¿Corrupción en la SEDER?

Marcos Méndez Lara, El Sur de Acapulco

Dentro de la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero hay claroscuros sobre lo que sucede en sus dependencias en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Por un lado, la Contraloría General del Estado organizó tres talleres de capacitación con el tema “Acceso a la información pública y contraloría social”; uno de ellos, el que fue dirigido a ciudadanos integrantes de organizaciones sociales y civiles y también a personas sin ninguna filiación, fue un verdadero foro para ventilar lo que piensa la gente sobre el tema.

Lo más destacado de este encuentro fue el reconocimiento, de parte de los funcionarios presentes, de la situación que guarda la transparencia y la rendición de cuentas en el estado, que a decir de las y los que expresamos nuestra opinión, hay un diagnóstico pesimista.

Sin embargo, por sí misma, esta aceptación es hasta cierto punto un paso adelante, dada la cantaleta de meses y años anteriores, de querer aparentar que el estado se ubicaba entre los adelantados en la materia; y puede significar todavía mucho más, si esos mismos funcionarios ponen manos a la obra y proponen y empujan propuestas que permitan realmente avances en el control y vigilancia ciudadanos.

La nota opaca la dio esta semana la Secretaría de Desarrollo Rural. En días pasados, representantes de comités comunitarios de Marquelia, Copala, Ahuacotzingo, Coyuca de Benítez, Zitlala, Martir de Cuilapa, Chilapa y Ometepec, denunciaron que fueron presionados por funcionarios de esta dependencia para obligarlos a contratar a determinadas empresas para la construcción de obras.

El programa al que se refieren los quejosos es el de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) -uno de los programas de la Sagarpa en los que participa el gobierno del estado- cuyos lineamientos operativos para la aplicación de recursos, publicados en la propia página electrónica de la Seder, establecen claramente que “los apoyos que se otorgan son subsidios que se entregan directamente a los beneficiarios para que por su cuenta realicen las inversiones autorizadas”.

Es decir, los recursos del programa COUSSA deben ser recibidos por los beneficiarios y ellos tienen el derecho a decidir de qué manera los ejercen: en forma directa o por administración; por contrato con una empresa especializada; o por combinación de ambas.

Por ello es inaceptable cualquier tipo de presión que les condicione la manera en que deben gastarlos. Los denunciantes ya presentaron una queja ante la Secretaría de la Función Pública, pero sería también pertinente que la Contraloría General del Estado vigilara este proceso.

También en días pasados circuló en las redes sociales una denuncia en contra de funcionarios de la misma Seder. A mi correo personal llegó un señalamiento en contra del subsecretario Humberto Rafael Zapata Añorve, Subsecretario de Ganadería de la Seder por presuntos actos de corrupción dentro del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura; servidor público, que según el correo, es primo del gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Dice el texto, que el funcionario visita a los beneficiarios de los proyectos de obras de infraestructura aprobadas y los obliga “a que contraten la ejecución de sus proyectos con la empresa constructora que dirige Jaime Alarcón, bajo el argumento de que es un hombre de mucha experiencia y de mucha confianza del C. Gobernador”.

Y en seguida enumera una lista de 60 proyectos, cuyos montos van de los 205 mil a los tres millones de pesos, pertenecientes a beneficiarios que supuestamente fueron visitados por Zapata Añorve para presionarlos sobre la empresa que deben contratar.

Si son reales o no estos señalamientos –que también involucran al Sudelegado federal de Conapesca y al Gerente de Sanidad Acuícola de la misma dependencia- corresponde a los órganos de control y vigilancia federales y estatales investigar y determinar lo conducente.

Sin embargo, sí es muy importante que la información que se genere sobre estos casos se difunda públicamente, ya que contribuirá a generar credibilidad en las instituciones y en los aparatos de control y vigilancia. Que se establezcan hoy medidas de control para no lamentarlo mañana.       

