2014: un año con dos gobiernos opacos

Publicado en el Sur de Acapulco

El dos mil catorce no fue un año fructífero para la transparencia ni para la rendición de cuentas en Guerrero. Si acaso, lo único rescatable fue un mayor cumplimiento de algunas dependencias en la publicación de su información de oficio, pero nada más. Pero eso no es muy trascendente, y no se compara con lo que todavía falta por hacer.

Elección de consejeros del ITAIG
En febrero de 2014, los diputados de la LX Legislatura eligieron a tres consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Guerrero. No se auguraba una elección abierta, democrática y apegada a la normatividad, aunque sí se reconocía la importancia de este proceso, pues de la decisión que tomaran los legisladores guerrerenses en esta elección, sabríamos en alguna medida el talante de lo que serían los próximos años en materia de transparencia y rendición de cuentas, y además descubriría si realmente había una vocación democrática o autoritaria de los diputados al conducir un proceso abierto y transparente.  
La decisión que finalmente tomaron los diputados fue poco afortunada, pues en la integración de este órgano, que debería ser ciudadanizado, privilegiaron la repartición por cuotas partidistas, y los resultados están a la vista: casi se cumple un año de que los consejeros asumieron el cargo y no se observan cambios importantes en materia de transparencia y acceso a la información y sí, en cambio, pugnas en el interior del organismo, derivadas de la manera en que fueron electos, es decir, por un reparto entre partidos. Hay una gran responsabilidad de los diputados de la LX Legislatura del Congreso del estado en la inmovilidad en que se encuentra el ITAIG, pues ellos designaron a los consejeros y deben corresponsabilizarse de sus actos y conductas.
Dependencias incrementaron su transparencia
En 2014, varias dependencias públicas aumentaron el nivel de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, es decir, difundieron en sus portales electrónicos aquellos datos básicos del quehacer gubernamental que la ley exige a todas las instituciones públicas.
El ayuntamiento de Acapulco fue el que más logros obtuvo en este terreno, pues alcanzó una calificación de 93.3 por ciento de cumplimiento y se convirtió en la primera dependencia guerrerense en alcanzar ese puntaje. Detrás de este municipio se ubicó el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado, con 79.5 por ciento de cumplimiento.
Siguiendo con este ranking, como tercero y cuarto lugares se distinguieron dos ayuntamientos, el de Huamuxtitlán, que obtuvo 78.3 por ciento, y el ayuntamiento de Chilapa de Álvarez, que logró 74.8 puntos porcentuales.
Hasta el quinto sitio se registró una dependencia del Ejecutivo del estado, a través de la Contraloría General del estado que obtuvo 71.4 puntos en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.
En general, en este monitoreo correspondiente al primer semestre de 2014, se percibió que hubo avances de casi todo los sujetos obligados o dependencias públicas, en relación con las calificaciones del año anterior. El promedio obtenido estatal por las dependencias en 2013 fue de 29 por ciento, en tanto que en 2014 aumentó a 41.6 por ciento.
Aunque también incrementaron sus niveles, dos de los poderes que integran el estado de Guerrero obtuvieron muy bajas calificaciones en sus niveles de transparencia. El Congreso de estado registró una calificación de 45.5 por ciento luego de revisarse su portal electrónico, y el Tribunal Superior de Justicia del estado, apenas 33.8 por ciento, ocupando los lugares 23 y 26, respectivamente.
Cabe mencionar que el órgano legislativo incrementó su nivel de cumplimiento de la información pública de oficio de 9 a 45.5 por ciento en un año, en tanto que el Tribunal Superior lo hizo de 6 a 33.8 por ciento.
Este monitoreo se basó en la revisión de los portales electrónicos de una muestra de 40 dependencias públicas, a efecto de constatar que cumplen con la publicación de la información que establece el artículo 13 de la Ley de transparencia y acceso a la información del estado de Guerrero.
Número de solicitudes en 2014
Entre lo destacable de 2014 está el incremento del número de solicitudes recibidas por el sistema InfoGro, lo que ratifica la importancia de mantener esta plataforma electrónica de recepción y respuesta de solicitudes de información, e incluso hace evidente la urgencia de ampliarla a todas las casi 160 dependencias públicas registradas en el estado.
En 2014, las dependencias del Ejecutivo del estado –único poder incorporado a este sistema en operación desde 2011- recibió 1,909 solicitudes de información, rebasando las 1,251 peticiones de 2013 y las 1,572 solicitudes de 2012.
Del total de 1,909 solicitudes, 1,568 han sido resueltas, y en números relativos se distribuyen como sigue: Secretaría de Salud, 13 por ciento de las solicitudes presentadas en el año; Fiscalía General del Estado, 11.4 por ciento; Secretaría de Finanzas y Administración, 10.5 por ciento; Secretaría de Seguridad Pública, 8.4 por ciento; Secretaría General de Gobierno (7.6 por ciento), Contraloría General del estado (4.6), Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria (4), Secretaría de Medio Ambiente (3.7 por ciento) y Secretaría de Desarrollo Social, 2.8 por ciento de las solicitudes totales.
¿Y el Consejo de vigilancia de obra pública?
Hasta el 16 de enero de 2014 el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero les tomó posesión a los ciudadanos del Consejo ciudadano para la vigilancia de las adquisiciones y la obra pública, organismo que fue propuesto por el propio ex mandatario cuando era candidato a la gubernatura como su carta fuerte para combatir la corrupción.
Pero todo parece indicar que su propuesta fue como un desliz –al calor de la campaña- del que se arrepintió después, porque a la fecha, el consejo no ha dado señales de realizar ninguna actividad ni ha vigilado ni adquisiciones ni obra pública, por lo menos no hay información pública al respecto.
Además, no se le auguraba un desempeño exitoso al consejo, pues el decreto no le da facultades relevantes en la toma de decisiones; ni tampoco le garantiza autonomía en su funcionamiento, por lo que o estará a merced del presupuesto público o en la inmovilidad por carecer de facultades. Hasta hoy, es sólo un organismo decorativo más.

