Los números detrás de la formación de maestros

Marcos Méndez Lara
El Sur de Acapulco

En la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa son muy pocos los que conocen el monto y los conceptos en que se gasta el presupuesto destinado a este centro educativo. Ni siquiera el director de la escuela conoce con detalle los recursos que se invierten, ya que la mayor parte de éstos son ejercidos de manera directa por la Secretaría de Educación en Guerrero, y él, como autoridad formal, prácticamente no tienen ninguna injerencia en la administración del dinero.

Esta falta de información hacia los alumnos, maestros, directivos y padres de familia sobre lo que sucede con el presupuesto y la manera discrecional como se manejan los recursos se suma a los numerosos problemas que aquejan a la institución –algunos incluso son consecuencia de esta práctica-, como la baja calidad educativa, instalaciones abandonadas, falta de equipo, deficiencias que la colocan en un estado vulnerable tal que los más críticos de este tipo de educación lo utilizan como argumento para demandar la desaparición de la escuela.
El ejercicio del presupuesto de la normal de Ayotzinapa se ha convertido en un mecanismo de control de las autoridades educativas, pero también esta discrecionalidad es motivo de la constante movilización de los alumnos que buscan arrancar parte de esos recursos para la cobertura de sus demandas. Un juego que ha sido muy costoso, no sólo para la calidad educativa y el prestigio de la escuela, sino por las “molestias” que provocan las movilizaciones  de los jóvenes en un sector de la sociedad y sobre todo, por el lamentable saldo de estudiantes heridos y fallecidos a lo largo de varios años.

La danza de las cifras

Existen nueve escuelas normales públicas en el estado, con una matrícula de ingreso de 790 jóvenes. También operan tres centros de actualización del magisterio (Iguala, Chilpancingo y Acapulco) en el que se preparan 910 docentes. Los planteles de la Escuela Normal Rural Raúl I. Burgos de Ayotzinapa y el Centro Regional de Educación Normal Adolfo López Mateos, son las escuelas donde más alumnos ingresan, con 140; le siguen el Escuela Normal Regional de la Montaña con 100 jóvenes, y la Centenaria Escuela Normal del Estado Ignacio Manuel Altamirano, con 90 estudiantes.
Pero también existen 12 planteles privados que se dedican a preparar docentes, por lo que la saturación de esta profesión ya es evidente, debido a la falta de planeación y a la toma de decisiones firmes para promover otras carreras acordes con las necesidades del estado.
En materia presupuestal, nada es claro en la Secretaría de Educación de Guerrero. Los recursos invertidos en las escuelas normales durante 2011 fueron del orden de 46.1 millones de pesos, de los cuales 10.1 millones se destinaron a la Normal de Ayotzinapa.
Sin embargo, los presupuestos que anuncia la Secretaría de Educación de Guerrero para los ejercicios de 2005 a 2011, destinados a la Normal de Ayotzinapa tienen una trayectoria errática. En 2005, por ejemplo, se le asignó un presupuesto global de 6.1 millones de pesos (no incluye los salarios de los docentes) y en 2011 fue de 10.1 millones. Sin embargo, en 2007 se registra un presupuesto de 10.8 millones de pesos (mayor que el de 2011) pero al año siguiente disminuye a 4.4 millones de pesos.
Si son ciertos los datos que ofrece la dependencia –obtenidos por una resolución del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, luego de que la SEG no atendió en tiempo una solicitud de información- los recursos para la alimentación de los alumnos son bajísimos, ya que en 2005  se presupuestaban 2.2 millones de pesos anuales que equivalían a 17.90 pesos por alumno por día, si se calculan 500 alumnos durante 250 días en un año. El caso más dramático es el de 2008, cuando se tienen registrados 1.1 millones de pesos para alimentación de los jóvenes, lo que equivale a 9.1 pesos diarios.
Asimismo, el dinero destinado al mantenimiento del plantel es muy reducido. En 2005, 2008 y 2011, por ejemplo, la SEG no registra ninguna cantidad para este concepto, mientras que en 2009 y 2010 se tienen montos de 9 mil 300 y 2 mil 200 pesos, respectivamente. Hay un año atípico, 2007, en el que se invirtieron 678 mil 295 pesos.
Independientemente de estas cifras, personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos visitó el plantel y observó que “las condiciones de uso y mantenimiento en las que se encontraban (las instalaciones de la escuela) no cumplían con los requisitos de higiene y salubridad que permitiera la existencia de un ambiente digno y decoroso para el ejercicio efectivo de los derechos a la educación, protección a la salud, vivienda y desarrollo”.
Estos bajísimos presupuestos y situación de las instalaciones contrastan con el anuncio que hizo el gobernador del estado, en junio pasado, para destinar 30 millones de pesos en el mejoramiento de la infraestructura de la Normal Raúl Isidro Burgos.

