El Sur de Acapulco
No obstante que en el estado de Guerrero persisten grandes rezagos en materia de salud, el Seguro Popular, uno de los programas baluarte del gobierno federal y en el que se han invertido miles de millones de pesos en 10 años de funcionamiento, se han encontrado numerosas irregularidades en la operación y en el ejercicio de los recursos, tanto en la anterior administración de Zeferino Torreblanca Galindo, como en la actual de Ángel Aguirre Rivero.
Aunque existe poca información sobre este programa, debido a la casi completa opacidad con que se maneja en el estado, los pocos datos disponibles permiten tener una percepción de la manera en que funciona el Seguro Popular, que nació con el propósito de “brindar protección financiera a la población no derechohabiente, mediante un esquema de aseguramiento de salud, público y voluntario”.
La Auditoría Superior de la Federación, en sus revisiones a la cuenta pública de diversos sectores del estado, es prácticamente la única fuente de información para conocer lo que sucede con el ejercicio de los recursos del Seguro Popular, ya que la Secretaría de Salud del gobierno del estado no publica o distorsiona la información que tiene publicada sobre este programa, con el propósito de hacerla inaccesible a los ciudadanos.
10 años de Seguro Popular
Según la Ley General de Salud, el Sistema de Protección Social en Salud o Seguro Popular, se financia de manera solidaria por la federación, las entidades federativas y los beneficiarios. Los lineamientos indican que la federación transferirá a los estados dos tipos de recursos, uno denominado Cuota Social, que equivale a 3.92 por ciento de un salario mínimo general vigente diario (en el Distrito Federal) por familia beneficiaria.
El otro recurso es la Aportación Solidaria Federal por familia, y equivale a 1.5 veces el monto de la Cuota Social. La distribución entre las entidades federativas considera componentes de asignación por persona afiliada, necesidades de salud, esfuerzo estatal y desempeño, por lo que la aportación es diferente para cada entidad federativa.
En forma adicional, los gobiernos de los estados tienen la obligación de efectuar aportaciones solidarias por persona beneficiaria, la cual debe ser equivalente a la mitad de la Cuota Social.
Por su parte, los beneficiarios del Seguro Popular participan con cuotas familiares que son anticipadas, anuales, progresivas y que se determinan con base en las condiciones socioeconómicas de cada familia.
De manera general, de 2006 a 2011 el estado de Guerrero recibió recursos por 5 mil 593 millones de pesos, mientras que la aportación del gobierno estatal fue en el mismo periodo por 2 mil 661.1 millones.
Considerando sólo las aportaciones federales, en 2010 se hicieron transferencias al estado por mil 657.2 millones de pesos, en el ejercicio 2011 se recibieron mil 901.1 millones de pesos, mientras que en 2012 la cifra se incrementó a 2 mil 151 millones.
De acuerdo con información estadística del Seguro Popular, en 2011 en Guerrero estaban afiliados 791 mil 554 familias a este programa con un total de 2.2 millones de individuos.
Si se observa por municipio, Acapulco ocupa el primer lugar con 130 mil 555 familias afiliadas, y le siguen Chilpancingo con 50 mil 859 familias, Taxco 29 mil 688, Iguala 28 mil 345 y Zihuatanejo con 24 mil 473 familias.
Para ver los reportes de familias afiliadas al Seguro Popular por municipio y por comunidad: http://sistemas.cnpss.gob.mx:7000/reportespef/fraccion_ii_20112/reportes.html#
Historia de irregularidades
Según la información disponible, durante casi todo el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo se observaron irregularidades en el ejercicio de los recursos del Seguro Popular.
De 2006 a 2008, la ASF denunció un “menor dinamismo” en la incorporación de familias a este programa de salud, ya que mientras la federación enviaba los recursos comprometidos en convenios firmados anualmente por la federación y el Ejecutivo estatal, en el estado no se cumplían las metas de afiliación de beneficiarios.
Asimismo, durante estos años el órgano fiscalizador federal ya destacaba la opacidad del programa, pues el gobierno del estado no entregaba información “suficiente” para evaluar indicadores, como fallecimientos derivados de intervenciones quirúrgicas, mortalidad intrahospitalaria, cirugías ambulatorias y médicos para atender población abierta.
“Las falta de información sobre aspectos básicos del sector afecta el diseño de las políticas y acciones en materia de salud”, denunciaba la ASF.
En la revisión del ejercicio 2009, la Auditoría Superior emitió un dictamen negativo al estado en sus revisiones financieras y de cumplimiento, destacando un subejercicio de los recursos aportados por la federación, lo que impactó de “manera directa no sólo en el cumplimiento de los objetivos básicos de este programa, sino fundamentalmente en la mejora de una cobertura efectiva del servicio de salud en el estado, así como en las condiciones de salud de la población”.
En 2010 también se obtuvo un dictamen negativo de la ASF, porque “el gobierno del estado de Guerrero no cumplió de manera adecuada con los objetivos de la política de estado en materia de salud”, ya que al 31 de diciembre de 2010 no había ejercido 737 millones de pesos del recurso federal “limitando con ello de manera sustancial la atención a la población que no tiene acceso a la seguridad social, al propiciar que los servicios prestados por medio del Seguro Popular no fueran con mayor calidad, al no cumplir la meta de afiliación en 94 mil 409 personas programadas a 2010”, concluyó en su informe la ASF.
Medicamentos caros
En un estudio denominado El Seguro Popular y la compra de medicamentos 2008- 2009: Del mal uso de los recursos al desabasto de fármacos, la organización Fundar, Centro de análisis e investigación encontró que en los ejercicios 2008 y 2009, la compra de medicamentos en el ámbito nacional se caracterizó por los altos precios que pagaron la mayoría de las entidades federativas.
Esto “revela un ejercicio inadecuado de los recursos públicos destinados a la adquisición de insumos, que son indispensables para la atención médica de la población”, precisó el centro de investigación.
En lo que respecta al primer semestre de 2009, Fundar informó que el reporte de gasto en medicamentos, “muestra gastos excesivos en la compra de claves de medicamentos, que en muchos estados rebasa el precio límite, que es de hasta 20 por cierto por arriba del precio de referencia”.
Ejemplificó con el medicamento denominado Enalapril (30 tabletas 10 miligramos), que se prescribe para el tratamiento de la hipertensión arterial, y que en 2009 tuvo un precio de referencia de 2.55 pesos.
Fundar documentó que 19 estados compraron dicho fármaco a un costo mayor que el estipulado en el precio de referencia, pero destacó de manera especial el gasto que realizó el estado de Guerrero para la compra del Enalapril “a un precio excesivamente alto”, pues lo adquirió a 129.89 pesos, es decir, 4 mil 993 por ciento por arriba del precio de referencia.
