Hasta el segundo trimestre de 2014, había un déficit importante de información sobre las obras públicas municipales, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social federal, dependencia que lleva el registro del ejercicio de los recursos del ahora llamado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fismdf), el recurso financiero más importantes que reciben cada año los municipios.
Los municipios guerrerenses continúan siendo omisos de informar a la dependencia normativa, ya que en el segundo trimestre de 2014, sólo 24 demarcaciones cumplieron con esta obligación. Es decir, los ayuntamientos de Guerrero no sólo son opacos con la ciudadanía, sino también dejan de cumplir sus obligaciones de informar a las instituciones normativas y de cumplir con la ley.
De acuerdo con el periódico oficial del estado de Guerrero, en 2013 se asignaron al Fismdf 4 mil 97.4 millones de pesos, y en 2014 la asignación fue de 4 mil 409.5 millones, para un incremento de apenas 312.1 millones de pesos que representan 7.6 por ciento. En 2011 la asignación fue de 3 mil 149.2 millones de pesos y en 2012, se incrementó a 3 mil 865.2 millones.
El incremento de 2014 es insignificante considerando que el estado requiere numerosas obras de infraestructura básica, luego de las afectaciones de los fenómenos metereológicos de septiembre de 2013.
Los ayuntamientos que recibirán en 2014 más recursos en números absolutos son Acapulco (30.7 millones más que en 2013), Chilapa (16.2 millones adicionales), Tlapa (11.2 millones), Chilpancingo (10.6), Ometepec (8.9), Acatepec (6.3), San Marcos (6.2) y Taxco (6.1 millones de pesos).
Mientras que los gobiernos municipales que recibirán menos incrementos son Alpoyeca, con 587 mil pesos de aumento, Buenavista con 691 mil 141, Xochihuehuetlán tendrá 760 mil 807, Pilcaya 749 mil, Juchitán 805 mil 126 y Atenango del Río, que recibirá 861 mil 132 pesos de incremento a sus recursos Fismdf.
Pero además de ser omisos, los ayuntamientos han ejercido los recursos con irregularidades, lo que sin duda les valdrá observaciones de los órganos fiscalizadores, como es el caso de la adquisición de fertilizante y la rehabilitación y conservación de caminos en porcentajes mayores a lo que les permite la normatividad del Fismdf.
Los municipios guerrerenses continúan siendo omisos de informar a la dependencia normativa, ya que en el segundo trimestre de 2014, sólo 24 demarcaciones cumplieron con esta obligación. Es decir, los ayuntamientos de Guerrero no sólo son opacos con la ciudadanía, sino también dejan de cumplir sus obligaciones de informar a las instituciones normativas y de cumplir con la ley.
De acuerdo con el periódico oficial del estado de Guerrero, en 2013 se asignaron al Fismdf 4 mil 97.4 millones de pesos, y en 2014 la asignación fue de 4 mil 409.5 millones, para un incremento de apenas 312.1 millones de pesos que representan 7.6 por ciento. En 2011 la asignación fue de 3 mil 149.2 millones de pesos y en 2012, se incrementó a 3 mil 865.2 millones.
El incremento de 2014 es insignificante considerando que el estado requiere numerosas obras de infraestructura básica, luego de las afectaciones de los fenómenos metereológicos de septiembre de 2013.
Los ayuntamientos que recibirán en 2014 más recursos en números absolutos son Acapulco (30.7 millones más que en 2013), Chilapa (16.2 millones adicionales), Tlapa (11.2 millones), Chilpancingo (10.6), Ometepec (8.9), Acatepec (6.3), San Marcos (6.2) y Taxco (6.1 millones de pesos).
Mientras que los gobiernos municipales que recibirán menos incrementos son Alpoyeca, con 587 mil pesos de aumento, Buenavista con 691 mil 141, Xochihuehuetlán tendrá 760 mil 807, Pilcaya 749 mil, Juchitán 805 mil 126 y Atenango del Río, que recibirá 861 mil 132 pesos de incremento a sus recursos Fismdf.
Pero además de ser omisos, los ayuntamientos han ejercido los recursos con irregularidades, lo que sin duda les valdrá observaciones de los órganos fiscalizadores, como es el caso de la adquisición de fertilizante y la rehabilitación y conservación de caminos en porcentajes mayores a lo que les permite la normatividad del Fismdf.
