El último sobre transparencia

Marcos Méndez Lara
Hace nueve años comencé a escribir en este diario artículos sobre transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y participación ciudadana, primero en la columna Guerrero Transparente, y después, a partir de diciembre de 2011, en Monitor de Guerrero. Fueron 225 textos, la mayoría basados en opiniones documentadas, que se publicaron puntualmente en El Sur, periódico de Guerrero.
Hoy anuncio que dejaré de publicar esta columna porque he tomado la decisión de aceptar el cargo de Representante de la Procuraduría Agraria en el estado. Sin duda, un enorme reto en mi trayectoria profesional que espero cumplir cabalmente. Sin embargo, esta nueva actividad pública es incompatible con la naturaleza y los principios que dieron origen a Monitor de Guerrero, que en esencia se define como un espacio ciudadano u observatorio de la política de transparencia y la rendición de cuentas gubernamental.
Podría continuar publicando esta columna, como algunos servidores públicos que tienen espacios en los medios, pero decidí dejar a salvo ese propósito inicial y no entreverarlo con mi actual condición de funcionario público.
Muchas satisfacciones obtuve gracias a esta publicación. Se convirtió en un verdadero vínculo con muchos lectores, ya que al encontrarnos en las más diversas circunstancias o incluso en los más lejanos lugares, salía a relucir que eran lectores frecuentes de Monitor de Guerrero y eso nos hacía tener un lazo común.
Pero tal vez las mayores satisfacciones fueron aquellas en que lograba incidir en las dependencias gubernamentales para que iniciaran, modificaran o ajustaran sus prácticas de transparencia. Sigo pensando que el periodismo, especialmente el de investigación, puede tener incidencia en las políticas públicas, sobre todo cuando se hace con argumentos y con un trabajo bien documentado. En este punto seguramente muchos compañeros de los medios y opinadores profesionales difieren conmigo, pero sostengo que es uno de los objetivos subyacentes que tiene nuestra actividad.
Pilares
La aceptación de Monitor de Guerrero se basó en dos pilares principales: el primero se relaciona con la intención de que cada texto y en particular cada argumento estuviera suficientemente documentado a partir de fuentes sólidas, fueran leyes, planes, políticas, proyectos gubernamentales y estudios o diagnósticos académicos.
También respecto de las fuentes, una de las características de esta columna es que casi siempre la información y datos correspondía con la que me enviaban como respuestas –o también cuando omitían las respuestas– a preguntas que formulaba a través de solicitudes de información dirigidas a diferentes entidades públicas gubernamentales para conocer datos sobre programas, proyectos, políticas o acontecimientos de interés. También los portales electrónicos de las dependencias y la plataforma nacional de transparencia se convirtieron en una fuente importante de información; en muy pocas ocasiones retomé otras fuentes, como las declaraciones de servidores públicos y otros actores sociales, o los comunicados de prensa.
Aunque los de Monitor fueron textos encuadrados dentro del género de opinión, siempre busqué que las opiniones ahí vertidas contaran con un respaldo que las apuntalara. Me parece que en Guerrero, para tener una idea más clara de nuestra realidad, con sus causas, efectos y consecuencias, es indispensable y urgente tener más ejercicios de un periodismo que investigue.
El segundo pilar es el de la especialización. Hay temas que requieren en periodismo ser tratados con cierta profundidad y análisis, sin llegar a ser textos científicos o académicos. Para hacer periodismo especializado se requiere conocer la realidad sobre la que se va a informar y tener claros los ámbitos temáticos que se abordan. Otra característica es que hay una imperiosa necesidad de contextualizar la información y todo lo anterior permite satisfacer las demandas de información especializada por parte de las audiencias sectoriales.
Mi especialización en este tema se remonta a principios de este siglo, cuando desde varias organizaciones de la sociedad civil fui promotor de la rendición de cuentas en el espacio municipal involucrando tanto a autoridades y funcionarios de ayuntamientos como a habitantes de comunidades rurales y de colonias populares. De manera especial, junto con compañeros y compañeras iniciamos diversas actividades orientadas a construir ciudadanía buscando participar en el espacio público a través de contralorías sociales, observatorios ciudadanos y otras formas de participación ciudadana institucionalizados como los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal y los comités de desarrollo comunitario y comités de obra pública municipal. 
Uno de esos espacios fue una iniciativa de organizaciones y ciudadanos denominado Ciudadanos por Municipios Trasparentes (Cimtra), que de 2008 a 2016 realizó monitoreos a los ayuntamientos del estado, constituyéndose en el primer ejercicio de revisión hecha por ciudadanos a la transparencia de los municipios.
Otro acontecimiento que marcó el inicio de mi especialización en la materia fue la legislación de leyes de transparencia. La publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el 11 de junio de 2002 abrió expectativas para la aprobación de leyes en las legislaturas estatales. En esas fechas participé activamente con organizaciones sociales y de periodistas en acciones diversas para exigir al Congreso de Guerrero que legislara una ley de transparencia, lo que no ocurrió hasta 2005, convirtiéndose el estado en uno de los últimos en el país en contar con su ley local. Este hecho, junto con la aprobación de una muy mala ley por la 57 Legislatura del Congreso, y especialmente su laxa aplicación, me llevaron a integrarme a diferentes frentes para exigir que se mejoraran los niveles de transparencia en el estado.
Desde entonces comencé a documentarme sobre estos temas tan importantes para la administración pública. Asistí a cursos, talleres, diplomados, seminarios y di puntual seguimiento a lo que sucedía en el ámbito nacional. No dejé por supuesto esa importante tarea de construir ciudadanía a partir de la exigencia de rendición de cuentas.
Con ese bagaje de experiencias y conocimientos, inicié la publicación de artículos en El Sur y de manera temporal en la revista Trinchera y en la que edita la organización de migrantes Clubes Unidos Guerrerenses del Medio Oeste.
11 años
Monitor de Guerrero abordó muchísimos temas relativos a la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en el ámbito público. Quien siguió de cerca esta columna pudo darse cuenta que nunca hubo consigna de ningún tipo en los temas que se abordaban: lo mismo analizamos a gobiernos estatales, municipales, organismos autónomos, dependencias federales o al órgano garante, sin importar su filiación política o electoral.
En este espacio denunciamos irregularidades y presuntos casos de corrupción en el Instituto Guerrerense de Atención Integral de las Personas Adultas Mayores de las pensiones entregadas (2011), así como en la entonces Secretaría de Desarrollo Rural con el programa Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua. Igualmente, la gran discrecionalidad con que se usaron los recursos del Plan Nuevo Guerrero, destinados a la reconstrucción luego de los fenómenos metereológicos Ingrid y Manuel en 2013, entre otros muchos.
En Monitor de Guerrero publicamos y comentamos por primera vez en el estado las observaciones que emitía la Auditoría Superior de la Federación al gasto federalizado ejercido por el gobierno del estado y los ayuntamientos y que ejemplificaron en su oportunidad lo mucho que estaba por realizarse en materia de fiscalización del gasto público en el estado.
También en diferentes oportunidades advertimos que el órgano garante guerrerense tenía deficiencias en la realización de sus actividades, tal vez la más sonada y que documentamos suficientemente fue aquel periodo entre 2006 y 2011 en el que la entonces Comisión de Acceso a la Información del estado manipuló las cifras de solicitudes de información y nos pretendió vender como una entidad de primer mundo con una ciudadanía aparentemente muy participativa.
