La evaluación de las políticas públicas

Las cifras sobre la pobreza difundidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en días pasados nos dieron numerosas lecciones. Para quienes gobiernan, los resultados de la evaluación fueron como una bofetada en pleno rostro, mientras que a las y los ciudadanos nos permiten analizar y emitir juicios sobre el desarrollo de las políticas públicas específicas y sobre quienes las diseñan y ejecutan.
1. El incremento en el número de pobres en los dos últimos años da al traste con todos los argumentos que la clase política en el poder había construido para apuntalar sus discursos. Durante muchos años sólo escuchamos los parabienes y la parte positiva de las políticas aplicadas por los gobiernos en turno respecto de la disminución de la pobreza.
Hoy existe un organismo evaluador como el Coneval que emite información seria sobre los impactos de esas políticas y todos podemos tener acceso a ella (http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/index.es.do) colocándonos ante la posibilidad de analizarla, emitir juicios respecto de esos datos y calificar la actuación de un gobierno (dicho sea de paso, poner al alcance de todos esta información, es un ejemplo muy claro de la utilidad de la transparencia de la información).
2. La investigación del Coneval pone de manifiesto la importancia y utilidad de evaluar las políticas públicas y todas las actividades que realizan los gobiernos, pero también de hacer públicos los resultados.
En México, la evaluación del quehacer gubernamental se convirtió en una obligación establecida en la Constitución federal desde mayo de 2008, fecha en que se publicó el decreto que modifica el artículo 134 en este tenor: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal (...) se administraran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.(…) Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal”.
El artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Social también se refiere a este proceso de evaluación: “Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley…”.
El artículo sexto constitucional, fracción V, también establece la obligatoriedad de publicar información sobre los indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos, como una forma de evaluación ciudadana de las acciones que realiza el gobierno.
Evidentemente, estamos en pañales en materia de evaluación, no obstante que ya existe la normatividad necesaria para que todas las dependencias públicas se apeguen a este tipo de procesos.
3. En el caso de Guerrero, de acuerdo con los resultados del Coneval, se incrementó el número de personas que viven en condiciones de pobreza; pero la mayor parte de los programas y proyectos para el desarrollo social aplicados en el estado son financiados y en algunos casos operados directamente por la federación, es decir, las políticas para reducir la pobreza no son diseñadas dentro de la entidad.
No obstante esta limitante, en el estado hemos aprendido a desvirtuar las políticas federales ya diseñadas, como es el caso de la desviación de recursos que se hace del Fondo de Infraestructura Social Municipal (destinados sobre todo a obra pública) para subsidiar la adquisición de fertilizante.
Pero lo más grave se encuentra precisamente en los procesos de evaluación y rendición de cuentas, que brillan por su ausencia. Ni el gobierno del estado ni los ayuntamientos cuentan con un organismo profesional para la evaluación de sus acciones (ni siquiera cumplen con los mínimos de transparencia, es decir, por lo menos con el piso básico para que la ciudadanía pueda evaluar el quehacer de gobierno). Y de la rendición de cuentas, ni qué decir, porque simplemente no existe.
Es urgente que los gobiernos tengan en su agenda la evaluación de sus acciones, y difundir los resultados para que la participación ciudadana también contribuya a mejorar lo que se hace en el gobierno.