El conflicto que se vive en el municipio de Marquelia entre comisarios municipales y autoridades del ayuntamiento es un asunto que se observa cada vez con más frecuencia en los municipios de Guerrero.
En los últimos años se pueden recordar varios movimientos ciudadanos en los que todas o la mayor parte de las llamadas autoridades auxiliares del ayuntamiento, es decir, los delegados y comisarios municipales se inconformaron por la manera en que sus autoridades ejercían los recursos públicos.
Tal es el caso del Consejo Ciudadano Popular (2006-2007) en Atoyac de Álvarez, el Frente Amplio Ciudadano (2006-2008) de San Luis Acatlán o el Consejo Ciudadano (2006-2007) de Chilapa de Álvarez. Más recientemente (2010-2011) tenemos el movimiento de comisarios municipales de Atlamajalncingo del Monte, y hoy, al Consejo Consultivo de Comisarios Municipales de Marquelia.
La constante en todos estos movimientos es un profundo descontento en contra de su ayuntamiento por la falta de obras públicas u otras acciones de beneficio social en las localidades rurales (que a veces son el único beneficio colectivo directo que reciben de los gobiernos de los tres órdenes).
Estos movimientos han trascendido los límites del municipio porque se agotaron las posibilidades de acuerdo y negociación en el espacio municipal, y generalmente los comisarios acuden al Congreso y al gobierno del estado en busca de una respuesta a sus planteamientos.
La intransigencia que encuentran en los ayuntamientos los obliga a demandar el desafuero y juicio político para el presidente municipal, auditorías a todos los programas y acciones del gobierno municipal y también exigen que sean las localidades las que ejerzan parte de los recursos de obra pública.
Sin embargo, los diputados locales parece que tienen un acuerdo no escrito para no tocar a los presidentes municipales, pues únicamente se dedican a administrar este tipo de conflictos, darles largas, y desactivarlos; no actúan ni aunque se les presenten evidencias contundentes de las anomalías e irregularidades que comenten los ayuntamientos.
En Marquelia inicialmente eran dos las demandas fundamentales: la construcción de obras en las 16 localidades del municipio y la transparencia de los recursos. Sin embargo, el alcalde Joaquín Jesús Rico Santana, del Partido Verde Ecologista, maniobró para no atender las demandas de los comisarios del municipio, y el conflicto escaló.
Hoy esas demandas de transparencia y construcción de obras siguen vigentes, pues los comisarios exigen la “publicación y difusión del estado en el que se encuentra la situación financiera y la cuenta pública del municipio de Marquelia, tanto en los faltantes de obra pública, como en la revisión y solución inmediata de los adeudos del ayuntamiento, incluyendo los laudos pendientes, para el conocimiento de los pueblos de Marquelia y del pueblo de Guerrero”.
Pero también “la ejecución inmediata del programa de obras autorizado por el ejecutivo del estado para los pueblos y comunidades”, y solución “a la problemática integral del agua potable y del drenaje sanitario en la cabecera municipal”.
Y ante la desatención del gobierno local, plantean el desconocimiento del presidente municipal (a través de la figura de revocación de mandato) y acción penal en contra de él y de su cabildo “por la malversación y desviación de los recursos del erario público del municipio”.
El riesgo de que no se cumplan las principales demandas de los comisarios municipales es muy alto, pues la mayor parte de ellas le corresponde atenderlas al Congreso del Estado, dados los antecedentes de su actuación en este tipo de conflictos y en particular, por el momento actual en que se está desmantelando el órgano legislativo (se han suspendido varias sesiones por falta de quórum) por la desbandada de diputados que tienen la mira en las elecciones de julio próximo.
Es lamentable que este tipo de conflictos no sean resueltos, y que la única autoridad que puede intervenir, el Congreso del Estado, tenga una actitud pasiva y evasiva. Eso da el mensaje para que otros presidentes municipales hagan lo mismo con toda impunidad.
¿Cómo se puede construir la institucionalidad en Guerrero para que las y los ciudadanos no tengan que salir a las calles a bloquear carreteras para exigir sus derechos?
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