Con irregularidades, la cuenta pública de la Secretaría de Salud

El Sur de Acapulco
Como en años anteriores, la Secretaría de Salud de Guerrero aparece como una de las dependencias con más irregularidades en las revisiones que realizaron tanto la Auditoría Superior de la Federación como la Auditoría General del Estado a los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del Ramo 33 (FASSA) del ejercicio 2012.
Al igual que en el gobierno de Zeferino Torreblanca, en el de Ángel Aguirre, los órganos fiscalizadores encontraron irregularidades en el gasto y en la operación del sector salud, que en 2012 tuvo un presupuesto de poco más de 3 mil millones de pesos.
En el informe de la auditoría financiera con enfoque de desempeño realizada al ejercicio 2012, la ASF encontró que en la Secretaría de Salud se ejercieron 6.5 millones de pesos en conceptos no autorizados para su pago con recursos enviados por la federación para el FASSA.
Entre los gastos no autorizados destacan el festejo del Día del Odontólogo (donde se gastaron 108 mil pesos), el apoyo económico para un evento ciclista por 200 mil pesos; el pago de seguros para autos del programa de caravanas por 196 mil pesos; reparaciones vehiculares del programa de caravanas por 11 mil, y regalos por el día de la enfermera por 6 mil 500 pesos.
También hubo gastos no autorizados en el pago de autobuses para el traslado de jugadores de la selección sindical por 18 mil pesos, el aseguramiento de los vehículos asignados al Instituto Estatal de Cancerología por 3 mil 200 pesos y la renta de sanitario portátil para cubrir el evento del 202 aniversario de la proclamación de la independencia, donde se gastaron 142 mil pesos.
Otros gastos no autorizados son un donativo al Instituto Estatal de Cancerología por 139 mil pesos y otro al Instituto Estatal de Oftalmología por 17 mil pesos; arbitraje médico por 65 mil pesos y compra de equipos de vacuna antirrábica canina para la inmunización activa de perros y gatos, por 5.6 millones de pesos.
Como resultado de los gastos no autorizados que efectuó la Secretaría de Salud con dinero del FASSA, la ASF determinó la presunción de un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por un monto de 6.5 millones de pesos.
Adicionalmente, la ASF advirtió que este tipo de irregularidades también fueron encontrados en la revisión de la cuenta pública del año 2011.
En cuanto a gastos de operación, el informe del órgano fiscalizador federal subrayó que la Secretaría de Salud del estado no presentó documentación comprobatoria por 30.2 millones de pesos, aunque con la intervención de la ASF, el gobierno del estado proporcionó documentación comprobatoria por 28.5 millones de pesos.
Sin embargo, en este rubro también se observaron erogaciones en conceptos no autorizados para su pago con recursos del FASSA por 102 mil 400 pesos y que no corresponden a los objetivos del fondo, además de que está pendiente de aclararse un monto de 1.6 millones de pesos, por lo que la ASF expresó que se presume un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por un monto de 1.7 millones de pesos.
En cuanto a la plantilla de personal, la ASF revisó una muestra de 25 expedientes de personal con categoría de médico especialista financiados con recursos del FASSA y verificó que 12 servidores públicos no contaban con la documentación que acreditara el perfil académico correspondiente y 76 expedientes no fueron proporcionados por la Secretaría de Salud, lo que ocasionó pagos no justificados de sueldos por 31.2 millones de pesos, y la falta de documentos no permitió verificar la relación laboral y que las remuneraciones se ajustaron a lo pactado.
En este rubro también se advirtió reincidencia, toda vez que fue observado por la ASF en la revisión de la cuenta pública 2011. El estado, con la intervención de la ASF, proporcionó las 12 cédulas profesionales, pero está pendiente lo referente a los 76 expedientes no proporcionados, por lo que la Contraloría General del Estado de Guerrero inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, cuenta bancaria del fondo, por el pago de remuneraciones con recursos del FASSA a personal que no cuenta con su expediente que acredite su perfil académico, lo que ocasionó pagos no justificados por concepto de sueldos, ya que impidió verificar la relación laboral y que las remuneraciones se ajustaron a lo pactado.
Plantilla y nómina
De acuerdo con el informe de la ASF, no existe congruencia entre las plazas registradas y autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las consideradas en nómina por la Secretaría de Salud, ya que se encontraron en nómina 120 plazas no autorizadas y en contraparte, no se ocuparon cinco plazas autorizadas por la SHCP.
Asimismo, la Secretaría de Salud realizó pagos con recursos del FASSA por 2.2 millones de pesos a 149 servidores públicos posteriores a la fecha de su baja; esta irregularidad también se repitió, ya que fue observada por la ASF en la revisión de la cuenta pública 2011, aunque con la intervención de este órgano se solventó lo observado.
Al revisar las licencias por comisión sindical con goce de sueldo otorgadas por la Secretaría de Salud a 72 servidores públicos, se verificó que las autorizaciones se emitieron de manera extemporánea, por lo que se realizaron pagos no autorizados con recursos del fondo por poco más de nueve millones de pesos. Si bien el gobierno del estado durante la auditoría proporcionó documentación que justifica la autorización extemporánea de comisiones sindicales, la Contraloría General del Estado inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas.
