Guerrero, último lugar nacional en la contratación de bienes,

El Sur de Acapulco

El gobierno del estado de Guerrero destina únicamente 5 por ciento de su gasto total a la contratación de bienes, servicios y obra pública, con lo que se ubica en el último lugar entre las entidades del país, no obstante que son funciones esenciales para la eficacia y la viabilidad de cualquier gobierno.
En el ámbito nacional se calcula que este tipo de gasto representó en 2009 entre 30 y 40 por ciento del gasto total del sector público, y en el caso de los estados, el promedio fue de 15.6 por ciento de sus egresos totales.
El gobierno de Tamaulipas, por ejemplo, dedicó en 2009 aproximadamente 30 por ciento de sus egresos a la adquisición de bienes, servicios y obra pública, mientras que Guerrero destinó apenas 5 por ciento.
Estos datos ratifican la marcada orientación que se le da al dinero en Guerrero, en donde predomina por mucho el pago de gasto corriente y de manera particular la abultada nómina del gobierno del estado, en detrimento de los servicios y obras públicas que tanto requieren miles de guerrerenses en condiciones de pobreza.
De acuerdo con el estudio Análisis de la normatividad y las prácticas de compras públicas a nivel estatal: Guerrero, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y de donde se obtuvieron los datos,  las compras públicas de bienes y servicios en 2009 fueron por 874 millones de pesos (2.3% por ciento del gasto total),  mientras que la contratación de obra pública fue por 909 millones (2.4 por ciento de los egresos) del sector público en el estado.

Principales hallazgos
El estudio del Imco, realizado a finales de 2011 y principios de 2012, destacó entre sus conclusiones que si bien la Contraloría General del Estado es el órgano “encargado de controlar la legalidad de los actos de la administración estatal, entre ellos la compra y arrendamiento de bienes y servicios”, esto no sucede en la práctica.
Ejemplificó que la Contraloría participa en el comité de adquisiciones que coordina la Secretaría de Finanzas y Administración, teniendo como funciones el control preventivo de la legalidad del método de adquisición y de las bases de los concursos mediante licitación pública o invitación restringida, como también de los contratos respectivos”.
Sin embargo, sus dictámenes u observaciones sobre los procesos de compra no son acatados por la Secretaría de Finanzas.
El Imco también encontró una descoordinación entre la Subcontraloría de Normatividad y la Subcontraloría de Auditoría, ambas dependientes de la Contraloría General del Estado.
La Subcontraloría de Auditoría, destaca el estudio, no emite observaciones sobre las compras que hacen por su cuenta algunas dependencias del gobierno del estado, contrario a lo que establece la Ley de Administración y Recursos Materiales y la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Guerrero.
Asimismo, no se realiza ningún monitoreo ni registro de aquellos proveedores que provocan algún daño al estado derivado de los procesos de compras públicas; tampoco hay seguimiento sobre las inhabilitaciones ni sanciones a los mismos.
El Imco destacó que en el estado de Guerrero no hay alguna autoridad encargada de sancionar o inhabilitar a los proveedores que violan la ley. La Contraloría General del Estado no tiene esta facultad. Tampoco se genera un listado de los proveedores que incurren en incumplimiento u otras faltas a la legislación, por lo que pueden seguir siendo proveedores.
Como parte de las recomendaciones, el Instituto sugirió que el gobierno del estado fomente la presencia de las figuras de testigos sociales, es decir,  “miembros de la sociedad civil que participan durante los procesos de adjudicación como observadores externos” y menciona que el objetivo es inhibir posibles actos de corrupción u otras violaciones a la ley.
Debido a que en Guerrero no hay vigilancia de observadores externos ciudadanos, el Imco recomendó que el gobierno del estado solicite a la Secretaría de la Función Pública que los testigos sociales del programa federal participen como observadores en aquellos concursos que se consideren relevantes por el monto de recursos involucrado o por la naturaleza de la compra, por ejemplo, si se vincula a temas sensibles como la salud o la seguridad.
Por otra parte, el Imco encontró un “débil nivel de control” de parte de la Contraloría General del Estado sobre el cumplimiento de los proveedores a los que se les compran bienes y servicios.
Entre las consecuencias de esta falta de vigilancia se encontraron la modificación de las condiciones del contrato –como plazos más largos o precios más altos–, la sustitución de productos por unos más baratos o de menor calidad que los estipulados en el contrato, el robo de activos o bienes, y servicios ficticios.
Asimismo, el instituto recomendó que “la Contraloría tenga la posibilidad de sancionar a los proveedores que lleven a cabo prácticas irregulares, ya que de otra manera, las faltas quedan impunes y aumenta la probabilidad de que la proveeduría vuelva a incurrir en las mismas,” y agregó que debe crearse un padrón que registre a dichos proveedores incumplidos.
Se sugirió además llevar a cabo actividades de monitoreo de la cantidad, calidad y/o tiempo de entrega o realización del bien o servicio contratado, a efecto de estar en posibilidades de aplicar sanciones y multas como un mecanismo para que los proveedores no incurran en actos de corrupción, colusión u otros delitos.

