun con decreto publicado, la táctica de dilación continuó, pues correspondía precisamente al ex mandatario estatal proponer ante el Congreso una terna de ciudadanos y ciudadanas para integrar el naciente organismo.
Lo anterior, no obstante que el decreto, en su artículo segundo transitorio, ordenaba que “El Consejo deberá instalarse dentro de los treinta días siguientes a la publicación de este Decreto”.
Transcurrieron 2 años y tres meses después de que asumió la gubernatura, para que el ex mandatario se refiriera nuevamente el tema. En una actividad realizada el 8 de julio de 2013, “Ángel Aguirre Rivero anunció –como si fuera la primera vez- la creación del Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia de las Adquisiciones y Contratación de la Obra Pública”.
En esa ocasión, el ex gobernador advirtió que quien cometiera una desviación sería sancionado. Y todavía más, ahí mismo aseguró “que un acto de corrupción es un delito, pero cuando se comete en una entidad como Guerrero, con tanta pobreza, es un crimen”, según un boletín de prensa del Ejecutivo estatal.
“Jamás voy a permitir que cuando ya no estemos en el gobierno se nos hagan señalamientos de los cuales todos nos sentiríamos mal”, dijo, imperativo, el ex mandatario.
Y fue hasta el 16 de enero de 2014, a menos de dos años de que concluyera su periodo constitucional, que tomó protesta a los integrantes del consejo ciudadano. En un acto oficial, convocó a los consejeros “a cumplir con responsabilidad y entrega en la tarea tan importante que se les encomendó, pues serán ellos quienes vigilen, enriquezcan y denuncien cualquier anomalía en la ejecución de los diversos proyectos”.

Organismo sin resultados

Entre las primeras actividades del recién designado consejo ciudadano se cuenta una reunión con el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano el 16 de febrero de 2014, para presentar las obras de infraestructura realizadas del 2011 al 2013, así como los proyectos ejecutivos de las acciones programadas para el 2014.
Durante el encuentro, el funcionario estatal destacó la importancia de contar con un consejo de esa naturaleza, pues a través de él, dijo, la ciudadanía cuenta con la certeza de que las obras se están realizando en tiempo y forma.
“A nosotros nos sirve como una transparencia el que ellos vengan y revisen lo que estamos haciendo desde un inicio, desde cómo estamos realizando el proyecto que es la necesidad real que estamos haciendo, y cómo se está licitando”, señaló el titular de la Seduop.
Semanas después, los integrantes del consejo ciudadano se reunieron con el ex gobernador (4 de marzo de 2014), quien “reconoció la importancia de que la sociedad, representada en este Consejo esté enterada de las obras y adquisiciones que realice el gobierno del estado, lo que dará, dijo, mayor confianza y transparencia”.
Igualmente les solicitó que en caso de que identifiquen obras que no cumplan con las normas se convoque de manera inmediata a una reunión para que se tomen las medidas necesarias.
Pero todo este discurso del ex gobernador y sus secretarios muy pronto cayó por su propio peso, pues los consejeros se quejaron de que la administración de Aguirre no les proporcionaba la información necesaria para realizar su trabajo.
El primer presidente del consejo, José Luis Sánchez Ortiz, denunció en un diario de Acapulco que tanto las autoridades del gobierno del estado y como las del ayuntamiento de Acapulco no presentaban información completa de las obras que se construyen con recursos públicos. El consejero tomó como ejemplo la obra de infraestructura del Acabús, de la cual tienen, dijo, el expediente incompleto, ya que no incluye “el proceso de licitación, ni el monto de la obra, no tenemos el proyecto ejecutivo”.
Señaló que para iniciar cualquier obra pública, se debe tener un proyecto a la vista que indique a que empresa fue licitado el proyecto y el monto con el cual fue asignado, además de un calendario de la obra, “no, nos dan esa información, debe ser abierta, debe ser al público”, denunció.
Para el caso de Acapulco, habló de las obras de remodelación sobre la costera Miguel Alemán, las cuales anunció el presidente municipal se habrán de suspender por el tiempo que duren las vacaciones de verano.
Al respecto, José Luis Sánchez Ortiz, mencionó que han hecho diversas recomendaciones, como el no abrir toda la zona de peatones, consideró que debieron iniciar por partes, “porque causa un gran impacto, un gran daño social y crea mucha inseguridad, provoca muchos accidentes, se ve la ciudad colapsada, entonces nosotros le proponíamos abrieran por tramos”, sin embargo, su observación no fue tomada en cuenta.
En septiembre de 2014, el consejo ciudadano solicitó la destitución del titular de la Seduop, porque no había permitido tener acceso a la información de las construcciones que se realizan en el estado, como montos y avances de las obras.
En un video que circula en las redes sociales, el segundo presidente del consejo, Sergio Salmerón Manzanares, aseguró que “el secretario de obra pública ni siquiera nos atiende y tampoco da información. Son de los cuestionamientos que este consejo hará, y si es necesario pedir su renuncia, pues la vamos a pedir”.
Esta información fue confirmada por el tercer presidente del consejo ciudadano, Ezequiel Larumbe Radilla, quien en entrevista comentó que dos problemas graves impidieron a los consejeros realizar su trabajo: la falta de información, particularmente de la Seduop, y la carencia de recursos para la operación del Consejo (personal técnico, oficina, papelería, equipo de cómputo, etc.).
Por cierto, Larumbe Radilla negó que el gobierno del estado les proporcionara recursos para la operación del Consejo. Sin embargo, un boletín del gobierno, fechado el 1 de abril de 2014, informa que “En respuesta a su compromiso de brindar las condiciones para el desempeño en sus actividades, el gobernador Ángel Aguirre Rivero entregó recursos a los integrantes del Consejo Ciudadano para la Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones en el Estado, para que inicien operaciones y cumplan a cabalidad con la tarea que les fue encomendada como lo es el vigilar que las obras que se han puesto en marcha se realicen con los estándares de calidad”.
Para saber más sobre los recursos supuestamente entregados al Consejo, se presentaron sendas solicitudes de información tanto a la secretaría particular del gobernador, como a la Secretaría de Fianzas y Administración. Esta última dependencia fue la que desmintió al gobernador.
“Sobre el particular, le informo que la Dirección General de Presupuesto Sector Central manifiesta que de acuerdo a los registros presupuestales con los que cuenta, se realizó un búsqueda en sistema, no encontrándose información a favor del Consejo para la Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones en el estado”.
Y agregó la Sefina: “Asimismo, al analizar el decreto No. 1008 por el que se crea el Consejo de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones en el Estado de Guerrero, no se encontró referencia alguna respecto al pago de sueldos, honorarios u otro tipo de compensación económica que se deba entregar a los integrantes de ese organismo”.
Otra vez, Ángel Aguirre Rivero había mentido.

