Oportunidad para la rendición de cuentas

Marcos Méndez Lara, El Sur de Acapulco

Recientemente el gobierno del estado y la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal firmaron un convenio que busca “fortalecer los sistemas de control y evaluación de la gestión pública estatal y municipales, con el fin de lograr un uso eficiente, oportuno, transparente y honesto de los recursos que las dependencias y entidades de la administración pública federal les asignan”. (http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/06/31-Acuerdo-SFP-EdoGro-22sep11.pdf)

Las noticias que nos han llegado respecto a cómo se ejerció el dinero en la administración anterior, en rubros específicos como salud y educación, son argumento suficiente para dar un seguimiento puntual a este acuerdo, pues si de algo debe servir esa experiencia, es para cuidar que no vuelva a repetirse.

1. Este acuerdo puede convertirse en la carta de presentación del gobierno de Ángel Aguirre en materia de rendición de cuentas; dependerá de los mecanismos que se establezcan para concretarlo, y desde luego, de la eficacia de éstos, el adjetivo con el que se recordará a la administración actual. El peor escenario es que el acuerdo solo sirva como pantalla para simular que hay transparencia y rendición de cuentas.

2. Una acción relevante, y que no está incluida dentro del acuerdo, es que se establezca un mecanismo abierto de información con la ciudadanía sobre las acciones y avances que se tengan. Sería absurdo que se ocultara este tipo de información que generan dos dependencias (SPF y Contraloría General del Estado) dedicadas precisamente a que los recursos públicos se ejerzan con transparencia.  

3. El acuerdo firmado por la SFP y el gobierno del estado, tiene limitantes, una de las más importantes es que los recursos federales provenientes del Ramo general 33 “Aportaciones federales para entidades federativas y municipios”, así como las aportaciones para el sistema de protección social en salud, no son objeto de las acciones conjuntas a que se refiere el instrumento que comentamos.

Esto significa, traducido a pesos, que sólo en el caso del Ramo 33, del orden de 21,415 millones de pesos quedarán fuera de las acciones que se establezcan como resultado de este acuerdo, es decir, alrededor de 58 por ciento de los recursos federales que se ejercerán en Guerrero en 2011 no están considerados para el control y evaluación que se indica en este convenio.

En contraparte, alrededor de 13,276 millones de pesos, provenientes del gobierno federal, son los que estarían sujetos al control y evaluación dentro del marco del acuerdo, según cálculo hecho a partir del decreto 640 de Presupuesto de Egresos del estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2011.

4. El acuerdo incluye un compromiso que asume el gobierno del estado para “promover la incorporación de la figura del testigo social en la normatividad local en materia de contrataciones públicas”. La inclusión de esta figura de control ciudadano por sí misma es relevante, aunque hay que esperar el peso específico y los “dientes” que les dará el gobierno del estado para realizar su trabajo.

La figura no es nueva en México; se ha promovido en la administración pública federal, incluso existe un acuerdo emitido por la SPF para regular su funcionamiento y describir sus alcances (http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/comunes/testigo.htm)

Los testigos sociales pueden participar con derecho a voz durante las contrataciones de las dependencias a solicitud de éstas o a petición de los propios testigos; y las dependencias deben proporcionar todas las facilidades y documentación que soliciten, salvo la considerada como reservada o confidencial en términos de la ley, para emitir recomendaciones.

5. El acuerdo incluye el compromiso de la SFP y del gobierno del estado de promover y dar seguimiento a las acciones de contraloría social que promueve la SFP, tanto a nivel estatal como en los municipios.

En este punto será interesante conocer los alcances que le dará el gobierno del estado a esta importante vertiente del acuerdo, que es la promoción de contralorías sociales. A la fecha, sabemos que no han tenido una participación destacada, y más bien han funcionado como organismos decorativos, por lo que este acuerdo puede ser el punto de partida para dar un impulso real a estas figuras de participación ciudadana.

Reportajes

Un sexenio sin transparencia ni rendición de cuentas

Marcos Méndez Lara

Hace seis años, un 28 de septiembre, el Congreso del Estado de Guerrero aprobó la primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero; pero la pregunta inevitable es si esa norma ha contribuido a que el estado tenga mejores instituciones públicas, que informen y rindan cuentas a la ciudadanía, que ofrezcan obras y servicios de más calidad y que contribuyen al ejercicio de los derechos sociales, económicos y ciudadanos de las y los guerrerenses. La respuesta categórica es no.