La investigación de Fundar agregó: “En el reporte publicado en la página de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, no existe explicación alguna sobre el gasto ejercido para la compra de este medicamento”. http://fundar.-org.mx/fundar_1/site/files/Home/Breves/El%20Seguro%20Popular_medicamentos_VFdoc.pdf
Escándalos en la prensa
En diciembre de 2009, y recién asumió el cargo, la ex directora del Seguro Popular, Gloria Sierra López, declaró que encontró “desequilibrios” en la operación del programa, por lo que estaba trabajando para que las unidades médicas contaran con presupuesto, medicamentos, equipamiento necesario y “con todo lo que requieran para brindar atención con calidad y calidez”.
En aquella ocasión precisó que no era suficiente con la afiliación de más familias, sino atenderlas con calidad.
Sin embargo, en febrero de 2010 Gloria Sierra renunció al cargo porque la administración del presupuesto del Seguro Popular ya no estaría bajo su directa administración, sino a cargo de la ex subsecretaria de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, María Angélica Ramos, funcionaria a quién se identificaba como cercana a Zeferino Torreblanca Galindo y al titular de la dependencia en ese año, Rubén Padilla Fierro.
También es muy recordada la noche del 6 de marzo de 2011, a unos días de que concluyera su encargo el ex gobernador Zeferino Torreblanca, porque de manera inverosímil fueron incendiadas las oficinas que albergaban documentos contables referentes al Seguro Popular. El contador de este programa, Daniel Luño, declaró a la prensa que sujetos lo golpearon y rociaron con gasolina muebles y documentos para después prenderles fuego. Los incendiarios se llevaron computadoras portátiles, celulares y procesadores de computadoras de escritorio.
Sobre este suceso, el secretario de Salud del estado, Antonio Salvador Jaimes Herrera, dijo que levantarían un acta ministerial y solicitarían a la Procuraduría General de Justicia del Estado que agilizaran las investigaciones del caso, y agregó que la documentación que sufrió daños, coincidentemente, fue la que se relacionaba con “el cierre contable del Seguro Popular” e información “administrativa de la Secretaría de Salud”.
Finalmente, en agosto de 2011, el actual secretario de salud, Lázaro Mazón denunció que la administración de Zeferino Torreblanca no comprobó mil 900 millones de pesos del programa Seguro Popular, desde 2006 y hasta 2011.
Al respecto, el funcionario aseguró que la irresponsabilidad del gobierno anterior pudo generar graves consecuencias para Guerrero, ya que de la correcta comprobación de los recursos económicos dependía que el gobierno federal continuara destinando el mismo presupuesto a este programa en los próximos ejercicios fiscales.
Lázaro Mazón indicó que la federación estuvo a punto de suspender el presupuesto del Seguro Popular a principios de la administración, y que por un compromiso que adquirió el gobernador Aguirre Rivero con el secretario de salud federal, se logró que continuaran estos recursos a cambio de comprobar hasta el último peso.
Pero como se leerá en la próxima entrega, en la operación del Seguro Popular durante el primer año del gobierno de Ángel Aguirre también se han cometido numerosas irregularidades.
A propósito del estado de derecho. A la Secretaría de Salud le solicitamos información relativa al dengue, como la incidencia de casos por año, los recursos financieros invertidos, el número de personal empleado para su combate, entre otros datos. Pero la dependencia nunca respondió, y presentamos un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero. La Secretaría tampoco rindió su informe al Itaig en el plazo estipulado, por lo que el órgano garante emitió una resolución que ordena a la dependencia a entregar la información solicitada. Ya pasaron los 10 días hábiles de plazo que dio el Itaig para que se nos entregara la información, y la Secretaría no ha respondido, en abierto desacato a una resolución.
De manera particular, en el segundo año de la administración de Ángel Aguirre, el acceso a la información ha sido más problemático que otros años. Hay ejemplos como las de la Secretaría de Desarrollo Rural, Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento y la propia Secretaría de Salud, que simplemente no responden a las solicitudes de información o cuando contestan, los hacen con una negativa. Y si se revisa el séptimo informe de labores del Itaig, se observará que la tendencia es generalizada en el Ejecutivo estatal: de 73 quejas presentadas ante el Itaig, 60 corresponden a dependencias del gobierno del estado.
martes, 30 de abril de 2013
martes, 16 de abril de 2013
Cómo hacer útil la información que publican las dependencias
El Sur de Acapulco
En Guerrero, ninguna dependencia de gobierno ha sido transparente, ni antes de que entrara en vigor la primera ley de acceso a la información pública del estado en 2006, ni hoy, después de siete años de que el sector público tienen esa obligación legal.
La transparencia es una obligación de las dependencias públicas para dar a conocer a la sociedad la información existente sobre un asunto público. Esta obligación se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, específicamente en el capítulo “De la información pública de oficio” (artículos 13 al 31), donde se describe un catálogo de los rubros de información que debe hacerse públicos sin que medie petición de parte alguna, es decir, colocarlos en una vitrina pública.
Pero hasta hoy, la información pública no ha sido un factor que contribuya a modificar las condiciones de vida de las y los ciudadanos en el ámbito individual ni en el colectivo; tampoco ha abonado para que Guerrero sea un estado más democrático y mucho menos con la ley de transparencia se ha ganado en credibilidad de las instituciones.
Todavía hace falta mucho para que el derecho de acceso a la información sea una práctica cotidiana y, sobre todo, para que la ciudadanía le encuentre una utilidad social a la información y la vincule con el ejercicio de otros derechos.
La información útil
Aunque a cuentagotas, las dependencias de gobierno han publicado información que puede ser sujeta de análisis y crítica de parte de la ciudadanía.
La Secretaría de Fomento Turístico del gobierno del estado, por ejemplo, publica como parte de su información de oficio los contratos celebrados con diversas empresas en el 2012. Destaca la información relativa al apoyo que dio el gobierno del estado a la telenovela Por ella soy Eva, producida con el logo de Televisa y que concluyó a finales de 2012.
Por el servicio de hospedaje, el Ejecutivo del estado pagó al hotel Las Brisas la cantidad de 1.3 millones de pesos.
Igualmente, por el servicio de transporte para la misma telenovela se pagaron 552 mil 682 pesos, y por alimentación 514 mil 794 pesos, según la información que publica la Secretaría de Fomento Turístico.
Por otra parte, para el Festival de Acapulco, el gobierno del estado erogó la cantidad de 1.6 millones de pesos en servicio de transporte, 3.9 millones en hospedaje y 411 mil 218 pesos en alimentación.
Toda esta información que aparece en la página electrónica de la Sefotur, en el apartado de información pública de oficio, puede ser revisada e incluso solicitar a la dependencia los convenios y contrastarlos con los programas que opera la secretaría. http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/10/RELACIÓN-DE-CONTRATOS-2012.pdf.