Dimos cuenta de los compromisos de los diferentes gobiernos estatales en materia de transparencia y cómo éstos se iban difuminando conforme avanzaban sus periodos de gobierno. De hecho, antes de la Ley General de Transparencia, que hizo obligatoria una política nacional en la materia y que las entidades debían seguir, durante 15 años en Guerrero no tuvimos una política local vigorosa, ni siquiera mediana, más bien muy apocada.
Hubo temas específicos a los que le dedicamos varios artículos, como la opacidad de los ayuntamientos, el programa de fertilizante y el Congreso del estado.
La falta de transparencia en los gobiernos municipales fue el asunto que con más frecuencia abordamos en Monitor de Guerrero, esto porque es el sector que hasta hoy ha carecido de sistemas efectivos de control sobre los recursos que ejerce y en consecuencia la transparencia y la atención a solicitudes de información está muy disminuida. Miles de habitantes de los 81 municipios del estado quieren saber en qué y cómo se gastan los recursos que se destinan a los ayuntamientos.
Igualmente, el programa de fertilizante fue un tema recurrente en la columna, por la opacidad con que se manejó y porque todavía hoy presenta numerosos problemas en su operación. Las diferentes administraciones estatales –antes era este orden de gobierno el que establecía las bases normativas– y los ayuntamientos que se encargaban de las adquisiciones y la distribución del insumo agrícola nunca transparentaron ni los procesos de licitación y contratación, ni los estudios de calidad del fertilizante, ni la información necesaria para diagnosticar lo que sucedía en este programa en el que se invertían más de mil millones de pesos y que beneficiaba a cerca de 300 mil productores.
Las diferentes legislaturas del Congreso del estado tuvieron en la falta de transparencia una de sus características. Fueron muchos los campos que denunciamos en esta columna, pero destacadamente fue el de los gastos de gestión o gestoría el rubro de mayor opacidad, ya que a la fecha se desconocen sus mecanismos de operación y a qué exactamente se destinan. Según nuestros cálculos, la mitad del presupuesto de este órgano legislativo se ha destinado a este concepto, sin que la ciudadanía conozca su destino.
Un hasta luego
Como resultado de las solicitudes de información que presentamos o de los análisis que aquí publicamos, tuvimos pequeños logros en favor de la transparencia, como la difusión por primera y única vez del padrón de productores del programa de fertilizante, los informes de cuenta pública del Ejecutivo, el conteo preciso de solicitudes de información por el Instituto de Transparencia, y más recientemente, el ajuste a la metodología de las verificaciones que realiza ese organismo garante. Pero el mayor logro sin duda es haber puesto en la discusión pública temas que hace 10 o 15 años no se tocaban, es decir, mantener la exigencia de rendición de cuentas como algo cotidiano y no como excepción.
Falta mucho qué hacer en el estado y ojalá aparezcan más espacios con información y reflexiones para el debate. La normatividad de última generación dio origen a los sistemas nacionales de transparencia, fiscalización, contabilidad gubernamental y anticorrupción, pero éstos no se implementan de manera homogénea en el país y es necesario dar un seguimiento especial a la manera en que se aplican aquí, por ser una entidad con muchas carencias y con la mayoría de su población viviendo en condiciones de pobreza. Sólo por eso se justifica. Ojalá estos y otros temas sean investigados, analizados y publicados en los medios de comunicación.
Agradezco infinitamente a Juan Angulo y Maribel Gutiérrez este valioso espacio en El Sur. Nunca recibí de ellos ni un atisbo de censura, mucho menos ninguna sugerencia de abordar esta u otra temática. Las correcciones que aplicaron a mis textos en todo caso fueron las que el diario tiene en su manual de estilo.
Me voy muy agradecido también con todas y todos aquellos que se tomaron la molestia de leer esta columna durante 11 años. La mayor parte de los trabajos publicados se pueden consultar en http://transparenciaguerrero.blogspot.com/

La transparencia 2019 en cifras

Marcos Méndez Lara
A propósito del décimo cuarto informe de labores del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaigro), correspondiente al ejercicio 2019, hay datos relevantes que permiten tener un panorama general sobre lo que está sucediendo en el estado en transparencia y acceso a la información. De manera global se observa un creciente interés de la ciudadanía por ejercer su derecho de acceso a la información (presentación de solicitudes) y hacerlo valer (recursos de revisión y denuncias ciudadanas), pero también se registra una tímida respuesta de los sujetos obligados o dependencias públicas a este naciente activismo de la ciudadanía.
En materia de transparencia, según el informe del Itaigro, se palpa una leve mejoría en los niveles de cumplimiento, pero no en los ayuntamientos, pues todavía persiste en este sector una gran resistencia a publicar los rubros importantes que establece la ley.
Tal vez a estas alturas sea inaceptable que haya 48 dependencias públicas, de 196 evaluadas, que no presentaron su informe anual de solicitudes de información al que están obligadas por ley; ni que 26 sujetos obligados tengan calificaciones de cero puntos o que 14 hayan obtenido menos de 10 puntos porcentuales en sus obligaciones de transparencia.
Este informe del Itaigro desnuda esa realidad del estado: crece la participación ciudadana, pero las respuestas institucionales son insuficientes.
Solicitudes de información
Hay un incremento importante de las solicitudes de información de 2018 a 2019, pues pasaron de 7 mil 264 a 8 mil 655, que equivale a 19.1 por ciento. La mayoría de estas solicitudes se presentaron mediante dispositivos electrónicos como la plataforma nacional de transparencia o el sistema Info Guerrero. Este incremento indudablemente es saludable para la vida pública del estado, ya que indica que hay en la ciudadanía un interés creciente por conocer lo que hacen las instituciones gubernamentales.
Si se observa por sectores, las 70 dependencias del Ejecutivo estatal recibieron 3 mil 76 solicitudes, mientras que a los 81 ayuntamientos llegaron 2 mil 779; entre ambos concentran el 67.6 por ciento de todas las solicitudes del estado en 2019. Le siguen los órganos públicos autónomos con mil 431 solicitudes y el poder legislativo con 360.
Si se observa por dependencias, los primeros lugares son para la Fiscalía General del Estado, con 781 solicitudes, el ayuntamiento de Acapulco, con 564; el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con 332; la Secretaría de Fianzas y Administración y la de Salud (310) y el ayuntamiento de Chilpancingo, con 305 solicitudes de información.
Y así como es positiva la cifra del incremento del número de solicitudes de información, hay otros datos que no lo son tanto, como el caso de las dependencias que no presentaron su informe anual de solicitudes de información ante el Itaigro. En 2019, las dependencias que omitieron presentar su informe alcanzan el alarmante número de 48. Es una tendencia que no se ha modificado, pues en 2018 fueron 53 las dependencias que no enviaron este informe al Itaigro. La omisión es sumamente grave porque se percibe no sólo como un desacato a la ley de transparencia, sino como una falta de interés de los titulares por hacer una gestión transparente.
