Guerrero Transparente
Marcos Méndez Lara, El Sur
Desde 1994, el programa de fertilizante subsidiado forma parte de la política agrícola en Guerrero, al que se le destinan muchísimos recursos financieros que en algunos años han alcanzado hasta 65 por ciento del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR).
Es un programa donde participan el Ejecutivo del estado, los 81 municipios y casi 300 mil productores de granos básicos –en teoría de bajos recursos– que en conjunto aportan casi 800 millones de pesos anuales para la compra de fertilizante químico.
Desde sus inicios, el programa ha sido muy cuestionado por el daño que el producto provoca en el suelo por su uso inadecuado, porque no ha contribuido a incrementar la producción no obstante los miles de millones de pesos que se han invertido, porque ha propiciado una fuerte dependencia de los campesinos hacia el insumo, y por el uso político y electoral que se le ha dado.
Estos vicios y aberraciones son posibles porque no existe un cuadro efectivo de control, vigilancia y evaluación sobre la operación y los resultados del programa. Por ejemplo, aunque los órganos indicados por las reglas de operación para la vigilancia y fiscalización (Contraloría y Auditoría General del Estado) realizan auditorías y revisiones, sus resultados no tienen consecuencias para el mejoramiento de la operación y la transparencia del programa, tales como sanciones a los que infringen la norma o la implantación de medidas preventivas para evitar la actuación discrecional en tres aspectos clave del programa: el proceso de licitación, la revisión y actualización del padrón de beneficiarios, la calidad del producto.
No obstante que la normatividad sobre la transparencia y la rendición de cuentas se ha robustecido en los últimos seis años, esto no ha sido suficiente para lograr que la SDR tenga niveles mínimos de transparencia. Tampoco las reglas de operación ni ninguna otra norma posibilitan la habilitación de mecanismos ciudadanos de control y vigilancia, como la formación de contralorías sociales con capacidades que rebasen la mera denuncia, para evitar la “manga ancha” y la discrecionalidad en la operación del programa.
Hace algunas semanas presentamos 15 solicitudes de información ante la SDR, Contraloría General del Estado, Auditoría General del Estado y la Secretaría de Finanzas y Administración. Particularmente con la SDR, que tiene la mayor parte de la información sobre el programa de fertilizante, tuvimos serios problemas para que la entregara, desde la negación de datos hasta negligencia y mala fe de parte de los funcionarios responsables.
Ante la falta de respuestas satisfactorias, interpusimos ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero recursos de revisión (quejas) y denuncias en contra de funcionarios. Como respuesta, se logró conseguir gran parte de la información solicitada en poder de la SDR y sendos apercibimientos del órgano garante al responsable de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de esta dependencia conminándolo para que en lo sucesivo no obstaculizara el libre ejercicio del derecho de acceso a la información.
También como reacción a los recursos de revisión, se había logrado que la SDR subiera a su portal electrónico documentos clave como el padrón de beneficiarios (esencial para hacer la depuración) y la mecánica operativa de 2012; pero dichos documentos ya fueron retirados.
El programa de fertilizante es el mejor ejemplo de la manera poco transparente y discrecional con que operan los programas y se ejercen los recursos financieros en la SDR.
Las organizaciones campesinas, que tuvieron un exitoso proceso para diseñar y empujar la aprobación de una nueva versión de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y que hoy buscan reactivar el papel del Consejo Guerrerense de Desarrollo Rural Sustentable para que realmente tenga incidencia en las políticas hacia el campo, tienen también el reto de exigir la apertura y transparencia de la SDR y participar en el diseño, planeación, seguimiento y evaluación de los programas y acciones. Es un reto grande, pero que vale la pena.
De todo. Los informes de gobierno, las comparecencias de los secretarios, son la única forma en que el Ejecutivo estatal rinde cuentas –aunque sea de manera muy limitada– a las y los guerrerenses, pero ahora ya ni eso, porque las comparecencias relativas al primer informe de Ángel Aguirre Rivero son a puerta cerrada. Será interesante saber cuáles son sus logros, qué ha cambiado en relación con el gobierno anterior, y sobre todo, en base a qué mediarán los diputados los resultados de un año de gobierno si no hay siquiera Plan Estatal de Desarrollo.
