Los números detrás de la formación de maestros

Marcos Méndez Lara
El Sur de Acapulco

En la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa son muy pocos los que conocen el monto y los conceptos en que se gasta el presupuesto destinado a este centro educativo. Ni siquiera el director de la escuela conoce con detalle los recursos que se invierten, ya que la mayor parte de éstos son ejercidos de manera directa por la Secretaría de Educación en Guerrero, y él, como autoridad formal, prácticamente no tienen ninguna injerencia en la administración del dinero.

Esta falta de información hacia los alumnos, maestros, directivos y padres de familia sobre lo que sucede con el presupuesto y la manera discrecional como se manejan los recursos se suma a los numerosos problemas que aquejan a la institución –algunos incluso son consecuencia de esta práctica-, como la baja calidad educativa, instalaciones abandonadas, falta de equipo, deficiencias que la colocan en un estado vulnerable tal que los más críticos de este tipo de educación lo utilizan como argumento para demandar la desaparición de la escuela.
El ejercicio del presupuesto de la normal de Ayotzinapa se ha convertido en un mecanismo de control de las autoridades educativas, pero también esta discrecionalidad es motivo de la constante movilización de los alumnos que buscan arrancar parte de esos recursos para la cobertura de sus demandas. Un juego que ha sido muy costoso, no sólo para la calidad educativa y el prestigio de la escuela, sino por las “molestias” que provocan las movilizaciones  de los jóvenes en un sector de la sociedad y sobre todo, por el lamentable saldo de estudiantes heridos y fallecidos a lo largo de varios años.

La danza de las cifras

Existen nueve escuelas normales públicas en el estado, con una matrícula de ingreso de 790 jóvenes. También operan tres centros de actualización del magisterio (Iguala, Chilpancingo y Acapulco) en el que se preparan 910 docentes. Los planteles de la Escuela Normal Rural Raúl I. Burgos de Ayotzinapa y el Centro Regional de Educación Normal Adolfo López Mateos, son las escuelas donde más alumnos ingresan, con 140; le siguen el Escuela Normal Regional de la Montaña con 100 jóvenes, y la Centenaria Escuela Normal del Estado Ignacio Manuel Altamirano, con 90 estudiantes.
Pero también existen 12 planteles privados que se dedican a preparar docentes, por lo que la saturación de esta profesión ya es evidente, debido a la falta de planeación y a la toma de decisiones firmes para promover otras carreras acordes con las necesidades del estado.
En materia presupuestal, nada es claro en la Secretaría de Educación de Guerrero. Los recursos invertidos en las escuelas normales durante 2011 fueron del orden de 46.1 millones de pesos, de los cuales 10.1 millones se destinaron a la Normal de Ayotzinapa.
Sin embargo, los presupuestos que anuncia la Secretaría de Educación de Guerrero para los ejercicios de 2005 a 2011, destinados a la Normal de Ayotzinapa tienen una trayectoria errática. En 2005, por ejemplo, se le asignó un presupuesto global de 6.1 millones de pesos (no incluye los salarios de los docentes) y en 2011 fue de 10.1 millones. Sin embargo, en 2007 se registra un presupuesto de 10.8 millones de pesos (mayor que el de 2011) pero al año siguiente disminuye a 4.4 millones de pesos.
Si son ciertos los datos que ofrece la dependencia –obtenidos por una resolución del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, luego de que la SEG no atendió en tiempo una solicitud de información- los recursos para la alimentación de los alumnos son bajísimos, ya que en 2005  se presupuestaban 2.2 millones de pesos anuales que equivalían a 17.90 pesos por alumno por día, si se calculan 500 alumnos durante 250 días en un año. El caso más dramático es el de 2008, cuando se tienen registrados 1.1 millones de pesos para alimentación de los jóvenes, lo que equivale a 9.1 pesos diarios.
Asimismo, el dinero destinado al mantenimiento del plantel es muy reducido. En 2005, 2008 y 2011, por ejemplo, la SEG no registra ninguna cantidad para este concepto, mientras que en 2009 y 2010 se tienen montos de 9 mil 300 y 2 mil 200 pesos, respectivamente. Hay un año atípico, 2007, en el que se invirtieron 678 mil 295 pesos.
Independientemente de estas cifras, personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos visitó el plantel y observó que “las condiciones de uso y mantenimiento en las que se encontraban (las instalaciones de la escuela) no cumplían con los requisitos de higiene y salubridad que permitiera la existencia de un ambiente digno y decoroso para el ejercicio efectivo de los derechos a la educación, protección a la salud, vivienda y desarrollo”.
Estos bajísimos presupuestos y situación de las instalaciones contrastan con el anuncio que hizo el gobernador del estado, en junio pasado, para destinar 30 millones de pesos en el mejoramiento de la infraestructura de la Normal Raúl Isidro Burgos.