Otro caso es el de la información que presenta el Conalep. En su informe de actividades correspondiente al primer semestre de 2012, la institución aporta información para que la ciudadanía conozca lo que ahí sucede y pueda profundizar si lo requiere, presentando solicitudes de información.
Ahí se pueden observar los resultados de las evaluaciones que el Conalep aplica a su personal docente (que por cierto, en 2012 obtuvo el peor resultado de los últimos dos años); asimismo, presentan el número de becas y montos en los últimos años, y el nivel de escolaridad de los docentes (53 por ciento con nivel licenciatura; 22.6 por ciento con maestría y menos de uno por ciento con doctorado. Destaca también que 15.4 por ciento del personal docente del Conalep no haya concluido su licenciatura y 7.2 por ciento tenga nivel técnico profesional).
En el informe también se describe que el Conalep Guerrero ha tenido un déficit presupuestario desde su creación estatal, situación que ha obligado a la institución a dejar de cubrir obligaciones fiscales y sociales, como el entero del ISPT, aportaciones al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR en el periodo enero-junio 2012 con un monto acumulado de 43.5 millones de pesos.
El Colegio ha transferido todos los recursos de ingresos propios para cubrir el capítulo de “Servicios Personales”, descuidando el mantenimiento necesario y oportuno de las instalaciones de los planteles, así como su adecuado equipamiento, mermando la calidad del servicio que presta.
Además, el informe de actividades del Conalep contiene resultados de auditorías, informe de litigios laborales y la evolución presupuestal del primer semestre de 2012. http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2012/05/Informe-del-primer-semestre-2012-del-CONALEP-Guerrero.pdf
Sobre padrones de beneficiarios
La publicación de los padrones de beneficiarios de los programas sociales es útil a la ciudadanía para cotejar y verificar si realmente las personas registradas en las listas reciben los apoyos que se anuncian.
El Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores publica en su página electrónica un listado de personas que según la institución reciben una pensión de 800 pesos cada dos meses (http://guerrero.gob.mx/articulos/padron-de-beneficiarios-de-pension-guerrero-bimestre-enero-febrero-2013/).
El padrón de beneficiarios debe ser consultado para verificar a quién se entregan los recursos, sobre todo, porque el Igatipam ha sido una institución que ha sido poco transparente y donde en el pasado reciente se encontraron numerosas irregularidades como personas fallecidas que seguían cobrando (por familiares de los fallecidos o empleados del Igatipam) o dinero no entregado a los adultos mayores, pero que en los registros aparecía como pagado.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Rural publica el padrón de beneficiarios del programa de fertilizante del ejercicio 2012, y en él se pueden revisar todos aquellos productores, incluso los que no son productores, que reciben el insumo subsidiado, desglosados por comunidad y por municipio.
Esta relación de beneficiarios puede ser consultada por cada uno de los núcleos agrarios del estado para verificar a quién se le ha hecho acreedor de este beneficio y discutir en sus asambleas comunitarias qué medidas deberán tomar ante las irregularidades detectadas. http://campoguerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2013/01/PADRON%20_2012.pdf
La Secretaría de Desarrollo Social también publica los padrones de beneficiarios de sus diferentes programas, por ejemplo, los 10 mil 355 niños y jóvenes que en 2012 obtuvieron un apoyo del programa de becas excelencia (http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/03/Padron-2012-Becas-Excelencia.pdf), así como una relación de 216 reporteros afiliados elegibles para ser beneficiados con el Fondo de Apoyo a Periodistas. http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/03/Periodistas-Asegurados.pdf
Contratos de obra
Entre la información que presenta la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas destaca una relación de los contratos de obra realizados en 2012 entre esa dependencia y diferentes constructoras y personas físicas.
Esta información puede consultarse, sobre todo por aquellos ciudadanos que habitan en los lugares donde se realizaron las construcciones, para que puedan solicitar el contrato y el expediente técnico, por medio de una solicitud de información, que les permita revisar si lo que expresan los documentos en los aspectos técnicos y financieros corresponde con la obra edificada. http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/11/Fracción-XV_contratos-de-obra_Ejercicio_2012ok.pdf
Ayuntamiento de Chilpancingo
La administración del municipio de Chilpancingo del alcalde Mario Moreno Arcos publicó información correspondiente al primer semestre de 2012 (de la administración anterior) y entre los documentos que pueden revisarse se encuentra el estado del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo del gasto
http://transparencia.chilpancingo.gob.mx/cuentapublica/analiticos_egresos_presupuestarios.pdf .
Destaca que al 30 de junio ya se habían pagado 102.2 millones de pesos por servicios personales (sueldos y salarios) de los cuales 68.1 millones fueron para personal permanente y 7.2 millones para el personal eventual.
Asimismo, el documento informa que en ese primer semestre de 2012 se pagaron casi dos millones de pesos en salarios por horas extraordinarias y también la cantidad de 13.2 millones en compensaciones por servicios eventuales.
Se observa en el documento un rubro denominado estímulos por productividad y eficiencia, donde se pagaron 542 mil pesos, y otro relativo a estímulos al personal operativo, en el cual se ejercieron casi tres millones de pesos. El documento no describe en qué consistieron los estímulos ni las personas a las que se les pagaron.
En arrendamientos, a mitad del año de 2012 ya se habían gastado 336 mil 412 pesos en rentas de edificios, mientras que en vehículos las rentas alcanzaron 178 mil 676 pesos.
El documento del ayuntamiento de Chilpancingo también incluye el pago de varias actividades que aparentemente debería realizar el personal permanente y eventual de la administración, como el rubro de servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados, en donde se erogaron 1.2 millones de pesos en el primer semestre; o el de servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión, donde el gasto fue de 703 mil 457 pesos sólo durante los seis primeros meses de 2012.
En materia de difusión de radio, televisión y otros medios se tuvo un ejercicio de 797 mil 882 pesos en el primer semestre del año.
En el rubro de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, se gastaron en el periodo un total de 29.2 millones de pesos, de los cuales 19.3 millones correspondieron a subsidios a la producción (adquisición de fertilizante químico), y 3.9 millones a “ayudas sociales a personas”, sin especificar qué tipo de apoyos se les brindaron y el costo de cada uno de ellos.
Asimismo, el documento da cuenta del ejercicio de 28.4 millones de pesos (de un total de 52.3 millones programados para 2012) del Fondo de Infraestructura Social Municipal. En el registro se relacionan las obras que se construyeron durante el año anterior y es útil para que la población del municipio de Chilpancingo revise si las obras construidas en sus localidades corresponden con lo que indica el informe.
Ayuntamiento de Acapulco
El de Luis Walton Aburto es el primer ayuntamiento que publica su Plan Municipal de Desarrollo (http://www.acapulco.gob.mx/wp-content/uploads / transparencia/marcojuridico/planes / PLAN_MUNICIPAL_DE_DESARROLLO_2012-2015.pdf), por lo que los ciudadanos de Acapulco podrán conocer las principales estrategias que pondrá en marcha el gobierno en los próximos tres años, darles seguimiento y exigir que se cumpla lo que ahí se propone.