Son varias las causas de esta pobreza en transparencia y rendición de cuentas, entre ellas, la inacción de las instituciones que pudieron haber jugado un papel relevante en la promoción en estos años: gobierno del estado, Congreso local y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero (ITAIG). Hoy los resultados están a la vista: sujetos obligados que incumplen la ley, “transparencia” simulada, reducido ejercicio ciudadano de estos derechos…

Las cuentas alegres

De acuerdo con las cifras del ITAIG, del 16 de junio de 2006 al 31 de diciembre de 2010 las y los ciudadanos presentaron un total de 14,027 solicitudes de información. Sin embargo, hay muchas dudas respecto de estos números, pues se ha demostrado que buena cantidad de éstas no corresponden a peticiones informativas, sino a solicitudes de obra, empleo y gestiones diversas, que los ayuntamientos incluyen en sus registros como solicitudes de información.

Este sobre registro de solicitudes solo es útil para simular una realidad que no existe en el estado. ¿Es creíble que en ayuntamientos como Azoyú, Zirándaro, Iliatenco o Tecoanapa se hayan presentado respectivamente 1719, 1321, 291 y 357 solicitudes de información a lo largo de un año, cuando el promedio de las que reciben todas las dependencias del gobierno del estado –en donde se lleva un registro más riguroso- apenas alcanza las 262 anuales?

Dar como buenas y difundir estas cifras respecto el ejercicio de acceso a la información sólo contribuye a tener un diagnóstico equivocado y a reforzar un discurso de que en el estado hay o se avanza en la transparencia.

Otros datos que no “cuadran” son el número de quejas interpuestas ante el ITAIG. Según el órgano garante guerrerense, en cinco años se presentaron solo 160 quejas, que equivalen a 1% del número de solicitudes presentadas.

Si se atienden estas cifras, parecería que los sujetos obligados de Guerrero tienen una enorme disposición para cumplir con sus obligaciones; sin embargo, la experiencia de la mayoría de quienes han tratado de hacer efectivo su derecho a la información, sabe que eso está lejos de ser verdad.

 La historia opaca de los ayuntamientos

Los ayuntamientos tanto del trienio pasado como las administraciones actuales son los sujetos obligados más reacios a entregar información o proclives a retardarla.

Hay varios indicadores que los señalan como los más opacos. Por ejemplo, de acuerdo con cifras del ITAIG, de las 165 quejas presentadas, más de la mitad (53%) correspondieron a los  ayuntamientos.

En su evaluación más reciente (marzo-abril de 2011),,  el grupo Ciudadanos por Municipios Transparentes –integrado por ONG, instituciones académicas y ciudadanos-, los municipios guerrerenses obtuvieron en promedio 2.8 de calificación, en una escala de 100, siendo el mejor evaluado Acapulco, que obtuvo apenas 23 puntos, muy lejos de municipios como Chihuahua (90), Puebla (90) o Tamazula, Jal. (79).

El colectivo Cimtra a nivel nacional evaluó en este periodo a 98 municipios de 13 estados. Entre los 30 últimos lugares, 24 correspondieron a Guerrero. 

Asimismo, en su más reciente informe de labores, el ITAIG destaca que 43 ayuntamientos (53% del total) no cumplieron su obligación de entregar un informe anual de las solicitudes de información, lo que es indicativo del poco interés y voluntad que tienen por estos asuntos.

Por su parte, la Auditoría General del Estado en su página electrónica indica que a septiembre, todavía 13 gobiernos municipales no han entregado su cuenta pública anual de 2010, mientras que 47 lo hicieron fuera de los tiempos que marca la ley. Esto supone que si no cumplen ni siquiera con la fiscalización a la que están obligados ¿qué rendición de cuentas pueden esperar las y los ciudadanos de esos municipios?

El titular de la Secretaría de la Función Pública del ayuntamiento de Chilpancingo, Roberto Álvarez Heredia, confirma que efectivamente aún falta mucho por hacer en los ayuntamientos en materia de transparencia y acceso a la información.

