Guerrero, en los últimos lugares en transparencia: CIDE

El Sur de Acapulco
Los resultados del estudio Métrica de la Transparencia 2014 evidenciaron una vez más la opacidad que persiste en las dependencias públicas del estado de Guerrero. De acuerdo con este documento, luego del análisis de diferentes dimensiones, el estado se ubicó entre los últimos lugares con una calificación de 0.652, cuando el promedio nacional fue de 0.723, quedando en el lugar 31 en el ámbito nacional, de 33 casos estudiados que incluyeron las 31 entidades, el Distrito Federal y la Federación.
Los tres primeros lugares del estudio, por su grado de transparencia y mejores mecanismos para facilitar el acceso a la información de la ciudadanía, fueron para la Federación, el Distrito Federal y Coahuila, que lograron puntajes de más de 0.800; en los últimos lugares, por debajo de Guerrero únicamente estuvieron Michoacán y Baja California Sur, que obtuvieron 0.577 y 0.562 puntos, respectivamente. Guerrero en este estudio ratifica su rezago en transparencia.
La Métrica de la Transparencia es un estudio elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y auspiciado por la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública; el trabajo de acopio de información y análisis se realizó durante 2014 y sus resultados se presentaron en diciembre del mismo año. Abarca, en el caso de Guerrero, el ejercicio de gobierno del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, y las administraciones actuales del resto de las dependencias públicas del estado (poder Judicial, Congreso, organismos autónomos y descentralizados).
La Métrica tuvo el objetivo de realizar un diagnóstico general del estado actual de la política de transparencia y del acceso a la información pública en los tres poderes de gobierno de los tres niveles de gobierno y en algunos órganos constitucionales autónomos.

Las dimensiones del estudio

Para llegar a esos resultados, la investigación del CIDE –tercera que realiza ese centro de estudios, ya que previamente concluyó estudios en 2007 y 2010- abordó cinco dimensiones, a saber: normativa, portales electrónicos, usuario simulado, capacidades del órgano garante y sujeto obligado. En este artículo se abordarán sólo las primeras dos dimensiones.
La dimensión de portales electrónicos, de acuerdo con la metodología, mide la transparencia a partir de lo que publican como información de oficio las dependencias públicas; específicamente el CIDE evaluó dos componentes, el primero es propiamente la revisión del cumplimiento de los portales de transparencia de los sujetos obligados con respecto a la ley de transparencia del estado.
El segundo componente, el de la calidad de la información, se refiere a la proactividad de los sujetos obligados en la política de transparencia; la disponibilidad y usabilidad de la información; elementos de desarrollo tecnológico de los portales gubernamentales; y la existencia de mecanismos de comunicación con el ciudadano. Este componente se aborda en el siguiente apartado.
Los investigadores del CIDE aseguran que los portales electrónicos constituyen una de las herramientas más sólidas para que las dependencias implementen una política de transparencia más allá de responder a las solicitudes de acceso a la información. De esta manera, los ciudadanos no sólo pueden conocer actuar de la autoridad, sino también opinar y participar en la toma de decisiones.
A nivel nacional, la calificación más alta con respecto al cumplimiento normativo de la información de oficio fue de 0.98, obtenida por el Distrito Federal. Lo siguió Zacatecas y Tamaulipas (0.96). Las más bajas fueron para Oaxaca con 0.72, Guanajuato (0.70) y Baja California con 0.63. El promedio nacional fue de 0.85.
El estado de Guerrero ocupó el sitio 29 con un registro de 0.73 (las calificaciones por estado se obtuvieron al promediar los puntajes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Órganos Autónomos y Municipios o Delegaciones).
Del estado de Guerrero se revisaron 18 dependencias públicas las cuales ocuparon los siguientes lugares en el ranking estatal: la secretaría particular del gobernador, Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, la Secretaría de Finanzas y Administración, el DIF estatal, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Educación de Guerrero, Auditoría General del estado, el Instituto Electoral, la Secretaría de Desarrollo Social.
Le siguieron la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, la Secretaría de Salud, el Congreso del estado, el Poder Judicial y al final los ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo e Iguala.
De manera global, la calificación promedio en el estado fue de 0.72. Cabe mencionar que sólo las diez primeras dependencias tuvieron registros por arriba del promedio estatal.
El documento del CIDE concluye que “los resultados de esta medición indican que el grado de cumplimiento normativo de la información pública de oficio no está relacionado con el tipo de sujeto obligado ni con el nivel de gobierno, ni con el poder al que pertenece”. Sin embargo, en Guerrero, como se observó en la Métrica de la Transparencia 2014 y como se ha registrado en monitoreos locales, el grado de cumplimiento sí está asociado con determinados sujetos obligados, en este caso con los poderes Judicial y Legislativo, que históricamente han obtenido calificaciones muy bajas y siempre aparecen en los últimos lugares superando apenas el promedio de los ayuntamientos, que también se han convertido en sujetos obligados permanentemente opacos.
En la Métrica de la Transparencia 2007, el estado de Guerrero obtuvo un promedio de 52.2 por ciento de calificación, en donde el Ejecutivo alcanzó 64 por ciento, el Legislativo 50 por ciento, al igual que los municipios, y el poder Judicial 45 por ciento.
En la Métrica 2010, Guerrero ocupo el lugar 28 a nivel nacional. Visto de manera desglosada, el Ejecutivo del estado obtuvo el lugar 22, el Congreso del estado alcanzó el sitio 26 y el poder Judicial el lugar 32 (penúltimo) en el ámbito nacional.