Atraco a los adultos mayores

Marcos Méndez Lara, El Sur de Acapulco

Graves irregularidades se descubrieron en el programa Pensión Guerrero del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, un programa social cuyos recursos son destinados a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, el de los ancianos, y de ahí que provoque mayor indignación.

La Contraloría General del Estado, en una revisión del padrón de beneficiarios encontró, dicen las notas periodísticas, cuatro mil datos irregulares (equivalente a 11 por ciento del padrón revisado y a siete por ciento del número total de beneficiarios) entre ellos, huellas dactilares o firmas plasmadas en los recibos de pago que no coinciden con la identificación personal, pago a personas fallecidas, personas que no cumplen con la edad mínima de 65 años de edad para recibir la ayuda, y personas que reciben pensiones de otras instituciones como el IMSS e ISSSTE.

De acuerdo con esta información, la mayor parte del dinero que supuestamente cobraron esas cuatro mil personas registradas de manera fraudulenta en Pensión Guerrero, fue a parar a los bolsillos de alguien, seguramente aprovechándose de las limitaciones de que adolecen la mayoría de nuestros ancianos (limitada movilidad, analfabetismo funcional, debilidades auditiva y visual, etc.).

El monto de las pensiones que reciben los adultos mayores es de 800 pesos cada dos meses. Esto significa que alguien se embolsó 3.2 millones de pesos bimensuales durante quizás los seis años que duró el gobierno de Zeferino Torreblanca (aunque el programa comenzó a funcionar desde 2003).

1. En las reglas de operación se establece –hoy suena cínico- que “El principio de transparencia será un eje rector, entre otros, de la operación del programa” y se describen acciones para la transparencia del programa, en donde el comité técnico del Igatipam de manera cuatrimestral y al final de cada ejercicio, tenía la obligación de publicar el resultado de las acciones de control y vigilancia del programa, y de verificación y aprobación del padrón de beneficiarios.

Por cierto, el Comité Técnico del organismo es el encargado de aprobar “la correcta integración del padrón de beneficiarios”, según las reglas de operación, y entre las personas que integran dicho comité están: el secretario de Desarrollo Social, el coordinador Estatal de Programas Sociales, los secretarios General de Gobierno, de Finanzas y Administración, de Salud, y el Contralor General del Estado, entre otros; lo que significa que no sólo debe investigarse a servidores públicos del Igatipam, sino también a los funcionarios de esas secretarías que estaban en funciones en el momento de cometidas las irregularidades, ya que eran responsables directos del control y vigilancia del padrón.

2. De acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, el Igatipam cuenta con un Comisario Público, designado por la Contraloría General del Estado, y que actúa como órgano de vigilancia. ¿Quién o quiénes fueron las o los comisarios durante los últimos seis años, y qué cuentas presentaron? ¿Por qué dejaron pasar todas las irregularidades que hoy se denuncian?

3. Como una forma de contraloría social, la ley también establece que el Igatipam contará con un Consejo Ciudadano de Adultos Mayores “que tendrá por objeto conocer el seguimiento dado a los programas y opinar sobre los mismos”, entre otras funciones.

Sin embargo, parece que el consejo nunca se integró o solamente fue decorativo (además de que la normatividad no le da las facultades necesarias para hacer un trabajo más efectivo de control y vigilancia), ya que no se sabe que tampoco haya denunciado nada.

4. Claramente se observa que los controles para la vigilancia del programa Pensión Guerrero no fueron suficientes ni eficaces, por lo que la Contraloría General del Estado y el propio Igatipam deberán diseñar mecanismos que permitan el efectivo control de lo que se hace en el organismo y darlos a conocer públicamente.

5. Ya es tiempo de pensar en incorporar formas de participación ciudadana para la contraloría social en los programas sociales estatales y municipales, ya que hasta hoy, sólo los programas federales (aunque muy limitadas) las tienen.