La información como control

De acuerdo con el director de la Normal de Ayotzinapa, Humberto Santos Bautista, en el plantel trabajan 162 personas, de las cuales 52 son docentes y el resto son personal administrativo y de intendencia (veladores, médicos, cocineros). Los salarios que perciben son de lo más variado, ya que van de los 3 mil pesos mensuales que obtienen algunos empleados que están por contrato, hasta 30 mil pesos que ganan los profesores que se ubican en las categorías más altas y cuentan con tiempo competo.
Santos Bautista reconoció que a él no se le toma en cuenta para  el ejercicio de los recursos. “Hay un presupuesto global para la escuela, pero no se conoce exactamente a qué rubros se destina. Por ejemplo, además de la comida, hay gastos para uniformes deportivos, para la escolta y esto sale directamente de la SEG o esta misma dependencia hace las compras; pero hay otros rubros como los recursos que los chamacos reciben para clausura, su aniversario, para el día del maestro, para el día de las madres, etc., esto la secretaría lo negocia directamente con los estudiantes. No está mal que los estudiantes desarrollen sus capacidades autogestivas, pero hay que hacerlas trasparentes.”

Revisión al FAEB

El Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) se integra con recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados para que éstos presten los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros.
Aunque son recursos “etiquetados”, es decir, destinados  a financiar acciones específicas del ramo educativo,  los gobiernos estatales con frecuencia los utilizan como propios. En el caso de Guerrero, según la revisión que realizó la Auditoría Superior de la Federación al FAEB del ejercicio 2010, el 4.1% del total de recursos ejercidos del FAEB se destinó a rubros que no corresponden a los fines de la educación básica o normal; y ejemplifica que 0.5% del total de trabajadores financiados con FAEB corresponde a personal que no imparte directamente educación básica y normal (304 trabajadores), de los cuales, 0.6% estuvo comisionado a las agrupaciones sindicales diversas (414 personas).
En términos generales, la ASF consideró que el gobierno del estado de Guerrero no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, y destacó los siguientes: pagos a centros de trabajo no financiables por el FAEB por 7.6 millones de pesos, pagos a trabajadores asignados en un centro de trabajo no localizado en el catálogo general por 128 mil 900 pesos; pagos a categorías no financiables con el fondo por 159.8 millones; pagos a personal que no contó con el contrato respectivo de honorarios y realizar pagos por compensaciones las cuales no se encuentran estipuladas en los contratos por 70.5 millones.
Asimismo, pagos por concepto de estímulos, bonos y compensaciones los cuales no son financiables con el fondo por 83.4 millones de pesos, pagos a empleados que contaban con algún tipo de licencia sin goce de sueldo por 2.7 millones; pagos a empleados que se encuentran comisionados a alguna sección sindical por 51 millones; pagos a empleados que cuentan con distinto nivel de carrera magisterial al reportado por 7.6 millones.
La ASF también reportó pagos de diversos gastos de operación a partidas no financiables con el fondo por 63.6 millones de pesos; pagos de cuotas SAR, FOVISSSTE de ejercicios anteriores a 2010 por 230.6 millones; pagos por concepto de intereses, recargos y actualizaciones de cuotas ISR, IVA, SAR, FOVISSSTE e ISSSTE de los ejercicios 2001 al 2010 por 44.4 millones de pesos, y pagos a 14 trabajadores comisionados al SNTE y no identificados como personal laboral por 5.4 millones de pesos.