De los 48 sujetos obligados que en 2019 no presentaron su informe, 19 son ayuntamientos: Alpoyeca, Arcelia, Atlixtac, Ayutla, Copalillo, Copanatoyac, Cutzamala, General Canuto A. Neri, General Heliodoro Castillo, Huamuxtitlán, Igualapa y José Joaquín de Herrera.
Tampoco presentaron su informe Leonardo Bravo, Ometepec, Pedro Ascencio Alquisiras, San Miguel Totolapan, Tecpan de Galeana, Tlapehuala y Xalpatláhuac. En tanto que los organismos operadores de agua potable de Chilpancingo, Taxco y Tixtla tampoco lo hicieron.
En la misma situación se encuentran seis sindicatos: el de servidores públicos del estado, de trabajadores académicos de la UAGro, el de técnicos, administrativos y de intendencia al servicio de la universidad, los dos del Colegio de Bachilleres, de trabajadores de la Música y el de trabajadores, empleados de Agua Potable, Alcantarillado y Conexos.
Recursos de revisión
En 2019 hubo un incremento sustancial en el número de recursos de revisión: en 2018 se presentaron 379 y esa cifra se incrementó a 617 en 2019, es decir, 62.7 por ciento más. Una primera interpretación es que al aumentar las solicitudes de información crece el número de recursos. En principio es cierto, pero desde hace algunos años hemos sostenido que los solicitantes, aunque sientan afectado su derecho a la información por alguna de las causales que establece la ley, no siempre presentan los respectivos recursos por diversos motivos, generándose una cifra negra en este rubro. Es muy probable entonces que haya un mayor interés de la ciudadanía en dar seguimiento a sus requerimientos de información no satisfechos y por lo tanto un ejercicio más pleno de este derecho.
El incremento de los recursos de revisión también evidencia que las dependencias públicas no están cumpliendo con el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, tal vez sea una tendencia que viene arrastrándose desde hace varios años, pero por lo menos ya hay un mayor interés por inconformarse cuando ese derecho no es satisfecho.
Los sujetos obligados que tuvieron un mayor número de recursos de revisión durante 2019 fueron el ayuntamiento de Acapulco (78), la Fiscalía General del Estado y el Congreso del Estado de Guerrero (40), la Universidad Autónoma de Guerrero (27), el ayuntamiento de Coyuca de Benítez (20), la Secretaría de Finanzas y Administración  y la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (18); la Secretaría de Educación Guerrero (11) la Secretaría de Salud (8) y el ayuntamiento de San Luis Acatlán (8).
De nueva cuenta, los ayuntamientos fueron el sector que más recursos recibió con 248, el Ejecutivo del estado tuvo 191, los organismos autónomos 58 y el poder Legislativo recibió 40, mientras las universidades registraron 37.
Llama la atención que hay un número grande de recursos de revisión que se desechan (143) o sobreseen (122), entre ambos equivalen a 42.9 por ciento.
Por otra parte, también hay que destacar que en 2019 se presentaron 146 denuncias ciudadanas por incumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, lo que significa un aumento de 64 por ciento respecto a 2019. Hay que recordar que el artículo 103 de la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado establece que cualquier persona puede denunciar ante el órgano garante la falta de publicación de las obligaciones de transparencia previstas en la ley.
Independientemente del proceso que hayan seguido, los sujetos obligados que más denuncias ciudadanas recibieron fueron el ayuntamiento de Cocula con 21, Congreso del estado con 14 denuncias, el ayuntamiento de Coyuca de Benítez con 12. Le siguen Chilpancingo (5), Alcozauca (4), la Secretaría de Finanzas y Administración (4), Marquelia (3) y Taxco (3).
Verificación de obligaciones
En el informe también se presentaron los resultados de la verificación vinculatoria a las obligaciones de transparencia que cada año debe realizar el Itaigro a los sujetos obligados. Hay varios temas que pueden destacarse, quizás el más sobresaliente es que la revisión a las dependencias públicas se aplicó a los 48 temas del catálogo de obligaciones de transparencia y no a una muestra, como lo hicieron en la revisión anterior. Esto permite tener una idea más cercana sobre el cumplimiento de las obligaciones y quita cualquier asomo de duda respecto de la rigurosidad con que se realizan las muestras. También sobresale que nuevamente los resultados de la verificación se presentan con calificaciones numéricas, es decir, con esta forma la ciudadanía sabe con exactitud la calificación que obtuvieron los sujetos obligados.
Lo que sí creemos que debe modificarse son las categorías que usa el órgano garante para emitir sus acuerdos de cumplimiento, o de amonestación pública o de denuncia por responsabilidad administrativa para quienes obtuvieron, respectivamente, calificación satisfactoria (de 61 a 100 puntos), parcialmente satisfactoria (de 31 a 60 puntos) y no satisfactoria (de 0 a 30 puntos).
La ley dice claramente que un sujeto obligado cumple con sus obligaciones de transparencia si obtiene el 100 por ciento; cualquier calificación menor es incumplimiento y debe ser merecedora de alguna de las sanciones que establezca el Itaigro.
De acuerdo con la verificación, 26 sujetos obligados tuvieron cero de calificación, es decir, 13.2 por ciento de los 196 evaluados. De éstos, 13 fueron ayuntamientos (San Luis Acatlán, Pedro Ascencio Alquisiras, Copalillo, General Canuto A. Neri, Juan R. Escudero, Tlapehuala, San Miguel Totolapan, Alpoyeca, Igualapa, Leonardo Bravo, Xalpatlahuac, Cutzamala y Arcelia).
Otros sujetos obligados que obtuvieron cero son el organismo operador de agua potable del municipio de Tixtla, el partido Movimiento de Regeneración Nacional, y en el caso del Ejecutivo, la Escuela de Parteras Profesionales, la Casa Guerrerense en el DF, el Consejo de Políticas Públicas, la Universidad Intercultural del estado, el Consejo Estatal del Cocotero y la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública; y cinco juntas de conciliación y arbitraje.
Si se compara con el ejercicio 2018, fueron 25 los sujetos obligados con calificación cero, es decir, prácticamente el mismo número que en 2019.
Hay un bloque de siete ayuntamientos que no alcanzan ni diez por ciento en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia (Zapotitlán, Chilapa, Coyuca de Benítez, Tlalixtaquilla, Atlixtac, José Joaquín de Herrera y Huamuxtitlán); y también seis del Ejecutivo que tampoco alcanzaron las 10 unidades (Acabús, Instituto del Deporte, Fideicomiso Guerrero Industrial, Agroindustria del Sur, Comisión Estatal de Arbitraje Médico, y el Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo); y una junta de conciliación y arbitraje.
En total, el Itaigro registra 40 dependencias públicas que no obtuvieron ni siquiera 10 por ciento de calificación. En números relativos equivalen al 20.4 por ciento de los sujetos obligados evaluados. Este escenario muestra que no hay avances sustanciales en los niveles de cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el estado.
Los que sí
De acuerdo con el Itaigro, la calificación más alta en el caso de los ayuntamientos fue para Eduardo Neri, que obtuvo 94.9 por ciento; y otros tres ayuntamientos alcanzaron puntajes por arriba de 90 (Pungarabato, Cuetzala y Tetipac). Hay 16 ayuntamientos que obtuvieron entre 70 y 89 por ciento, y 41 municipios, poco más de la mitad, alcanzaron entre 11 y 69 por ciento. Es decir, sólo cuatro ayuntamientos destacan del conjunto por su nivel alto de cumplimiento y 16 se quedan en la medianía; pero el resto, 61 ayuntamientos, tienen prácticas de transparencia insuficientes, muy bajas dentro del ranking, y esto ya lleva varios años sin ningún cambio.
