Nada que celebrar en el Día Internacional del Derecho a Saber

Marcos Méndez Lara
El Sur de Acapulco

A unos días de que se conmemoró el Día Internacional del Derecho a Saber (28 de septiembre), el balance de la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental en Guerrero es muy desalentador, pues los ayuntamientos municipales, que fueron relevados hace dos días, dejan una secuela oprobiosa de opacidad y crisis financiera, mientras en el gobierno del estado poco se ha avanzado en la materia, y los diputados integrantes de la LIX Legislatura del Congreso del Estado nunca promovieron la transparencia ni siquiera dentro de su propio recinto, a pesar de que ellos aprobaron la ley de transparencia y acceso a la información del estado, pero no la cumplieron.

Tres años y medio de opacidad

La opacidad en los ayuntamientos es una práctica congénita de la corrupción. Las autoridades municipales, si acaso en el discurso, nunca tuvieron la intención de transparentar su quehacer, pues sus administraciones hicieron uso de los recursos públicos muy alejados del logro de los objetivos sociales a que estaban destinados.
Sin contar las declaraciones pagadas para ensalzar su “proclividad” a la transparencia, la ciudadanía de Guerrero nunca contó en los hechos con mecanismos que le permitieran conocer lo que hacían sus gobiernos municipales, excepto por la utilización de mecanismos tradicionales, pero muy limitados.
Según el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, 48 ayuntamientos de los salientes contaron con portales electrónicos; sin embargo, la mayoría de éstos no fueron útiles para informar, pues fueron promovidos por la administración estatal anterior, pero los formatos que les proporcionaron nunca fueron llenados de contenido por los ayuntamientos.
Algunos gobiernos municipales como el de Acapulco, Taxco, Chilpancingo, Tlapa, si bien tuvieron su página propia, nunca cumplieron a cabalidad con las obligaciones de transparencia. Las páginas electrónicas, pues, no fueron una herramienta útil a la transparencia de los municipios.
Los informes de gobierno que cada año deben presentar los alcaldes no fueron prácticas efectivas para la rendición de cuentas, pues los actos en que se presentaban tenían un formato que no permitía el diálogo con los ciudadanos, y por lo general sólo se invitaba a simpatizantes del presidente municipal. El contenido de los informes de los gobiernos municipales sólo fue conocido por un reducido grupo de ciudadanos, por lo que tampoco se considera como un mecanismo de transparencia o rendición de cuentas.
Las gacetas, periódicos murales y otros medios utilizados por los ayuntamientos también fueron muy limitados porque la información que presentaban era muy parcial y además sólo llegaban a un grupo muy reducido de ciudadanos.
Detrás de este control de la información y la opacidad de los ayuntamientos existen actos de corrupción y desvío de recursos, malas administraciones, incumplimiento de derechos sociales de la población y la eternización de la pobreza. No es una práctica exclusiva de los más recientes ayuntamientos, pero sí acrecentada en los últimos trienios.
De continuar esta tendencia, se consolidará una forma de gobierno –y ya no importa el partido del que provenga- cuyos rasgos serán la inversión de cuantiosos recursos para la compra de votos, el pago de esa inversión a costa de los recursos públicos, la desatención de las necesidades sociales, y más recientemente, el endeudamiento y el saqueo de las oficinas públicas al final de los trienios.

