Los consejos ciudadanos de Aguirre Rivero

El Sur de Acapulco

A casi dos años de que asumió la actual administración, aún no comienza a operar el consejo ciudadano para la vigilancia de las adquisiciones y la obra pública, organismo que fue una de las propuestas fuertes para prevenir y combatir la corrupción gubernamental durante la campaña del entonces candidato a la gubernatura del estado, Ángel Aguirre Rivero.
Es la segunda ocasión que el gobernador propone estos mecanismos ciudadanos para la observación y la vigilancia del gobierno, pues hace 15 años, cuando fue gobernador interino, promovió un organismo similar, aunque no hay información certera del funcionamiento y  resultados de este primer consejo ciudadano.
En su administración actual, el gobernador del estado lleva 20 meses ejerciendo el cargo y el consejo ciudadano para la vigilancia de las adquisiciones y la obra pública todavía está en trámite, por lo que el control y la vigilancia de un gran porcentaje del presupuesto que gasta el gobierno estatal ha recaído sólo en los órganos de control y fiscalización institucionales, como la contraloría general del estado y las auditorías superior de la federación y general del estado.
Pero de la intervención ciudadana, todavía nada.

Un compromiso de campaña
Durante su campaña a la gubernatura, el candidato Ángel Aguirre se comprometió a promover y constituir un consejo ciudadano para la observación y vigilancia de los recursos destinados a adquisiciones gubernamentales y obra pública, como una medida para prevenir y combatir la corrupción en el gobierno.
Concretamente durante el primer debate entre candidatos a la gubernatura en la historia de Guerrero, realizado el 18 de enero de 2011, el hoy jefe del ejecutivo estatal aseguró que crearía un Consejo Ciudadano para la Vigilancia de las Adquisiciones y la Obra Pública.
Una vez que asumió el cargo, en su plan estatal de gobierno 2011-2015 el mandatario estatal estableció que “la falta de transparencia en la rendición de cuentas provoca desconfianza en el ejercicio de la función pública y falta de credibilidad de la sociedad en la operación institucional” y agregó que “se requiere establecer mecanismos reales de control gubernamental, así como fomentar la participación social para que la actividad de los poderes públicos estatales y municipales sean transparentes y los ciudadanos sepan en qué y cómo se invierten sus contribuciones, y de qué manera operan las obras y servicios públicos”.
De hecho, uno de los objetivos del plan estatal de desarrollo se refiere a “incorporar plenamente a la ciudadanía en la vigilancia y seguimiento del uso de los recursos públicos, así como del desempeño de los servidores públicos”.
Pero estos propósitos destacados en el principal documento rector del gobierno actual no se destacan en los hechos.
Fue hasta finales de octubre de 2011 cuando el gobernador Ángel Aguirre Rivero envió la iniciativa de decreto al Congreso del estado para su análisis y aprobación.
Los diputados locales aprobaron el decreto hasta el 7 de febrero de 2012, y su publicación se realizó el 17 de febrero del mismo año.

El consejo, sin operar
Aunque ya existe el decreto de creación del consejo ciudadano, el organismo no ha entrado en funciones porque el gobernador estatal no había enviado la terna al Congreso del estado para elegir a los integrantes, no obstante que el artículo segundo transitorio de ese documento jurídico ordena que “El Consejo deberá instalarse dentro de los treinta días siguientes a la publicación de este Decreto”.
Mediante una solicitud de información presentada ante el Congreso del estado, se preguntó a los diputados locales por los integrantes de dicho consejo y su fecha de instalación, pues ya habían pasado cinco meses de la fecha límite establecida en los transitorios para su entrada en funciones.
La respuesta de la unidad de transparencia del Congreso fue que “con fundamento en el Decreto Número 1008 por el que se crea el Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones en el Estado de Guerrero (…) los miembros del Consejo serán nombrados por el Congreso del Estado, a propuesta del Gobernador, quien recogerá para este efecto la opinión de los colegios de profesionistas, organizaciones y sectores sociales, y durarán en su encargo tres años”.
Y agregó el Congreso en su respuesta que “este Honorable Congreso del Estado, no ha recibido las propuestas por parte del Titular del Ejecutivo, para poder dar cumplimento a lo establecido en el artículo en mención, por lo tanto estamos en espera de las mismas para que sean nombrados por este Poder Legislativo”.
Ante esta respuesta, se solicitó al Ejecutivo del estado los nombres y perfiles de los integrantes del consejo ciudadano. La respuesta del despacho del gobernador fue que aun no contaban con la propuesta de nombres.
“En atención a su solicitud de información dirigida a este sujeto obligado, me permito hacer de su conocimiento que a la fecha el Ejecutivo Estatal no ha enviado una propuesta oficial de terna para la integración del Consejo Ciudadano de vigilancia de la Obra Pública y las adquisiciones en el Estado”.
El primer consejo de 1997
El primer periodo como gobernador de Ángel Aguirre Rivero se inició en marzo de 1996; 23 meses después, en diciembre de 1997, envió y el Congreso del Estado aprobó el decreto número 128 por el que se creaba el Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones, el cual entró en funciones cuatro meses después, una vez que los diputados ratificaron a los consejeros propuestos por el mandatario estatal.
Entre los considerandos del decreto se mencionaba que “el Plan Trienal de Desarrollo del Estado de Guerrero 1996-1999, contempla entre sus estrategias la constitución de consejos estatales y municipales de consulta y participación ciudadana en las funciones gubernamentales, así como la promoción de la participación social en la formulación, ejecución y evaluación de los programas de acciones y proyectos de obras.”
No se cuenta con información pública sobre el funcionamiento y los resultados de aquel consejo ciudadano que comenzó a operar el 2 de abril de 1998, cuando los integrantes del mismo rindieron protesta.
De lo que sí se tiene noticia es que uno de los consejeros, Margarito Miranda Miranda, fue “destituido” del organismo y éste presentó su inconformidad ante diferentes dependencias.
En una carta enviada al Congreso del estado en noviembre de 2000, Miranda Miranda describió la manera en que funcionaba el consejo ciudadano.
Al respecto comentó en su carta que cuando fue consejero solicitó “información que considero necesaria para el desempeño de mis funciones, siendo el caso que desde la creación del consejo a esta fecha no ha sido posible el acceso a la mínima información en la Contraloría del Estado, y en otras dependencias se ha obtenido en forma limitada y extemporánea”.
El consejero inconforme aludió a que en uno de los artículos del decreto que creó a aquel consejos ciudadano de 1998, se refería a que  “La Contraloría General del Estado establecerá un sistema de información sobre los concursos de obra pública y adquisiciones, al cual tendrá acceso a los consejeros”.
Miranda Miranda atribuyó su salida del Consejo Ciudadano a las solicitudes de información que hizo ante la Contraloría, y recriminó a la presidenta de ese organismo, María Guadalupe Gorostieta y Cadena, ser la responsable de la “suspensión en mis derechos y atribuciones como consejero”.
Finalmente, el quejoso solicitó a los diputados “una valoración del funcionamiento de este organismo” refiriéndose a que no estaba cumpliendo con el propósito para el que fue creado.

