1. Infomex Guerrero. Por fin fue inaugurado el sistema electrónico Infomex en el estado. Esto es una buena noticia, aun cuando haya llegado con muchísimo retraso, porque las y los ciudadanos ya podrán solicitar información pública al gobierno del estado y recibir respuesta por vía electrónica, desde el lugar en que se encuentren, incluso fuera del estado.
Pero también hay una mala, y es que durante cinco años, nadie hizo nada para promover el ejercicio del derecho de acceso a la información, ni el Congreso del Estado ni el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información ni el propio gobierno estatal. Una consecuencia de esta carencia es que la potencialidad de este sistema –que ha resultado de mucha utilidad en el nivel federal y en algunos estados–, no será aprovechada, ya que las solicitudes de información que presenten los ciudadanos ante las dependencias del gobierno estatal serán pocas, entre 200 y 300 peticiones anuales. Un verdadero desperdicio.
Hay una segunda noticia mala, y es que este sistema se inaugura a pocos días de que tome posesión una nueva administración. El sentido común indica que el siguiente gobierno deberá hacer suyo este sistema, pero quién sabe, siempre hay un margen de incertidumbre, considerando que nos encontramos en un estado donde la institucionalidad está prendida con alfileres.
2. Innovadores en opacidad. Parece una mala broma, pero el gobierno del estado entró a la carrera por la ejecución de los mecanismos más innovadores para negar u ocultar información pública. En otros estados o incluso en la federación hemos escuchado casos muy ingeniosos.
En Guerrero, hace pocos días, un incendio que fue provocado, redujo a cenizas información correspondiente a la Secretaría de Salud, nadie sabe si estratégica o no. Este hecho ocurrió precisamente en los días en que se han dado a conocer irregularidades en el ejercicio de los recursos de esta Secretaría (compra de helicóptero, leche no entregada y los que se develen esta semana).
Hasta hoy no ha habido, más allá de declaraciones que minimizan lo ocurrido, una explicación contundente de que el objetivo del atentado no era la destrucción o el ocultamiento de información. Mientras no haya esa explicación, los ciudadanos tenemos derecho a hacer cualquier especulación, pues transparencia es que el gobierno del estado dé una explicación suficientemente convincente, soportada con la documentación necesaria, sobre lo ocurrido con la información incinerada.
3. Lo sabido hay que hacerlo evidente. El documental Presunto culpable es una suerte de ojo ciudadano vigilante. La aportación de quienes lo produjeron es simple pero enormemente significativa: haber grabado lo que, de una manera u otra, todos sabemos que sucede en el sistema de procuración e impartición de justicia en México. Pero no es lo mismo saberlo cada quien en su fuero interno, que hacerlo evidente ante colectividades (cine, internet, reuniones, noticias). En pocos días ha propiciado un gran revuelo, que ojalá se traduzca en cambios relevantes en el sistema.
En Guerrero, el asunto debe estar también como tema del día, incluso con una mayor fuerza que en otros estados, porque los atropellos e irregularidades de nuestro deficiente sistema de justicia hay que pensarlos en términos más crudos. Los testimonios de quienes lo han padecido son elocuentes y describen situaciones verdaderamente dramáticas. La lista de casos es larga, y en los hechos sólo conocemos las experiencias que han tenido resonancia pública porque detrás hay personas u organizaciones estatales y nacionales, que precisamente luchan y buscan por diferentes medios –la denuncia pública entre ellos– evidenciar irregularidades y enderezar la grosera parcialidad con que se actúa.
Apenas hoy tenemos vigente el caso de los activistas de Género Cruz Apóstol, Silverio Matías Domínguez y David Valtierra Arango, quienes fueron acusados de privación de la libertad de manera injusta. Su causa está siendo revisada y se espera una justa reconsideración del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
En Guerrero se podrían filmar muchos documentales como el de Presunto culpable.
Pero también hay una mala, y es que durante cinco años, nadie hizo nada para promover el ejercicio del derecho de acceso a la información, ni el Congreso del Estado ni el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información ni el propio gobierno estatal. Una consecuencia de esta carencia es que la potencialidad de este sistema –que ha resultado de mucha utilidad en el nivel federal y en algunos estados–, no será aprovechada, ya que las solicitudes de información que presenten los ciudadanos ante las dependencias del gobierno estatal serán pocas, entre 200 y 300 peticiones anuales. Un verdadero desperdicio.
Hay una segunda noticia mala, y es que este sistema se inaugura a pocos días de que tome posesión una nueva administración. El sentido común indica que el siguiente gobierno deberá hacer suyo este sistema, pero quién sabe, siempre hay un margen de incertidumbre, considerando que nos encontramos en un estado donde la institucionalidad está prendida con alfileres.
2. Innovadores en opacidad. Parece una mala broma, pero el gobierno del estado entró a la carrera por la ejecución de los mecanismos más innovadores para negar u ocultar información pública. En otros estados o incluso en la federación hemos escuchado casos muy ingeniosos.
En Guerrero, hace pocos días, un incendio que fue provocado, redujo a cenizas información correspondiente a la Secretaría de Salud, nadie sabe si estratégica o no. Este hecho ocurrió precisamente en los días en que se han dado a conocer irregularidades en el ejercicio de los recursos de esta Secretaría (compra de helicóptero, leche no entregada y los que se develen esta semana).
Hasta hoy no ha habido, más allá de declaraciones que minimizan lo ocurrido, una explicación contundente de que el objetivo del atentado no era la destrucción o el ocultamiento de información. Mientras no haya esa explicación, los ciudadanos tenemos derecho a hacer cualquier especulación, pues transparencia es que el gobierno del estado dé una explicación suficientemente convincente, soportada con la documentación necesaria, sobre lo ocurrido con la información incinerada.
3. Lo sabido hay que hacerlo evidente. El documental Presunto culpable es una suerte de ojo ciudadano vigilante. La aportación de quienes lo produjeron es simple pero enormemente significativa: haber grabado lo que, de una manera u otra, todos sabemos que sucede en el sistema de procuración e impartición de justicia en México. Pero no es lo mismo saberlo cada quien en su fuero interno, que hacerlo evidente ante colectividades (cine, internet, reuniones, noticias). En pocos días ha propiciado un gran revuelo, que ojalá se traduzca en cambios relevantes en el sistema.
En Guerrero, el asunto debe estar también como tema del día, incluso con una mayor fuerza que en otros estados, porque los atropellos e irregularidades de nuestro deficiente sistema de justicia hay que pensarlos en términos más crudos. Los testimonios de quienes lo han padecido son elocuentes y describen situaciones verdaderamente dramáticas. La lista de casos es larga, y en los hechos sólo conocemos las experiencias que han tenido resonancia pública porque detrás hay personas u organizaciones estatales y nacionales, que precisamente luchan y buscan por diferentes medios –la denuncia pública entre ellos– evidenciar irregularidades y enderezar la grosera parcialidad con que se actúa.
Apenas hoy tenemos vigente el caso de los activistas de Género Cruz Apóstol, Silverio Matías Domínguez y David Valtierra Arango, quienes fueron acusados de privación de la libertad de manera injusta. Su causa está siendo revisada y se espera una justa reconsideración del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
En Guerrero se podrían filmar muchos documentales como el de Presunto culpable.
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