En el caso de los partidos políticos, indica el instituto de transparencia, excepto el Partido Revolucionario Institucional, que tiene 90.3 por ciento, y Movimiento Ciudadano con 81.8, el resto de los partidos no alcanza ni 60 por ciento de cumplimiento.
Los organismos operadores de agua potable del estado también presentan bajas calificaciones en promedio. La Comisión de Agua Potable de Acapulco tiene un puntaje de 90.2 por ciento, y el segundo sitio en este renglón es el organismo operador de Iguala, con 50.8 por ciento, y el de Zihuatanejo con 50.7; el resto no llega ni a 50 puntos.
Siguiendo las cifras del Itaigro, hay cuatro organismos autónomos con más de 90 puntos: el propio instituto de transparencia (96.8), el Tribunal Electoral del Estado (93.5), el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (93.5), y la Universidad Autónoma de Guerrero (90.1). Dentro de este sector, sólo el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado tiene una bajísima calificación con 1.6 por ciento.
Dentro del Ejecutivo, hay nueve dependencias que obtuvieron 90 o más por ciento de calificación; otras 10 oscilaron entre 81 y 89 puntos; 14 tienen entre 71 y 80 por ciento de cumplimiento, y 21 dependencias están entre 50 y 79 de calificación. En tanto que 28 oficinas del Ejecutivo no obtuvieron ni siquiera 50 por ciento.
A grandes rasgos, este es el panorama del estado en materia de transparencia y acceso a la información, y como se observa en el diagnóstico, se perciben algunos avances, pero la constante es un estancamiento en el desarrollo de estas prácticas de la gestión pública que ya lleva varios años. Ya son necesarios cambios profundos que remuevan esa inmovilidad.

Opacidad en el impuesto predial

Marcos Méndez Lara
El reciente incremento al impuesto predial en el municipio de Chilpancingo provocó una amplia reacción de la ciudadanía, que tuvo distintas expresiones como cierre de calles, plantones en las puertas del Ayuntamiento, denuncias en medios de comunicación, huelga de pagos, entre otras, al considerar injustos y desproporcionados los cobros del Ayuntamiento. En los últimos meses y todavía hoy, los medios de comunicación continúan publicando los testimonios de los numerosos casos de vecinos que denuncian incrementos en el impuesto de sus casas o terrenos en tasas de hasta mil por ciento en algunos casos.
Ante estos reclamos, no hay desde el Ayuntamiento suficientes respuestas. La información institucional sobre el incremento ha sido poca, ambigua y además ha fluido a cuentagotas, todavía a esta fecha no se publicitan todos los datos necesarios para entender el marco general, la mecánica del incremento, en qué se gastarán los recursos adicionales y cuánto recibirá la empresa contratada, entre muchas dudas que los ciudadanos quisieran resolver.
En efecto, la constante en toda la puesta en marcha de este proyecto de incremento al impuesto predial ha sido la falta de información; las declaraciones de funcionarios o las explicaciones a medias que se dan a pequeños grupos de ciudadanos nada tienen que ver con una campaña informativa bien articulada y un proceso de sensibilización previo que hubiesen sido necesarios para disminuir las inconformidades.
A la fecha, no hay en el portal electrónico ni en la Plataforma Nacional de Transparencia información que permita entender el porqué del incremento y mucho menos el cómo lo están aplicando, lo cual da pie a las especulaciones, como la comisión de actos de corrupción en el Ayuntamiento o que fue contratada una empresa privada de la que es socio o dueño un conocido político en campaña.
Aunque los propósitos del Ayuntamiento sean legítimos, como aumentar la recaudación para obtener más recursos propios y con esto recibir también más recursos federalizados; y desterrar los manejos irregulares dentro del Ayuntamiento en el departamento responsable del manejo de este impuesto, también es cierto que la estrategia implementada o su inexistencia dejaron mucho qué desear.
Ante la falta de información de una dependencia pública para explicar y justificar sus decisiones, el trabajo de investigación de los reporteros se convierte en una tarea importante para desentrañar lo que buscan ocultar a la opinión pública. En el tema del incremento al impuesto predial en Chilpancingo fueron muy pertinentes las notas de Zacarías Cervantes, reportero experimentado de esta casa editorial, para armar el rompecabezas de una decisión que tomó el Ayuntamiento de Chilpancingo respecto de este tema, que ha estado vigente en la opinión pública capitalina en los últimos meses.
Los trabajos de este reportero publicados el 15 y 16 de enero informan acerca de aspectos importantes de este problema, por lo que en este espacio abordaremos otras vertientes del asunto: el marco general de la decisión y el alto grado de opacidad en los objetivos, operación y resultados de este proyecto del gobierno capitalino.
Por más ingresos propios
La decisión de modificar los términos en el cobro del impuesto predial parece responder a la necesidad de los ayuntamientos de captar más recursos ante las nuevas reglas de austeridad que ha impuesto el actual gobierno de la República y las no tan halagüeñas perspectivas en los niveles de recaudación en el ámbito federal. Tan sólo en las participaciones federales (Ramo 28) –recursos que pueden ser ejercidos de manera libre por los estados y municipios al formar parte del gasto no programable–, tendrán una reducción de 0.9 por ciento en 2020, según el presupuesto de egresos de la federación.
La intención de captar más dinero está presente en la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Chilpancingo, publicada en el Periódico Oficial del estado el 24 de diciembre pasado, en donde la administración de Antonio Gaspar Beltrán fundamentó el incremento del impuesto predial en la Ley de Coordinación Fiscal, que desde 2013 establece que en la distribución de participaciones federales también se tomará en consideración como una variable el monto de los ingresos propios de cada municipio. Por ello, indica, “la presente iniciativa de Ley (de Ingresos) tiene como finalidad lograr una mayor captación de ingresos propios, que nos permitan obtener más recursos federales, para fortalecer nuestra hacienda pública y estar en condiciones de atender las necesidades y exigencias de los gobernados (…)”.
Los artículos transitorios de esta ley establecen algunas líneas generales para alcanzar esa meta. Así, por ejemplo, el artículo décimo primero dice que el Ayuntamiento “deberá generar las condiciones necesarias para la promoción de acciones tendientes a elevar la recaudación municipal por concepto de impuesto predial. La Proyección de ampliación de la recaudación no podrá ser menor del 20 por ciento respecto al año anterior, para lo cual deberán ampliar la base de contribuyentes con adeudo e incentivarlos mediante estímulos o requerimientos administrativos de Ejecución Fiscal, para alcanzar la meta recaudatoria”.
En número globales y de acuerdo con esta ley, el Ayuntamiento de Chilpancingo percibirá en el ejercicio 2020 un presupuesto de ingresos por mil 27.3 millones de pesos. La mayor cantidad de estos recursos provendrán de las aportaciones federales (408.4 millones) y participaciones federales (258 millones). Le siguen los ingresos captados por la Comisión de Agua Potable (137.6 millones), el cobro de derechos (103.1 millones) y la prestación de diversos servicios (70.4 millones).