Reconoce que Chilpancingo, ayuntamiento sede de los poderes del estado, no cumple ni siquiera con la información pública de oficio que le ordena la ley, debido, subrayó, a que no se tiene memoria suficiente en la página web del ayuntamiento para “subir” toda la información que exige la normatividad.

Destacó también, que los procedimientos para responder a las solicitudes de información y hacer efectiva la transparencia, se entorpecen por las “luchas internas” entre las diferentes áreas del ayuntamiento.

Cabe preguntarse, si así está Chilpancingo ¿cómo estarán los ayuntamientos de la Montaña y de Costa Chica en transparencia y rendición de cuentas?

Gobierno del estado

Durante el periodo que va de junio de 2006 a junio de 2011, se presentaron 1,310 solicitudes de información en las 52 dependencias y entidades del Ejecutivo estatal, es decir, un promedio de apenas 21.8 peticiones por mes.

Nos encontramos ante uno de los más bajos promedios a nivel nacional, pues, por ejemplo, el órgano garante morelense reporta que desde septiembre de 2004 y hasta diciembre de 2010, el ejecutivo de Morelos respondió a 4,823 peticiones para un promedio de 63 solicitudes por mes; mientras que en Oaxaca y Chiapas se registraron también para el ejecutivo local promedios de 135 y 69 solicitudes mensuales, respectivamente, en 2010.

El cumplimiento de las obligaciones de transparencia también ha sido limitado en el gobierno del estado. Así, por ejemplo, la difusión de la información pública de oficio nunca se cumplió plenamente en el anterior gobierno, faltando sobre todo aquellos temas relevantes como los indicadores de gestión, presupuestos, cuentas públicas, entre otros.

Pero el Gobierno de Ángel Aguirre tampoco está cumpliendo con este precepto, y entre las políticas implantadas por su gobierno en materia de transparencia y acceso a la información, no hay ninguna dirigida a incentivar a que la ciudadanía ejerza este derecho ni a vencer las resistencias de aquellas dependencias y entidades que no publican su información de oficio. En la práctica, no han alcanzado hasta hoy ni siquiera el nivel de publicación de información obligatoria que tuvo el gobierno de Torreblanca Galindo.

Sobre este asunto, no hubo respuesta de parte de la Dirección General de Transparencia y Acceso a la Información del gobierno estatal, para conocer su versión de la situación.

En el cabús de la transparencia

El Congreso guerrerense no ha sido factor determinante en la transparencia y la rendición de cuentas en el estado. Guerrero fue uno de los últimos estados de la república en aprobar su ley de acceso a la información (en 2005 por la LVII Legislatura), y la que se aprobó entonces, fue también una de las peores del país.

La ley de transparencia que nos rige actualmente –apegada a los principios del sexto constitucional- fue aprobada en mayo de 2010, es decir, 22 meses después de cumplido el plazo establecido en la constitución federal. En la legislación de leyes en la materia, Guerrero siempre ha estado en el cabús de la transparencia.

Incluso hoy día, el Congreso local ni siquiera cumple con la información pública de oficio que debe colocar en su portal electrónico, obligación que está señalada en el artículo 13 de la ley que los propios diputados aprobaron.  Y la explicación a este incumplimiento, en voz del encargado de la Unidad de Transparencia del órgano legislativo, José Guadalupe Lapar Barrios, es que “el portal está en constante adecuación, pero antes de diciembre estará lista”, a escasos meses de que concluya sus actividades la LIX Legislatura.

Caso especial es el del poder judicial guerrerense. Sorprende que se ubique en los últimos lugares en el cumplimiento de la información pública de oficio. Comunica AC, en un estudio hecho a principios de 2011, ubicó al Tribunal Superior de Justicia en el lugar 18, de 21 sujetos obligados monitoreados, como los más opacos; mientras que en el estudio Métrica de la Transparencia 2010, también reprueba en las dimensiones de portales electrónicos y usuario simulado (http://www.metricadetransparencia.cide.edu/).

