El programa de fertilizante va por el Ramo 33

El Sur de Acapulco

En contra de las disposiciones que establece la Ley de Coordinación Fiscal, los ayuntamientos guerrerenses han utilizado dinero del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) del ramo 33 –recursos provenientes de la federación destinados sólo a obra pública- para la compra de fertilizante químico.
Guerrero es el único estado del país que subsidia este tipo de insumo agrícola y lo hace en detrimento de la construcción de infraestructura básica en las comunidades rurales, es decir, hay menos obra en el estado porque el dinero se gasta en la adquisición de fertilizante.
Este año la Secretaría de Desarrollo Social federal emitió nuevos lineamientos para el ejercicio del FISM del ramo 33, que siguen prohibiendo la compra de fertilizante, y en ninguna entidad se inconformaron tanto como sí lo hicieron funcionarios y políticos de Guerrero; esto porque en el resto de las entidades del país no promueven ni sostienen un programa de distribución de fertilizante creado de manera inducida y artificial en 1994 por el ex gobernador Rubén Figueroa con evidentes propósitos económicos y electorales.
Y el argumento para defender el programa sigue siendo el mismo: el apoyo a la seguridad alimentaria de miles de productores guerrerenses. Sin embargo, hay que destacar que la gran mayoría de los campesinos del país, muchos en condiciones de pobreza como los de Guerrero, cultivan granos básicos como maíz y frijol sin necesidad de utilizar fertilizante químico; es más, antes de 1994, el estado no tenía programa de fertilizante y la producción no era muy diferente de la que hoy se obtiene.

Modificaciones a la LCF

Antes de 2014, la ley de coordinación fiscal establecía la obligación de ejercer los recursos del FISM en 10 tipos de obras como agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, electrificación, caminos rurales, urbanización, infraestructura básica de salud y educativa, mejoramiento de la vivienda e infraestructura productiva rural.
Sin embargo, en ninguno de estos tipos de obra autorizados se incluía la compra de fertilizante químico, por lo que todos los años, los ayuntamientos de Guerrero fueron observados debido a esta irregularidad por los órganos de control y fiscalización estatal y federal.
Las recientes modificaciones a la LCF, publicadas en diciembre de 2013, son más específicas en cuanto a las obras que deben construirse, pero en términos generales se refieren a los mismos rubros que había antes de la reforma, y tampoco entre éstos se incluyó la adquisición de insumos agrícolas en el catálogo de obras y acciones que se pueden realizar.
En abril de 2014, la titular de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga, informó que con la reforma hacendaria se hicieron modificaciones a la ley de coordinación fiscal, que continuó con la desautorización de utilizar recursos del ramo 33 para la compra del fertilizante, aunque aclaró, según un boletín del gobierno del estado que “dadas las condiciones de pobreza y marginación en que se encuentra inmerso Guerrero, se analizarán alternativas para que los alcaldes puedan cumplir con la entrega del insumo agrícola, siempre y cuando el fertilizante sea de calidad, se realice una compra consolidada  y haya transparencia en el padrón de beneficiarios”.
Uno de los resultados de este anuncio fue que los ayuntamientos podrían utilizar hasta 20 por ciento de los recursos del FISM para la compra de fertilizante, es decir, por primera vez en la historia del programa de fertilizante se “legalizó” la adquisición del insumo con recursos federalizados provenientes del FISM.
Esto tendrá repercusiones negativas para el estado, porque es una manera de avalar, por parte de la federación, una supuesta mejor producción de granos básicos a costa del deterioro ambiental significativo en el campo de Guerrero y la persistencia de prácticas de corrupción y manipulación electoral.