Los reportes de los ayuntamientos
Al municipio de Acapulco se le asignaron por concepto del Fismdf, 492.3 millones de pesos para construir mil 101 obras en el municipio. Al concluir el segundo trimestre no se tenía ningún avance en 525 obras, aunque el avance financiero fue de 89.1 por ciento, según informó el ayuntamiento a la Sedesol.
En Chilpancingo, con un monto asignado de 151.7 millones de pesos, se programaron apenas 52 obras, 19 de las cuales tenían avances menores a 50 por ciento y 29 se reportaron como totalmente concluidas.
De las obras del ayuntamiento de Chilpancingo destacan como las más numerosas la pavimentación de calles y la rehabilitación de puentes. Entre los montos más altos pagados con recursos del Fismdf, sobresalen las aportaciones al programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (Apazu) de la Comisión Nacional del Agua, para obras de alcantarillado y drenaje que en total sumaron 32.5 millones de pesos.
También destacan las aportaciones a la adquisición y suministro de fertilizantes, que alcanzó los 10 millones de pesos, y una aportación al convenio entre la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno del estado por 10 millones
También sobresale que el ayuntamiento de Chilpancingo destinó 1.7 millones de pesos en becas como estímulo a la educación básica, y adquisición de software y hardware y habilitación de estaciones tecnológicas por 1.1 millones. También adquirió un predio para el relleno sanitario por 3.7 millones, y hay un rubro del que sólo informa que es aportación, pero no especifica a qué, por casi 10 millones.
Coyuca de Benítez sólo reporta dos obras por 6.2 millones de pesos, en tanto que la asignación federal es por 86.7 millones, lo que equivale apenas a 7.3 por ciento. En el primer trimestre reportó un registro de 154 obras sin ningún avance.
Iguala es otro municipio que lleva un avance de obras muy pobre. De acuerdo con la información de la Sedesol federal, se le asignaron 80.9 millones de pesos, pero al concluir el segundo trimestre apenas llevaba un 12.6 de avance en el ejercicio de los recursos. Este dinero se destinó a siete obras, todas ellas rehabilitaciones de concreto hidráulico en el centro de la cabecera municipal; en las comunidades rurales no se había construido nada, lo que contraviene la normatividad del Fismdf.
Otro de los municipios que registra poco avance financiero de las obras es Ometepec, cuya asignación del Fismdf es por 108.8 millones de pesos, pero su avance es de apenas 17.5 por ciento. Destaca en este municipio que se gastaron 474 mil 665 pesos en materiales y útiles de oficina, así como 240 mil pesos en promoción y difusión de las acciones de gobierno municipal y un rubro denominado “servicios relacionados con certificación de procesos”, con un costo de 304 mil 581 pesos.
El ayuntamiento de José Joaquín de Herrera gastó recursos del Fismdf en mantenimiento y conservación de vehículos terrestres (150 mil pesos), y en materiales y útiles de oficina, 74 mil 800, las cuales no son acciones para directamente combatir la pobreza. El monto total asignado a este municipio es de 42.3 millones y lleva un avance financiero de 44.1 por ciento.
El municipio de Cutzamala destaca no por sus obra sino porque destina más de 25 por ciento de sus recursos Fismdf para la compra de fertilizante. La federación le asignó este año 34 millones de pesos, y el ayuntamiento destinó 25.4 millones a la compra del insumo, lo que equivale a 74.4 por ciento.
Ayutla, con uno de los presupuestos más abultados del Fismdf (144.4 millones de pesos) incluyó en su informe muchas obras de rehabilitación y conservación de caminos (28 de 37 obras que tiene registradas), lo cual será observado por las dependencias normativas.
En este municipio de la Costa Chica se gastaron recursos en rubros como materiales y útiles de oficina, por un millón de pesos, refacciones y mantenimiento de transporte por 1.1 millones y asesoría para la elaboración de la cuenta pública por 771 mil 487 pesos.
Azoyú también destaca por su alto número de obras de conservación y rehabilitación de caminos (57 de 68). En este pequeño municipio se asignaron 23.5 millones de pesos y llevan un 35.7 por ciento de avance financiero.
El municipio de Chilapa gastó en materiales útiles para el procesamiento de equipos informáticos casi 771 mil pesos, en refacciones y equipo de transporte 250 mil pesos, en materiales y útiles de impresión y reproducción 70 mil, y en combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos 900 mil pesos.