Lo que hace falta

Hoy que los candidatos y la candidata a la gubernatura están muy activos, deben tomar una posición sobre estos órganos de participación ciudadana. Especialmente se requiere crearlos y dotarlos de facultades que les permitan hacer una auténtica vigilancia ciudadana y permitirles autonomía de gestión. Si van a proponer lo mismo que Ángel Aguirre o su intención es hacer órganos decorativos, mejor que no propongan nada.
Sería plausible que entendieran las causas de la crisis social y política que vive el estado y propusieran reformas profundas a lo que se ha venido haciendo. Si no lo hacen, el que sea electo e electa tampoco concluirá su administración.

 

Ayuntamientos, ineficientes y opacos: ASF

El Sur de Acapulco

Las revisiones aplicadas por la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública no sólo descubrieron el desvío de recursos públicos que realizó el gobierno del estado, sino que entre los ayuntamientos guerrerenses auditados también encontró numerosas irregularidades y presuntos desfalcos en el ejercicio de los recursos de 2013.

Como se desprende de las conclusiones del órgano fiscalizador federal, los gobiernos municipales han sido ineficientes para administrar los recursos que se les asignan e ineficaces para contribuir a superar los grandes rezagos sociales en que vive la población. Como dice la ASF, los ayuntamientos cumplen parcialmente (en el mejor de los casos) los objetivos y metas de los programas sociales de los que reciben recursos financieros.
Independientemente de los hallazgos de la ASF –que se antojan bastante indulgentes, pues la actual normativa de fiscalización es muy laxa y permisiva- lo cierto es que detrás de cada irregularidad hay historias de escándalo relacionadas con el desvío de recursos y franca corrupción, que muy difícilmente pueden ser documentadas.  Finalmente lo único que hace bien quienes operan la corrupción en los ayuntamientos es no dejar rastro de sus acciones.