Hay intereses económicos tras la negativa de dotar de agua a los pueblos de Tecoanapa

Reportaje

Marcos Méndez Lara, El Sur de Acapulco

Tecoanapa, Gro. Pedazos de cemento y un grifo oxidado, es todo lo que queda de un hidrante público del que se abastecían de agua los habitantes de Tepintepec. El líquido provenía del núcleo agrario de Xalpatlahuac, pero los productores de ese poblado determinaron –hace cerca de 20 años- regar sus sembradíos y dejaron de proveer de agua a éste y otros poblados de la zona sur del municipio de Tecoanapa.

Desde entonces, cada año los pobladores de Tepintepec practican dos rutinas de sobrevivencia: en temporada de lluvias, usan las aguas del río Tecoanapa –cuya contaminación se diluye parcialmente por la abundancia de agua- y de algunos manantiales y riachuelos cercanos al poblado; pero en el estiaje sólo tienen una opción: usar las aguas residuales que provienen de la cabecera municipal.

La señora Isila García Mayo, oriunda de Tepintepec, comentó que en “enero baja la cantidad de agua, casi toda contaminada, y en abril y mayo ya sólo hay agua pestilente, pero por la necesidad hacemos pozos para sacarla. Algunas personas la acarrean a sus casas, pero la mayoría llevan su ropa a lavar y ahí mismo se bañan”.

Agregó que aquel que no desee usar el agua del río Tecoanapa necesita pagar los altos costos que tiene el agua potable. “Yo gasto ocho pesos diarios por un garrafón con 20 litros de agua para tomar, en un mes ya son 240 pesos, porque consumimos uno diario; para otros usos, un viaje de agua de rotoplas de 700 litros vale 140 pesos, y no alcanza ni para una semana”, se lamenta doña Isila.

Guillermina García Gallardo, también de Tepintepec, tiene 74 años, ella presume que ya “generó anticuerpos” contra la contaminación del agua del río Tecoanapa, ya que hasta hoy no se ha enfermado de la piel. Sin embargo, advirtió que a las personas adultas mayores les cuesta mucho trabajo ir hasta el río, “más para mí, que ando con mi bastón”, pero que las opciones son pocas, entre ellas, comprarla a altos costos, cuando el jornal en la región está entre 80 y 100 pesos diarios.

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Hace seis años, las autoridades de cinco comunidades rurales de Tecoanapa (Tepintepec, Barrio Nuevo, el Guayabo, el Carrizo y Macatepec), todas ellas consideradas como de alta y muy alta marginación por el Consejo Nacional de Población, comenzaron a gestionar el servicio de agua potable para sus localidades.

En 2006, la demanda de los pueblos tuvo respuesta con el denominado Sistema Múltiple de Agua Potable de Tecoanapa, que tendría su fuente de captación en el manantial Las Cazuelas, localizado en el ejido de San Francisco.

Se invirtieron muchos recursos financieros, tan sólo el gobierno del estado gastó 400 mil pesos en 2006 en el proyecto ejecutivo, y del orden de 14.6 millones para la construcción del sistema, según datos obtenidos a través de una solicitud de información presentada ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

A la construcción de este sistema se opuso un grupo de personas de la cabecera municipal de Tecoanapa, encabezadas por Baldomero Mendoza. La razón que esgrimen: el agua no es suficiente para abastecer a la cabecera, a los cinco pueblos que están en lucha, y a dos más que ya toman agua de la misma fuente de captación (Buenavista y Tecuantepec).

Sin embargo, estudios de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del estado de Guerrero y de la Universidad Nacional Autónoma de México confirmaron que el gasto de agua que aporta el manantial conocido como las Cazuelas, es suficiente para dotar del líquido a todas las localidades en los próximos 20 años.

