El Sur de Acapulco
El programa 3×1 para migrantes en el estado de Guerrero ha tenido resultados sobresalientes incluso en el ámbito nacional. Es quizá el único programa gubernamental dentro del estado en el que la participación ciudadana –migrantes y habitantes de sus comunidades de origen– ha logrado ser parte de la toma de las decisiones estratégicas e involucrarse en la operación del programa.
El 3×1 es un programa adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social federal que promueve la aportación económica de los tres órdenes de gobierno y los migrantes guerrerenses para la construcción de obras de infraestructura básica o la puesta en marcha de proyectos productivos. En el estado, esta corresponsabilidad ha tenido impactos positivos para la eficacia del programa, para su transparencia y la rendición de cuentas, pues los migrantes –gracias al poder de negociación adquirido como consecuencia de su posición de aportantes– han logrado que un porcentaje importante de las obras se ejecuten y vigilen por los ciudadanos de las localidades de origen de los migrantes.
En los últimos años se tienen experiencias exitosas de localidades que ejecutaron la obra directamente y esto se tradujo en la ampliación de metas, ya que con esta forma de trabajo hay un uso más controlado de los recursos, y la rentabilidad económica que obtiene tradicionalmente una empresa por realizar estas obras, es invertida directamente en más beneficios para la localidad.
Pero también la ejecución directa ha permitido un manejo más transparente de los recursos, ya que a diferencia de muchos otros programas sociales, hay una verdadera rendición de cuentas a través de informar y justificar ante las asambleas comunitarias el ejercicio de los recursos; esta práctica se complementa con la obligación que tienen los comités de obra de comprobar documentalmente cada uno de los gastos ante la dependencia normativa correspondiente.
Buenos resultados, pocos recursos
No obstante los buenos resultados del programa 3×1 para migrantes en Guerrero, los recursos financieros que se invierten son escasos. De acuerdo con los antecedentes del programa en Guerrero, de 2002 a 2004 se invirtieron sólo 67.1 millones de pesos en la construcción de 120 obras sociales.
En el periodo de 2005 a 2011 el monto de la inversión fue por 262.9 millones de pesos para construir 403 obras, destacando el año de 2011 porque se invirtieron 62.2 millones, que hasta hoy se considera la mayor inversión que se ha hecho en el estado dentro del programa 3×1.
Cabe recordar que de 2002 a 2004 el programa funcionó de manera irregular en el estado por problemas con la aportación de los ayuntamientos, considerándose el peor ejercicio fiscal el de 2004 cuando el gobierno de René Juárez Cisneros dejó de aportar al programa.
Y no obstante que en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo se tuvieron las mayores inversiones, éstas no tienen comparación con otros programas como el del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que en 2011 ejerció recursos por 3,149.2 millones de pesos en el estado de Guerrero, muy por encima de los 62.2 millones que se invirtieron en el 3×1 en el mismo año.
Con la administración de Ángel Aguirre Rivero, la aportación estatal al programa disminuyó sensiblemente al pasar de 13.6 millones de pesos en 2011 a 6.4 millones en el ejercicio 2012; mientras que la aportación de la Sedesol federal será en este mismo año de 12 millones de pesos, misma cantidad que se estima también aportarán los migrantes.
La encargada del programa en la delegación estatal de la Sedesol, Amalia Esther Morales Bárcenas, lamentó la disminución de la aportación estatal porque muchas localidades se quedarán sin obra, aunque es una “situación que sale de nuestro ámbito de competencia”.
Agregó que con el gobierno del estado se firmó un convenio por 6.4 millones de pesos, pero además la Sedesol “establecerá convenios con los migrantes y con los presidentes municipales, o en su caso sólo con los migrantes porque tenemos el problema de que los presidentes municipales ya se fueron. La Sedesol no puede entrar a una obra aportando el total de recursos, por normativa tiene que haber por lo menos uno”.
Participación en la toma de decisiones
El Comité de Validación y Atención a Migrantes (Covam) es el órgano colegiado para la toma de decisiones importantes del programa 3×1 para migrantes. Participan en él representantes de cada una de las partes que aporten recursos con voz y voto. En el Covam se dictaminan los proyectos de obras que presentan los paisanos radicados en Estados Unidos, organizados en clubes de migrantes; ahí también se decide a la entidad que ejecutará la obra.
El Covam en Guerrero se ha convertido en un espacio de deliberación en el que las federaciones que agrupan a los clubes de migrantes han hecho valer su participación económica en el programa –regularmente de 25 por ciento del costo de las obras– en la toma de decisiones; una de ellas ha sido que los habitantes de las comunidades beneficiarias sean los ejecutores de las obras.
De acuerdo con el acta de la sesión extraordinaria del Covam del ejercicio fiscal 2011, de 96 obras realizadas en 2011, un total de 63 obras que representan el 65.6 por ciento, fueron realizadas o administradas por los comités de obra de las localidades. Por el número de obras realizadas bajo esta modalidad destacan Taxco con 26, Iguala 8, Cuetzala 5, Ixcateopan 3, Pilcaya 3, Cocula 1 y Huitzuco 1; en total de la región Norte, 47 obras fueron ejecutadas por los comités de obra.
Las otras regiones que ejecutaron sus obras con esta modalidad son Centro (Chilpancingo 4, Leonardo Bravo 2 y Tixtla 1); Costa Grande (Atoyac 4); Costa Chica (Cuajinicuilapa 1, Cuautepec 1, Juchitán 1); Tierra Caliente (Ajuchitlán 1, Coyuca de Catalán 1); Montaña (Huamuxtitlán 1); Acapulco 1.