La información como control

De acuerdo con el director de la Normal de Ayotzinapa, Humberto Santos Bautista, en el plantel trabajan 162 personas, de las cuales 52 son docentes y el resto son personal administrativo y de intendencia (veladores, médicos, cocineros). Los salarios que perciben son de lo más variado, ya que van de los 3 mil pesos mensuales que obtienen algunos empleados que están por contrato, hasta 30 mil pesos que ganan los profesores que se ubican en las categorías más altas y cuentan con tiempo competo.
Santos Bautista reconoció que a él no se le toma en cuenta para  el ejercicio de los recursos. “Hay un presupuesto global para la escuela, pero no se conoce exactamente a qué rubros se destina. Por ejemplo, además de la comida, hay gastos para uniformes deportivos, para la escolta y esto sale directamente de la SEG o esta misma dependencia hace las compras; pero hay otros rubros como los recursos que los chamacos reciben para clausura, su aniversario, para el día del maestro, para el día de las madres, etc., esto la secretaría lo negocia directamente con los estudiantes. No está mal que los estudiantes desarrollen sus capacidades autogestivas, pero hay que hacerlas trasparentes.”

Revisión al FAEB

El Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) se integra con recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados para que éstos presten los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros.
Aunque son recursos “etiquetados”, es decir, destinados  a financiar acciones específicas del ramo educativo,  los gobiernos estatales con frecuencia los utilizan como propios. En el caso de Guerrero, según la revisión que realizó la Auditoría Superior de la Federación al FAEB del ejercicio 2010, el 4.1% del total de recursos ejercidos del FAEB se destinó a rubros que no corresponden a los fines de la educación básica o normal; y ejemplifica que 0.5% del total de trabajadores financiados con FAEB corresponde a personal que no imparte directamente educación básica y normal (304 trabajadores), de los cuales, 0.6% estuvo comisionado a las agrupaciones sindicales diversas (414 personas).
En términos generales, la ASF consideró que el gobierno del estado de Guerrero no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, y destacó los siguientes: pagos a centros de trabajo no financiables por el FAEB por 7.6 millones de pesos, pagos a trabajadores asignados en un centro de trabajo no localizado en el catálogo general por 128 mil 900 pesos; pagos a categorías no financiables con el fondo por 159.8 millones; pagos a personal que no contó con el contrato respectivo de honorarios y realizar pagos por compensaciones las cuales no se encuentran estipuladas en los contratos por 70.5 millones.
Asimismo, pagos por concepto de estímulos, bonos y compensaciones los cuales no son financiables con el fondo por 83.4 millones de pesos, pagos a empleados que contaban con algún tipo de licencia sin goce de sueldo por 2.7 millones; pagos a empleados que se encuentran comisionados a alguna sección sindical por 51 millones; pagos a empleados que cuentan con distinto nivel de carrera magisterial al reportado por 7.6 millones.
La ASF también reportó pagos de diversos gastos de operación a partidas no financiables con el fondo por 63.6 millones de pesos; pagos de cuotas SAR, FOVISSSTE de ejercicios anteriores a 2010 por 230.6 millones; pagos por concepto de intereses, recargos y actualizaciones de cuotas ISR, IVA, SAR, FOVISSSTE e ISSSTE de los ejercicios 2001 al 2010 por 44.4 millones de pesos, y pagos a 14 trabajadores comisionados al SNTE y no identificados como personal laboral por 5.4 millones de pesos.