El municipio de La Unión tuvo gastos de viáticos, combustible y material de oficina por 856 mil 394 pesos, que representan el 2.5 por ciento del presupuesto total.
Nuevas reglasEn Chilpancingo, con un monto asignado de 151.7 millones de pesos, se programaron apenas 52 obras, 19 de las cuales tenían avances menores a 50 por ciento y 29 se reportaron como totalmente concluidas.
De las obras del ayuntamiento de Chilpancingo destacan como las más numerosas la pavimentación de calles y la rehabilitación de puentes. Entre los montos más altos pagados con recursos del Fismdf, sobresalen las aportaciones al programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (Apazu) de la Comisión Nacional del Agua, para obras de alcantarillado y drenaje que en total sumaron 32.5 millones de pesos.
También destacan las aportaciones a la adquisición y suministro de fertilizantes, que alcanzó los 10 millones de pesos, y una aportación al convenio entre la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno del estado por 10 millones
También sobresale que el ayuntamiento de Chilpancingo destinó 1.7 millones de pesos en becas como estímulo a la educación básica, y adquisición de software y hardware y habilitación de estaciones tecnológicas por 1.1 millones. También adquirió un predio para el relleno sanitario por 3.7 millones, y hay un rubro del que sólo informa que es aportación, pero no especifica a qué, por casi 10 millones.
Coyuca de Benítez sólo reporta dos obras por 6.2 millones de pesos, en tanto que la asignación federal es por 86.7 millones, lo que equivale apenas a 7.3 por ciento. En el primer trimestre reportó un registro de 154 obras sin ningún avance.
Iguala es otro municipio que lleva un avance de obras muy pobre. De acuerdo con la información de la Sedesol federal, se le asignaron 80.9 millones de pesos, pero al concluir el segundo trimestre apenas llevaba un 12.6 de avance en el ejercicio de los recursos. Este dinero se destinó a siete obras, todas ellas rehabilitaciones de concreto hidráulico en el centro de la cabecera municipal; en las comunidades rurales no se había construido nada, lo que contraviene la normatividad del Fismdf.
Otro de los municipios que registra poco avance financiero de las obras es Ometepec, cuya asignación del Fismdf es por 108.8 millones de pesos, pero su avance es de apenas 17.5 por ciento. Destaca en este municipio que se gastaron 474 mil 665 pesos en materiales y útiles de oficina, así como 240 mil pesos en promoción y difusión de las acciones de gobierno municipal y un rubro denominado “servicios relacionados con certificación de procesos”, con un costo de 304 mil 581 pesos.
El ayuntamiento de José Joaquín de Herrera gastó recursos del Fismdf en mantenimiento y conservación de vehículos terrestres (150 mil pesos), y en materiales y útiles de oficina, 74 mil 800, las cuales no son acciones para directamente combatir la pobreza. El monto total asignado a este municipio es de 42.3 millones y lleva un avance financiero de 44.1 por ciento.
El municipio de Cutzamala destaca no por sus obra sino porque destina más de 25 por ciento de sus recursos Fismdf para la compra de fertilizante. La federación le asignó este año 34 millones de pesos, y el ayuntamiento destinó 25.4 millones a la compra del insumo, lo que equivale a 74.4 por ciento.
Ayutla, con uno de los presupuestos más abultados del Fismdf (144.4 millones de pesos) incluyó en su informe muchas obras de rehabilitación y conservación de caminos (28 de 37 obras que tiene registradas), lo cual será observado por las dependencias normativas.
En este municipio de la Costa Chica se gastaron recursos en rubros como materiales y útiles de oficina, por un millón de pesos, refacciones y mantenimiento de transporte por 1.1 millones y asesoría para la elaboración de la cuenta pública por 771 mil 487 pesos.
Azoyú también destaca por su alto número de obras de conservación y rehabilitación de caminos (57 de 68). En este pequeño municipio se asignaron 23.5 millones de pesos y llevan un 35.7 por ciento de avance financiero.
El municipio de Chilapa gastó en materiales útiles para el procesamiento de equipos informáticos casi 771 mil pesos, en refacciones y equipo de transporte 250 mil pesos, en materiales y útiles de impresión y reproducción 70 mil, y en combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos 900 mil pesos.
El municipio de La Unión tuvo gastos de viáticos, combustible y material de oficina por 856 mil 394 pesos, que representan el 2.5 por ciento del presupuesto total.
