La contraloría social en la UPOEG

Marcos Méndez Lara,  el Sur de Acapulco

En los pueblos y comunidades de Guerrero cada vez se manifiesta más la inconformidad y el descontento de la gente por las obras y servicios que los gobiernos de los tres órdenes le proporcionan a la gente, sobre todo en las poblaciones más apartadas.

Aunque las autoridades y los sindicatos respectivos lo nieguen o digan que no es un problema generalizado, hay miles de maestros que no cumplen con los días y horarios que debieran estar frente a grupo, además de muchas escuelas en pésimas condiciones.

En los centros de salud, lo cotidiano no solo es el ausentismo de médicos y enfermeras, sino la  carencia de lo más elemental como medicamentos y el equipo básico necesario para prestar una atención de calidad mínima.

En el ámbito de la infraestructura básica, los grandes problemas se resumen en escasez de obras, no concluidas o de mala calidad; un caso específico actual es el de las carreteras que están en proceso de construcción, en donde existen numerosos problemas, y los únicos perjudicados son los que serían beneficiarios.

Cada año, cientos de millones de pesos se despilfarran por la falta de planeación, porque no hay políticas públicas que contribuyan al uso eficiente y eficaz de los recursos y también por la corrupción. Todo esto en detrimento del disfrute pleno de los derechos a la salud, educación, seguridad, acceso a servicios básicos de miles de hombres y mujeres guerrerenses.

En este marco, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que tuvo su origen a partir del descontento por las altas tarifas eléctricas que se cobran en los pueblos, comenzó a procesar también aquella problemática tan frecuente en las comunidades rurales de Guerrero. Hoy día, por ejemplo, están acopiando información en comunidades donde tienen influencia (inicialmente listas de escuelas que presentan problemas de ausentismo) para presentarla y gestionarla ante las autoridades que correspondan.

Pero también han comenzado a manejar el término de contraloría social, como un mecanismo para vigilar que las obras y servicios a que tienen derecho se  concreten y se realicen bien. Es un avance importante, y en los siguientes pasos muy probablemente se encontrarán con los siguientes obstáculos:

1. No existe en el estado una normatividad fuerte que promueva la participación ciudadana en el control y vigilancia de las acciones gubernamentales, excepto la Ley de Participación Ciudadana, que no es adecuada para las condiciones del estado y privilegia las modalidades de participación ciudadana directa como el plebiscito, referéndum y la iniciativa popular –sospechosamente la revocación de mandato no la propone-. Pero es una ley muerta, que desde 2007 nadie usa.

Los pocos mecanismos de participación que contienen algunas leyes, como los comités de obra en el caso de la infraestructura social municipal, no tienen facultades más allá de hacer denuncias ante las instancias correspondientes sobre las irregularidades que detectaron; y generalmente dichas denuncias se pierden en la maraña de procedimientos y normas sin que logre modificarse o solucionarse la irregularidad denunciada. Así, ¿la contraloría social para qué?

2. La UPOEG coloca a los comisarios y delegados municipales como actores principales para realizar acciones de contraloría social. La desventaja es que éstos requieren de un proceso de sensibilización y formación intensivas que se perdería en el momento en que es electo otro comisario, si no se encuentran formas de preservar esta experiencia como crear consejos regionales de comisario y ex comisarios, comités comunitarios de apoyo a las comisarías, etc.

3. La prestación de servicios de calidad en educación y salud pasa necesariamente por los sindicatos de estos dos sectores. Se requieren acuerdos firmes no sólo con las autoridades, sino  también compromisos de parte de las organizaciones gremiales para lograr una mejor atención a la ciudadanía en las comunidades rurales.

4. Es un gran avance que la UPOEG tenga la intención de incidir en la calidad y la cantidad de obras y servicios que les proporciona el gobierno. Los retos que aquí se bocetan no son imposibles de superar y forman parte del trabajo que tienen por delante.