De manera particular, la publicación de este documento compromete al presidente de este municipio con la misión que se describe en el documento de planeación: “Transformar Acapulco, gobernando con austeridad, eficacia, honestidad y rendición de cuentas, con la participación activa de la ciudadanía, más seguridad y servicios públicos eficientes, promoviendo la inversión privada y pública, mejorando la atención y calidad de los servicios públicos”.
Asimismo, en el portal electrónico del ayuntamiento de Acapulco recientemente se publicó el formato único sobre aplicaciones de recursos federales correspondiente al Fondo de Infraestructura Social Municipal, en donde se describe información relevante para las comunidades rurales y las colonias y barrios del municipio de Acapulco, como el monto total invertido en 2012 (por 435.3 millones de pesos), las obras realizadas, lugar donde se construyeron y costo de las mismas.
Pero también se da a conocer información sobre las obras y acciones realizadas con el Fondo de Fortalecimiento Municipal, el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, el Fondo de Pavimentación y espacios deportivos para municipios, y de los programas de Hábitat y de Rescate de espacios públicos. (http://www.acapulco.gob.mx/fondos-federales)
En Guerrero, ninguna dependencia de gobierno ha sido transparente, ni antes de que entrara en vigor la primera ley de acceso a la información pública del estado en 2006, ni hoy, después de siete años de que el sector público tienen esa obligación legal.
La transparencia es una obligación de las dependencias públicas para dar a conocer a la sociedad la información existente sobre un asunto público. Esta obligación se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, específicamente en el capítulo “De la información pública de oficio” (artículos 13 al 31), donde se describe un catálogo de los rubros de información que debe hacerse públicos sin que medie petición de parte alguna, es decir, colocarlos en una vitrina pública.
Pero hasta hoy, la información pública no ha sido un factor que contribuya a modificar las condiciones de vida de las y los ciudadanos en el ámbito individual ni en el colectivo; tampoco ha abonado para que Guerrero sea un estado más democrático y mucho menos con la ley de transparencia se ha ganado en credibilidad de las instituciones.
Todavía hace falta mucho para que el derecho de acceso a la información sea una práctica cotidiana y, sobre todo, para que la ciudadanía le encuentre una utilidad social a la información y la vincule con el ejercicio de otros derechos.
La información útil
Aunque a cuentagotas, las dependencias de gobierno han publicado información que puede ser sujeta de análisis y crítica de parte de la ciudadanía.
La Secretaría de Fomento Turístico del gobierno del estado, por ejemplo, publica como parte de su información de oficio los contratos celebrados con diversas empresas en el 2012. Destaca la información relativa al apoyo que dio el gobierno del estado a la telenovela Por ella soy Eva, producida con el logo de Televisa y que concluyó a finales de 2012.
Por el servicio de hospedaje, el Ejecutivo del estado pagó al hotel Las Brisas la cantidad de 1.3 millones de pesos.
Igualmente, por el servicio de transporte para la misma telenovela se pagaron 552 mil 682 pesos, y por alimentación 514 mil 794 pesos, según la información que publica la Secretaría de Fomento Turístico.
Por otra parte, para el Festival de Acapulco, el gobierno del estado erogó la cantidad de 1.6 millones de pesos en servicio de transporte, 3.9 millones en hospedaje y 411 mil 218 pesos en alimentación.
Toda esta información que aparece en la página electrónica de la Sefotur, en el apartado de información pública de oficio, puede ser revisada e incluso solicitar a la dependencia los convenios y contrastarlos con los programas que opera la secretaría. http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/10/RELACIÓN-DE-CONTRATOS-2012.pdf.
Otro caso es el de la información que presenta el Conalep. En su informe de actividades correspondiente al primer semestre de 2012, la institución aporta información para que la ciudadanía conozca lo que ahí sucede y pueda profundizar si lo requiere, presentando solicitudes de información.
Ahí se pueden observar los resultados de las evaluaciones que el Conalep aplica a su personal docente (que por cierto, en 2012 obtuvo el peor resultado de los últimos dos años); asimismo, presentan el número de becas y montos en los últimos años, y el nivel de escolaridad de los docentes (53 por ciento con nivel licenciatura; 22.6 por ciento con maestría y menos de uno por ciento con doctorado. Destaca también que 15.4 por ciento del personal docente del Conalep no haya concluido su licenciatura y 7.2 por ciento tenga nivel técnico profesional).
En el informe también se describe que el Conalep Guerrero ha tenido un déficit presupuestario desde su creación estatal, situación que ha obligado a la institución a dejar de cubrir obligaciones fiscales y sociales, como el entero del ISPT, aportaciones al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR en el periodo enero-junio 2012 con un monto acumulado de 43.5 millones de pesos.
El Colegio ha transferido todos los recursos de ingresos propios para cubrir el capítulo de “Servicios Personales”, descuidando el mantenimiento necesario y oportuno de las instalaciones de los planteles, así como su adecuado equipamiento, mermando la calidad del servicio que presta.
Además, el informe de actividades del Conalep contiene resultados de auditorías, informe de litigios laborales y la evolución presupuestal del primer semestre de 2012. http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2012/05/Informe-del-primer-semestre-2012-del-CONALEP-Guerrero.pdf
Sobre padrones de beneficiarios
La publicación de los padrones de beneficiarios de los programas sociales es útil a la ciudadanía para cotejar y verificar si realmente las personas registradas en las listas reciben los apoyos que se anuncian.
El Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores publica en su página electrónica un listado de personas que según la institución reciben una pensión de 800 pesos cada dos meses (http://guerrero.gob.mx/articulos/padron-de-beneficiarios-de-pension-guerrero-bimestre-enero-febrero-2013/).
El padrón de beneficiarios debe ser consultado para verificar a quién se entregan los recursos, sobre todo, porque el Igatipam ha sido una institución que ha sido poco transparente y donde en el pasado reciente se encontraron numerosas irregularidades como personas fallecidas que seguían cobrando (por familiares de los fallecidos o empleados del Igatipam) o dinero no entregado a los adultos mayores, pero que en los registros aparecía como pagado.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Rural publica el padrón de beneficiarios del programa de fertilizante del ejercicio 2012, y en él se pueden revisar todos aquellos productores, incluso los que no son productores, que reciben el insumo subsidiado, desglosados por comunidad y por municipio.
