El Sur de Acapulco
Hace poco más de cinco años entró en vigor en Guerrero la primera Ley de Acceso a la Información del Estado. Desde aquel junio de 2006, muchas cosas han cambiado, pero no hemos encontrado en este periodo avances sustanciales en materia de transparencia y rendición de cuentas más allá de la legislación de dos leyes.
La semana anterior asistí a un acto organizado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (organismo encargado de garantizar el cumplimiento de la ley) y la Contraloría General del Estado (dependencia que diseña y opera la política de transparencia entre las oficinas del ejecutivo estatal), a propósito de los cinco años de de la primera ley, y a un año de entrada en vigor de la que nos rige actualmente.
No esperaba escuchar mensajes autocríticos, la verdad, pero por lo menos sí el reconocimiento de la situación real por la que atraviesa la transparencia y la rendición de cuentas en el estado, en donde, por cierto, no se ha avanzado prácticamente en nada; es más, en muchos aspectos pueden observarse retrocesos, como es el caso de la no publicación de información de oficio.
Alguien en el evento mencionó la cifra de catorce mil solicitudes de información presentadas ante los diferentes dependencias a lo largo de cinco años, cantidad que el ITAIG tiene en sus registros; y aunque no fue mencionado en el acto, revisamos los informes del ITAIG en su página electrónica y en esos mismos cinco años solamente se presentaron 181 recursos de revisión por ciudadanos inconformes que no recibieron la información completa, se las negaron o no les satisfizo la que les entregaron.
Si estos dos indicadores los traducimos a números relativos, significa que únicamente 1.2% de los ciudadanos que presentaron solicitudes se inconformaron con las dependencias públicas a quienes les solicitaron, según el ITAIG.
Estos datos sorprenden mucho, ya que ni siquiera en el ámbito federal se tiene un porcentaje tan bajo de quejas. Los registros del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) indican que en los años que lleva funcionando se han presentado 5.4% de quejas respecto del total de solicitudes de información presentadas (687,944 peticiones en el periodo de 2003 a la fecha).
La interpretación que dejan estos datos del órgano garante guerrerense es que las dependencias públicas tienen una enorme disposición para entregar información, pero cualquier persona que haya presentado una solicitud en Guerrero conoce las trabas que deben sortearse antes de conseguir datos públicos, si es que los consigue.
Por eso sorprende que sea tan bajo el número de quejas en un estado donde los sujetos obligados o dependencias públicas no se caracterizan precisamente por su disposición ni por seguir las obligaciones que les marca la ley en esta materia.
El otro asunto que tampoco se abordó con rigor en el acto organizado por el ITAIG y la Contraloría General del Estado fue el de la transparencia, y más específicamente el de la publicación de la información de oficio que marca el artículo 13 de la ley de transparencia.
A 13 meses de que entró en vigor la nueva ley, ningún sujeto obligado del estado ha sido capaz de hacer públicos los 22 bloques de información que le señala la ley. Ni el gobierno del estado, ni los ayuntamientos, ni los órganos autónomos, ni el Congreso del Estado, es más, ni el propio ITAIG, que es el encargado de garantizar que ésta y otras disposiciones de la ley se lleven a cabo, han cumplido con esta obligación.
En el quinto aniversario de que entró en vigor la primera ley de transparencia no hay nada que celebrar; hace falta, eso sí, más reflexión, análisis, autocrítica y mucho trabajo para enmendar lo que está fallando.
Si no hay avances aunque sean mínimos en estos dos asuntos básicos (transparencia y acceso a la información) estamos todavía lejos de hablar de una verdadera rendición de cuentas en el estado.
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