Las auditorías públicas, expedientes inaccesibles

El Sur de Acapulco

En Guerrero hay una completa opacidad respecto a las auditorías practicadas a las dependencias y entidades gubernamentales, por lo que la ciudadanía tiene vedado conocer sus resultados, no obstante que la legislación establece la obligación de que algunos aspectos de estas auditorías, incluso cuando todavía están en proceso, deben hacerse públicos.
Tanto el reglamento de la ley federal como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Guerrero incluyen un apartado específico sobre la publicación de los resultados de las auditorías.
Igualmente, la recientemente aprobada Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado establece que la Auditoría General del Estado, en el primer bimestre del año, “establecerá un Programa Anual de Auditorías, el cual tendrá carácter público, señalando la totalidad de las entidades fiscalizables que serán objeto de la misma”.
En el caso de la ley de transparencia estatal, la fracción XIII del artículo 13 establece que todas las dependencias y entidades de gobierno tendrán que publicar un informe cuatrimestral de las auditorías que les practiquen, el cual deberá contener el número y tipo de auditorías realizadas y el órgano que las realizó; el número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría, así como las sanciones o medidas correctivas impuestas; y el seguimiento de los resultados de auditorías, así como el total de las aclaraciones efectuadas por las dependencias públicas.
Sin embargo, en los portales electrónicos y en cualquier otro medio de difusión de las dependencias públicas escasea este tipo de información, que con mucha frecuencia es considerada como reservada y se le niega a los ciudadanos.
La publicación de información sobre las auditorías aplicadas al aparato gubernamental –especialmente si se difunden en versiones accesibles a los ciudadanos– contribuyen a legitimar el ejercicio de gobierno y generan confianza sobre su actuación dentro del marco legal.
Cuando hay una intención de ocultar este tipo de información, hay dudas razonables sobre los objetivos de estos instrumentos de control y si realmente previenen, corrigen y sancionan las prácticas que no se apegan a la normatividad o que son abiertamente corruptas; o si la principal función es la de servir como instrumento político de presión o desprestigio de funcionarios que no son afines.

Auditorías en el Ejecutivo
Se solicitó a 13 dependencias del Ejecutivo estatal información sobre las auditorías que les han realizado en los últimos cuatro años los órganos de control (Contraloría General, Auditoría General del Estado o Auditoría Superior de la Federación, principalmente).
Los datos solicitados corresponden a la información pública de oficio que todas las dependencias deben publicar, a lo que han hecho caso omiso.
Cuatro dependencias no respondieron a la solicitud de información (Secretarías de Educación y de Desarrollo Social, el Instituto Guerrerense de Atención Integral a Personas Adultas Mayores y el Museo La Avispa), lo cual revela la poca importancia que le prestan a la transparencia, pues se trata de información de oficio.
Al respecto, se presentaron ante al Instituto de Transparencia quejas o recursos de revisión que en los próximos días serán resueltas.
Asimismo, el Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos, respondió a destiempo y de manera incompleta al requerimiento; y la Contraloría General del Estado solicitó una prórroga para entregar la información.
De las dependencias que sí respondieron en tiempo, sólo la Secretaría de Desarrollo Rural, el Invisur, el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa y la Comisión de Infraestructura y Aeroportuaria de Guerrero entregaron su información completa; además, la Coordinación de los Programas Sociales Guerrero Cumple, afirmó que no le han practicado ninguna auditoría.
A la Cicaeg le aplicaron 14 auditorías de 2008 a 2011, con un total de 652 observaciones (irregularidades en las operaciones contables, financieras, presupuestarias, programáticas, de obra pública y de control interno) de las que sólo 15 se han solventado. Asimismo, las observaciones tuvieron como consecuencias en 2008 y 2009 la inhabilitación temporal y sanción económica a funcionarios públicos de la dependencia.
En el caso del IGIFE, reportó 13 auditorías de 2008 a 2011, con un total de 111 observaciones, las cuales fueron aclaradas por la dependencia. Sobre las sanciones, el documento informó que “se están tomando las acciones pertinentes para no infringir en lo sucesivo la normatividad”.
El Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense respondió con datos incompletos, ya que en sus tres auditorías no dio información sobre el número de observaciones ni las sanciones aplicadas.
En el Invisur se han practicado siete auditorías que dieron como resultado 159 observaciones; de las revisiones efectuadas destaca la de 2007, en donde se encontraron anomalías en la operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales. Como resultado, en ese año la “Contraloría General del Estado emitió la resolución administrativa de inhabilitación en contra de la Dirección General (de Invisur) de ese ejercicio”.
En la Seduop se realizaron de 2008 a 2011, 14 auditorías, con un total de 284 observaciones, y según la información proporcionada, no hay sanciones y todas las observaciones están solventadas o en proceso.