Marcos Méndez Lara, El Sur
Desde 1994, el programa de fertilizante subsidiado forma parte de la política agrícola en Guerrero, al que se le destinan muchísimos recursos financieros que en algunos años han alcanzado hasta 65 por ciento del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR).
Es un programa donde participan el Ejecutivo del estado, los 81 municipios y casi 300 mil productores de granos básicos –en teoría de bajos recursos– que en conjunto aportan casi 800 millones de pesos anuales para la compra de fertilizante químico.
Desde sus inicios, el programa ha sido muy cuestionado por el daño que el producto provoca en el suelo por su uso inadecuado, porque no ha contribuido a incrementar la producción no obstante los miles de millones de pesos que se han invertido, porque ha propiciado una fuerte dependencia de los campesinos hacia el insumo, y por el uso político y electoral que se le ha dado.
Estos vicios y aberraciones son posibles porque no existe un cuadro efectivo de control, vigilancia y evaluación sobre la operación y los resultados del programa. Por ejemplo, aunque los órganos indicados por las reglas de operación para la vigilancia y fiscalización (Contraloría y Auditoría General del Estado) realizan auditorías y revisiones, sus resultados no tienen consecuencias para el mejoramiento de la operación y la transparencia del programa, tales como sanciones a los que infringen la norma o la implantación de medidas preventivas para evitar la actuación discrecional en tres aspectos clave del programa: el proceso de licitación, la revisión y actualización del padrón de beneficiarios, la calidad del producto.
No obstante que la normatividad sobre la transparencia y la rendición de cuentas se ha robustecido en los últimos seis años, esto no ha sido suficiente para lograr que la SDR tenga niveles mínimos de transparencia. Tampoco las reglas de operación ni ninguna otra norma posibilitan la habilitación de mecanismos ciudadanos de control y vigilancia, como la formación de contralorías sociales con capacidades que rebasen la mera denuncia, para evitar la “manga ancha” y la discrecionalidad en la operación del programa.
Hace algunas semanas presentamos 15 solicitudes de información ante la SDR, Contraloría General del Estado, Auditoría General del Estado y la Secretaría de Finanzas y Administración. Particularmente con la SDR, que tiene la mayor parte de la información sobre el programa de fertilizante, tuvimos serios problemas para que la entregara, desde la negación de datos hasta negligencia y mala fe de parte de los funcionarios responsables.
Ante la falta de respuestas satisfactorias, interpusimos ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero recursos de revisión (quejas) y denuncias en contra de funcionarios. Como respuesta, se logró conseguir gran parte de la información solicitada en poder de la SDR y sendos apercibimientos del órgano garante al responsable de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de esta dependencia conminándolo para que en lo sucesivo no obstaculizara el libre ejercicio del derecho de acceso a la información.
También como reacción a los recursos de revisión, se había logrado que la SDR subiera a su portal electrónico documentos clave como el padrón de beneficiarios (esencial para hacer la depuración) y la mecánica operativa de 2012; pero dichos documentos ya fueron retirados.
El programa de fertilizante es el mejor ejemplo de la manera poco transparente y discrecional con que operan los programas y se ejercen los recursos financieros en la SDR.
Las organizaciones campesinas, que tuvieron un exitoso proceso para diseñar y empujar la aprobación de una nueva versión de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y que hoy buscan reactivar el papel del Consejo Guerrerense de Desarrollo Rural Sustentable para que realmente tenga incidencia en las políticas hacia el campo, tienen también el reto de exigir la apertura y transparencia de la SDR y participar en el diseño, planeación, seguimiento y evaluación de los programas y acciones. Es un reto grande, pero que vale la pena.
De todo. Los informes de gobierno, las comparecencias de los secretarios, son la única forma en que el Ejecutivo estatal rinde cuentas –aunque sea de manera muy limitada– a las y los guerrerenses, pero ahora ya ni eso, porque las comparecencias relativas al primer informe de Ángel Aguirre Rivero son a puerta cerrada. Será interesante saber cuáles son sus logros, qué ha cambiado en relación con el gobierno anterior, y sobre todo, en base a qué mediarán los diputados los resultados de un año de gobierno si no hay siquiera Plan Estatal de Desarrollo.
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