Otra vez en pie de lucha. En estos meses, miles de habitantes de las regiones Costa Chica y Montaña, sobre todo de los pueblos originarios, se encuentran en estado de alerta y se organizan para defender su territorio y los recursos naturales que en él existen, esta vez en contra de la decisión del gobierno federal de otorgar concesiones a empresas extranjeras para la exploración y explotación de las riquezas minerales de la región.
Como ha sucedido en otras ocasiones, esta delicada decisión del gobierno federal no consideró la opinión de las comunidades que resultarían afectadas, lo que significa que todavía hay un descomunal menosprecio por lo que piensa la sociedad sobre temas específicos y en torno a las decisiones que la afectan.
La discrecionalidad e incluso la imposición de las obras, proyectos, programas o leyes en los que hay como componente una fuerte intervención de la iniciativa privada, (La Parota, el muelle de la bahía de Zihuatanejo, la Ley de Asociaciones Público-Privadas, la Supervía en el Distrito Federal) busca garantizar el beneficio de unos pocos (inversionistas privados coludidos con políticos de todos los niveles) en detrimento de poblaciones completas (afectados negativamente por estos proyectos en sus territorios, recursos naturales, trabajo o formas de vida).
El caso de las concesiones a compañías mineras, aunque fue una decisión tomada en el gobierno federal, en Guerrero el gobierno no ha dado muestras de defender o siquiera de cuestionar la acción federal, por los efectos negativos que acarreará en las comunidades guerrerenses (por ejemplo, mostrar esa fiereza con que se opusieron a la decisión de llevarse de Guerrero el Tianguis Turístico).
Hay varias experiencias, incluso en el propio estado, que muestran cómo la explotación de minerales tiene impactos en la destrucción del paisaje, en el deterioro ambiental y en la contaminación del territorio. No es cierto que con la introducción de las empresas mineras se vaya a generar desarrollo para las comunidades. Sí, habrá para las compañías muy buenas condiciones de rentabilidad, pero sin desarrollo al interior del territorio explotado, ni mejoría en los condiciones de vida de sus habitantes.
Sin duda, hay en juego cuantiosas inversiones de capital privado esperando ser aplicadas en esta región; de ese tamaño será también la fuerza con que los gobiernos de los tres órdenes y muchos aliados (partidos políticos, diputados, medios de comunicación, organizaciones sociales) tratarán de imponer el proyecto con las más variadas estrategias, tal y como se hizo con el proyecto hidroeléctrico de La Parota.
Con la misma o mayor fuerza, los habitantes de esta región y sus organizaciones tendrán que hacer frente a la embestida. Habrá que estar pendientes, pues existen otras formas de desarrollo más justas para las comunidades indígenas de la región y menos depredadoras de los recursos naturales con que cuentan; pero nunca nadie les ha preguntado nada.
De todo. En las últimas semanas, el periódico el Faro de la Costa está publicando con insistencia información sobre la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Si alguien revisa algunas de estas “notas” que más bien son textos editorializados, observará que, en el mejor de los casos, hay una manifiesta falta de profesionalismo y compromiso con la ética periodística, por lo menos en este asunto. La CRAC sin duda debe tener muchos errores y defectos en su funcionamiento, estructura, representación –entendibles porque es un movimiento social que funciona a contracorriente del Estado–, pero nadie puede negar las aportaciones que ha hecho a la región, entre otras, en materia de seguridad y justicia en los pueblos donde tiene influencia, algo que los tres órdenes de gobierno no han podido hacer en ningún lado. Denostar todo este movimiento a partir de la desacreditación permanente de la trayectoria personal de algunos de sus dirigentes, no es el camino que debe seguir un periódico serio.
Como ha sucedido en otras ocasiones, esta delicada decisión del gobierno federal no consideró la opinión de las comunidades que resultarían afectadas, lo que significa que todavía hay un descomunal menosprecio por lo que piensa la sociedad sobre temas específicos y en torno a las decisiones que la afectan.
La discrecionalidad e incluso la imposición de las obras, proyectos, programas o leyes en los que hay como componente una fuerte intervención de la iniciativa privada, (La Parota, el muelle de la bahía de Zihuatanejo, la Ley de Asociaciones Público-Privadas, la Supervía en el Distrito Federal) busca garantizar el beneficio de unos pocos (inversionistas privados coludidos con políticos de todos los niveles) en detrimento de poblaciones completas (afectados negativamente por estos proyectos en sus territorios, recursos naturales, trabajo o formas de vida).
El caso de las concesiones a compañías mineras, aunque fue una decisión tomada en el gobierno federal, en Guerrero el gobierno no ha dado muestras de defender o siquiera de cuestionar la acción federal, por los efectos negativos que acarreará en las comunidades guerrerenses (por ejemplo, mostrar esa fiereza con que se opusieron a la decisión de llevarse de Guerrero el Tianguis Turístico).
Hay varias experiencias, incluso en el propio estado, que muestran cómo la explotación de minerales tiene impactos en la destrucción del paisaje, en el deterioro ambiental y en la contaminación del territorio. No es cierto que con la introducción de las empresas mineras se vaya a generar desarrollo para las comunidades. Sí, habrá para las compañías muy buenas condiciones de rentabilidad, pero sin desarrollo al interior del territorio explotado, ni mejoría en los condiciones de vida de sus habitantes.
Sin duda, hay en juego cuantiosas inversiones de capital privado esperando ser aplicadas en esta región; de ese tamaño será también la fuerza con que los gobiernos de los tres órdenes y muchos aliados (partidos políticos, diputados, medios de comunicación, organizaciones sociales) tratarán de imponer el proyecto con las más variadas estrategias, tal y como se hizo con el proyecto hidroeléctrico de La Parota.
Con la misma o mayor fuerza, los habitantes de esta región y sus organizaciones tendrán que hacer frente a la embestida. Habrá que estar pendientes, pues existen otras formas de desarrollo más justas para las comunidades indígenas de la región y menos depredadoras de los recursos naturales con que cuentan; pero nunca nadie les ha preguntado nada.
De todo. En las últimas semanas, el periódico el Faro de la Costa está publicando con insistencia información sobre la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Si alguien revisa algunas de estas “notas” que más bien son textos editorializados, observará que, en el mejor de los casos, hay una manifiesta falta de profesionalismo y compromiso con la ética periodística, por lo menos en este asunto. La CRAC sin duda debe tener muchos errores y defectos en su funcionamiento, estructura, representación –entendibles porque es un movimiento social que funciona a contracorriente del Estado–, pero nadie puede negar las aportaciones que ha hecho a la región, entre otras, en materia de seguridad y justicia en los pueblos donde tiene influencia, algo que los tres órdenes de gobierno no han podido hacer en ningún lado. Denostar todo este movimiento a partir de la desacreditación permanente de la trayectoria personal de algunos de sus dirigentes, no es el camino que debe seguir un periódico serio.
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