En el plano nacional

El 7 de febrero de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a varios artículos de la Constitución de la república, sobre todo el sexto, en materia de transparencia y acceso a la información.
Durante los últimos meses de 2014, para hacer operativas las reformas constitucionales se elaboraron las iniciativas de ley general y ley federal de transparencia y acceso a la información, que deberán ser aprobadas antes del 7 de febrero de 2015. Las iniciativas de estas leyes fueron presentadas en el Senado de la República, el 2 y 8 de diciembre de 2014, respectivamente, para su análisis y aprobación.
En el estado de Guerrero la ley general tendrá repercusiones muy importantes, ya que homogenizará los procedimientos para facilitar el acceso a la información y también establecerá criterios de uniformidad de las obligaciones de transparencia que tienen los sujetos obligados del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal.
Para verificar que las dependencias cumplan con sus obligaciones de transparencia, se realizarán verificaciones de oficio mediante evaluaciones con base en el procedimiento que prevé esta ley. Si las dependencias de Guerrero continúan con su resistencia a la transparencia como lo han hecho hasta hoy, serán evidenciadas a nivel nacional y se sujetarán a las sanciones correspondientes.
Asimismo, se establecerán criterios para que la información que se publique se encuentre sistematizada, ordenada, actualizada, comprensible, accesible y completa para evitar que las dependencias públicas cobijen su opacidad presentándola de otra manera, como es el caso frecuente de los sujetos obligados de Guerrero.
Se creará el sistema nacional de transparencia que supone el diseño por una política integral y completa en materia de transparencia y acceso a la información de alcance nacional, mediante la coordinación de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, lo cual se traduce en que habrá un margen menor para que las dependencias de Guerrero evadan el cumplimiento de la ley.
Como lo establece la reforma constitucional, se ampliará el espectro de sujetos obligados, y ahora partidos políticos, sindicatos y personas físicas y morales que reciban recursos públicos, además de fideicomisos y fondos públicos tendrán que informar del ejercicio que hagan del dinero público.
Un punto destacable de la iniciativa de ley es que incluye un Título que propone medidas de apremio y sanciones en caso del incumplimiento de las resoluciones que emiten los organismos garantes. En Guerrero es larga la lista de sujetos obligados que no cumplen las resoluciones del ITAIG, pero de aprobarse esta iniciativa, habrá más posibilidades de obligarlos.  

Lo que esperamos en 2015

De acuerdo con el presupuesto de egresos del estado de Guerreo 2015, el ITAIG recibirá 11.9 millones de pesos para su operación, lo que representa 20.5 por ciento más que en 2014. No sabemos en qué se invertirán esos recursos, pero se espera que no se utilicen para engordar la nómina, pues lo que requiere el estado de Guerrero es un programa de acciones que contribuyan realmente a generar una cultura de la transparencia.
Otro de los asuntos que requieren urgente resolución es iniciar las gestiones para que el sistema Info Gro, que es una plataforma electrónica para organizar la recepción y respuesta de solicitudes de información, incluya a todos los sujetos obligados del estado, principalmente a los municipios. De darse, sería una de las mejores decisiones que se hayan tomado en muchos años en favor de la transparencia y el acceso a la información.
Efectivamente es una acción que más que recursos financieros, requiere de mucho trabajo de cabildeo con cada uno de los sujetos obligados y la disposición de éstos para incorporarse al nuevo sistema. Es un reto que pueden financiarse con los recursos adicionales que recibirá el ITAIG este año.
Por otra parte, de la administración de Rogelio Ortega Martínez estamos en espera de una nueva y diferente política de transparencia para el estado. Es un área muy sensible en la percepción ciudadana, y si no se perfilan y observan cambios relevantes en el corto plazo, el paso del mandatario será tan gris que será tan repudiado como los otros.
Apenas el 26 de noviembre de 2014, en su plan de gobierno Rogelio Ortega menciona escuetamente en el punto 21: “Transparentar el uso de los recursos públicos a través de auditorías financieras y acceso a la información de las dependencias del gobierno del estado y organismos públicos descentralizados”. Nada nuevo propone.
Los relevos en los gobiernos estatal y municipales, así como en el Congreso del estado, según experiencias pasados, pone en riesgo lo poco conseguido hasta ese momento en transparencia y acceso a la información. Con el pretexto de que acaban de llegar, los nuevos funcionarios dejan de cumplir con sus obligaciones en esta materia en perjuicio de la ciudadanía; no se aprovecha la experiencia acumulada de las personas que se encargaban de estos asuntos en los gobiernos anteriores, y la curva de aprendizaje es muy costosa.
Y la ley de transparencia nada dice respecto a dar una tregua en el cumplimiento de las normas en las transiciones de un gobierno a otro.
El ITAIG debe acusar de recibo sobre esta situación y advertir a los nuevos gobiernos que no habrá tregua para el cumplimiento de la ley.
Asimismo, estaremos pendientes de que el Congreso del estado, cuando sea aprobada la ley general de transparencia, legisle las modificaciones necesarias en la ley local. Hay que recordar que Guerrero fue de los últimos estados en legislar su ley de transparencia (septiembre de 2005) y se retrasó 22 meses para homologar la ley de Guerrero a las reformas del sexto constitucional de julio de 2007. A los diputados guerrerenses no se les da legislar en favor de la transparencia.