Esta relación de beneficiarios puede ser consultada por cada uno de los núcleos agrarios del estado para verificar a quién se le ha hecho acreedor de este beneficio y discutir en sus asambleas comunitarias qué medidas deberán tomar ante las irregularidades detectadas. http://campoguerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2013/01/PADRON%20_2012.pdf
La Secretaría de Desarrollo Social también publica los padrones de beneficiarios de sus diferentes programas, por ejemplo, los 10 mil 355 niños y jóvenes que en 2012 obtuvieron un apoyo del programa de becas excelencia (http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/03/Padron-2012-Becas-Excelencia.pdf), así como una relación de 216 reporteros afiliados elegibles para ser beneficiados con el Fondo de Apoyo a Periodistas. http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/03/Periodistas-Asegurados.pdf
Contratos de obra
Entre la información que presenta la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas destaca una relación de los contratos de obra realizados en 2012 entre esa dependencia y diferentes constructoras y personas físicas.
Esta información puede consultarse, sobre todo por aquellos ciudadanos que habitan en los lugares donde se realizaron las construcciones, para que puedan solicitar el contrato y el expediente técnico, por medio de una solicitud de información, que les permita revisar si lo que expresan los documentos en los aspectos técnicos y financieros corresponde con la obra edificada. http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/11/Fracción-XV_contratos-de-obra_Ejercicio_2012ok.pdf
Ayuntamiento de Chilpancingo
La administración del municipio de Chilpancingo del alcalde Mario Moreno Arcos publicó información correspondiente al primer semestre de 2012 (de la administración anterior) y entre los documentos que pueden revisarse se encuentra el estado del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo del gasto
http://transparencia.chilpancingo.gob.mx/cuentapublica/analiticos_egresos_presupuestarios.pdf .
Destaca que al 30 de junio ya se habían pagado 102.2 millones de pesos por servicios personales (sueldos y salarios) de los cuales 68.1 millones fueron para personal permanente y 7.2 millones para el personal eventual.
Asimismo, el documento informa que en ese primer semestre de 2012 se pagaron casi dos millones de pesos en salarios por horas extraordinarias y también la cantidad de 13.2 millones en compensaciones por servicios eventuales.
Se observa en el documento un rubro denominado estímulos por productividad y eficiencia, donde se pagaron 542 mil pesos, y otro relativo a estímulos al personal operativo, en el cual se ejercieron casi tres millones de pesos. El documento no describe en qué consistieron los estímulos ni las personas a las que se les pagaron.
En arrendamientos, a mitad del año de 2012 ya se habían gastado 336 mil 412 pesos en rentas de edificios, mientras que en vehículos las rentas alcanzaron 178 mil 676 pesos.
El documento del ayuntamiento de Chilpancingo también incluye el pago de varias actividades que aparentemente debería realizar el personal permanente y eventual de la administración, como el rubro de servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados, en donde se erogaron 1.2 millones de pesos en el primer semestre; o el de servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión, donde el gasto fue de 703 mil 457 pesos sólo durante los seis primeros meses de 2012.
En materia de difusión de radio, televisión y otros medios se tuvo un ejercicio de 797 mil 882 pesos en el primer semestre del año.
En el rubro de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, se gastaron en el periodo un total de 29.2 millones de pesos, de los cuales 19.3 millones correspondieron a subsidios a la producción (adquisición de fertilizante químico), y 3.9 millones a “ayudas sociales a personas”, sin especificar qué tipo de apoyos se les brindaron y el costo de cada uno de ellos.
Asimismo, el documento da cuenta del ejercicio de 28.4 millones de pesos (de un total de 52.3 millones programados para 2012) del Fondo de Infraestructura Social Municipal. En el registro se relacionan las obras que se construyeron durante el año anterior y es útil para que la población del municipio de Chilpancingo revise si las obras construidas en sus localidades corresponden con lo que indica el informe.
Ayuntamiento de Acapulco
El de Luis Walton Aburto es el primer ayuntamiento que publica su Plan Municipal de Desarrollo (http://www.acapulco.gob.mx/wp-content/uploads / transparencia/marcojuridico/planes / PLAN_MUNICIPAL_DE_DESARROLLO_2012-2015.pdf), por lo que los ciudadanos de Acapulco podrán conocer las principales estrategias que pondrá en marcha el gobierno en los próximos tres años, darles seguimiento y exigir que se cumpla lo que ahí se propone.
De manera particular, la publicación de este documento compromete al presidente de este municipio con la misión que se describe en el documento de planeación: “Transformar Acapulco, gobernando con austeridad, eficacia, honestidad y rendición de cuentas, con la participación activa de la ciudadanía, más seguridad y servicios públicos eficientes, promoviendo la inversión privada y pública, mejorando la atención y calidad de los servicios públicos”.
Asimismo, en el portal electrónico del ayuntamiento de Acapulco recientemente se publicó el formato único sobre aplicaciones de recursos federales correspondiente al Fondo de Infraestructura Social Municipal, en donde se describe información relevante para las comunidades rurales y las colonias y barrios del municipio de Acapulco, como el monto total invertido en 2012 (por 435.3 millones de pesos), las obras realizadas, lugar donde se construyeron y costo de las mismas.
Pero también se da a conocer información sobre las obras y acciones realizadas con el Fondo de Fortalecimiento Municipal, el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, el Fondo de Pavimentación y espacios deportivos para municipios, y de los programas de Hábitat y de Rescate de espacios públicos. (http://www.acapulco.gob.mx/fondos-federales)
martes, 2 de abril de 2013
Ineficiencia, desvío de recursos y adjudicaciones directas
El Sur de Acapulco
La Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría General del Estado de Guerrero concluyeron en sus revisiones a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 2011 que ni el gobierno del estado ni los municipios auditados cumplieron con las disposiciones normativas aplicables, y su contribución para beneficiar a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema fue sumamente parcial e insuficiente.
Esto coloca a Guerrero en una situación delicada, ya que el FAIS es uno de los ocho fondos del Ramo 33 destinado a la construcción de obra pública, estatal y municipal, para contribuir directamente a superar rezagos sociales en las localidades más pobres del estado, y eso no sucedió, ya que en el ejercicio de los recursos federales para que el Ejecutivo del estado y los 81 municipios guerrerenses construyeran obras de infraestructura, los órganos fiscalizadores encontraron graves irregularidades que disminuyeron sensiblemente el cumplimiento de los objetivos de esta política social.
Para dar una idea de la cantidad de recursos que llegan provenientes de este fondo, en 2011 se transfirieron a Guerrero 3,583.5 millones de pesos del FAIS, de los cuales 3,149.2 millones correspondieron a los municipios y 434.3 millones al gobierno del estado. Es decir, casi 10 por ciento de los ingresos totales que recibió el estado provinieron del FAIS, según el presupuesto de egresos de la entidad del año 2011.
Grosero subejercicio
Las deficiencias en el gasto del FAIS no son exclusivas de los ayuntamientos; en Guerrero, el gobierno del estado también mostró sus carencias y muchas irregularidades en el ejercicio de los 434.3 millones de pesos que recibió de la federación en 2011 para la construcción de obra pública.