De acuerdo con lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), que regula la distribución y ejercicio de los recursos del Fismdf, en 2014 los ayuntamientos no podrán adquirir insumos agrícolas (léase fertilizante químico), y la realización de obras de construcción, rehabilitación y ampliación de carretera y caminos rurales sólo será posible en coinversión con los otros órdenes de gobierno y sin rebasar el 15 por ciento de los recursos Fismdf correspondientes al municipio.
El artículo 33 de esa ley menciona los rubros en que se puede invertir el Fismdf: “agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura”.
Este universo de obras se restringe aún más en un documento normativo secundario llamado Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, emitido por la Sedesol federal.
Dicen los lineamientos que “los municipios deben utilizar estos recursos para la realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales identificadas en el Informe Anual de Rezago Social de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval” y únicamente para aplicarlo a los proyectos previstos en el catálogo que incluye este documento.
Lo anterior es mucho más prohibitivo que la misma LCF. Esta situación detonó en Guerrero el descontento de los presidentes municipales de todos los partidos, pues gran parte de los recursos del Fismdf los empleaban en la compra de fertilizante y la construcción y rehabilitación de caminos rurales.
Precisamente por este descontento, para el estado de Guerrero se establecieron concesiones especiales en el rubro de fertilizante, como lo declararon en abril pasado varios funcionarios federales de la Sedesol, incluida la titular de esa dependencia, Rosario Robles Berlanga, quien afirmó que “dadas las condiciones de pobreza y marginación en que se encuentra inmerso Guerrero, se analizarán alternativas para que los alcaldes puedan cumplir con la entrega del insumo agrícola, siempre y cuando el fertilizante sea de calidad, se realice una compra consolidada y haya transparencia en el padrón de beneficiarios”.
Uno de los resultados de este anuncio fue que los ayuntamientos podrían utilizar hasta 20 por ciento de los recursos del Fismdf para la compra de fertilizante –por primera vez en la historia del programa de fertilizante se “legalizó” la adquisición del insumo con recursos federalizados provenientes del Fismdf–. Y para el tema de caminos rurales no hubo concesiones: 15 por ciento del total recibido por los ayuntamientos.
Por medio de una solicitud de información, se requirió a la dependencia federal el “fundamento legal por el que la dependencia autorizó que los ayuntamientos de Guerrero utilicen 20 por ciento de los recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ramo 33 a la adquisición de fertilizante,” ya que ni en la LCF ni en los lineamientos se establece el fertilizante como un rubro permisible.
Como respuesta, la dependencia federal se deslindó de esta concesión para el estado de Guerrero, pues afirmó escuetamente que “de la búsqueda exhaustiva realizada en los archivos físicos y electrónicos de esta Dependencia, me permito informarle que esta Secretaría de Desarrollo Social no tiene facultad de autorizar ni validar ningún tipo de gasto por parte de los ayuntamientos municipales”, y nos remite a la LCF sobre los rubros en que se puede aplicar el recurso Fismdf.
Pero nada informa de dónde salió que los ayuntamientos pueden invertir 20 por ciento en la compra de fertilizante.
De acuerdo con datos de la Sedesol federal respecto de los avances registrados en el segundo trimestre de 2014, varios ayuntamientos reportan compras de fertilizante, y algunos rebasan la “concesión” establecida para el estado de Guerrero.
De los ayuntamientos que más recursos invierten en fertilizante está Chilapa, con 34.7 millones de pesos, que representan 15.4 por ciento de su asignación Fismdf. Taxco gastó 20 millones en el mismo concepto, y esto significa 19.9 por ciento de sus recursos del Fismdf; y Chilpancingo adquirió fertilizante por 10 millones que se traducen en 6.6 por ciento de los recursos de este fondo.
Hay otros municipios que rebasan por mucho el 20 por ciento, como es el caso de Cutzamala, que informó que gasta 25.3 millones de pesos en fertilizante y equivale a 74.4 por ciento de sus recursos Fismdf; o como Quechultenango, con 29.7 millones y 50.5 por ciento; o Tecoanapa, con 26.5 millones y 33.5 por ciento; y Tixtla, con 12.4 millones de pesos invertidos en el insumo agrícola que representan el 25 por ciento de los recursos Fismdf.
Estos ayuntamientos sin duda tendrán observaciones de parte de los órganos fiscalizadores.