Por concepto de impuestos, la ley de ingresos capitalina calcula que se obtendrán 83.4 millones de pesos, y es el impuesto predial el que tiene el mayor peso en este renglón con 44 millones de pesos. Como referente, en la Ley de Ingresos del Ayuntamiento del ejercicio 2019 se presupuestaron ingresos por este concepto por 32 millones, es decir, 12 millones menos que en 2020.
El convenio
Además de captar más recursos con el incremento y regularización del cobro del impuesto predial, el proyecto del Ayuntamiento también incluye la firma de un convenio con el gobierno del estado. La ley de Coordinación Fiscal (artículo 2-A) propone incentivos de mayores recursos para los estados que comprueben la existencia de una coordinación fiscal en el impuesto predial, para lo cual “se deberá haber celebrado un convenio con el municipio correspondiente y publicado en el medio de difusión oficial estatal, en el entendido de que la inexistencia o extinción de dicho convenio hará que se deje de ser elegible para la distribución de esta porción del Fondo de Fomento Municipal”.
En la sesión de Cabildo del 1 de marzo de 2019 del Ayuntamiento de Chilpancingo se aprobó un punto de acuerdo para autorizar al presidente municipal firmar el Convenio Marco de Colaboración Administrativa en Materia Hacendaria entre el gobierno del estado y el Ayuntamiento.
El anexo 1 de este convenio está dirigido a la “administración del impuesto predial”. El objeto del documento es que el gobierno del estado “sea el responsable de la administración del impuesto predial, por cuenta y orden del municipio, así como corroborar la existencia de la coordinación fiscal (…) para acceder al 30 por ciento del excedente del Fondo de Fomento Municipal”. Asimismo, para que el gobierno del estado lleve al municipio un programa “que permita armonizar y optimizar el catastro y sus funciones propias en el ámbito fiscal, a través de la investigación, análisis y diseño para proponer un modelo de catastro que permita incrementar la recaudación del impuesto predial”.
Ambos documentos, el convenio y el anexo 1, se encuentran publicados en el Periódico Oficial del estado del 9 de abril de 2019. De hecho, hay otros 17 ayuntamientos que también firmaron un convenio de esta naturaleza con el gobierno del estado.
Poca o nula información
Hasta aquí, parecen ser legítimos los propósitos del Ayuntamiento de obtener más recursos propios y con esto recibir también más recursos federalizados; también, el de establecer controles y sistematizar la operación de lo relativo al impuesto predial. Sin embargo, la falta de información en varios campos hace que este proyecto sea percibido como negativo: no hay actas de cabildo, ni el contrato de la empresa, ni tutoriales o guías que expliquen la aplicación de esta política en materia de impuesto predial.
El 1 de marzo, en sesión de Cabildo se propuso en el orden del día la discusión y análisis del convenio de colaboración administrativa entre el Ayuntamiento de Chilpancingo y el gobierno del estado. Regidores, entre ellos los de Morena, fueron convocados un día antes de la sesión por el presidente municipal para que de la Secretaría de Fianzas y Administración les explicaran en qué consistía el convenio, pero los ediles argumentaron que no se les proporcionó suficiente información y solicitaron una copia del convenio, que no les fue entregada.
Aunque el acta de la sesión de Cabildo no está publicada en ninguna parte, conseguimos de manera informal parte de este documento, que da a conocer cómo se aprobó dicho convenio. La participación de una de las regidoras da cuenta de esa falta de operación: “el día de ayer se daba una exposición general sobre este convenio que se pretende que se firme entre el Gobierno del Estado y el Municipio, en el cual se acordó que se nos iba a hacer llegar ayer mismo este convenio para que lo pudiéramos analizar y para que el día de hoy ya pudiéramos traer esas observaciones. Lamento mucho decirles que mi voto va a ser en contra por desconocer ese convenio, ahorita nos los están entregando, no puedo aprobar algo que desconozco en su totalidad”.
Y aunque el convenio finalmente fue aprobado por 10 votos a favor, cuatro en contra y una abstención –estos últimos basados precisamente en la falta de información– se observa que aún hay prácticas en el Cabildo que no generan las condiciones para realizar análisis fundamentados que se traduzcan en una mejor toma de decisiones.
La opacidad
La falta de información acerca de la empresa contratada por el Ayuntamiento y la manera en que ésta realizó la actualización de la base gravable se encuentran entre los motivos del gran descontento de la ciudadanía.
Durante los últimos meses corrió el rumor de que una empresa privada había sido contratada para realizar el avalúo de los predios de la capital, la depuración de contribuyentes y el cobro del impuesto predial. Fue hasta mediados de enero de este año cuando se confirmó la especie en voz del alcalde y se supo el nombre de la empresa: Suimpac Consultora.
Según la nota de Zacarías Cervantes, el presidente Antonio Gaspar Beltrán confirmó que contrató los servicios de esa empresa “bajo el argumento de que el Ayuntamiento no cuenta con el equipo, profesionalismo ni la experiencia” y también rechazó que “sea propiedad del ex alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, pero tampoco quiso informar de quién es”.
También de acuerdo con la nota, contribuyentes inconformes denunciaron que fue la empresa privada la que realizó los avalúos a las propiedades y aumentó el pago del impuesto predial.
Todavía a esta fecha se desconoce se desconoce casi todo acerca de la empresa, no se ha publicado el contrato, ni se tiene información si fue por medio de un proceso de adjudicación o licitación, ni tampoco el acta de cabildo donde se informó a los ediles. Son datos que se mantienen en la opacidad.
La contratación de Suimpac Consultora –de la que por cierto, no aparece ningún antecedente en internet– pone en aprietos a un Ayuntamiento como Chilpancingo, que tiene cerca de 3 mil 200 empleados, una nómina bastante abultada en relación con la población atendida. ¿En qué se ocuparán los empleados que serán desplazados en el Departamento de Catastro?
Argumenta el alcalde: “Es triste decirlo, el (equipo) que se tenía era manipulado por toda la gente de Catastro, es decir, usted iba a Catastro y decía ‘vengo a pagar mi impuesto predial’ y le ponían la base gravable que usted quería”. En efecto, de acuerdo con algunos testimonios, el cobro del impuesto predial era totalmente discrecional, pues al no haber un sistema de control, los empleados podían establecer prácticamente la tarifa que quisieran. Prácticas evidentes de corrupción.
En efecto, impulsar un proyecto como éste iba a tener sus costos políticos, pero la operación desarticulada de la actual administración capitalina y la falta de información sobre cómo se ha implementado este programa hicieron más grande ese costo. Al parecer también está en puerta la intervención de una empresa privada en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo y va por el mismo camino. Pero ese tema lo abordaremos en otra ocasión

Retos para 2020 en transparencia y rendición de cuentas

Marcos Méndez Lara
Hay numerosos asuntos pendientes en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, pero en esta ocasión reseñamos los que podrían abordarse y resolverse este mismo año, es decir, aquellos temas que consideramos urgentes como transparencia, gobierno abierto, la legislación de la ley estatal de archivos, así como órganos de control interno, el sistema estatal anticorrupción y la contraloría social.