Recursos invertidos

Si se revisan los recursos destinados a la transparencia y a la rendición de cuentas de las dependencias públicas en los últimos años, se observará que éstos han sido escasos, sin duda reflejo del desinterés que existe en la clase política para promover estos derechos.

Salvo 2008, en que de acuerdo con el presupuesto de egresos  del estado ascendió a 28.1 millones de pesos, el gasto en transparencia y rendición de cuentas se ha limitado a financiar la operación de la entonces Comisión de Acceso a la Información Pública, hoy ITAG: 6.4 millones de pesos en 2009, 6.4 millones en 2010 y 9.4 millones en 2011.

Este desinterés, además de los pocos resultados obtenidos en el número de solicitudes de información y en la promoción de la transparencia, se tradujo en que no se establecieron, por lo menos en el gobierno anterior,  los controles necesarios para evitar los despilfarros que a principios de este año salieron a la luz pública respecto del gasto en educación y salud, principalmente.

Promover la cultura de la transparencia

Son numerosas las acciones que hay por hacer. Si en las dependencias públicas no hay una disposición real para hacer de la transparencia y el acceso a la información un ejercicio cotidiano, sencillo y expedito, como dice la Constitución federal, las y los ciudadanos difícilmente podrán hacer uso de esa información pública y encontrarle una utilidad social para exigir y ejercer otros derechos.

No hay que esperar otros seis años para hacerlo.

Contraloría ciudadana ¿ahora si?

El Sur de Acapulco

En los últimos días, el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, se refirió en dos ocasiones a la participación de la ciudadanía en el control y vigilancia del ejercicio de gobierno. No lo había hecho desde la contienda electoral, específicamente desde que en el debate público que sostuvo con su adversario del PRI, se comprometió a crear una contraloría ciudadana para vigilar la obra pública.

La primera, el 7 de septiembre, se reunió con integrantes del Grupo Cuicalli, en la capital del estado, en donde propuso la creación de un consejo ciudadano para vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos y garantizar la asignación de las obras de acuerdo a los lineamientos que la ley establece.

La segunda fue al día siguiente, el 8 de septiembre, en un acto en el que firmaron, el gobierno del estado y la Secretaría de la Función Pública Federal, un acuerdo de coordinación para el fortalecimiento del sistema estatal de control y evaluación de la gestión pública y colaboración en materia de modernización administrativa, transparencia y combate a la corrupción.

Ahí el gobernador se refirió también a la creación de una contraloría ciudadana para la vigilancia de los recursos públicos que permita la consolidación de programas, proyectos, acciones y servicios que ofrece el gobierno. La única manera de recuperar la confianza de la población, es que la propia sociedad se involucre en la tarea de gobierno, señaló el mandatario.

Luego de estos dos anuncios, es inminente que en breve se anuncie la convocatoria para integrar esta contraloría.

1. No sabemos en qué términos se emitirá, pero de lo que hay que estar pendientes es que sea un órgano ciudadano de control real de las tareas gubernamentales que le corresponderán vigilar. No deberá tener la denuncia –publica o ante los organismos de control institucionales- como única herramienta para el control y la vigilancia, sino que deberá estar provisto de “dientes” a efecto de que las observaciones que emita tengan repercusiones reales en los procesos donde se encuentren irregularidades. Si nace desdentado, el riesgo de que funcione solamente como un comité decorativo es muy grande.

2. Es plausible que el gobierno del estado abra espacios a la participación ciudadana, siempre y cuando a través de éstos realmente se incida en las diferentes etapas de las políticas públicas (diseño, implementación, evaluación).

3. Los procesos de adquisiciones y de obra pública son apenas dos aspectos del quehacer gubernamental que puede ser vigilado y controlado. En muchos otros asuntos, como los servicios de educación y salud y los programas sociales, pueden promoverse contralorías ciudadanas que mejorarían la calidad de lo que se ofrece y prevendrían casos de corrupción.   

3. La institucionalización de estos espacios de intervención ciudadana son la mejor garantía contra vaivenes sexenales. En el proyecto de Constitución estatal que ya se anunció, sería muy pertinente que se incluyeran estas formas de control ciudadano, adicionales a las formas de participación ciudadana directa como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandato, ya que son modalidades continuas de incidencia social sobre el poder público y su aparato administrativo.