Hay pues, falta de cumplimiento de los ayuntamientos de Guerrero para informar a la Sedesol sobre los avances físicos y financieros del Fismdf, y muchas irregularidades en su ejercicio, y no se conocen hasta hoy sanciones por este incumplimiento de la ley.
El artículo 33 de esa ley menciona los rubros en que se puede invertir el Fismdf: “agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura”.
Este universo de obras se restringe aún más en un documento normativo secundario llamado Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, emitido por la Sedesol federal.
Dicen los lineamientos que “los municipios deben utilizar estos recursos para la realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales identificadas en el Informe Anual de Rezago Social de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval” y únicamente para aplicarlo a los proyectos previstos en el catálogo que incluye este documento.
Lo anterior es mucho más prohibitivo que la misma LCF. Esta situación detonó en Guerrero el descontento de los presidentes municipales de todos los partidos, pues gran parte de los recursos del Fismdf los empleaban en la compra de fertilizante y la construcción y rehabilitación de caminos rurales.
Precisamente por este descontento, para el estado de Guerrero se establecieron concesiones especiales en el rubro de fertilizante, como lo declararon en abril pasado varios funcionarios federales de la Sedesol, incluida la titular de esa dependencia, Rosario Robles Berlanga, quien afirmó que “dadas las condiciones de pobreza y marginación en que se encuentra inmerso Guerrero, se analizarán alternativas para que los alcaldes puedan cumplir con la entrega del insumo agrícola, siempre y cuando el fertilizante sea de calidad, se realice una compra consolidada y haya transparencia en el padrón de beneficiarios”.
Uno de los resultados de este anuncio fue que los ayuntamientos podrían utilizar hasta 20 por ciento de los recursos del Fismdf para la compra de fertilizante –por primera vez en la historia del programa de fertilizante se “legalizó” la adquisición del insumo con recursos federalizados provenientes del Fismdf–. Y para el tema de caminos rurales no hubo concesiones: 15 por ciento del total recibido por los ayuntamientos.
Por medio de una solicitud de información, se requirió a la dependencia federal el “fundamento legal por el que la dependencia autorizó que los ayuntamientos de Guerrero utilicen 20 por ciento de los recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ramo 33 a la adquisición de fertilizante,” ya que ni en la LCF ni en los lineamientos se establece el fertilizante como un rubro permisible.
Como respuesta, la dependencia federal se deslindó de esta concesión para el estado de Guerrero, pues afirmó escuetamente que “de la búsqueda exhaustiva realizada en los archivos físicos y electrónicos de esta Dependencia, me permito informarle que esta Secretaría de Desarrollo Social no tiene facultad de autorizar ni validar ningún tipo de gasto por parte de los ayuntamientos municipales”, y nos remite a la LCF sobre los rubros en que se puede aplicar el recurso Fismdf.
Pero nada informa de dónde salió que los ayuntamientos pueden invertir 20 por ciento en la compra de fertilizante.
De acuerdo con datos de la Sedesol federal respecto de los avances registrados en el segundo trimestre de 2014, varios ayuntamientos reportan compras de fertilizante, y algunos rebasan la “concesión” establecida para el estado de Guerrero.
De los ayuntamientos que más recursos invierten en fertilizante está Chilapa, con 34.7 millones de pesos, que representan 15.4 por ciento de su asignación Fismdf. Taxco gastó 20 millones en el mismo concepto, y esto significa 19.9 por ciento de sus recursos del Fismdf; y Chilpancingo adquirió fertilizante por 10 millones que se traducen en 6.6 por ciento de los recursos de este fondo.
Hay otros municipios que rebasan por mucho el 20 por ciento, como es el caso de Cutzamala, que informó que gasta 25.3 millones de pesos en fertilizante y equivale a 74.4 por ciento de sus recursos Fismdf; o como Quechultenango, con 29.7 millones y 50.5 por ciento; o Tecoanapa, con 26.5 millones y 33.5 por ciento; y Tixtla, con 12.4 millones de pesos invertidos en el insumo agrícola que representan el 25 por ciento de los recursos Fismdf.
Estos ayuntamientos sin duda tendrán observaciones de parte de los órganos fiscalizadores.
Hay pues, falta de cumplimiento de los ayuntamientos de Guerrero para informar a la Sedesol sobre los avances físicos y financieros del Fismdf, y muchas irregularidades en su ejercicio, y no se conocen hasta hoy sanciones por este incumplimiento de la ley.
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