¿Información reservada?
La Contraloría General del Estado es una de las dependencias facultadas para realizar auditorías a otras dependencias del Ejecutivo estatal, así como a ayuntamientos y organismos autónomos, cuando en su presupuesto hay recursos estatales. Sin embargo, cualquier información relacionada con esas auditorías y sus resultados, la Contraloría la considera “reservada” y no hay acceso público a ella.
Ese fue el caso de la solicitud de información (folio Infogro 025812) que se hizo llegar a la Contraloría para que diera a conocer los “resultados de los análisis realizados a las muestras recolectadas en 2010 y 2011 a los fertilizantes distribuidos por los ayuntamientos en el estado de Guerrero”, ya que había sospechas fundadas de que el insumo entregado a los campesinos era adulterado.
La respuesta de la Contraloría fue que estos datos “se encuentran clasificados como reservados, debido a que contienen información que forma parte de un proceso de verificación y su publicación pudiera afectar la adecuada toma de decisiones para las instituciones correspondientes”.
Se insistió con otra solicitud de información pidiendo el nombre de las empresas y ayuntamientos y las sanciones que han recibido los responsables de fabricar, vender o distribuir fertilizante adulterado de casos ya concluidos.
Al respecto, la Contraloría General simplemente respondió que en sus archivos “no existe documento alguno”.
Asimismo, en otra ocasión se solicitó la “auditoría practicada al padrón del programa Pensión Guerrero, del Instituto Guerre-rense de Atención Integral de las Personas Adultas Mayores” (folio Infogro 96511), y la Contraloría General respondió que la auditoría en mención “se encuentra en proceso de solventación y la información solicitada tiene el carácter de reservada”.
Más recientemente se pidió (folio Infogro 067012), en relación a una información emitida por el gobernador del estado en su primer informe de gobierno, la “descripción de cada una de las 99 resoluciones administrativas (58 de procedimientos de responsabilidad derivados de los resultados de auditorías y 41 procedimientos de responsabilidad por doble plaza)”, ya que si las anunció el titular del Ejecutivo, es porque ya estaban concluidas.
Pero la Contraloría General respondió que “la información contenida en los expedientes de las resoluciones referidas se encuentra clasificada como reservada”.
Sin embargo, la Contraloría General del Estado no ha tenido ninguna formalidad cuando declara ante los medios de comunicación que está investigado a funcionarios de la administración anterior, incluyendo al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, y aporta nombres, cargos, cifras y hasta los supuestos delitos. En los hechos, la Contraloría está proporcionado públicamente datos de expedientes que aún “no causan estado”, mientras que a los ciudadanos les niega información equivalente cuando presentan una solicitud de información para enterarse sobre casos de corrupción.

Otras dependencias
Las dependencias del Ejecutivo del estado no son las únicas obligadas a publicar información sobre las auditorías practicadas.
El Congreso local, no obstante que es el poder encargado –a través de la Auditoría General del Estado– de la fiscalización de las entidades y dependencias públicas, en su portal electrónico no difunde ninguna información de las auditorías que se le han realizado.
Tampoco el Tribunal Superior de Justicia publica nada, y en su portal de transparencia sólo presenta un formato para solicitar información.
Asimismo, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado y el Tribunal Electoral del Estado no contienen ninguna liga electrónica para difundir información sobre las auditorías que les hayan practicado; y el Instituto Electoral difunde una auditoría completa (caso único en el estado) pero ésta se refiere sólo a “la administración de los recursos humanos” y es del periodo enero a octubre de 2009.

Las revisiones de la ASF
En contraste con los órganos de control y fiscalización del estado, que omiten publicar cualquier información sobre auditorías, la Auditoría Superior de la Federación difunde en su portal electrónico los  informes detallados de las auditorías que realiza.
Para la fiscalización superior de la cuenta pública 2010, la ASF practicó mil 31 auditorías, de las cuales 558 (54.1 por ciento) los sujetos directos de la revisión fueron los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
En total, la ASF determinó 14 mil 543 observaciones, de las cuales, 5 mil 504 fueron solventadas por las entidades fiscalizadas en el transcurso de las auditorías; las restantes 9 mil 39 observaciones dieron lugar a la emisión de 10 mil 778 acciones.
Destacan las 98 denuncias de hechos que la ASF interpondrá ante el Ministerio Público federal por la presunta comisión de ilícitos. Esta cifra es mayor a las presentadas con motivo de la fiscalización superior de las cuentas públicas de 1998 a 2009.
Para el caso de las auditorías realizadas en Guerrero, se pueden ver los resultados en el rubro de gasto federalizado (recursos destinados a gobierno del estado y ayuntamientos), en donde se describen las irregularidades y observaciones encontradas en las dependencias que ejercen estos recursos, como los ocho fondos del ramo 33, el ramo 12 del seguro popular, recursos destinados a seguridad pública, programa hábitat, entre otros.

La ciudadanía en auditorías
En otros países, los gobiernos han reconocido la importancia de hacer transparentes las auditorías y sus resultados, y no sólo eso, sino también involucrar a los ciudadanos en la realización de algunas tareas relacionadas con éstas.
En Corea del Sur, por ejemplo, la Ley Anticorrupción de ese país permite a los ciudadanos solicitar al órgano de control y fiscalización la realización de auditorías a dependencias públicas sospechosas de actos de corrupción.
En Filipinas se promovió una participación ciudadana más activa en la supervisión, ya que de manera conjunta el órgano de control de ese país y organizaciones no gubernamentales realizan auditorías para determinar si un programa gubernamental alcanzó los resultados programados.
En India se realizan auditorías sociales mediante la colaboración entre el gobierno y los ciudadanos locales para vigilar la aplicación de leyes.
En México también existen experiencias de participación ciudadana en el control y vigilancia de la gestión gubernamental, como en el gobierno del Distrito Federal, donde se promueven comités ciudadanos para “evaluar eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública”.
De acuerdo con su portal electrónico, se conformó una red de contralores ciudadanos en diferentes materias como adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios; agencias del Ministerio Público, en Obras y Servicios Relacionados y contralores ciudadanos comunitarios.
Sin duda hace falta mucho por hacer en Guerrero. La transparencia de los resultados de las auditorías, así como la incorporación de la ciudadanía las tareas de control y fiscalización de las dependencias y entidades públicas, son ingredientes que pueden contribuir a generar confianza entre la ciudadanía.