La mayor parte de las obras ejecutadas por los comités se construyeron en localidades donde los migrantes están agrupados en los Clubes Unidos Guerrerenses del Medio Oeste, ya que esta organización de migrantes con sede en Chicago está impulsando prácticas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana a través de una bien coordinada relación entre clubes de migrantes, los comités de obra y la población de sus comunidades de origen.
Una de las consecuencias de que los ejecutores de la obra sean los comités de obras es que se rebasan las metas originalmente programadas.
José Betancourt Villa, quien fue director de la oficina de atención a migrantes en el gobierno anterior, expresó que “cuando los comités hacen su obra, muchas veces hacen más, ellos administran mejor la lana, porque finalmente es de ellos. Muchos comités tienen la experiencia y el conocimiento para ejecutar las obras, y excedían las metas, si el expediente decía que se iban a pavimentar 10 metros lineales, ellos pavimentaban 13, eficientaban el recurso”.
Estas prácticas comunitarias están haciendo diferencia con las de otros programas sociales. Las obras del FAISM del Ramo 33, no obstante que hay una aportación de los beneficiarios, son decididas casi exclusivamente por los alcaldes, y los ayuntamientos no promueven la participación de las comunidades en la ejecución ni en la vigilancia de las obras.
Al respecto, Morales Bárcenas comentó que “la diferencia principal es la participación de la localidad, aquí los clubes espejo (comités de obra) están realmente comprometidos con lo que hacen, ya que el recurso proviene del migrante, de sus familiares en Estados Unidos, y esto hace la diferencia con otros programas”.
Un año desastroso para el 3×1
Durante el primer año del gobierno de Ángel Aguirre Rivero hubo muy poco interés de los funcionarios recién nombrados por el programa para migrantes. Incluso, el coordinador de la organización Clubes Unidos Guerrerenses del Medio Oeste, Erasmo Salgado, declaró en la prensa que a 45 días de que asumió el nuevo gobierno “no haya existido el más mínimo acercamiento con la comunidad migrante en este lado de la frontera”.
En los primeros meses de la nueva administración, el entonces titular de la Sedesol estatal, David Jiménez Rumbo, fue acusado de tratar de usar políticamente el programa con la imposición de “sus” proyectos en el Covam y de confrontarse con los dirigentes de las federaciones de migrantes.
En octubre de 2011, el gobernador Ángel Aguirre anunció que el programa se separaba de la Sedesol y pasaba a la Coordinación de Fortalecimiento Municipal, pero días más tarde se publicó el decreto que creaba la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, y ahí se envió el programa 3×1.
Sin embargo, en diciembre de 2011 no había certeza de que el gobierno del estado aportaría los recursos del ejercicio 2011; incluso la Sedesol federal convocó a una sesión extraordinaria del Covam el 28 de diciembre de 2011 para dejar constancia de que la parte estatal no se depositó en la cuenta del programa.
En enero de 2012, el gobierno del estado hizo su aportación, por lo que las obras comenzaron a construirse hasta enero y febrero de 2012.
Pero 2004 y 2011 han sido los peores años del programa 3×1 para migrantes por diversas fallas de los gobiernos locales.
Las experiencias exitosas en la operación del programa reclaman un mayor compromiso y recursos de las administraciones estatales y municipales de Guerrero.
10 años de buscar la transparencia
En 2003, junto con otros compañeros y compañeras periodistas, académicos y activistas de organizaciones sociales y civiles comenzamos a promover una ley de transparencia –que no la había en Guerrero, como sí en otros estados– y desde entonces también se iniciaron los desencuentros con quienes han estado el frente de muchas de las dependencias y entidades de los tres poderes, organismos autónomos, ayuntamientos, para quienes la transparencia resulta una obligación incómoda.
Estos desencuentros se hicieron más fuertes cuando, una vez que entró en vigor la ley de acceso a la información del estado en junio de 2006, comenzamos a solicitar información a los sujetos obligados. Compañeros y compañeros sufrieron maltrato, enojo de funcionarios y hasta amenazas, simplemente por hacer valer su derecho de acceso a la información, con el que buscábamos construir esquemas de rendición de cuentas en los colectivos donde estábamos vinculados.
Esto fue una llamada de alerta; la mayoría de nosotros buscamos entonces insertarnos en redes y tener relación estrecha con organizaciones nacionales e internacionales y personalidades que también promueven la transparencia y la rendición de cuentas para que conocieran cómo está la situación en Guerrero.
Hoy, el ocultamiento de la información sigue siendo una constante en el estado; y también sabemos que las amenazas continuarán mientras exista en Guerrero una persona –aunque por fortuna, cada vez somos más– que monitoree, observe, vigile o solicite información sobre lo que realiza el gobierno.
Joyas de la opacidad. Hace unas semanas solicitamos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas información de la construcción del polideportivo de Chilpancingo; ésta respondió que era información reservada, por lo que presentamos un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, cuyo dictamen final fue que se entregara la información solicitada.
Acatando la resolución, la dependencia nos comunicó que el paquete de información contenía 350 hojas, por lo que procedimos a pagar ese número de copias en la Sefina para recibir la información, pero resulta que el costo de cada copia es de 3.20 pesos, para un total de 1,120 pesos.
El artículo 2 de la ley de transparencia es claro: el acceso a la información pública es gratuito, y sólo se deberá pagar el costo del material de las copias o reproducciones documentales, “exento de toda contribución fiscal estatal o municipal”.
Creímos que en el gobierno de Zeferino Torreblanca se había superado este asunto de la gratuidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario