Los apoyos a damnificados por los sismos, sin claridad

Marcos Méndez Lara
El Sur de Acapulco

Aunque los gobiernos federal y estatal anunciaron cuantiosos recursos financieros para apoyar a los miles de damnificados que sufrieron daños parciales o totales en sus viviendas por el sismo del 20 de marzo de 2012, lo cierto es que no hay ninguna claridad sobre los diferentes apoyos que se han brindado ni el número de beneficiarios  ni cómo han sido aplicados estos recursos.
Las dependencias federales y del gobierno del estado han hecho un manejo disperso y confuso de la información, de tal manera que no hay ninguna certeza de que los recursos se hayan canalizado a quienes realmente lo necesitan o que se hayan evitado los criterios partidistas.
De los “comités comunitarios de transparencia”, únicos actores no gubernamentales para vigilar la entrega de apoyos, no hay evidencia de que estén funcionando y en todo caso son insuficientes para vigilar la gran cantidad de recursos financieros que se ejercen en la región.

Los recursos del Fonden

El 26 de marzo, la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de emergencia para 19 municipios del estado de Guerrero tras el sismo de 7.4 grados richter ocurrido el 20 de marzo, con lo que se activaron los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). A partir de esta declaratoria, las autoridades tendrían recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.
De acuerdo con datos de esta dependencia, la población que resultó afectada fue de 32,716 personas de 19 municipios de la Costa Chica y Montaña.
Para apoyar de manera inmediata a esta población, con recursos del Fonden se entregaron 26,179 despensas, 27 mil cobertores, 27 mil colchonetas, 20,120 pacas de láminas de cartón, 26,499 láminas galvanizadas, 10 mil litros de agua, 5 mil kits de limpieza y 6 mil kits de aseo personal, entre los apoyos más importantes. Según el Fonden, estos artículos tuvieron un valor de 19.8 millones de pesos y fueron parte de los apoyos inmediatos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Fonden.
Sin embargo, a Guerrero también se le autorizaron recursos financieros para realizar acciones de reconstrucción por 448.3 millones de pesos, de los cuales el Fonden aportaría 224.8 millones y el gobierno del estado 223.5 millones de pesos.
Estos recursos se invertirían en vivienda (420.2 millones de pesos), gastos de evaluación de vivienda (1.8 millones), reparación de carreteras (8.4 millones), infraestructura educativa (8.6 millones) e infraestructura de salud (9.1 millones de pesos).
Días más tarde, debido a las réplicas del sismo del 20 de marzo, se autorizó una ampliación por 18.5 millones, para un gran total de 466.8 millones de pesos, de los que el Fonden aportó 237.1 millones y el gobierno del estado 229.7 millones de pesos. Cabe mencionar que no se registra ninguna otra aportación de alguna dependencia federal.
El boletín de prensa donde se anunció la declaratoria de emergencia destacó que “los suministros de auxilio que se autoricen y adquieran (…) son ajenos a los procesos electorales y a los partidos políticos. Éstos tienen como exclusiva finalidad el apoyo a la población afectada, por lo que queda estrictamente prohibida la utilización de los mismos con fines distintos a la pronta y efectiva respuesta ante la situación de emergencia”. Sin embargo, hay información confusa, que pone en duda que así se haya hecho.

La ayuda local

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del gobierno del estado informó que entregó diversos apoyos sociales como despensas, cobertores, agua, láminas galvanizadas, pacas de láminas de cartón, colchonetas , entre otros,  destinados a 48,129 personas de 20 municipios. También brindó apoyo psicológico, entregó “aparatos funcionales diversos”, y proporcionó consultas y canalizaciones de pacientes a hospitales.
Sin embargo, no informó sobre el costo de estos apoyos “ya que el DIF Estatal solamente coordinó la entrega de los apoyos”, dice la dependencia en su respuesta a una solicitud de información.
Por su parte, la Secretaría de Finanzas y Administración informó que hizo entrega de despensas por 1.6 millones de pesos, lonas para techos con un importe de 5.6 millones; pacas de láminas con un valor de 2.4 millones, para un total de 9.6 millones de pesos.
La Secretaría de Desarrollo Social federal, a través del programa de empleo temporal inmediato, gastó 39.8 millones de pesos para 19,982 beneficiarios cuyas viviendas sufrieron algún tipo de daño, esto equivale a 1,180 pesos a cada beneficiario.
Adicionalmente la delegación estatal de la Sedesol hizo entrega de 52 mil láminas de fibrocemento y 8,100 láminas galvanizadas.

Inconsistencia en los datos de la Sedesol

Las diferentes áreas de la Secretaría de Desarrollo Social federal que brindaron apoyo a la población afectada no coinciden en sus cifras. Por ejemplo, la delegación estatal informó que se registraron un total de 18,753 viviendas afectadas (12,042 con daño menor, 4,259 con daño parcial y 2,452 con daño total).
En el caso de las viviendas con daño parcial se invirtieron 119.2 millones de pesos, mientras para las que sufrieron daño total los recursos canalizados son por 294.2 millones, para un gran total de 413.4 millones de pesos.
Sin embargo, otra área de la propia Sedesol federal, la Dirección General de Desarrollo Territorial señala que además de brindar “asesoría al gobierno del estado sobre evaluación de daños en viviendas” , gestionó recursos para “la reconstrucción de 6,711 viviendas ante el Fonden apoyando a igual número de familias, en 390 localidades de 32 municipios, con un monto de 431.8 millones de pesos”.
Es decir, entre los datos de la delegación estatal y la Dirección General de Desarrollo Territorial, ambas de la Sedesol federal,  hay una diferencia de poco más de 12 mil viviendas afectadas  y de 18.4 millones de pesos de inversión en la reconstrucción de casas.
En el portal electrónico del Fonden se indica que del total de recursos destinados a la reconstrucción de viviendas por 430 millones de pesos, el gobierno del estado y el Fonden invertirán en partes iguales; pero no menciona que la Sedesol federal aportará alguna cantidad para estas acciones, como lo asegura la delegación de esa dependencia en Guerrero.
Otro de los datos que no coinciden es que la Dirección General Ajunta de Seguimiento a Programas de la Sedesol federal informó que “la Unidad de Microrregiones también se encuentra realizando acciones con sus respectivos programas”, pero la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, también de la Sedesol federal, contradice esto al informar que “la Unidad de Microrregiones después de realizar la búsqueda en los archivos correspondientes, informan que no encontraron información al respecto”, es decir sobre el apoyo brindado durante el sismo del 20de marzo.