Año y medio sin avances

El 28 de septiembre tampoco fue para celebrarse en el gobierno del estado. Su política de transparencia y acceso a la información no es clara y el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia de las diferentes dependencias es a cuenta gotas.
A 17 meses de que asumió la administración de Ángel Aguirre Rivero, ni siquiera se ha superado lo que hizo en la materia el gobierno estatal anterior, pues, por ejemplo, las páginas electrónicas se observan con escasa información o la que publican está desactualizada o no es útil para el monitoreo y seguimiento ciudadano de las acciones gubernamentales.
Todavía hay dependencias que no cuentan con información de oficio, como la Secretaría de Educación de Guerrero –que por cierto, es la dependencia de Guerrero que más recursos recibe-, la Procuraduría de Defensa de los Campesinos y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Algunas, como el Instituto del Deporte de Guerrero, en el apartado de información “relativa a sus funciones más relevantes que deberá incluir los indicadores de gestión utilizados para evaluar su desempeño”, abiertamente reconoce que esta obligación “no aplica porque no se cuenta con un sistema o un programa de evaluación de gestión”. Sin embargo, nadie les ha comentado que la evaluación de la función pública es una obligación establecida incluso en la Constitución y en diferentes leyes y no depende de si cuentan o no con un sistema de evaluación.
En general, el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia es desigual entre las diferentes dependencias del gobierno del estado, destacando que hay temas importantes para hacer posible el seguimiento ciudadano (indicadores de gestión, presupuesto y ejecución cuatrimestral por dependencia, auditorías realizadas, entre otros) que simplemente no se están publicando o la información corresponde a ejercicios de la administración anterior.

De la información reservada

Hace unos años, entre las dependencias federales se hizo frecuente responder a los solicitantes de información que los datos que requerían estaban reservados o eran inexistentes. En Guerrero, estas respuestas se dieron en los primeros meses después de que entró en vigor la ley de acceso a la información de 2006. Hoy resurgen estos recursos, sobre todo en las páginas electrónicas, donde las dependencias clasifican como reservados documentos que evidentemente son públicos.
El Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa, por ejemplo, registró como reservados documentos como el programa de ejecución de obras, un diagnóstico de infraestructura física educativa, los convenios de colaboración con los ayuntamientos o los avances de las obras, información que evidentemente es pública. La reserva es por seis años y el Igife argumenta que “se aplica debido a que [dar esta información] puede causar perjuicio al cumplimiento de leyes y menoscabe seriamente el patrimonio de una entidad pública”.
Igualmente la Coordinación General de Programas Sociales Guerrero Cumple tiene clasificados como reservados por un periodo indefinido de tiempo los “Expedientes de beneficiarios de los programas sociales” con el argumento de hacer “la guarda y custodia de los documentos personales de los beneficiarios”. Sin embargo, todas las leyes federales y de los estados establecen que los padrones de beneficiarios deben ser públicos. Incluso la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado establece que las dependencias públicas deberán difundir “el nombre de las personas físicas o morales, públicas o privadas a quienes, por cualquier motivo, se les entreguen recursos públicos federales, estatales o municipales. En su caso, así como el monto correspondiente”; por lo que no hay ninguna justificación para reservar esa información.
Caso extremos es el de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande, que tiene clasificados “los proyectos de investigación”, aunque no mencionan por cuanto tiempo, porque alegan que dar este tipo de información “se pone en riesgo la seguridad de las personas”.
Por su parte, Radio y Televisión de Guerrero tienen entre sus documentos reservados el acta de la primera sesión del Consejo de Administración del RTG, Boletines, Barra programática del canal 7 y convenios con empresas privadas y ayuntamientos, según argumentan, “para un control estricto de la información y constancia de hechos”. La reserva que hace de estos expedientes es hasta por 12 años
Por su parte, el Instituto Tecnológico de la Montaña clasifica como reservados (aunque no señala periodo ni motivación) documentos como las actas y acuerdos de la junta directiva, la distribución de carga horaria para el personal docente, los horarios de grupos y de docentes, las minutas de comité académico subdirección académica, documentos que deberían estar a disposición del público.

El congreso

Otro de los terrenos privilegiados de la opacidad en Guerrero es el Congreso del estado. Mientras estuvieron en el cargo, la opacidad con que se condujeron los diputados de la LIX Legislatura solo fue comparable con la de los municipios de Guerrero, ya que nunca dieron a conocer información estratégica sobre el presupuesto, el ejercicio de los recursos, comisiones, gastos de gestión y representación, entre otras.
Y con esta poca autoridad moral, tampoco intervinieron en contra de autoridades municipales que antes de concluir sus periodos era evidente que desviaban recursos.