Fraude a los campesinos con fertilizante de pésima calidad

El Sur de Acapulco

No obstante las evidencias, los órganos de control y fiscalización del estado y la Secretaría de Desarrollo Rural hacen caso omiso a las graves irregularidades que cometen los ayuntamientos al engañar a los campesinos dotándolos de fertilizante de pésima calidad.

No es una noticia nueva, ya que los bajísimos niveles de calidad del insumo han sido denunciadas por los productores desde hace muchos años al observar los malos resultados luego de la aplicación del insumo en sus parcelas; incluso las dependencias del gobierno del estado que tienen a su cargo la normatividad y el control del programa de fertilizante (Seder y Contraloría General del estado) reconocen el engaño y la violación a las reglas de operación, pero no hacen nada por remediarlo, por lo menos no de manera pública.
El programa de fertilizante es una piñata de casi mil millones de pesos anuales -aportados por gobierno estatal, ayuntamiento y productores- que se ha salido del control gubernamental, pues nadie se hace responsable de los graves daños al suelo y agua por su aplicación desmedida, su uso clientelar y político, el gasto de recursos públicos que deberían destinarse a obra púbica y la enorme corrupción que se puede localizar sin dificultad en las licitaciones y en la entrega de fertilizante que no cumple con las especificaciones que establecen las reglas de operación.
Hoy, como en otros años en que se ha visto en riesgo por los cuestionamientos de la federación, el programa de fertilizante está en la mesa de debate teniendo muchos defensores en el gobierno del estado, los ayuntamientos y en algunos partidos políticos que dicen ayudar al campo guerrerense manteniendo un programa tan pernicioso.
Sabiendo que es electoralmente incorrecto afirmar que el programa de fertilizante subsidiado ha sido un desastre para Guerrero, esos mismos políticos que hoy defienden la permanencia del programa saben de la corrupción, el clientelismo y el enorme daño que el insumo le provoca en el suelo y el agua, y no hacen nada, mucho menos proponen cambios estructurales para usar otro tipo de insumos menos dañinos para el ambiente y que realmente contribuyan a incrementar la producción.
La compra y entrega de fertilizante de bajísima calidad es sólo uno de los eslabones que los defensores del programa no quieren ver o minimizan, pero que constituye un fraude al erario público y sobre todo un atraco a los campesinos que dicen apoyar.
Y las dependencias responsables del control, vigilancia y fiscalización del programa sólo ven cómo se deteriora el campo guerrerense sin una firme intervención.
Las muestras
Con el apoyo de la asociación civil Comunicación para el Desarrollo Comunitario (Comunica), en varias localidades de los municipios de Ayutla de los Libres y San Marcos se acopiaron muestras de suelo y fertilizante para ser enviadas a un laboratorio a efecto de ratificar o no lo que era un secreto a voces, pero que nunca se ha informado de manera oficial: que el fertilizante entregado por los ayuntamientos a los productores no coincide con las fórmulas químicas que establece la normatividad del programa.
En dichas localidades –cuyos nombres se omiten para que no afectarlas- los productores han denunciado desde hace varios años y ante diferentes alcaldes que el fertilizante ya no tiene el mismo efecto en los cultivos que antes.
A los campesinos de estos sitios, Comunica AC les propuso hacer un análisis sobre la fertilidad de sus suelos y la composición química del fertilizante, a efecto de constatar el cumplimiento o no de las normas establecidas en las reglas de operación.
Fertilizante entregado en 2013
Como parte del paquete de fertilizante que los ayuntamientos entregaron en 2013 a comunidades rurales de San Marcos y Ayutla de los Libres, se encuentra el sulfato de amonio. De éste, las reglas de operación especifican que debe contener 20.5 por ciento de nitrógeno y ser 100 soluble al agua.
Los resultados del análisis revelaron valores muy por debajo de estas especificaciones que establece la norma, de entre 4.8 y 13 por ciento, lo que indica niveles muy bajos de calidad.
En el caso del fosfato diamónico (DAP), la norma exige que debe contener 18 por ciento de nitrógeno y 46 por ciento de fósforo y ser entregado en sacos de polipropileno de 50 kg.
El laboratorio entregó los siguientes resultados al analizar el DAP: en cuanto nitrógeno, se encontraron porcentajes de entre 5 y 12.3 por ciento, mientras que en fósforo, los porcentajes variaron entre 6.2 y 15.2 por ciento, muy por debajo de lo que establece la norma, que es de 46 por ciento.
Finalmente, las reglas de operación dicen que el producto denominado fosfonitrato debe contener 33 por ciento de nitrógeno y 3 por ciento de fósforo. Sin embargo, los análisis realizados dieron como resultado valores muy variados.
Para el caso del nitrógeno, los porcentajes estuvieron entre 4.7  y 22.3 por ciento. Mientras que en las muestras acopiadas no se encontró rastro de fósforo.
Como se observa en los resultados de Ayutla y San Marcos, ninguno de los diferentes tipos de fertilizante analizados alcanzaron las los porcentajes que exigen las reglas de operación, de hecho están muy por debajo de lo que recomiendan a los proveedores.
Esto constituye una irregularidad grave que cada año se comete en contra de los productores de granos básicos, y aunque no se sabe con precisión cuántos ayuntamientos guerrerenses lo hacen, se presume que son la mayoría.
Las reglas de operación
El documento que regula la operación del programa de fertilizante describe las características técnicas de calidad y cantidad de fertilizante que debe entregarse a los productores. Por ejemplo, dice que en el caso de los fertilizantes químicos “éstos deberán cumplir con lo especificado en la etiqueta, con respecto al peso y al contenido, es decir, el porcentaje del elemento en cuestión (nitrógeno, fósforo y otro).”