Reacciones desproporcionadas

Las limitaciones que establecen los lineamientos de la Sedesol de no usar el dinero del FISM para comprar fertilizante irritó a funcionarios y a la clase política de Guerrero.
Los argumentos son que si no compran el fertilizante se pueden generar escenarios de conflicto en las poblaciones como el de Aguas Blancas, según advirtió la presidenta municipal de Tlalchapa, Guadalupe Eguiluz Bautista, quien comentó también que mientras el gobierno federal no dé otras alternativas a los campesinos del estado, no puede quitar de tajo un programa como el de fertilizante, como si hubiese sido un programa decidido desde la federación.
El diputado Bernardo Ortega Jiménez dijo que revisarán la viabilidad jurídica de promover una controversia constitucional, y agregó que si el Congreso local no tiene la facultad, “de todas maneras seremos parte de la lucha, porque desde mi punto de vista se está vulnerando el artículo 115 constitucional”.
Por su parte el coordinador del Comité de Planeación para el Desarrollo del estado de Guerrero, Víctor Aguirre Alcaide, dijo que los alcaldes interpondrán una controversia constitucional porque están siendo afectados en la autonomía de los municipios con el uso del dinero del ramo 33 para la adquisición del fertilizante.
Igualmente el presidente del Comité Directivo Estatal del PRD, Carlos Reyes Torres, aseguró que “si es necesario que los alcaldes se manifiesten en rebeldía y no acaten esas disposiciones, pues lo vamos a hacer y vamos a respaldar a nuestros presidentes municipales”.
Sin embargo, ninguna de las declaraciones de funcionarios y políticos se refirió a la necesidad de hacer un cambio radical en el programa de fertilizante, buscando su uso apropiado y teniendo como meta la reconversión hacia el empleo de abonos orgánicos y menos dañinos para suelo y agua.
Tampoco nadie mencionó que el programa requiere ser transparente en el ejercicio de los recursos y en el padrón de beneficiarios, y que urgen mecanismos para garantizar la entrega de un producto de calidad.

El tamaño de las irregularidades

Se calcula que en promedio, a nivel estatal cerca del 20 por ciento de los recursos del FISM se aplican de manera irregular a la compra de fertilizante químico. Sin embargo, unos ayuntamientos gastan porcentajes más grandes que otros.
De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) correspondiente al ejercicio 2010, son 29 ayuntamientos de Guerrero invierten más de 20 por ciento de los recursos del FISM en la compra de fertilizante. Es decir, esos 29 gobiernos municipales, con los nuevos lineamientos de 2014, serían sancionados.
Algunos municipios han abusado de estos recursos federalizados y gastan más del 50 por ciento del FISM en la compra de fertilizante. Entre éstos se encuentran Apaxtla, que en 2010 utilizó 55 por ciento del FISM para adquirir fertilizante, Zitlala, que compró 51 por ciento con este fondo y General Heliodoro Castillo, con 50 por ciento.
Sin embargo, al parecer la irregularidad se incrementó en los últimos años porque el alcalde capitalino Mario Moreno informó hace unos días que cerca de 15 municipios requieren hasta 70 por ciento del FISM del ramo 33 para fertilizante.
Siguiendo el documento de 2010 de la Seder, otros ayuntamientos que emplean más del 20 por ciento del FISM son Coyuca de Catalán (49), Quechultenango (47 por ciento), Teloloapan (46), Cuetzala del Progeso (45), Zapotitlán Tablas (44), Tlalchapa (41), Arcelia (41), Cutzamala (41), Ahucuotzingo (41), Tixtla (40), Ajuchitlán (36), Pedro Ascencio Alquisiras (35).
Otros ayuntamientos que gastan grandes cantidades de recursos del FISM en fertilizante son Atlixtac (29 por ciento), Tecoanapa (29), Mochitlán (29), Cocula (26), San Miguel Totolapan (25), General Canuto Neri (25), Coahuayutla (25), Olinalá (25), Alcozahuaca (25), Ayutla (25), Leonardo Bravo (26), Chilapa (23), Mártir de Cuailapan (21), Copanatoyac (21), Huitzuco (21).
No se encontraron documentos que informen sobre la fecha en que los ayuntamientos de Guerrero comenzaron a utilizar recursos federalizados para la compra de fertilizante, pero es muy probable que haya comenzado en 2001, cuando este orden de gobierno fue incorporado al esquema financiero del programa de fertilizante.