No existen entonces, razones técnicas para impedir que funcione el sistema de agua potable; si las hay, de tipo económico, ya que el auto nombrado comité de agua potable de Tecoanapa cobra el servicio a los usuarios domésticos a razón de 20 pesos mensuales. En la cabecera municipal, según el INEGI, hay mil viviendas, sin contar negocios como embotelladoras, servicios de lavado de autos y ranchos, que también pagan bien por el agua que proviene del ejido de San Francisco.

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Claudia Valente Huachin es de la comunidad de Barrio Nuevo; dice que lava los trastes con agua del río Tecoanapa, aun cuando sabe que está contaminada, también con esa agua lava la ropa.

“Los niños se bañan en ese río, y a veces por descuido o porque tienen sed, toman agua de ahí, se les hace fácil tomarse un traguito de agua, y claro, casi siempre se enferman.”

Las promotoras del programa federal Oportunidades no pueden hacer mucho, sólo recomendarles que al agua le coloquen gotas de cloro, y la gente lo hace, pero no es suficiente. Es imposible mantener una mínima higiene en las condiciones en que viven estas personas.

Las enfermedades gastrointestinales o de la piel que con frecuencia padecen los de Barrio Nuevo (y de las otras cuatro localidades que carecen de agua) son atendidas en la cabecera municipal de Tecoanapa, porque en la comunidad no hay centro de salud. Sin embargo, doña Claudia comenta que reciben un mal servicio y escasean los medicamentos, además que en los últimos años discriminan a los pacientes que van de las comunidades rurales, por el conflicto del agua.

En tiempo de lluvias, los pobladores de Barrio Nuevo tienen la ventaja de “capear el agua”; en algunas viviendas, esto se hace con cubetas que esperan en fila la caída de agua de los techos de teja; otros lo hacen con canaletas para llenar recipientes grandes.

También son “afortunados” porque existe un ojo de agua cerca del poblado, conocido como Pomarrosa, pero el acceso es muy escarpado y pueden tardar hasta una hora en llegar. Dice la señora Irma de la Luz Meneses que es tanta la demanda, que hasta hacen fila para obtener un poco de agua.

“La verdad si está triste aquí porque en tiempo de secas el solazo está bien fuerte, y pues ni modo, ahí vamos encumbrando para traer un par de baldes de agua”.

 La casa de doña Socorro solano Nava también utiliza canaletas para capear el agua. Su situación no es diferente de todos los que viven en la comunidad, aunque ella muestra manchas en la piel, producto, dice, de bañarse con agua contaminada. Su hijo, Ciro, también muestra los mismos síntomas; él apenas recuerda que alguna vez tuvieron agua entubada, era muy pequeño.

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Muchos años de ineficacia de los gobiernos municipales y estatales propiciaron la contaminación acelerada de ríos y manantiales del municipio. La falta de inversiones y de una visión de largo plazo en materia de saneamiento se expresan hoy en problemas muy graves de salud y en conflictos sociales como el que se vive hoy en Tecoanapa por el agua.

La cabecera municipal, que tiene 4,268 habitantes, descarga sus aguas residuales sin ningún tratamiento al río Tecoanapa, incluyendo los del rastro municipal, aun cuando existe una laguna de oxidación que sólo sirve para almacenar el agua sucia antes de verterla al río.

Adicionalmente, en diferentes puntos en la periferia de la cabecera y muy cerca de los ríos y arroyos se observan tiraderos clandestinos de basura y otros no tanto, como el que se ubica en plena carretera Tecoanapa-Ayutla, donde a la vista de todos, los zopilotes se alimentan de los desperdicios orgánicos que ahí deposita la gente.

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De Barrio Nuevo a El Guayabo hay que cruzar el río Tecoanapa. A una distancia de 100 metros, se adivina de qué río se trata porque se percibe un olor desagradable. El señor Reynaldo Pacheco Gallardo, de El Guayabo, expresó que en los meses de abril y mayo el mal olor se acrecienta, pero de cualquier forma se hacen pozas en las “playas” del río para rescatar un poco de agua filtrada por la arena, pero no desprovista de contaminación.