La versión de la Sedesol estatal

En el ámbito estatal tampoco coinciden las cifras. En respuesta a una solicitud de información, la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado informó que se destinaron 700 millones de pesos a la atención de los daños parciales y totales en las viviendas, de los cuales 350 millones serían aportados por el gobierno estatal y el resto por la Sedesol federal.
Estos datos no coinciden con los 430 millones de pesos que informa el Fonden para el mismo fin ni con los 413.4 millones que registra la delegación estatal de la Sedesol.
Asimismo, la Sedesol estatal recomendó acudir a la Sefina porque ésta se encontraba “en posibilidades de informar de qué partidas presupuestales se utilizó dicho recurso”. Cabe mencionar que éste es un recurso muy utilizado por las dependencias del Ejecutivo del estado para no informar respecto de las finanzas públicas estatales, y generalmente se refieren a la Sefina como la dependencia a la que se debe solicitar este tipo de información.
Por tal motivo, se presentó una solicitud para conocer el monto de los recursos del gobierno del estado para la atención de los daños, dependencias que ejecutaron el gasto y los conceptos de apoyo que se brindaron.
Pero la Sefina informó escuetamente que apoyó con despensas por 1.6 millones de pesos, lonas para techos con un importe de 5.6 millones; pacas de láminas con un valor de 2.4 millones de pesos. Sólo eso. Y recomendó solicitar la información a las dependencias y entidades estatales Dif, Sedesol, Invisur, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil.

El caso de las viviendas

A finales de junio de 2012, la titular de la Sedesol estatal, Beatriz Mojica Morga, informó que el gobierno del estado se encargaría de construir 1,294 viviendas que presentaron daños totales y 1, 848 con daños parciales, en cuyo proceso participan 53 empresas constructoras del estado. Por su parte el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Jorge Enrique Díaz Jiménez, informó que a finales de agosto, habrían de concluirse los trabajos de construcción y rehabilitación de viviendas.
Se presentó entonces una solicitud de información a la Sedesol estatal sobre el presupuesto destinado a la reconstrucción y origen de los recursos; nombre de constructoras que se encargarían de construir las nuevas viviendas; mecanismos y fundamento legal en que se eligieron a dichas empresas; padrón de beneficiarios de vivienda.
Pero la Sedesol estatal afirmó que no cuenta con esta información y sugirió pedirla a la Seduop, dependencia a la que se le presentaron los mismos requerimientos, pero también dijo no tener esos datos  y recomendó solicitarla al Invisur…
Para aclarar este nudo informativo, se solicitó una entrevista con la secretaria de desarrollo social, Beatriz Mojica, entrevista que no negó, pero tampoco concedió.

La vigilancia ciudadana

En abril pasado, el gobierno del estado anunció la integración de comités ciudadanos en cada una de las comunidades afectadas, “para garantizar que los apoyos que se están entregando sean de manera transparente y directa a las familias que salieron perjudicas por el terremoto del pasado 20 de marzo”. De acuerdo con el boletín de la Sedesol estatal, los comités ciudadanos tienen la finalidad de que los propios habitantes de las comunidades vigilen la entrega de los apoyos a las familias que fueron afectadas.
Para conocer más sobre estas figuras comunitarias, se presentó una solicitud de información sobre el número de comités constituidos, comunidades y municipios donde se instalaron, funciones y formas de operación, así como los reportes, informes o evaluaciones entregados por estos comités.
La Sedesol estatal respondió que se integraron 43 “comités comunitarios de transparencia” en 16 municipios de la Costa Chica y Montaña.  “Esto permitió, dijo la dependencia, que no hubiera ningún tipo de desvío de los materiales entregados en cada comunidad. Lo anterior en virtud de que los integrantes de estos comités son los que mejor conocen a los ciudadanos de su comunidad”.
Sin embargo, la dependencia no entregó ningún reporte, informe o evaluación formulado por estos comités, por lo que no se descarta que estas contralorías sociales, al igual que en otros programas sociales, sean sólo decorativas. No hay evidencia de lo contrario.
Al cruzar la información, se encontró que en municipios reportados con alto número de viviendas afectadas por el siniestro no se reportó la integración de comités comunitarios de transparencia, como Ometepec (2,579 viviendas dañadas parcial o totalmente), Xochistlahuaca (1,007 viviendas afectadas) o San Luis Acatlán (454 casas).
En cambio, en municipios con menos reportes de daños a viviendas si se integraron los comités comunitarios, como es el caso del municipio de Olinalá (con cinco viviendas dañadas), Tlalixtaquilla (no reporta daños en viviendas) y Copanatoyac (con 27 reportes de viviendas afectadas).