Deficiencias en las compras
La investigación del Imco destacó que aunque el gobierno del estado de Guerrero tiene un sistema de compra centralizado en el que la Sefina coordina y gestiona las adquisiciones, arrendamientos o servicios solicitados por las dependencias y entidades, se identificó que hay criterios variables para que algunas dependencias compren directamente por su cuenta.
Otra de las deficiencias encontradas es que no se aprovechan las ventajas de este sistema centralizado, es decir, no se llevan a cabo compras consolidadas de uso generalizado por el gobierno del estado ni tampoco se han instrumentado contratos marco y no existe un área de análisis y manejo de información que permita planear mejores estrategias de compras a nivel central, por lo que se gastan más recursos que pueden aprovecharse en otros rubros.
El gobierno del estado también adolece de una plataforma electrónica propia para las adquisiciones y por lo tanto utiliza el sistema informático federal de compras públicas CompraNet.
En este punto, la investigación descubrió que de este sistema federal no son visibles al público en general todas las actas relativas a los procesos de adquisición del estado de Guerrero.
En otro renglón, se observó una comunicación deficiente entre la Sefina y la Contraloría que repercute en que no haya criterios homogéneos entre ambas dependencias para llevar a cabo procesos de adquisición, principalmente en lo que corresponde a la aplicación de la normatividad.
El Imco también dio cuenta de problemas de contabilidad estatal, ya que la administración de Ángel Aguirre no cuenta con un registro fiable de las compras estatales anteriores y por otro lado, las áreas encargadas de las compras no siempre tienen claro qué normatividad (federal o estatal) deben aplicar para ejercer los recursos de los diferentes ramos, lo cual repercute en la falta de control y vigilancia sobre el destino de dichos recursos.

Licitaciones públicas
Para la compra de bienes y contratación de servicios y obra pública, el estudio del Imco explicó que la licitación pública es el mecanismo de adquisición que fomenta la transparencia y la competencia. Agrega que en el ámbito federal, la licitación pública “es la columna vertebral de los métodos de adquisición y a partir de ahí se determinan sus excepciones, a nivel estatal no son claras las modalidades regla y las modalidades excepción”.
Al revisar el caso del estado de Guerrero, el Imco señaló que aunque la ley no es clara en términos de que la licitación pública debe ser el método principal, en la práctica, según los funcionarios de compras, el método generalizado de adjudicación es la licitación pública.
Sin embargo, más de la mitad de las compras (56 por ciento) que realiza el Ejecutivo del estado se llevan a cabo a través de un método distinto a una licitación.
Joyas de la opacidad y de la rendición de cuentas
El festival anticorrupción organizado por el gobierno del estado a través de la Contraloría General del Estado, se quedó en buenas intenciones. Sin un marco conceptual que permitiera encuadrar las actividades realizadas el pasado 28 de noviembre, varias dependencias del Ejecutivo montaron sus mesas de exhibición para presentar ante el público información sobre los programas y acciones que tienen a su cargo. Pero brillaron por su ausencia las propuestas o acciones que cada dependencia o el gobierno del estado en general está realizando para prevenir y combatir la corrupción.
Fue entonces un festival muy colorido con mucha información sobre el quehacer de las dependencias –que se agradece, después de todo– pero totalmente ajeno en la práctica al tema que se anunció…
En el último foro de consulta del ayuntamiento de Chilpancingo el 30 de noviembre, con el tema de Mejores Prácticas Municipales, hubo varias propuestas en torno a la constitución de contralorías ciudadanas para la vigilancia del ejercicio de los recursos. Destacaron las que presentaron los compañeros de Ciudadanos y Ciudadanas por el Mejoramiento de la Gestión Pública, para observar y dar seguimiento a la obra pública del municipio de Chilpancingo. El punto fino es que todas las propuestas realmente se consideren, pues sólo así se propiciarán condiciones de credibilidad y confianza en el ayuntamiento capitalino. Hasta donde sabemos, es el único gobierno municipal que ha puesto a  funcionar mecanismos de participación ciudadana para la elaboración de su Plan Municipal de Desarrollo…
El 5 de diciembre pasado, varios organismos sociales y civiles, encabezados por el grupo Cuicalli, presentaron ante el secretario de Salud una petición formal para hacer un ejercicio de vigilancia ciudadana a los recursos de esa dependencia. Un representante de la Contraloría General del estado que estuvo presente, desaprobó la iniciativa argumentando que las auditorías ciudadanas no están previstas en la ley y esa función corresponde a los órganos fiscalizadores institucionales. Sorprende que desde el gobierno del estado se bloquee públicamente este interés por la vigilancia de los recursos públicos, ya que si hay iniciativas provenientes de la ciudadanía (la del Cuicalli no es la única) es porque no hay confianza en el control y fiscalización que hacen las instituciones. La opinión del funcionario de la Contraloría incluso se contrapone a la del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien en el Plan Estatal de Desarrollo menciona con cierta amplitud el tema de la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos…
En algún momento iba a explotar. La falta de transparencia y de vigilancia institucional y ciudadana sobre los recursos invertidos para atender a la población afectada por los sismos de marzo de 2012, tiene ya sus primeras expresiones públicas de descontento, ya que en días pasados, pobladores de Ometepec reclamaron a la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga irregularidades en la construcción de las viviendas.
En este espacio denunciamos la inconsistencia de las cifras que dieron las dependencias estales y federales involucradas en la atención de los damnificados, y la debilidad en la vigilancia de los recursos.
El gobierno del estado anunció en aquella ocasión la integración de comités ciudadanos en cada una de las comunidades afectadas “para garantizar que los apoyos que se están entregando sean de manera transparente y directa a las familias que salieron perjudicadas”. Pero ya se vio que fueron comités decorativos, pues nadie vigila cómo se gastan los recursos ni tampoco ninguna dependencia estatal o federal rinde cuentas de ese dinero.