Calidad de la información

El segundo componente de la dimensión de portales electrónicos es la calidad de la información, y para evaluarla, se revisaron aspectos como el acceso oportuno y fácil a la información pública de oficio y posibilidad de reutilizarla.
Uno de los indicadores empleados para este componente es el de lenguaje ciudadano, es decir, la presentación sencilla y accesible de la información. Al respecto, el CIDE encontró que en general, este aspecto no es considerado por las dependencias públicas y prácticamente no existe. Sólo cuatro entidades presentan algunos portales con información diferenciada en niveles de complejidad. Es decir, cuentan con información en lenguaje ciudadano y para un público experto.
Únicamente los estados de Puebla, Sonora y Baja california, además de la Federación, presentan contenidos expresamente enfocados a ciudadanos. Guerrero en este rubro no tiene ninguna propuesta.
Otro de los indicadores se relaciona con los trámites y los servicios que pueden realizarse en línea. Menciona el estudio que se avanzó en este rubro porque 23 entidades ya ofrecen algún trámite o servicio a través de sus portales. Sin embargo, aún existe heterogeneidad acerca de qué se entiende por servicios o trámites en línea. Destacan en este indicador Oaxaca, Michoacán, Nuevo León, Chiapas y Colima como entidades en las que pueden realizarse trámites de manera virtual, sobre todo los pagos de impuestos y derechos. Nuevamente el estado de Guerrero no aparece en este rubro.
El tercer indicador se relaciona con la comunicación entre el ciudadano y la dependencia sobre la calidad de información que se presenta en los portales. El indicador es la existencia de algún mecanismo para reportar las fallas del portal. El promedio nacional es de 0.33, y en los primeros lugares se encuentra Morelos (0.94), Distrito Federal (0.83), Campeche (0.74) y Nuevo León (0.67). Guerrero en este rubro apenas tiene 0.56 puntos.
Hay un indicador relacionado con la posibilidad de que la información publicada en los portales de transparencia tenga acceso libre, y que los ciudadanos puedan reutilizarla sin limitación o gratuitamente. Para evaluar el avance en este rubro dentro de los portales de transparencia, se buscó información en formatos abiertos sobre los resultados de auditorías, presupuesto, informe de actividades y programas operativos.
Los resultados indican que, sólo en 11 entidades se encontró alguna información en formatos abiertos. De hecho, parece una práctica generalizada que los portales contengan información con alguna restricción para acceder a ella.
Guerrero es una de las entidades que en alguna medida presenta este formato de datos abiertos, para lo cual obtuvo una calificación baja, de 0.18, que contrasta con entidades como Nayarit, que tiene 1.00, Oaxaca (0.98) y el Distrito Federal (.097).

Dimensión normativa

De acuerdo con la Métrica de la Transparencia, la dimensión normativa analiza la calidad del diseño legislativo en materia de derecho de acceso a la información; para realizarlo, se revisaron los ordenamientos federal y estatales a la luz de los estándares nacionales e internacionales de una legislación de calidad en la materia.
De acuerdo con el balance general, el promedio nacional en esa dimensión subió de 76 puntos a 79 con respecto del estudio realizado en 2010. Esto indica, menciona el estudio, que en términos generales se observa una mejora en el diseño legislativo a nivel nacional. “Desde 2010 a la fecha, tanto las legislaturas locales como la federal reformaron la legislación en materia de transparencia. Con esto, se lograron mejoras a nivel nacional”.
En el caso específico de Guerrero, el diseño normativo es uno de los rubros donde sí incrementó su calificación en relación con la Métrica de 2010. Y no podía ser de otra manera, ya que algunas instituciones (Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Libertad de Información-México AC) evaluaron la Ley de acceso a la información pública de Guerrero, aprobada en septiembre de 2005, como una de las peores legislaciones del país, y ese documento jurídico fue el que sirvió de base para la calificación de la Métrica de 2010.
La ley de transparencia que actualmente nos rige en el estado fue mucho mejor y por ello la calificación subió de 62.80 a 88.25 para una diferencia de 25.46 puntos. De hecho fue la de mayor incremento que se registró en el país, y es el único rubro de todo el estudio donde Guerrero obtiene una buena calificación.
También hubo cambios importantes en la legislación de Colima, que mejoró su ley en 24.8, Baja California con 24.7 y Sonora, que obtuvo 22.5 de incremento de 2010 a 2014. Algunos estados, tienen hoy leyes más deficientes que en 2010, y es el caso de Tamaulipas, que registró 13.9, Sinaloa con -10.6 y Nuevo León que tuvo -7.2.
Según la metodología propuesta por el CIDE, se revisaron 33 legislaciones para calificar que incluyeran aspectos como Principios rectores el derecho de acceso a la información, sujetos obligados, información pública de oficio, información reservada, información confidencial, datos personales, disposiciones en materia de archivos administrativos, regulación      del órgano garante, diseño institucional de las áreas de transparencia de los sujetos obligados, el procedimiento de acceso, recurso de revisión y responsabilidades y sanciones.
La ley de transparencia de Guerrero, aprobada en mayo de 2010, tiene sin embargo algunas deficiencias, específicamente en los temas de archivos administrativos, responsabilidades y sanciones, diseño institucional de los sujetos obligados y recursos de revisión.
Y aunque la ley de transparencia del estado de Guerrero tiene un diseño aceptable y cumple con la mayoría de los indicadores que propone el estudio –ocupa el sexto lugar a nivel nacional- no ha habido correspondencia en la instrumentación de los procedimientos que ahí se contemplan, y de ahí provienen los bajas calificaciones en otros rubros.
Derivado de las reformas constitucionales de febrero de 2014, en este año de 2015 se espera la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, a la que se deberán homologar todas las leyes de los estados, y es la oportunidad para mejorar los aspectos donde hay deficiencias.