El derecho a saber a 100 días

El Sur de Acapulco

A 100 días de que entró en funciones, la nueva administración estatal aún nos debe una política gubernamental de transparencia y rendición de cuentas efectiva y convincente que mejore significativamente lo que se hizo en el sexenio anterior.

Las muchas declaraciones respecto de las deficiencias contables, administrativas y de rendición de cuentas que se le atribuyen al gobierno anterior –sobre todo en los ramos de salud y educación que manejan presupuestos millonarios-, no significan que la actuación y el quehacer gubernamental de la actual gestión sea transparente ni mucho menos que haya un trabajo sistemático para lograrlo, por lo menos que hayan hecho público.

1. En más de tres meses, el gobierno de Ángel Aguirre todavía no publica la información de oficio de cada una de las 55 dependencias de la administración central y el sector paraestatal, lo que en estricto significa la inobservancia de la ley en la materia.

Durante las primeras semanas retiró toda la información de oficio que había publicado el gobierno de Zeferino Torreblanca, pero hasta la fecha no ha sido remplazada. Esto incluye un apartado denominado de Transparencia Fiscal, que fue retirado durante varias semanas, y lo publicaron nuevamente con varias modificaciones. Pero esto no es suficiente para hablar propiamente de una política de transparencia.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública no señala en ningún apartado dar tregua en las transiciones entre un gobierno y otro para cumplir con las obligaciones; no, ésta se debe cumplir de manera permanente, y la actual administración nunca previó esta situación.

2. En materia de acceso a la información, en la actual administración se han observado contratiempos en la entrega de información a quienes la solicitan. No obstante que funciona con regularidad el sistema electrónico Info-Guerrero, que debería facilitar los procedimientos para solicitar y entregar información, la realidad es que no ha sido así.

El relevo de los responsables de las unidades de transparencia de cada dependencia (antes denominados enlaces) y la inexperiencia de los cuadros medios y superiores sobre esta materia, explica en gran parte los retrasos y la no entrega de información. No se aprovechó la experiencia acumulada de estos enlaces, que durante el gobierno anterior recibieron capacitación sobre los procedimientos que han de realizarse.

Hoy se paga sea decisión con un retroceso importante en materia de acceso a la información.

3. El gobierno del sexenio pasado nunca diseñó e instrumentó ninguna política de promoción del derecho a saber entre las y los guerrerenses; tampoco lo hizo el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, y por eso tenemos estadísticas tan pobres en el ejercicio ciudadano de este derecho. Parte de la tarea de los gobiernos es también promover y crear las condiciones para que la ciudadanía ejerza sus derechos.

Se espera que la administración actual desarrolle acciones para promover el derecho a saber, no sólo con mensajes en los medios de comunicación y declaraciones, sino con actividades más eficaces como talleres en las comunidades, foros, mesas redondas, publicaciones. Eso sí que marcaría diferencia con sus antecesores.

4. Sigue pendiente también la oferta que hizo el gobernador Ángel Aguirre en campaña, más precisamente durante el debate que sostuvo con sus contrincantes. Se trata de la integración de una Contraloría Ciudadana para la vigilancia del presupuesto y la obra pública, que también es muy indispensable en los sectores salud y educativo.

No sabemos si ya se está cocinando dicha contraloría, pero en principio, para que funcione, debe tener las siguientes características: autonomía, pluralidad y que sus decisiones sean vinculatorias, es decir que tengan alguna repercusión en los procesos que está vigilando. Si no cumple con alguna de ellas, sólo será un organismo decorativo.

5. El balance de los 100 días no es optimista. Esperemos que pronto se anuncien acciones efectivas.