Asimismo, las reglas de operación señalan que los ayuntamientos “expresarán en las bases de su licitación la exigencia de los proveedores de que el suministro de fertilizante” tenga característica muy específicas, y describe la presentación que deben tener cada uno de los productos que se entregan a los campesinos, como la composición química, su apariencia, el tipo de envase y el peso de cada saco. 
Más adelante las reglas indican que para la adquisición del fertilizante, los ayuntamientos se obligan a contratar “empresas que no estén boletinadas” por los órganos fiscalizadores y que cumplan con la norma oficial mexicana.
En este punto, cabe mencionar que pese a las irregularidades en la adquisición y distribución de fertilizante, la Contraloría General del estado y la Seder nunca han hecho pública ninguna lista de empresas boletinadas ni sancionadas.
En la normatividad también se establece que la calidad y cantidad del fertilizante que se entregue será únicamente responsabilidad de los ayuntamientos, aunque destaca que el gobierno del estado se reserva el derecho de supervisar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por lo proveedores.
Para el control y la vigilancia de la operación del programa, las reglas de operación indican que la Seder, la Contraloría  y la Auditoría General del estado son las dependencias facultadas para realizar visitas periódicas a los ayuntamientos, y podrán revisar entre otros aspectos: volúmenes recibidos y entregados a los comités locales y las especificaciones del fertilizante entregado o por entregar.
La Seder reconoce el fraude
En un cuadro de resultados que se obtuvo mediante una solicitud de información, la Seder da cuenta de los resultados del análisis a las muestras de fertilizante enviadas al “laboratorio de Chapingo”.  Aunque se le solicitó información sobre los resultados de los últimos cuatro años, la dependencia sólo entregó los resultados de marzo de 2011.
Esta información que entregó la Seder parece corresponder con los resultados que la dependencia difundió en marzo de 2012, en donde se reconoció el fraude que se comete en contra de los productores al entregarles fertilizante adulterado.
En aquella ocasión, la Seder expuso que 40 por ciento del fertilizante que reciben los campesinos guerrerenses está adulterado y no cumple con la composición que establecen las reglas de operación del programa. Esta información la obtuvo a partir de 32 muestras aplicadas por la Contraloría General del Estado en 16 municipios del estado.
Dentro de este porcentaje, la Seder destacó que en 18 por ciento del total muestreado se descubrió que el producto analizado no es fertilizante, mientras que en 24 por ciento, lo que distribuyen los ayuntamientos es algo que se asemeja al insumo.
Los resultados analizados por región indican que de las cuatro muestras tomadas en dos municipios de la zona Centro, una no es fertilizante, otra se asemeja al producto, y las otras dos sí son el producto. En la Costa Chica se obtuvieron seis muestras en tres municipios, de las cuales tres muestras se asemejan al producto, una muestra no es fertilizante y las dos restantes si corresponden al producto.
En dos municipios de la Costa Grande se obtuvieron cuatro muestras con los siguientes resultados: una muestra no es fertilizante, otra se asemeja al producto, y dos sí son fertilizante. En el caso de la Montaña, cuatro municipios fueron elegidos para ocho muestras; de éstas, tres no son fertilizante, una se asemeja al producto y las cuatro restantes si son fertilizante.
En las regiones Norte y Tierra Caliente se obtuvieron los resultados menos irregulares. En el primer caso, se tomaron cuatro muestras en dos municipios obteniéndose que una muestra se asemejaba al producto y las otras tres restantes sí correspondían al producto. En Tierra Caliente, de las seis muestras en tres municipios se obtuvo que una muestra se asemejó al producto y las otras cinco sí eran fertilizante.
A la Contraloría General del estado también se le solicitó información sobre los resultados de los análisis a la calidad del fertilizante realizados por la dependencia. Sin embargo, el órgano de control respondió que la información “no es de su competencia”, aun cuando en solicitudes de meses anteriores reconoció que sí contaba con esa información, pero que no la entregaba porque era información “reservada”.
Las reglas de operación del programa de fertilizante facultan a la Contraloría a hacer este tipo de análisis de calidad del fertilizante, por lo que no hay ningún motivo para que evada la responsabilidad de revisar los paquetes de fertilizante que se entregan y difundir los resultados cuando detecte irregularidades.
Suelos y fertilizante
Es muy probable que los ayuntamientos tampoco entreguen a los productores el tipo de fertilizante que requieren los suelos de cada región. 
Dicen las reglas de operación que de acuerdo con el pH del suelo, los ayuntamientos entregarán un paquete de fertilizante apropiado para cada terreno.
Las muestras obtenidas de las comunidades participantes en el proyecto se enviaron a la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y Ambientales de la Universidad Autónoma de Guerrero, que opera junto con la Fundación Produce de Guerrero AC un programa de análisis de suelos.
Como resultado, se encontraron en San Marcos y Ayutla suelos que van de ligeramente ácidos a ácidos; y en relación con el contenido de materia orgánica, los resultados mostraron niveles que van de bajo a óptimo.
Con estos resultados, la institución universitaria recomendó un tipo específico de fertilizante, pero en el caso de Ayutla, el presidente municipal, Severo Castro Godinez, aun cuando se le dieron a conocer los resultados de los análisis de suelo y fertilizante, se negó a proporcionar el tipo de fertilizante recomendando y responsabilizó al gobierno del estado de la baja calidad del insumo.
Cabe recordar que Castro Godínez es alcalde surgido del Partido Verde Ecologista de México, pero ni así se interesó por modificar las condiciones del uso inapropiado que se hace del fertilizante en su municipio.
Antes de reclamar airadamente a la federación por limitar el uso de los recursos del ramo33 para la compra de fertilizante, los defensores del programa deberían proponer cómo poner orden y control a este programa que siempre ha sido un desastre para el estado.