La transparencia como demanda

La transparencia del presupuesto de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos se ha convertido también en una demanda del pliego petitorio de los estudiantes de ese plantel, según se reseña en la información que publica el gobierno del estado en su página electrónica.
De acuerdo con esta fuente, en una de las reuniones de junio pasado entre autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero y el comité estudiantil de la normal se acordaron una serie de puntos, entre los que destaca que “se entregará (a los estudiantes) información sobre el presupuesto solicitado, asignado y ejercido para la Normal a partir de 2011, así como del que se entrega mensualmente para los gastos de la escuela en 2012”.
Durante esta reunión se acordó también “la entrega de información relativa a los presupuestos designados por las diversas dependencias que están vinculadas a la Normal, con la finalidad de fortalecer la transparencia en la aplicación de dichos recursos, además de que se deberá considerar en los presupuestos raciones para días inhábiles y guardias vacacionales para 200 alumnos”
Otro de los puntos fundamentales es la intervención que podrán tener los jóvenes en cualquier proyecto educativo que se realice en la escuela normal, pues acordaron que “los proyectos que atiendan la agenda educativa de la Normal de Ayotzinapa deberán ser conocidos por el Comité Estudiantil, y que se asegure su participación en el diseño y ejecución de programas académicos y actividades relativas a la calidad educativa de esa institución”.

Un proyecto educativo diferente

Además de la transparencia y de la rendición de cuentas de todas las actividades y recursos en la Normal de Ayotzinapa, otro de los factores para contribuir al fortalecimiento de la escuela es el desarrollo de un proyecto educativo diferente, que a decir de Santos Bautista, fue el motivo por el que aceptó hacerse cargo de la dirección del plantel.
“Un proyecto académico que incluya formación docente adecuada a las necesidades actuales, ya que Ayotzinapa es una escuela para formar maestros rurales en un estado eminentemente rural, pero paradójicamente con mucho desconocimiento de la situación rural por parte de maestros y funcionarios de la propia SEG. Y cuando digo que no conocen, no me refiero a las rutas o caminos, sino que culturalmente desconocen todo sobre estas comunidades, hay una desvinculación con el medio rural”
Agregó el directivo de la escuela normal que para desarrollar un proyecto de esta naturaleza es necesario conjuntar voluntades, pues si la sociedad no exige maestros mejor formados, si no exige transparencia en los recursos que se invierten, y si el gobierno no impulsa y apoya este proyecto, no se podrá avanzar mucho.
Este trabajo para diseñar y proponer un nuevo proyecto académico en la Normal de Ayotzinapa que impulsa Santos Bautista tiene su sustento en una de las recomendaciones emitidas por la CNDH al gobierno del estado: “Se revisen las políticas públicas en materia educativa, con el objetivo de que los alcances de éstas beneficien a todos los habitantes del estado de Guerrero, y se implemente un programa emergente que atienda las necesidades de las escuelas normales rurales, especialmente la “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa”.
“Lo que sí me queda claro –concluye Humberto Santos Bautista- es que si no hay un cambio en la educación para maestros no sé qué vaya a pasar con la institución, y no solo habló de Ayotzinapa, sino de todas las normales y de la educación en general. Creo se tiene la oportunidad histórica con base en la recomendación de la CNDH, y si la escuela logra transformarse, va a ser un referente no sólo estatal sino nacional. Desde luego es un cambio cultural difícil porque toca intereses, complejo por los diferentes actores que intervienen, pero no hay otra alternativa, debe darse ese cambio, esa transformación educativa integral en el que todos participen y que contemplen un proyecto vinculado a las necesidades del estado para que los alumnos encuentren un espacio de trabajo”.

 

 

El ayuntamiento de Chilpancingo concluye su gobierno en la opacidad

El Sur de Acapulco

Marcos Méndez Lara

El ayuntamiento que gobierna al segundo municipio más importante del estado, Chilpancingo, mantuvo durante tres años y medio un perfil de opacidad en sus finanzas y en el ejercicio de los recursos públicos.