Conclusiones de la ASF

En total, la ASF revisó las cuentas públicas de 28 ayuntamientos –algunas en coordinación con la Auditoría General del Estado- especialmente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que es el de mayor cuantía que reciben los ayuntamientos y que se destina particularmente para obra pública en comunidades de alta y muy alta marginación.
En casi todas las auditorías, el órgano fiscalizador concluyó que los gobiernos municipales no realizaron una gestión eficiente y transparente de los recursos del FAISM, ya que registraron “inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”, que generaron probables daños o perjuicios a la Hacienda Pública.
Una de las mayores ineficiencias observadas por el órgano fiscalizador es que los “municipios no disponen de un adecuado sistema de control interno que les permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo (FAISM), la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió de manera importante en las observaciones determinadas en la auditoría”.
Algunos alcaldes respondieron al pliego de observaciones tratando de justificar las deficiencias, y resalta la respuesta del alcalde de Zitlala, quien ante el cuestionamiento de la ASF, respondió que “por el hecho de no tener un órgano de control interno, no exenta a los funcionarios [municipales]de conducir su actuar conforme a los principios de lealtad, honradez, legalidad, imparcialidad y eficiencia, so pena de recibir las sanciones establecidas en leyes aplicables”. Una verdadera joya de la ineficiencia y la irresponsabilidad.
Otro de los renglones que les fue observado a todos los ayuntamientos fue que los municipios, para la planeación de las inversiones del FASIM, no se apoyaron en información actualizada sobre los déficits de servicios e infraestructura básica, ni realizaron estudios sobre las zonas y grupos de mayor rezago social.
Esta deficiencia de los ayuntamientos sin duda golpeó a las poblaciones que más requieren los servicios públicos municipales, ya que los alcaldes para hacer las obras, no se guían por objetivos y metas que hayan resultado de diagnósticos objetivos, sino por la improvisación, el clientelismo político y hasta el pago de favores políticos y financieros de quienes apoyaron su campaña para llegar al cargo.
Otro de los temas que no cumplieron los ayuntamientos es el de transparencia. Casi todos los municipios dejaron de reportar a la Secretaría de Hacienda alguno o todos los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos del FAISM y los formatos de Nivel Fondo; tampoco lo hicieron parcial o totalmente respecto del  avance de los cuatro trimestres de los indicadores de desempeño y mucho menos publicaron entre la población los informes trimestrales reportados a la SHCP, ni se pusieron a disposición del público en su página electrónica de Internet y de otros medios locales de difusión.
Respecto de la difusión que deben hacer hacia la ciudadanía, la ASF constató que los ayuntamientos no hicieron del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, ni al término del ejercicio los resultados alcanzados con el FAISM, como lo exige la ley.
Asimismo, la ASF señaló que el gobierno del estado no designó a instancias técnicas independientes para la evaluación de los recursos del FAISM, con base en indicadores estratégicos y de gestión, y no publicó en su página de internet los resultados, ni informó mediante el sistema de formato único de la SHCP, por lo que emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria ante la Contraloría General del Gobierno del Estado de Guerrero para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicien el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no designaron a instancias técnicas independientes para la evaluación de los recursos del fondo.

La compra de fertilizante, observada

Todos los ayuntamientos fueron observados por la ASF por la adquisición de fertilizante, que de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, no se encuentra entre los rubros que pueden ser pagados con el FAISM, pero que los alcaldes siempre han hecho caso omiso a esta reglamentación. Es el primer año que la ASF señala este compra irregular de fertilizante en sus informes que publica en su página electrónica.
En este renglón destaca el municipio de Cutzamala, que gastó irregularmente 25.2 millones de pesos en la compra de fertilizante, lo que representa el 80 por ciento de los recursos FAISM.
El municipio de Eduardo Neri compró fertilizante por 8.9 millones de pesos, 24.8 por ciento de su presupuesto. La justificación que hace el alcalde de este municipio a la ASF es para reproducirse: la compra de fertilizante “se realiza atendiendo la necesidad de los campesinos en el municipio, existen comunidades indígenas que dependen directamente de lo que se cultiva en la temporada de lluvias ya que no cuenta con otra fuente de ingresos, las dependencias federales que deberían atender este rubro no lo hacen.” Hay muy poca memoria para reconocer que el problema del fertilizante químico se originó de manera artificial en el propio estado de Guerrero.
El municipio de Zitlala destinó de manera irregular 16.8 millones de pesos a la compra de fertilizante (42.7 por ciento de los recursos FAISM). La justificación del ayuntamiento es que “este municipio (…) no puede prescindir de la adquisición de insumos agrícolas, dado que el fertilizante constituye una necesidad primordial de 5,864 campesinos en la producción de maíz y frijol para su autoconsumo y lo contrario generaría inestabilidad social y política”.
Otros ayuntamientos que gastaron altos porcentajes de los recursos del FAISM en fertilizante son Quechultenango, con 55 por ciento, Huitzuco, 26.7 por ciento y Olinalá, con 26.7 por ciento.