Transparencia
Desde hace ya varios años, el cumplimiento cabal de las obligaciones de transparencia por parte de las dependencias públicas es todavía hoy un tema que está en la agenda. Los monitoreos y revisiones que se efectuaban en años anteriores y los que realiza actualmente el órgano garante de manera periódica, evidencian los pobres resultados que tenemos en Guerrero, y desafortunadamente hasta hoy, estos incumplimientos no tienen consecuencias.
Tan sólo en el último monitoreo realizado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (Itaigro) se obtuvieron resultados poco alentadores. En la verificación 2018 –la más reciente– se revisaron 190 dependencias públicas, de las cuales 61 (32.1 por ciento) obtuvieron puntuaciones que van de 0 a 25 por ciento; otras 25 registraron calificaciones que van de 26 a 60. En tanto que 104 dependencias (55 por ciento del total) alcanzaron entre 61 y 100 por ciento de puntuación.
En este campo hay muchas actividades por realizar. Los monitoreos del Itaigro, por ejemplo, deben ser más frecuentes –el de 2019 se presentará hasta febrero de este año– para tener un mejor pulso de la situación y poder tomar las medidas que se requieran (capacitación, asesoría, exhortos, etc.).
Pero también se debe atender la otra cara de la moneda, es decir, sí se debe contribuir y apoyar a que los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones, pero también sancionar a quienes no lo hagan. Desde hace varios años tenemos en Guerrero el problema de la falta de cobro de multas a quienes incumplen no sólo con sus obligaciones de transparencia, sino en general a los que cometen infracciones a la Ley 207 de Transparencia, no entregar la información después de una resolución del Itaigro, por ejemplo.
Es un problema que hemos tratado abundantemente en este espacio, pero hasta hoy sin resultados. A la fecha, seguimos con un récord negativo, pues en Guerrero nunca se ha cobrado una sola multa por concepto de sanciones a los sujetos obligados incumplidos o que cometen infracciones a la ley, lo que propicia impunidad y en general falta de confianza a las instituciones.
Otro tema relevante para abordarse este año es la instalación y funcionamiento de las unidades y comités de transparencia, especialmente en los ayuntamientos. En las dos ediciones anteriores de Monitor de Guerrero presentamos un diagnóstico general sobre estos importantes componentes para lograr que las prácticas de transparencia y acceso a la información se institucionalicen en los gobiernos municipales, como es uno de los propósitos de quienes concibieron y diseñaron la ley general.
Derivado de ese diagnóstico en el presente año puede iniciarse ya una discusión seria sobre la factibilidad de certificar y profesionalizar al personal que coordina las unidades de transparencia, pues si continuamos con la misma dinámica, se corre el riesgo de que cada tres años se repitan las prácticas discrecionales de los alcaldes para designar en las unidades de transparencia a personas inexpertas, sin capacitación y sin perfil para ocupar los puestos. La curva de aprendizaje y la capacitación de los titulares es muy costosa para la transparencia en el estado.
En el caso de los comités de transparencia de los ayuntamientos se debe procurar que su composición sea plural y se incluya la participación de ediles que provengan de partidos diferentes al del presidente municipal. Es necesario también buscar fórmulas que garanticen la inclusión de ciudadanos que tengan realmente interés y conocimiento sobre sus funciones en dichos comités, a efecto de que se conviertan en verdaderos contrapesos y vigilen la fluidez de la información.
El funcionamiento de los comités de transparencia en los gobiernos municipales debe ser plena, sesionar con regularidad y cumplir con las atribuciones que le establece la ley, pues hasta hoy, si bien se ha ganado en el número de comités instalados en relación con el trienio anterior, todavía falta mucho para hacerlos funcionales y que realmente cumplan con un papel destacado en la política de transparencia a nivel local.
Otro de los pendientes en materia de transparencia es el consejo consultivo del Itaigro, que a la fecha no está funcionando. Será muy saludable para la vida pública del estado que los ciudadanos integrados en este consejo emitan opiniones y en su caso recomendaciones para complementar y enriquecer el trabajo que se realiza en el órgano garante. Como se recuerda, el consejo consultivo opina sobre el programa de trabajo y sobre el proyecto de presupuesto del Instituto, además de que conoce el informe del Instituto sobre el presupuesto asignado a programas y el ejercicio presupuestal y emitir las observaciones correspondientes, entre otras funciones.
La LXI Legislatura del Congreso del estado designó, el 17 de agosto de 2018, a dos ciudadanos y una ciudadana para que integraran dicho consejo consultivo. A diecisiete meses de nombrado, ya es necesario que comience a funcionar.
Varios de los temas anteriores requieren reformas a las normas. Desde el Comité de Participación Ciudadana, que presidí en 2019, promovimos con la Comisión de Transparencia del Congreso del estado la realización de foros u otros mecanismos de participación a través de los cuales se capten propuestas de especialistas y en general de la ciudadanía para mejorar la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información del estado. Sin duda, este 2020 hay condiciones para convocar y organizar tales eventos y dejar avanzados muchos de los temas pendientes.
Gobierno abierto y ley de archivos
Hace unos días me llegó una invitación del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) para que propusiera alguna práctica realizada en el estado que mereciera participar en la convocatoria Reconocimiento de Prácticas Exitosas de Gobierno Abierto 2020. Desde luego, no propondré ninguna porque en Guerrero no ha habido hasta la fecha ninguna iniciativa al respecto.
Sólo como recordatorio, el estado se incorporó en 2016, por iniciativa de organizaciones de la sociedad civil, a una invitación del INAI para promover e impulsar este tipo de prácticas de gobierno abierto, y específicamente se convocó al Ejecutivo del estado y al ayuntamiento de Acapulco del trienio 2015-2018, cuyos titulares firmaron una carta de intención. En el caso del municipio porteño, el ejercicio nunca se concretó, y con la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, entidad a la que se delegó esta misión, tampoco ha sido posible hasta ahora.
La mayoría de los estados ya han ensayado por lo menos uno de estos ejercicios locales de gobierno abierto, y en Guerrero continúa siendo uno de los grandes pendientes. Según el INAI, gobierno abierto es un modelo de gestión que se basa en los principios de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana, rendición de cuentas y tecnologías de la información para formular políticas públicas que promuevan el diálogo, la colaboración y la co creación entre autoridades y ciudadanos. Los componentes clave son la construcción de espacios y mecanismos de diálogo y colaboración entre ciudadanía y gobierno para la resolución de problemas públicos; y especialmente la procuración de un ambiente propicio para generar la confianza y la legitimidad que requiere esa colaboración.
Otro pendiente para 2020 es la legislación de una ley estatal de archivos. El 15 de junio de 2019 entró en vigor la Ley General de Archivos, que establece un plazo de un año para que las legislaturas estatales diseñen y aprueben su propia ley, basada en el ordenamiento general. Es decir, restan escasos seis meses a la actual Legislatura para trabajar y aprobar una ley estatal, so pena de saltarse el ordenamiento general. La opinión pública nacional tendrá puesta la lupa en los estados, especialmente en los congresos locales, para observar los avances del último de los pilares normativos que dieron origen a los sistemas nacionales de transparencia, fiscalización y anticorrupción.