La  manera oscura en que manejan las licitaciones para la compra de fertilizante, los resultados de la revisión a la cuenta pública del ayuntamiento capitalino emitidos por la Auditoría Superior de la Federación y las calificaciones obtenidas por este gobierno en el ejercicio que realiza el grupo Ciudadanos por Municipios Transparentes, son ejemplos de la manera poco transparente en que se ha conducido el gobierno de Chilpancingo.
Esto contrasta con los mensajes de su portal electrónico, en donde el ayuntamiento presume que “en materia de transparencia, Chilpancingo se destaca como el primer Municipio en firmar el convenio institucional de colaboración entre El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG)”.
Igualmente, se jacta de haber recibido en febrero pasado un reconocimiento por parte de los comisionados del ITAIG “por apoyar el fortalecimiento de la cultura de la transparencia informativa”. Pero los hechos, dicen lo contrario.

La licitación de fertilizante

El 7 de marzo de 2012 presentamos ante el ayuntamiento de Chilpancingo, una solicitud de información para que entregara, entre otros documentos, las actas del comité de adquisiciones referentes a la licitación del fertilizante que ese gobierno municipal distribuye entre los campesinos. La información que se requirió fue de los ejercicios de 2009 a 2012.
El ayuntamiento respondió hasta el 4 de mayo (fuera del tiempo que establece la ley) con la entrega de varios documentos, que efectivamente sí se solicitaron, pero no entregó ninguna información sobre la licitación del fertilizante.
Al respecto, la Secretaría de la Función Pública del ayuntamiento argumentó que “lo que solicita está clasificado como información confidencial debido a que contiene información de hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico y administrativo de las personas físicas y morales que participan en dicho proceso de licitación, por lo que estos datos requieren del consentimiento de dichas personas que intervienen en el proceso indicado y no se cuenta con la autorización correspondiente de lo antes mencionado”.
Una licitación es un hecho público y quienes en ella intervienen (personas físicas y morales) también adquieren ese carácter público en este acto, porque concursan y en su caso reciben recursos provenientes de los impuestos de todos los mexicanos.
Por tal motivo, el 7 de mayo se presentó una queja ante el ITAIG señalando la improcedencia de lo dicho por el ayuntamiento. Un mes después, el 4 de junio, el ITAIG emitió una resolución en donde ordenó al ayuntamiento capitalino entregar la información solicitada dándole un plazo de 10 días.
Asimismo, en la resolución se lee que el ayuntamiento de Chilpancingo no rindió el informe para responder a la queja, por lo que recibió un apercibimiento “para que en los subsecuentes requerimientos cumpla en los términos correspondientes”.

Los documentos entregados

Aunque se solicitaron únicamente las actas del comité de adquisiciones sobre la licitación del programa de fertilizante, el ayuntamiento de Chilpancingo presentó una carpeta de más de 250 páginas y advirtió que las copias serían pagadas por el solicitante. Era ésta una forma de desalentar la entrega. Sin embargo, aceptamos pagar las copias, pues la ley previene que los solicitantes de información cubrirán el costo de los documentos que le sean entregados.
En los papeles encontramos que el Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del municipio de Chilpancingo lo integran el alcalde y síndico, así como los secretarios de obras públicas, de finanzas municipales y desarrollo social y humano. Pero también forma parte del comité, el regidor del Partido Acción Nacional, Fortunato Guerrero Gómez, quien con su firma avala todas las actas de dicho comité.
Uno de los puntos que develan la intención de los funcionarios del ayuntamiento de ocultar información clave es que en el acta de fallo para la compra de fertilizante del ejercicio 2011, inexplicablemente no aparece una hoja, precisamente donde se da a conocer el nombre de la empresa a la que se le adjudica el contrato por alrededor de 17.3 millones de pesos.
Asimismo, en el ejercicio 2010, también de manera poco creíble, siete hojas aparecen ilegibles por una impresión defectuosa –sólo siete, de 250-, cuatro de las cuales corresponden precisamente al fallo de licitación del fertilizante de ese año y en las que buscaron ocultar el nombre de la empresa adjudicada.
Hubo pues, un intento deliberado por ocultar el nombre de la empresa adjudicada. Sin embargo, por información localizada en otras fuentes, se sabe que en las cuatro licitaciones del actual ayuntamiento municipal de Chilpancingo, la empresa adjudicada es “C. Miguel Ángel Moreno Montaño y/o Fertilizantes del Centro”.
El monto que se “concursó” durante estos tres años y medio, sólo por la compra de fertilizante es del orden de 65 millones de pesos.
La pregunta es ¿si todos los procesos de licitación se realizaron legal y legítimamente, por qué ocultar tan burdamente la información?

