El Sur de Acapulco
Recientemente los diputados del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad la Ley de Asociaciones Público-Privadas (LAPP), con la que se endosa a la iniciativa privada la construcción de obras y la prestación de servicios públicos.
Esta responsabilidad que originalmente corresponde al Estado para mejorar las condiciones de vida de la población y que ha sido trasladada al sector privado es un asunto de primer orden que no fue discutido suficientemente de cara a la ciudadanía por los representantes populares cuya obligación primaria es precisamente velar por los intereses de quienes votaron por ellos. Desde luego, estos procesos oscuros lo único que propician son inconformidades y un mayor desencanto que se acumula a la ya de por sí deteriorada imagen que la gente tiene de los políticos.
1. No hubo consulta ni la mínima información a la ciudadanía durante el proceso de aprobación de la LAPP. En Guerrero, la clase política (gobernador del estado y legisladores, así como Tribunal Superior de Justica y Ayuntamientos en algunos asuntos) tienen el monopolio que les permite presentar iniciativas de ley, pero también de decidir cómo y en qué términos se aprueban éstas. Es decir, una vez que han sido electos, creen que son innecesarias las consultas y no se requiere saber qué piensa la gente sobre temas específicos. La democracia son ellos.
Contrasta la rapidez con que se aprobó esta ley de asociaciones con el abandono que han hecho los diputados locales de la reforma al artículo 50 de la constitución del estado -precisamente para que la ciudadanía formalmente pueda presentar iniciativas de ley- y que está pendiente desde 2008, fecha en que se aprobó la Ley de Participación Ciudadana.
Por cierto, que esta ley de participación no ha sido estrenada y aun es letra muerta. El gobierno del estado o el Congreso local se hubieran apuntado un enorme acierto si sometieran a consideración de la ciudadanía, a través de las figuras del plebiscito o el referéndum, la pertinencia de la ley que aprobaron por unanimidad y por vía del fast track. El asunto, trascendente para la vida pública o del interés social del Estado, lo ameritaba.
2. Además de procesarse en lo oscuro, la LAPP no establece medidas ni candados que garanticen la transparencia de las acciones que se realicen al amparo de las asociaciones público-privadas ni que haya rendición de cuentas. Esto aumenta la suspicacia de lo que se aprobó.
La ley de asociaciones sólo dice que los “desarrolladores” (los empresarios que serán beneficiados) informarán al gobierno del estado o los ayuntamientos sobre sus actividades en la construcción de obras o prestaciones de servicios. Pero la legislación no consideró mecanismos adicionales –por ser un asunto trascendente para la vida pública- que permitieran transparentar estas acciones ni para la rendición de cuentas sobre los servicios ofrecidos. Tampoco incluye formas de contraloría ciudadana, como sí lo hacen ya casi todos los programas federales.
Amén de que haya otra interpretación de la Ley de Transparencia, las y los ciudadanos tenemos la posibilidad de solicitar información sobre lo que realicen los “desarrolladores” por medio de la dependencia pública que los contrate. Pero la pregunta es: ¿cómo esperamos que nos proporcionen información sobre las empresas que se encargarán de construir obra y prestar servicios públicos, si hasta hoy las dependencias ni siquiera transparentan lo que hacen ellas mismas?
3. Son muchas las preguntas que quedan pendientes. ¿Adelgazará la burocracia cuando las obras y los servicios públicos sean prestados por la iniciativa privada? ¿O simplemente se encarecerán con cargo al erario público? ¿Será más eficiente y responsable la iniciativa privada en la prestación de estos servicios que por obligación corresponden al estado?¿Qué acuerdos se tomaron para que los diputados por unanimidad votaran a favor de la propuesta del Ejecutivo? ¿Por qué las y los ciudadanos no podemos saber qué se pactó? ¿Por qué no se establecieron mecanismos de control ciudadano? ¿Qué sucederá cuando los gobiernos estatal y municipales comprometan los recursos financieros de años venideros, es decir, de gobiernos que no serán los suyos?
Es lamentable la imposición de este esquema privatizador, que aunque legal, está lejos de ser legítimo.
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