Presunción de daños o perjuicios

Todos los ayuntamientos cometieron irregularidades con el ejercicio de los recursos del FAISM, y la ASF se los señaló como “probables daños o perjuicios a la Hacienda Pública Federal”. En la mayoría de los casos se debió a la construcción de obras que no están permitidas por la Ley de Coordinación Fiscal o porque las obras o acciones no se realizaron en comunidades de alta y muy alta marginación, como lo establecen los criterios de este fondo, ya que las construyeron en las cabeceras municipales.
Chilapa fue uno de los ayuntamientos que recibieron más observaciones, por ejemplo, la AGE, que en este municipio se encargó de la revisión, determinó que están pendientes por comprobar 3.1 millones de pesos.  Asimismo, seis obras ejecutadas por adjudicación directa no presentan las fianzas de anticipo, y el ayuntamiento no presentó la evidencia de un adecuado seguimiento y control de seis obras.
Adicionalmente, en tres obras de la muestra de auditoría se determinaron conceptos pagados no ejecutados, por 1.1 millones, y el ayuntamiento no presentó la documentación comprobatoria y justificativa por la adquisición de refacciones, mantenimiento, arrendamiento de mobiliario, programas informáticos, materiales y útiles de oficina, y difusión sobre programas por 1.6 millones de pesos. Todo esto sin contar que el municipio destinó recursos por 42.6 millones de pesos en 93 obras y acciones que no están comprendidas en los rubros previstos en la normativa.
Al ayuntamiento de Chilpancingo se le observó un traspaso injustificado por 597 mil pesos con recursos del FAISM para financiar otro programa municipal sin que los haya reintegrado totalmente.
Otra irregularidad grave de Chilpancingo fue un subejercicio de los recursos ya que al municipio le fueron entregados por el fondo 141.1 millones de pesos y al 31 de diciembre de 2013 sólo ejerció 84 por ciento, y fue hasta el 31 de mayo de 2014 cuando se gastó el 99.8 por ciento del disponible.
Además, el ayuntamiento ejerció 29.8 millones en la ejecución de 21 obras y acciones que no están comprendidas en las reglas del Fondo, entre las que destacan la operación de celdas del manejo del relleno sanitario, construcción de comisaría, construcción de techados en canchas, construcción de canchas, construcción de dos lienzos charros, becas, programa de fertilizantes.
Finalmente, se presume un probable daño o perjuicio por 6.9 millones por destinar recursos a obras que no benefician directamente a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema.
Acapulco también presentó un subejercicio importante. Por ejemplo, al ayuntamiento se le entregaron 461.5 millones de pesos y al 31 de diciembre de 2013 sólo se había gastado 242.8 millones y al 31 de marzo de 2014, el monto ejercido fue de 404.2 millones de pesos, que significan un subejercicio a este último corte del 12.8 por ciento.
Asimismo, el municipio ejerció 58.2 millones de pesos en la ejecución de 36 acciones que no están comprendidas en los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, entre la que destaca la señalización en vialidades, desayunos escolares, adquisición y dotación de equipo y artes de pesca, de diversos animales de cría, insumos para cultivo de maíz y el Fondo de Garantías Líquidas.
Al municipio de Tlapa, con la revisión se detectó el sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento de Ahuatepec Pueblo, que no está en operación. La obra tuvo un costo de 19.5 millones de pesos, de los cuales 3.9 millones fueron aportados por el ayuntamiento.
En el rubro de gastos indirectos, el municipio pagó 170 mil pesos para el diseño, impresión y distribución de dos gacetas municipales, gastos que no tuvieron relación directa con las obras realizadas del fondo.
En Acatepec, la ASF encontró un probable daño o perjuicio por 17 millones de pesos, y además se constató que el municipio realizó 107 obras por administración directa por 106.6 millones, que exceden los montos permitidos en la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, para la ejecución de obras por administración directa.
En Atoyac, las irregularidades observadas fueron por 26.2 millones de pesos por haber pagado con recursos siete obras y seis acciones que no se encuentran consideradas en los rubros que establece la Ley de Coordinación Fiscal.
El ayuntamiento de Ayutla pagó con los recursos del FISM 2013 una obra ejecutada en el 2010, por un importe de 2.4 millones de pesos. Dice la ASF que no se dispone de registros contables de cuentas por pagar o de cuentas de naturaleza acreedora que indiquen el compromiso del pago de dicha obra.
Los probables daños en este municipio alcanzan 60.7 millones de pesos por haber destinado recursos del Fondo a 35 obras y acciones que no se encuentran consideradas en los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, como adquisición de fertilizante, suministro de fertilizante foliar, construcción de techumbre en canchas y techado de usos múltiples y asesoría y asistencia técnica para la elaboración de la cuenta pública).