La revisión de la ASF

Como resultado de la más reciente revisión al ejercicio de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2010 al ayuntamiento de Chilpancingo,  la Auditoría Superior de la Federación emitió un dictamen negativo para este municipio.
En su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, la ASF consideró que el gobierno municipal capitalino “en términos generales y respecto de la muestra auditada (…) no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, respecto de las operaciones examinadas” y destacó que el ayuntamiento aplicó recursos financieros en obras y acciones que no beneficiaron a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema y en rubros no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal.
En materia de transparencia, el órgano fiscalizador federal se refirió a varias omisiones del ayuntamiento de Chilpancingo. Por ejemplo, no informó a sus “habitantes el monto de los recursos recibidos mediante el FISM, las obras y acciones por realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios; ni al término del ejercicio, los resultados alcanzados, sólo publicó de manera parcial la inversión a ejercer de diversas obras”.
Tampoco remitió ningún informe a la Sedesol federal sobre la utilización de los recursos del fondo.
Asimismo, la SF comprobó que los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo no fueron publicados por el municipio en el órgano local oficial de difusión, ni se pusieron a disposición del público en general a través de su página electrónica de Internet o de otros medios locales de difusión.
Respecto de la participación social, la ASF encontró que el ayuntamiento capitalino construyó obras que no fueron solicitadas por la ciudadanía y en ninguna obra halló evidencia de que la gente participara en la programación, destino, aplicación, vigilancia, ejecución, control, seguimiento y evaluación de sus obras, como lo establece la ley.
El órgano fiscalizador también señala que el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal en 2010 no realizó ninguna sesión; tampoco se priorizan las obras y acciones realizadas; no se cuenta con la autorización detallada de las obras por el cabildo y no se evalúan, ni se da seguimiento a las obras y acciones del fondo.
Igualmente se encontraron irregularidades en ocho obras, que no se realizaron por contrato, y que las mismas exceden el monto máximo para adjudicación directa.

Evaluación CIMTRA

Aunque Chilpancingo se encuentra entre los municipios “mejor” calificados del estado de Guerrero en materia de transparencia, según la evaluación que realizan ciudadanos y organizaciones del capítulo en Guerrero de Cimtra, lo cierto es que si se dimensiona esta calificación no hay motivo para vanagloriarse.
La escala que establece la metodología Cimtra es de 0 a 100, y las cuatro evaluaciones realizadas a la fecha colocan al ayuntamiento de Chilpancingo en un promedio de 21 puntos, muy lejos del gobierno municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, que tiene 83 puntos; Tlajomulco y Zapopan, ambos de Jalisco, que tienen 76; o del ayuntamiento de Puebla, que suma 71 puntos.
En la última evaluación, el mayor puntaje que obtuvo un municipio guerrerense (Acapulco) fue de 20, siguiéndole Chilpancingo con 18 puntos, Taxco con 13, San Marcos 12, Chilapa 11 y Huamuxtitlán con 10.
De ahí en fuera, los 24 municipios restantes evaluados tuvieron calificaciones debajo de los 10 puntos destacando entre ellos Juan R. Escudero y Atlamajalcingo del Monte, que obtuvieron cero puntos, y Florencio Villarreal, San Luis Acatlán, Tlacochistlahuaca, Xochistlahuaca, Alcozauca, Malinaltepec, Alpoyeca y Benito Juárez, que solo tuvieron un punto de cien posibles. 
No es pues ningún orgullo estar entre los mejor evaluados de Guerrero.