De todo. La Coordinación de Fortalecimiento Municipal del gobierno del estado y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, firmaron un convenio de colaboración con el propósito de fomentar la transparencia en los municipios guerrerenses. Los mensajes de Beatriz Mojica y Marcos Ignacio Cueva fueron muy optimistas en el acto de firma, pero sin duda se enfrentarán a uno de los mayores retos que tiene el estado en materia de promoción de la transparencia y la rendición de cuentas: los ayuntamientos. Estaremos pendientes de las acciones, y sobre todo, de los resultados que logren estas dos instituciones.

Los rechazados de educación

El Sur de Acapulco

El de los jóvenes que se encuentran en huelga de hambre en el zócalo de Acapulco, como una forma de protestar por no tener la oportunidad de continuar sus estudios de educación superior, no es un problema que se reduzca a evidenciar que los jóvenes no presentaron su examen de ingreso o que no tuvieron las suficientes competencias para aprobarlo o que detrás de su movimiento hay intereses políticos o electorales. 

El problema es estructural y tiene que ver con las enormes deficiencias del sistema educativo que hay en Guerrero, que cancelan el derecho a una educación de calidad que tienen las y los guerrerenses.

1. La falta de transparencia para presentar los resultados de los exámenes aplicados a los jóvenes aspirantes a ingresar a las carreras de Medicina, Enfermería y Odontología de la Universidad Autónoma de Guerrero, es solamente el último eslabón de una serie de perversiones en la educación guerrerense que comienzan desde el preescolar.

A la fecha, la UAG no mostrado los resultados que obtuvieron los jóvenes en el concurso de selección, teniendo éstos todo el derecho a conocerlos. Con eso, crece la percepción de que hay venta de fichas y de que los pocos espacios son ocupados por estudiantes “recomendados” o que pagaron buenas sumas de dinero para tener “derecho”. Nadie ha demostrado lo contrario hasta la fecha.

Efectivamente, los recursos financieros de la casa de estudios son finitos y hay un tope para el ingreso de estudiantes en muchas de las carreras que ahí se imparten, pero también es cierto que los mecanismos de ingreso son totalmente injustos y no están desprovistos de corrupción. Eso, en una universidad, es inadmisible.

2. Para nadie es un secreto que las causas de lo que viven hoy estos jóvenes rechazados comienzan a gestarse desde la educación básica. Hay suficientes indicadores que evidencian que la educación no sólo en Guerrero, sino en todo el país enfrenta serios problemas de calidad.

Si consideramos los indicadores generalmente utilizados para evaluar la calidad de la educación (tasas de aprobación, reprobación y deserción escolar), la Coalición Ciudadana por la Educación (http://porlaeducacion.com/archivos/educacion.pdf) explica, por ejemplo, que la tasa de reprobación es relativamente alta. Durante sus años de educación, 26 de cada 100 estudiantes reprueban al menos un grado, y 44 de cada 100 en el caso de la educación indígena. Esto ha llevado a que en 2007, 4 de cada 10 estudiantes de 15 años no estaban cursando el nivel que les correspondía. La deserción escolar —esto es, estudiantes que no terminan el año escolar— alcanza tasas de hasta 9% en jóvenes de 15 y 17 años, en estados tradicionalmente expulsores de migrantes.

Sin embargo, hay otro tipo de indicadores para conocer si los niños y jóvenes mexicanos están adquiriendo los conocimientos y las destrezas indispensables, y éstos se generan a partir de diversas pruebas estandarizadas de aprovechamiento escolar que se aplican a nivel nacional e internacional, como el  Examen de Calidad y Logro Educativo, desarrollado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares, de la Secretaría de Educación Pública; y el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, que aplica la OCDE entre sus países miembros.

Señala el análisis de la Coalición Ciudadana, a partir de los resultados de estas tres mediciones independientes, que un porcentaje importante de estudiantes en México no está aprendiendo los contenidos mínimos para poder desarrollar sus capacidades.

3. ¿Qué futuro les espera a los jóvenes que no tienen una oportunidad de ingresar a la educación superior y a miles que ni siquiera llegaron a este nivel, porque su situación socioeconómica los obligó a abandonar la escuela en los primeros años?