SEA y órganos de control
A finales de septiembre de 2018 entraron en vigor las modificaciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre relativas a la integración de órganos de control interno en los municipios, una reforma de primer orden que buscaba crear e institucionalizar un mecanismo efectivo para alcanzar los objetivos y las metas de este orden de gobierno, mejorar el desempeño y cuidar el cumplimiento de las normas aplicables a los municipios.
La fecha límite que tenían los ayuntamientos para la integración de estos órganos fue el 29 de diciembre de 2018, y a más de un año del plazo, son realmente pocos los gobiernos que los han constituido conforme a las bases que establece la ley.
Algo está fallando en la implementación de esta norma –indispensable para establecer este importante mecanismo orientado entre otras funciones a disminuir la corrupción en los ayuntamientos– no obstante que se les ha brindado capacitación y asesoría a los gobiernos municipales por parte de los órganos fiscalizador y de control estatales.
Es muy urgente entonces el diseño de acciones que permitan remover los obstáculos a la implementación de esta reforma, pero antes deberán realizarse en el corto plazo los diagnósticos y análisis necesarios sobre el estado en que se encuentran dichos OIC, tarea que podría ser coordinada y concretada desde el sistema estatal anticorrupción.
Y es precisamente este sistema el que, además de efectuar los trabajos que aún se requieren para consolidar su funcionamiento interno, debe comenzar a plantearse proyectos de mayor aliento.
En el primer caso, se avanzará mucho en el momento en que todas las dependencias involucradas planeen y actúen como sistema, es decir, con proyectos coordinados, más allá de sus funciones regulares que les toca realizar de manera individual.
Es urgente también el fortalecimiento del Comité de Participación Ciudadana, la Comisión Ejecutiva y de la Secretaría Ejecutiva, pues son los órganos que generan los insumos necesarios –el CPC mediante su interacción con grupos de la sociedad civil, y la Secretaría Ejecutiva con la realización de investigaciones, diagnósticos y en general cualquier estudio técnico; la burocratización o anquilosamiento de cualquiera de estos órganos inevitablemente disminuirá su potencial y retrasará el desarrollo de proyectos.
Contraloría social
En Guerrero, los sucesivos gobiernos estatales nunca diseñaron ni implementaron una política propia de participación ciudadana para la vigilancia del quehacer gubernamental local que realmente haya funcionado.
Lo que se ha hecho hasta hoy es seguir los lineamientos que dicta la Secretaría de la Función Pública para crear comités de contraloría social en los programas sociales federales. Sin embargo, dicha política tenía serias limitaciones, la propia secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros anunció que “se tienen nuevos lineamientos que la desburocratizan y aumentan su efectividad, convirtiéndola en un espacio participativo ‘donde la ciudadanía vigile lo público y el gobierno se comprometa a dar seguimiento a los hallazgos de la sociedad, mejorar la gestión pública y sancionar si es necesario’”, pues antes los comités de contraloría social eran “estructuras utilizadas para trámites o para simular”.
Pero para los programas estatales poco o nada se ha hecho. Si bien las reglas de operación de los programas sociales estipulan la creación de comité de contraloría social por los beneficiarios, lo cierto es que no se han constituido porque no existen lineamientos para su integración y además no tienen ningún tipo de aliciente o promoción desde la esfera gubernamental, tan necesario en un contexto donde hay poca confianza en las instituciones.
Este año, pues, desde le gobierno del estado se puede concebir una buena política de participación ciudadana, que además es congruente con algunas líneas de acción que se proponen en el plan estatal de desarrollo, como es la promoción y la creación de observatorios ciudadanos, y la “creación de comités técnicos ciudadanos de transparencia y rendición de cuentas.
Estos son algunos apuntes que pueden ser útiles en la integración de una agenda estatal 2020 para mejorar las prácticas de transparencia y de rendición de cuentas. Ninguna de éstas es imposible de cumplir en el corto plazo y sin duda redundarán en una mayor y mejor interacción entre gobierno y ciudadanía y permitirán avanzar en los mecanismos de rendición de cuentas gubernamental.

Diagnóstico sobre comités de transparencia municipales

Marcos Méndez Lara
Los comités de transparencia son órganos colegiados que resuelven controversias y dan pautas de actuación en materia de transparencia en el interior de los sujetos obligados o dependencias públicas. Junto con las unidades de transparencia, que abordamos en la edición anterior, son áreas creadas en la Ley General de Transparencia para la gestión de información y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, cada uno con funciones y composición específicas.
En este número de Monitor de Guerrero, el último del año, abordamos el tema de los comités de transparencia de los gobiernos municipales de Guerrero con el mismo método del anterior. Es decir, nuestra fuente de información son las respuestas a 81 solicitudes de información que presentamos en el primer trimestre del año. Se trata de un diagnóstico muy general de lo que está sucediendo en esos importantes organismos para la transparencia en el nivel local.
Resultados
Este ejercicio de acceso a la información tuvo dos propósitos. El primero, conocer qué y en cuánto tiempo respondían los ayuntamientos a una solicitud de información, a efecto de tener el pulso sobre la atención a este tipo de requerimientos en los gobiernos locales. El otro, contar con información para diagnosticar de manera general cómo están funcionando los comités de transparencia de los ayuntamientos. Para ello, presentamos 81 solicitudes de información requiriendo el acta donde se designa o integra el comité de transparencia del ayuntamiento, y copia de todas las actas de las reuniones del comité realizadas de octubre de 2018 hasta la fecha (a finales de marzo de 2019). Cabe aclarar que no se incluyen en este recuento respuestas extemporáneas ni información producto de recursos de revisión. Tampoco se revisaron los portales oficiales ni la información publicada en la plataforma nacional de transparencia, ya que se trataba de un ejercicio de acceso a la información.
Dieciocho ayuntamientos no respondieron a la solicitud de información, esto equivale a 22.2 por ciento del total. Mientras que seis gobiernos municipales no adjuntaron archivo con la información solicitada, y en dos casos, los vínculos electrónicos son defectuosos. En total, 26 ayuntamientos no respondieron satisfactoriamente.
Los gobiernos que no respondieron son Alpoyeca, Atlamajalcingo, Ayutla, Xochihuehuetlán, Copalillo, Coahuayutla, Cuetzala, Cutzamala, General Canuto A. Neri, General Heliodoro Castillo y Huamuxtitlán.
Tampoco contestaron Mártir de Cuilapan, José Joaquín de Herrera, Pedro Ascencio Alquisiras, San Miguel Totolapan, Zapotitlán, Tlacoapa y Xalpatláhuac.
Otros, aunque respondieron, dieron explicaciones diversas para no entregar información, como el caso de Atoyac, que nuevamente argumentó que: “Por razones de no tener funcionando en óptimas condiciones el escáner, para digitalizar la información, se le solicita pase a la oficina de la unidad de transparencia ubicada en calle prolongación Miguel Hidalgo, Col. Loma Bonita, Atoyac de Álvarez, Gro. C.P. 40930, en un horario de 9:00 am a 4:00 pm, para que le sea entregada la información solicitada en copia fotostática, así mismo contar con credencial de elector u otro documento de identificación oficial”.