Por otra parte, en la revisión de una muestra de 118 contratos de personal eventual financiados por el FASSA, se encontró que la Secretaría de Salud realizó pagos improcedentes por 31.2 millones de pesos, toda vez que no proporcionó 69 contratos y los 49 restantes no se formalizaron. Cabe mencionar que el gobierno del estado, luego de la intervención de la ASF, justificó 50 contratos, pero quedan pendientes 68 contratos por un monto de 10.1 millones de pesos, por lo que se presume un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por esa cantidad.
Asimismo, la ASF solicitó que el gobierno del estado de Guerrero aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 152.9 millones de pesos porque no se logró identificar el importe de pago del impuesto sobre la renta del FASSA, y lo emplazó a que en caso de no lograr su justificación o respaldo documental, el gobierno del estado procederá al entero de recursos al fondo.
La ASF también descubrió que la Secretaría de Salud no reportó retenciones de las cuotas y aportaciones de seguridad social (ISSSTE) correspondientes a las remuneraciones pagadas al personal financiado con recursos del FASSA, quedando pendientes de enterar 33.7 millones de pesos, por lo que se promovió el ejercicio de la facultad de comprobación fiscal para que el ISSSTE audite a la Secretaría de Salud a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no presentó evidencia del entero.
La Secretaría de Salud realizó pagos por concepto de impuesto sobre nóminas por 34.6 millones de pesos con recursos del FASSA 2012, concepto no contemplado para su pago con recursos del fondo.
Licitaciones
En materia de licitaciones, la Secretaría de Salud realizó 11 adjudicaciones directas para la compra de medicamentos con recursos del FASSA 2012, pero lo hizo sin considerar un proceso licitatorio que garantizara las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad, financiamiento y transparencia.
Por otra parte, en la revisión de siete procesos de invitación de cuando menos tres personas, se observó que la Secretaría de Salud no se ajustó al procedimiento de adjudicación, ni realizó las juntas de aclaraciones de apertura, de propuestas técnicas y económicas; además, no consta en el expediente el fallo mediante el cual se observen las causas por las cuales se determinó al proveedor ganador.
La dependencia no aplicó penas convencionales (60 mil pesos) a los proveedores que no cumplieron sus compromisos, por lo que se presume un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal
Finalmente, con la revisión de una muestra de 157 recetas proporcionadas por las unidades médicas, se constató que no fueron requisitadas en su totalidad y no existe evidencia de que los medicamentos hayan sido entregados, ni de que los faltantes se surtieron posteriormente.
La ASF reportó que la Secretaría de Salud envió a la SHCP la información del formato único, a nivel fondo e indicadores; sin embargo, la información no se puso a disposición del público en general en el periódico local del estado ni en su página de internet; asimismo, la información que remitió carece de congruencia y calidad.
La revisión de la AGE
La Auditoría General del Estado también realizó a la Secretaría de Salud y en el mismo ejercicio una auditoría financiera y de cumplimiento.
Entre las irregularidades que encontró la AGE, destaca que en la dependencia no se tienen lineamientos específicos para detectar los medicamentos de lento o nulo movimiento que permitan, en su caso, promover su desplazamiento a otras unidades médicas que los requieran y, así, prevenir su eventual caducidad.
Asimismo, se encontró que el abasto de insumos médicos y medicamentos en los centros de salud de la región de la Montaña no se realiza en tiempo y forma.
Otra observación de la AGE fue que en la revisión de una muestra de 150 recetas médicas, se encontró que fueron recetados 343 medicamentos, de los cuales, 95 no fueron entregados y ocho no corresponden al cuadro básico de medicamentos.
En general, la AGE considera que el gobierno del estado de Guerrero no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, en lo relativo al objetivo antes citado.
Cuentas públicas
La Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado de Guerrero establece que la Auditoría General del Estado debe entregar al Congreso del estado un informe anual de resultados de la revisión de las cuentas públicas.
Dice el artículo 38 de dicha ley que este informe tendrá carácter público y deberá difundirse en la página de internet de la AGE.
Entre otros datos, el informe que debe publicar el órgano fiscalizador deberá contener las auditorías practicadas, los dictámenes de revisión de cada auditoría, y la propuesta de calificación de las cuentas públicas; la evaluación y resultados de la gestión financiera; la evaluación del desempeño en el cumplimiento y grado de avance dado al plan estatal de desarrollo y a los planes municipal de desarrollo, respectivamente, así como los programas aprobados en relación con la consecución de sus objetivos y metas.
Asimismo, el informe de la AGE debe contener información sobre el cumplimiento dado a las leyes de ingresos y a los presupuestos de egresos, estatales y municipales; el dictamen que establezca el monto de los presuntos daños y perjuicios a la hacienda pública estatal o municipal, o al patrimonio de las entidades fiscalizables, que se hubieran detectado durante el proceso de fiscalización; los pliegos preventivos de observaciones que haya emitido, con las solventaciones, justificaciones o aclaraciones que las entidades fiscalizables hayan presentado.
También el documento deberá contener los procedimientos de responsabilidades iniciados y el número de denuncias de hechos instauradas, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.
Sin embargo, el informe anual de resultados de la revisión de la cuenta pública 2012, que se obtuvo mediante una solicitud de información porque no se localizó en la página electrónica de la AGE, no contiene toda la información importante que exige el artículo 39 de la ley de fiscalización ni tampoco se presenta en un sitio accesible de su página electrónica. Es un informe que aún no se hace público como lo establece la ley.