Cómo regularizar el programa

En Guerrero, los esfuerzos para modificar la normatividad que impide utilizar los recursos federales del FISM en la adquisición de fertilizante no han sido pocos. La necesidad creciente de los ayuntamientos de financiar la entrega de fertilizante sin tener recursos para hacerlo se ha convertido en un gran problema, y sus intentos han apuntado a modificar las leyes.
El más reciente fue el exhorto del Congreso del estado al presidente Enrique Peña Nieto para que instruya a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, para que incluya la adquisición de fertilizante en el catálogo de acciones autorizadas en el FISM.
Otros de los intentos documentados de hacer “legal” la compra de fertilizante se dio en agosto de 2010, con la Ley del sistema de coordinación hacendaria del estado de Guerrero, en donde se propusieron adecuaciones para abrir “posibilidades de utilizar los recursos del fondo de infraestructura social municipal, para cubrir erogaciones hechas para la adquisición prioritaria de insumos agrícolas como el fertilizante”. 
Sin embargo, la comisión de diputados que analizó el documento desechó estas propuestas porque expusieron que los recursos del FISM son aportaciones federales que se transfieren a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal y de los municipios con un destino específico, es decir, “condicionan su gasto a la consecución y cumplimiento de los  objetivos que para cada tipo de aportación establece esta ley”.
Explicaron que en el caso de las aportaciones condicionadas, la potestad legislativa estatal no puede determinar autónomamente el destino de dichos recursos, porque no tiene atribuciones para orientar las erogaciones que se originan en impuestos que son competencia de la federación.
Y para argumentar que no se afectaba la autonomía municipal, afirmaron que “las aportaciones condicionadas, en tanto representan un gasto federal que se traslada a estados y municipios para su ejecución, otorgan al poder legislativo federal la potestad constitucional para determinar los rubros específicos en donde dichos fondos habrán de utilizarse; o para decirlo de otra manera, en este ámbito si cuenta con posibilidades de “etiquetar” los fondos y restringir, en consecuencia, la libre administración hacendaria de estados y municipios, sin que ello represente vulneración alguna a la autonomía financiera”.
Un punto importante que ningún funcionario o político comenta es que el programa de fertilizante puede ser financiado con recursos del ramo 28, ya que éstos no están etiquetados y los ayuntamientos pueden ejercerlos libremente.
En aquel intento de 2010 de legalizar el ejercicio de los recursos federales para la compra de fertilizante, se abordó ese punto en los siguientes términos: “Al margen del ramo 33, existe la posibilidad de aprovechar las participaciones incondicionadas que se transfieren a los estados y municipios, para la compra de fertilizante, ya que allí la autonomía financiera estatal y municipal lo permite”.

Más sobre la calidad del fertilizante

Trascendió que la Seder es la que recomienda o hasta impone las empresas proveedoras de fertilizante a los ayuntamientos, es decir, no se decide en el municipio la empresa que provee del insumo a los productores. Esto lo dijeron algunos alcaldes que fueron consultados, quienes añadieron que también la Seder decide qué empresas son revisadas para analizar la calidad del fertilizante, pues no hay un criterio homogéneo sino a discreción de los funcionarios.
Como se informó en la edición anterior de Monitor de Guerrero, los resultados de las revisiones a la calidad del fertilizante están en la más completa oscuridad, ninguna dependencia (Seder, Contraloría general y Auditoría General del Estado) ha informado al respecto, no obstante que las reglas de operación las facultan para hacer ese tipo de revisiones.
Tampoco ninguna ha informado sobre las empresas proveedoras de fertilizante sancionadas y “boletinadas”, ya que al ser requeridas mediante una solicitud de información, dos respondieron (Contraloría y AGE) que es información “inexistente”, y la Seder simplemente no respondió.