La transparencia como demanda

La transparencia del presupuesto de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos se ha convertido también en una demanda del pliego petitorio de los estudiantes de ese plantel, según se reseña en la información que publica el gobierno del estado en su página electrónica.
De acuerdo con esta fuente, en una de las reuniones de junio pasado entre autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero y el comité estudiantil de la normal se acordaron una serie de puntos, entre los que destaca que “se entregará (a los estudiantes) información sobre el presupuesto solicitado, asignado y ejercido para la Normal a partir de 2011, así como del que se entrega mensualmente para los gastos de la escuela en 2012”.
Durante esta reunión se acordó también “la entrega de información relativa a los presupuestos designados por las diversas dependencias que están vinculadas a la Normal, con la finalidad de fortalecer la transparencia en la aplicación de dichos recursos, además de que se deberá considerar en los presupuestos raciones para días inhábiles y guardias vacacionales para 200 alumnos”
Otro de los puntos fundamentales es la intervención que podrán tener los jóvenes en cualquier proyecto educativo que se realice en la escuela normal, pues acordaron que “los proyectos que atiendan la agenda educativa de la Normal de Ayotzinapa deberán ser conocidos por el Comité Estudiantil, y que se asegure su participación en el diseño y ejecución de programas académicos y actividades relativas a la calidad educativa de esa institución”.

Un proyecto educativo diferente

Además de la transparencia y de la rendición de cuentas de todas las actividades y recursos en la Normal de Ayotzinapa, otro de los factores para contribuir al fortalecimiento de la escuela es el desarrollo de un proyecto educativo diferente, que a decir de Santos Bautista, fue el motivo por el que aceptó hacerse cargo de la dirección del plantel.
“Un proyecto académico que incluya formación docente adecuada a las necesidades actuales, ya que Ayotzinapa es una escuela para formar maestros rurales en un estado eminentemente rural, pero paradójicamente con mucho desconocimiento de la situación rural por parte de maestros y funcionarios de la propia SEG. Y cuando digo que no conocen, no me refiero a las rutas o caminos, sino que culturalmente desconocen todo sobre estas comunidades, hay una desvinculación con el medio rural”
Agregó el directivo de la escuela normal que para desarrollar un proyecto de esta naturaleza es necesario conjuntar voluntades, pues si la sociedad no exige maestros mejor formados, si no exige transparencia en los recursos que se invierten, y si el gobierno no impulsa y apoya este proyecto, no se podrá avanzar mucho.
Este trabajo para diseñar y proponer un nuevo proyecto académico en la Normal de Ayotzinapa que impulsa Santos Bautista tiene su sustento en una de las recomendaciones emitidas por la CNDH al gobierno del estado: “Se revisen las políticas públicas en materia educativa, con el objetivo de que los alcances de éstas beneficien a todos los habitantes del estado de Guerrero, y se implemente un programa emergente que atienda las necesidades de las escuelas normales rurales, especialmente la “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa”.
“Lo que sí me queda claro –concluye Humberto Santos Bautista- es que si no hay un cambio en la educación para maestros no sé qué vaya a pasar con la institución, y no solo habló de Ayotzinapa, sino de todas las normales y de la educación en general. Creo se tiene la oportunidad histórica con base en la recomendación de la CNDH, y si la escuela logra transformarse, va a ser un referente no sólo estatal sino nacional. Desde luego es un cambio cultural difícil porque toca intereses, complejo por los diferentes actores que intervienen, pero no hay otra alternativa, debe darse ese cambio, esa transformación educativa integral en el que todos participen y que contemplen un proyecto vinculado a las necesidades del estado para que los alumnos encuentren un espacio de trabajo”.