No obstante las enormes carencias en infraestructura social que existen en el estado, la AGE encontró que al 31 de diciembre de 2011, el gobierno del estado sólo ejerció 251.8 millones de pesos, es decir apenas 58 por ciento del total. Incluso, al 31 de mayo de 2012, sólo había ejercido 62.8 por ciento, lo que ocasionó que no se concluyeran oportunamente las obras y acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento y de infraestructura carretera.
De acuerdo con la AGE, “la causa del rezago registrado en el ejercicio del gasto es principalmente la falta de una planeación y programación adecuada de los recursos, hecho que origina un vacío en las directrices y políticas sobre la utilización de este fondo”.
Aunado a este subejercicio, la AGE revisó una muestra de las obras y halló que 58 por ciento estaban terminadas y el resto en proceso, y de las obras concluidas, solo 78 por ciento operaba adecuadamente, por lo que la AGE concluyó que los recursos de este fondo “no se ejercieron con eficiencia”.
Al revisar el trabajo de dos organismos que recibieron recursos del FAIS, la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado (Cicaeg) y la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Capaseg), el órgano fiscalizador del estado encontró que en el ejercicio 2011, la Cicaeg obtuvo un ahorro presupuestal de 6.9 millones de pesos, sin embargo reportó que se desconoce su aplicación y destino. En esa misma dependencia se detectó que una obra, por 14 millones de pesos se construyó mediante administración directa, cuando debió adjudicarse por licitación pública.
Asimismo, la Cicaeg, en cuatro obras de la muestra de auditoría, no presentó la documentación de los contratos debidamente formalizados, garantías de anticipo, garantías de cumplimiento de contratos y de vicios ocultos y notas de bitácora de obra. Y en seis obras no presentó la evidencia documental de los números generadores, las tarjetas de análisis de precios unitarios y de precios extraordinarios, ni de los oficios de solicitud y autorización de volúmenes excedentes y autorización de conceptos extraordinarios.
En el caso de la Capaseg, en seis obras de la muestra, por un monto de 28.3 millones de pesos, la dependencia no cumplió con la modalidad de ejecución que establece la norma, ya que debieron de adjudicarse por licitación pública. Asimismo, en 11 obras se modificó el proyecto original en los trazos de la línea de distribución de la red de alcantarillado sanitario, sin que existan las aclaraciones en las notas de bitácora, ni las autorizaciones para su ejecución, y una obra del municipio de José Joaquín de Herrera no se concluyó.
Los ayuntamientos, también irregulares
La Auditoría Superior de la Federación aplicó auditorías a los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) del ejercicio 2011, específicamente a los municipios de Florencio Villarreal, San Marcos, Tecoanapa y Tlalchapa, mientras que la Auditoría General del Estado revisó los municipios de Iguala y Taxco.
En general, los resultados de las revisiones tienen en común irregularidades como la aplicación de recursos del FISM a obras no autorizadas por la Ley de Coordinación Fiscal y en beneficio de sectores de población que no viven en condiciones de alto y muy alto rezago social. También se encontraron facturas “presumiblemente” apócrifas y la asignación de obras que por su monto no fueron licitadas.
En Florencio Villarreal, por ejemplo, se identificaron dos obras por 316 mil pesos y dos acciones por 640 mil pesos fuera de los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. Adicionalmente, el municipio destinó 70 mil pesos para el pago de viáticos, concepto no establecido por la normativa en el rubro de gastos indirectos.
Esto sucedió también en San Marcos, en donde se pagó una obra y tres acciones que no eran elegibles, y cuyo costo global fue de más de un millones 500 mil pesos.
En Tecoanapa, el ex presidente municipal Juvenal Poblete gastó 554 mil pesos en una iglesia y poco más de un millón de pesos en la construcción del arco principal en la salida Tecoanapa-Ayutla, los cuales no se consideran obras prioritarias para superar rezagos sociales.
Además, en 2011 pagó la adquisición de fertilizante por 23.9 millones de pesos que representó 46 por ciento del total de transferencias del FISM al municipio.
También como un gasto no considerado en la Ley de Coordinación Fiscal, el ayuntamiento de Tlalchapa destinó 5.9 millones de pesos para la compra de fertilizante, y en este caso representó 48 por ciento de la inversión asignada al municipio.
Obras irregularmente adjudicadas
De acuerdo con los órganos fiscalizadores federal y del estado, las irregularidades en los procesos de adjudicación de las adquisiciones y de obra pública propician que no haya garantía para una adecuada calidad en el ejercicio del gasto público, como fue el caso de los seis municipios revisados en el ejercicio 2011.
Según la ASF, el ayuntamiento de Florencio Villarreal adjudicó en 2011 dos obras por administración directa y una por adjudicación directa de manera irregular, pues éstas debieron ser licitadas.
En el municipio de San Marcos se asignaron 15 obras mediante la modalidad de adjudicación directa sin contar con el dictamen de excepción a la licitación, y 14 de las 15 obras se adjudicaron a empresas o personas físicas que no estaban inscritas en el padrón de contratistas.
En este mismo municipio, se realizaron adquisiciones directas por 4.1 millones de pesos en los conceptos de manejo de residuos sólidos, asesoría y asistencia técnica, equipo de cómputo y oficina, promoción y difusión, mantenimiento de equipo de cómputo, papelería, combustible, mantenimiento de equipo de transporte, y asesoría administrativa, sin la justificación suficiente para no ser licitadas.
Por su parte, en Tecoanapa, la construcción de las comisarias en San Juan las Palmas y Mecatepec, con importes de 786 mil y un millón de pesos, respectivamente, debieron de licitarse y contratarse, y no ejecutarse por administración directa.
El ayuntamiento de Tlalchapa adjudicó una obra (con mezcla de recursos) por un monto de 2.5 millones de pesos mediante invitación a cuando menos tres personas, cuando debió ser por licitación pública.
Lo mismo sucedió con la administración municipal de Taxco, que ejecutó dos obras bajo el procedimiento de invitación y 17 por adjudicación directa cuando por su monto debieron contratarse por el procedimiento de licitación pública.
Finalmente en el municipio de Iguala se ejecutaron obras por 8.9 millones de pesos mediante el procedimiento de adjudicación por invitación, sin embargo, debieron ejecutarse a través de licitación pública nacional.
Retrasos y obras pagadas pero no realizadas
En San Marcos se registraron 11 obras con retrasos en el inicio y conclusión de los trabajos, y no se presentó ninguna reprogramación, ni aplicaron las penas convencionales, por el retraso o en su caso la rescisión del contrato.
El ayuntamiento de este municipio también pagó 424 mil pesos por asesoría e integración de la cuenta pública, así como por integración de expedientes técnicos, pero no existe evidencia de las actividades realizadas.