Finiquitan al consejo de Aguirre
Con la llegada de René Juárez Cisneros a la gubernatura, concluyó también la efímera vida del Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones, creado en el gobierno de Ángel Aguirre.
En marzo de 2001, Juárez Cisneros envió una iniciativa de decreto para dar por concluidos los trabajos del consejo ciudadano, pero lo realmente destacable de la iniciativa son los motivos que esgrimió el gobierno renejuarista para finiquitar al organismo, que son una verdadera joya de opacidad.
Argumentó el Ejecutivo estatal que el trabajo de supervisión y vigilancia de las obras y adquisiciones que tenía asignado el consejo ciudadano “son facultades que corresponden a la Contraloría General del Estado” y por lo tanto había una duplicidad de funciones entre éstos.
Asimismo, destacó en su iniciativa que “las únicas dos instancias para realizar auditorías y en consecuencia fiscalizar, controlar y evaluar oficialmente las obras y las adquisiciones del gobierno del estado y los ayuntamientos son, indiscutiblemente, la Contraloría General del gobierno del estado y la Contaduría Mayor de Hacienda del Honorable Congreso local” (hoy Auditoría General del Estado), y por lo tanto el consejo ciudadano estaba fuera de la ley.
En conclusión, la iniciativa del ex gobernador René Juárez alegó que debe impulsarse la legalidad en el quehacer público y es “imperativo y exigible” que las dependencias ejerciten con claridad y eficiencia sus facultades, “razón por la que procede la abrogación del decreto que crea el Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones”.

Qué necesita un consejo ciudadano
La creación del consejo ciudadano con funciones de contraloría social, para que sea eficaz, necesita tener ciertas características.
La primera, es su autonomía, es decir, tener la capacidad para tomar sus propias decisiones; sin esta cualidad, el consejo ciudadano difícilmente podrá ejercer funciones de  vigilancia en las adquisiciones o la obra pública gubernamentales, o sobre cualquier otra materia, pues la autonomía forma parte de la especificidad de un real control social.
Otra característica que debe tener este organismo es su facultad para incidir en las decisiones, es decir, debe contar con suficientes recursos de poder para que su actuación tenga consecuencias en el poder público; coloquialmente, dotar de “dientes” a esta figura; si no es así, terminará siendo un consejo decorativo, débil, con facultades sólo para presentar denuncias, y como sabemos, eso sirve de muy poco.
Finalmente, el consejo ciudadano debe conocer sobre los diferentes procesos de la administración pública, no sólo en la evaluación y vigilancia del quehacer gubernamental. Así, tendrá que dotársele de facultades para ser consultado, pero también para tomar decisiones en los procesos de planeación de las acciones y la orientación del presupuesto.
El Consejo ciudadano de vigilancia de las adquisiciones y la obra pública, que todavía no nace pero cuyo decreto ya fue aprobado, tiene alcances más bien limitados, y en nada difieren de otros organismos consultivos similares, ya que el decreto sólo lo faculta para “actuar como órgano de opinión y recomendación”, pero sin efectos vinculantes. Es decir, un organismo sin “dientes” o que nace sin facultades para modificar o corregir irregularidades, estará seriamente limitado para realizar una verdadera vigilancia ciudadana.
Otro de los inconvenientes del organismo es que los miembros del Consejo serán nombrados por el Congreso del Estado, a propuesta del Gobernador, y aunque éste “recogerá para este efecto la opinión de los colegios de profesionistas, organizaciones y sectores sociales”, la intervención del mandatario estatal sin duda le restará autonomía e independencia a este órgano ciudadano.
Como está planteado el decreto, no se abren grandes expectativas para el trabajo y resultados del Consejo ciudadano de vigilancia de la obra pública y las adquisiciones.