En el caso de Tecoanapa, en la construcción de la comisaría de Mecatepec se registraron 353 mil pesos de conceptos pagados que no fueron localizados en la inspección física a la obra. La ASF también informó que durante la inspección física de los bienes adquiridos por el municipio, muchos de ellos, con un valor de 26 mil pesos, no fueron localizados.
Asimismo, el ayuntamiento de Iguala no concluyó cinco obras de la muestra que equivalen a casi 4.7 millones de pesos, las cuales operan deficientemente, y además el expediente carece de la documentación que acredite la aplicación de penas convencionales por su incumplimiento.
Por su parte, en Taxco la AGE encontró 785 mil pesos de erogaciones que no tienen documentación comprobatoria y justificativa en conceptos como viáticos, asesorías para la integración de expedientes unitarios, pago de listas de raya; y por pagos indebidos por concepto de comisiones bancarias por sobregiro.
Este municipio de la zona Norte también ejerció de manera irregular 1.2 millones de pesos, en 16 obras, por conceptos de trabajo no ejecutados. Y además el ayuntamiento de Taxco ejerció de manera irregular 180 mil pesos por el pago de “fletes de materiales”, que debieron incluirse en el costo unitario de los insumos.
Facturas apócrifas
En el municipio de Tlalchapa se localizaron 46 facturas por 600 mil pesos emitidas por la compra de materiales y combustibles con recursos del FISM 2011, pero al hacer la verificación en el Servicio de Administración Tributaria, éstas resultaron “presumiblemente” apócrifas.
En este mismo municipio, en la obra “Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Villa Madero”, que costó 2.6 millones de pesos, la ASF encontró diversas irregularidades como deficiencias en el contenido de los documentos que componen la licitación, el contrato está fundamentado en artículos que no corresponden al proceso de acuerdo con la normativa y que el contratista ganador fue un servidor público adscrito a la Dirección de Obras Públicas del ayuntamiento.
Por su parte, el ayuntamiento de Iguala también incluyó en su comprobación documentos apócrifos por un valor de 1.2 millones de pesos que fueron pagados con financiamiento del FISM.
Transparencia
En todos los casos, los municipios no reportaron los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos del fondo a la SHCP, ni entregaron los formatos sobre aplicaciones de recursos ni el avance de indicadores del FISM.
Tampoco dieron a conocer a los habitantes de sus respectivas demarcaciones la información de los montos recibidos, las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; ni al termino del ejercicio, los resultados alcanzados.
De acuerdo con los órganos fiscalizadores, el incumplimiento de los ayuntamientos “refleja debilidades en la transparencia y rendición de cuentas del municipio hacia su población y resta calidad en el ejercicio del gasto público”.
La Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría General del Estado de Guerrero concluyeron en sus revisiones a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 2011 que ni el gobierno del estado ni los municipios auditados cumplieron con las disposiciones normativas aplicables, y su contribución para beneficiar a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema fue sumamente parcial e insuficiente.
Esto coloca a Guerrero en una situación delicada, ya que el FAIS es uno de los ocho fondos del Ramo 33 destinado a la construcción de obra pública, estatal y municipal, para contribuir directamente a superar rezagos sociales en las localidades más pobres del estado, y eso no sucedió, ya que en el ejercicio de los recursos federales para que el Ejecutivo del estado y los 81 municipios guerrerenses construyeran obras de infraestructura, los órganos fiscalizadores encontraron graves irregularidades que disminuyeron sensiblemente el cumplimiento de los objetivos de esta política social.
Para dar una idea de la cantidad de recursos que llegan provenientes de este fondo, en 2011 se transfirieron a Guerrero 3,583.5 millones de pesos del FAIS, de los cuales 3,149.2 millones correspondieron a los municipios y 434.3 millones al gobierno del estado. Es decir, casi 10 por ciento de los ingresos totales que recibió el estado provinieron del FAIS, según el presupuesto de egresos de la entidad del año 2011.
Grosero subejercicio
Las deficiencias en el gasto del FAIS no son exclusivas de los ayuntamientos; en Guerrero, el gobierno del estado también mostró sus carencias y muchas irregularidades en el ejercicio de los 434.3 millones de pesos que recibió de la federación en 2011 para la construcción de obra pública.
No obstante las enormes carencias en infraestructura social que existen en el estado, la AGE encontró que al 31 de diciembre de 2011, el gobierno del estado sólo ejerció 251.8 millones de pesos, es decir apenas 58 por ciento del total. Incluso, al 31 de mayo de 2012, sólo había ejercido 62.8 por ciento, lo que ocasionó que no se concluyeran oportunamente las obras y acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento y de infraestructura carretera.
De acuerdo con la AGE, “la causa del rezago registrado en el ejercicio del gasto es principalmente la falta de una planeación y programación adecuada de los recursos, hecho que origina un vacío en las directrices y políticas sobre la utilización de este fondo”.
Aunado a este subejercicio, la AGE revisó una muestra de las obras y halló que 58 por ciento estaban terminadas y el resto en proceso, y de las obras concluidas, solo 78 por ciento operaba adecuadamente, por lo que la AGE concluyó que los recursos de este fondo “no se ejercieron con eficiencia”.
Al revisar el trabajo de dos organismos que recibieron recursos del FAIS, la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado (Cicaeg) y la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Capaseg), el órgano fiscalizador del estado encontró que en el ejercicio 2011, la Cicaeg obtuvo un ahorro presupuestal de 6.9 millones de pesos, sin embargo reportó que se desconoce su aplicación y destino. En esa misma dependencia se detectó que una obra, por 14 millones de pesos se construyó mediante administración directa, cuando debió adjudicarse por licitación pública.
Asimismo, la Cicaeg, en cuatro obras de la muestra de auditoría, no presentó la documentación de los contratos debidamente formalizados, garantías de anticipo, garantías de cumplimiento de contratos y de vicios ocultos y notas de bitácora de obra. Y en seis obras no presentó la evidencia documental de los números generadores, las tarjetas de análisis de precios unitarios y de precios extraordinarios, ni de los oficios de solicitud y autorización de volúmenes excedentes y autorización de conceptos extraordinarios.
En el caso de la Capaseg, en seis obras de la muestra, por un monto de 28.3 millones de pesos, la dependencia no cumplió con la modalidad de ejecución que establece la norma, ya que debieron de adjudicarse por licitación pública. Asimismo, en 11 obras se modificó el proyecto original en los trazos de la línea de distribución de la red de alcantarillado sanitario, sin que existan las aclaraciones en las notas de bitácora, ni las autorizaciones para su ejecución, y una obra del municipio de José Joaquín de Herrera no se concluyó.
Los ayuntamientos, también irregulares
La Auditoría Superior de la Federación aplicó auditorías a los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) del ejercicio 2011, específicamente a los municipios de Florencio Villarreal, San Marcos, Tecoanapa y Tlalchapa, mientras que la Auditoría General del Estado revisó los municipios de Iguala y Taxco.
En general, los resultados de las revisiones tienen en común irregularidades como la aplicación de recursos del FISM a obras no autorizadas por la Ley de Coordinación Fiscal y en beneficio de sectores de población que no viven en condiciones de alto y muy alto rezago social. También se encontraron facturas “presumiblemente” apócrifas y la asignación de obras que por su monto no fueron licitadas.
En Florencio Villarreal, por ejemplo, se identificaron dos obras por 316 mil pesos y dos acciones por 640 mil pesos fuera de los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. Adicionalmente, el municipio destinó 70 mil pesos para el pago de viáticos, concepto no establecido por la normativa en el rubro de gastos indirectos.
Esto sucedió también en San Marcos, en donde se pagó una obra y tres acciones que no eran elegibles, y cuyo costo global fue de más de un millones 500 mil pesos.
En Tecoanapa, el ex presidente municipal Juvenal Poblete gastó 554 mil pesos en una iglesia y poco más de un millón de pesos en la construcción del arco principal en la salida Tecoanapa-Ayutla, los cuales no se consideran obras prioritarias para superar rezagos sociales.
Además, en 2011 pagó la adquisición de fertilizante por 23.9 millones de pesos que representó 46 por ciento del total de transferencias del FISM al municipio.
También como un gasto no considerado en la Ley de Coordinación Fiscal, el ayuntamiento de Tlalchapa destinó 5.9 millones de pesos para la compra de fertilizante, y en este caso representó 48 por ciento de la inversión asignada al municipio.
Obras irregularmente adjudicadas
De acuerdo con los órganos fiscalizadores federal y del estado, las irregularidades en los procesos de adjudicación de las adquisiciones y de obra pública propician que no haya garantía para una adecuada calidad en el ejercicio del gasto público, como fue el caso de los seis municipios revisados en el ejercicio 2011.
Según la ASF, el ayuntamiento de Florencio Villarreal adjudicó en 2011 dos obras por administración directa y una por adjudicación directa de manera irregular, pues éstas debieron ser licitadas.
En el municipio de San Marcos se asignaron 15 obras mediante la modalidad de adjudicación directa sin contar con el dictamen de excepción a la licitación, y 14 de las 15 obras se adjudicaron a empresas o personas físicas que no estaban inscritas en el padrón de contratistas.
En este mismo municipio, se realizaron adquisiciones directas por 4.1 millones de pesos en los conceptos de manejo de residuos sólidos, asesoría y asistencia técnica, equipo de cómputo y oficina, promoción y difusión, mantenimiento de equipo de cómputo, papelería, combustible, mantenimiento de equipo de transporte, y asesoría administrativa, sin la justificación suficiente para no ser licitadas.
Por su parte, en Tecoanapa, la construcción de las comisarias en San Juan las Palmas y Mecatepec, con importes de 786 mil y un millón de pesos, respectivamente, debieron de licitarse y contratarse, y no ejecutarse por administración directa.
El ayuntamiento de Tlalchapa adjudicó una obra (con mezcla de recursos) por un monto de 2.5 millones de pesos mediante invitación a cuando menos tres personas, cuando debió ser por licitación pública.
Lo mismo sucedió con la administración municipal de Taxco, que ejecutó dos obras bajo el procedimiento de invitación y 17 por adjudicación directa cuando por su monto debieron contratarse por el procedimiento de licitación pública.
Finalmente en el municipio de Iguala se ejecutaron obras por 8.9 millones de pesos mediante el procedimiento de adjudicación por invitación, sin embargo, debieron ejecutarse a través de licitación pública nacional.
Retrasos y obras pagadas pero no realizadas
En San Marcos se registraron 11 obras con retrasos en el inicio y conclusión de los trabajos, y no se presentó ninguna reprogramación, ni aplicaron las penas convencionales, por el retraso o en su caso la rescisión del contrato.
El ayuntamiento de este municipio también pagó 424 mil pesos por asesoría e integración de la cuenta pública, así como por integración de expedientes técnicos, pero no existe evidencia de las actividades realizadas.
En el caso de Tecoanapa, en la construcción de la comisaría de Mecatepec se registraron 353 mil pesos de conceptos pagados que no fueron localizados en la inspección física a la obra. La ASF también informó que durante la inspección física de los bienes adquiridos por el municipio, muchos de ellos, con un valor de 26 mil pesos, no fueron localizados.
Asimismo, el ayuntamiento de Iguala no concluyó cinco obras de la muestra que equivalen a casi 4.7 millones de pesos, las cuales operan deficientemente, y además el expediente carece de la documentación que acredite la aplicación de penas convencionales por su incumplimiento.
Por su parte, en Taxco la AGE encontró 785 mil pesos de erogaciones que no tienen documentación comprobatoria y justificativa en conceptos como viáticos, asesorías para la integración de expedientes unitarios, pago de listas de raya; y por pagos indebidos por concepto de comisiones bancarias por sobregiro.
Este municipio de la zona Norte también ejerció de manera irregular 1.2 millones de pesos, en 16 obras, por conceptos de trabajo no ejecutados. Y además el ayuntamiento de Taxco ejerció de manera irregular 180 mil pesos por el pago de “fletes de materiales”, que debieron incluirse en el costo unitario de los insumos.
Facturas apócrifas
En el municipio de Tlalchapa se localizaron 46 facturas por 600 mil pesos emitidas por la compra de materiales y combustibles con recursos del FISM 2011, pero al hacer la verificación en el Servicio de Administración Tributaria, éstas resultaron “presumiblemente” apócrifas.
En este mismo municipio, en la obra “Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Villa Madero”, que costó 2.6 millones de pesos, la ASF encontró diversas irregularidades como deficiencias en el contenido de los documentos que componen la licitación, el contrato está fundamentado en artículos que no corresponden al proceso de acuerdo con la normativa y que el contratista ganador fue un servidor público adscrito a la Dirección de Obras Públicas del ayuntamiento.
Por su parte, el ayuntamiento de Iguala también incluyó en su comprobación documentos apócrifos por un valor de 1.2 millones de pesos que fueron pagados con financiamiento del FISM.
Transparencia
En todos los casos, los municipios no reportaron los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos del fondo a la SHCP, ni entregaron los formatos sobre aplicaciones de recursos ni el avance de indicadores del FISM.
Tampoco dieron a conocer a los habitantes de sus respectivas demarcaciones la información de los montos recibidos, las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; ni al termino del ejercicio, los resultados alcanzados.
De acuerdo con los órganos fiscalizadores, el incumplimiento de los ayuntamientos “refleja debilidades en la transparencia y rendición de cuentas del municipio hacia su población y resta calidad en el ejercicio del gasto público”.
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