O el gobierno de Coyuca de Benítez, cuya unidad de transparencia respondió que “en los próximos 15 días se dará a conocer la página web y vendrán todos los datos que necesita saber”. San Luis Acatlán argumentó que “esta información está disponible públicamente”, pero no proporciona ninguna orientación para localizarla. Y Xochihuehuetlán mencionó que “le informo que el comité y los relacionados con estos documentos mencionan que no se podrá otorgarle la información, a caso de que se presente a la oficina con la titular”.
En general, encontramos que la mayoría de los comités de transparencia se instalaron en los primeros meses de las administraciones municipales. Veinte comités tomaron protesta en el mes de octubre de 2018, 13 en noviembre, seis en diciembre. Tres se instalaron en enero de 2019, cuatro en febrero y dos en marzo. El ayuntamiento de Benito Juárez no específica la fecha. En total, y de acuerdo a las respuestas recibidas, 49 ayuntamientos tenían instalados sus comités de transparencia en el primer trimestre del presente año. Sin duda, es un buen avance, pues se observa que en este trienio sí hay interés por constituir estas importantes figuras, pero como veremos más adelante, al parecer sólo fueron para la foto porque los que están funcionando son contados.
Cabe mencionar que tres gobiernos, incluyendo al de Iguala y Chilpancingo, explicaron que sus comités se instalarían en los próximos meses. El ayuntamiento de la capital dijo que “… a la fecha no se ha podido concretar la toma de protesta del comité de transparencia pendiente por la falta de designación de los tres ciudadanos distinguidos comprometidos en mantener un trabajo transparente de rendición de cuentas con la ciudadanía, sesionar y dar seguimiento a lo que le corresponde. Cabe hacer mención que la prórroga se solicitó contemplando que en este periodo se llevaría a cabo dicho protocolo. Quedamos pendientes por confirmar la fecha de la toma de protesta, haciéndole llegar la invitación para contar con su honrosa asistencia”.
Iguala, por su parte, manifestó que “no ha sido aprobado mediante sesión de Cabildo el Comité de Transparencia, razón por la cual tampoco ha habido sesión alguna de dicho Comité, del mes de octubre a la fecha (21 marzo 2019)”.
En tanto que Pilcaya explicó que “la titular de la Unidad de Transparencia junto con el apoyo y aval de la Presidenta Municipal, se encuentran en el proceso de selección de los integrantes del Comité de Transparencia… Asimismo, se espera que este Comité de Transparencia lleve a cabo su sesión de instalación durante la primera quincena del mes de mayo y con ello dar cumplimiento al artículo 56 de la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero”.
Integración de comités
Los comités de transparencia fueron diseñados como órganos colegiados a efecto de que en la toma de decisiones hubiese una mayor deliberación de los asuntos que se ponen a su consideración, y no prevalecieran las decisiones unipersonales, es decir, que las decisiones se tomaran manera horizontal y mediante votación impar.
En el caso específico de los ayuntamientos, la Ley 207 de Transparencia establece, en su artículo 56, que “el Comité de Transparencia estará integrado por lo menos, por ediles designados por el cabildo, el Secretario del Ayuntamiento, los titulares de Asuntos Jurídicos y de la Unidad de Transparencia, así como tres ciudadanos distinguidos de la comunidad”.
La mayoría de los gobiernos municipales cumple con esta composición, según las actas de instalación revisadas. Sin embargo, hay algunas consideraciones que se pueden comentar.
Por ejemplo, el gobierno municipal de Alcozauca no incluyó a ciudadanos en el comité de transparencia, y explica en el acta que emitieron una convocatoria, pero ninguno aceptó, excepto algunos que condicionaron su participación a estar en la nómina, por lo que el cabildo decidió instalar un comité sin ciudadanos y solicitaron “se dispense el requisito de integrar ciudadanos distinguidos del municipio.”
En el caso de Arcelia, el titular de la unidad de transparencia fue nombrado como presidente del comité, pero no incluyeron ni a regidores ni a ciudadanos. En el comité de transparencia de Atenango no se consideraron a los regidores, pero en cambio se eligieron cuatro ciudadanos, y en contraste, en Huituzco y en Coyuca de Catalán solo hay dos ciudadanos. En Eduardo Neri no se incluyeron regidores, como tampoco en Leonardo Bravo ni en Ajuchitlán.
En el municipio de Mochitlán, los regidores cumplen dos funciones dentro del comité de transparencia: fueron designados como ediles, pero también “como ciudadanos distinguidos”. En el ayuntamiento de Atlixtac instalaron primero al comité de transparencia y luego designaron al titular de la unidad de transparencia. Y en algunos municipios como La Unión y Malinaltepec, el alcalde es el presidente del comité de transparencia.
La composición de los comités de transparencia de los ayuntamientos que señala la ley no es fortuita. Se busca que haya especialistas en diferentes temas como el secretario del ayuntamiento, el director de asuntos jurídicos y el titular de la unidad de transparencia. Pero también se busca que haya pluralidad en su interior, como es el caso de la participación de los regidores, y la ciudadanización de las decisiones, con la inclusión de tres ciudadanos del municipio. Estos dos últimos componentes sin duda son los más débiles de los comités de transparencia, pues lo ideal es que en estos órganos colegiados incluyera la participación de regidores de partidos distintos al del presidente municipal, y que en la designación de ciudadanos hubiera una real convocatoria abierta y no la mano de funcionarios municipales para nombrar a sus simpatizantes.
Las sesiones
Aunque la ley no establece plazos específicos para que sesionen los comités de transparencia, sí prevé una serie de funciones que exigen a estos órganos colegiados reuniones constantes y de manera periódica. Del recuento que hacemos en esta edición de Monitor de Guerrero se desprende que si bien hubo un buen número de comités instalados durante los primeros tres meses de las administraciones municipales, el número de sesiones ordinarias y extraordinarias es bajísimo. Con estos datos, pareciera que la intención fue sólo la de cumplir con el requisito de instalación y tomarse la foto, pero no la de hacer funcionales a estos comités de transparencia.
En un periodo de seis meses (de octubre de 2018 a marzo de 2019), la gran mayoría de los ayuntamientos que instalaron sus comités no ha realizado una sola reunión. De acuerdo con la información que nos enviaron, 37 comités de transparencia no se habían reunido para sesionar. Sólo 10 comités tuvieron una reunión, y cuatro comités sesionaron en dos ocasiones. En total, los comités de transparencia de los 81 ayuntamientos sólo realizaron 14 sesiones de trabajo, un número que manifiesta una casi total falta de operatividad de estos órganos colegiados, en detrimento de la rendición de cuentas local.
Algunos ayuntamientos justificaron con diversas explicaciones esta grave carencia. El gobierno de Tlalchapa, por ejemplo, nos dijo “que por ser dada de alta como área nueva del sujeto obligado no se ha llevado a cabo ninguna reunión del comité de transparencia”. Igualapa comentó que “el comité de la unidad de transparencia no ha realizado reuniones, aclaro por que el gobierno del estado aún no nos ha entregado nuestro portal web para poder trabajar al 100 por ciento, estamos en espera”. Mientras que el ayuntamiento de Apaxtla contestó que “hasta el momento no se ha sesionado por problemas administrativos”. Otros, como el de Benito Juárez, en su reunión de instalación aprobaron su calendario de sesiones, pero a la fecha no han realizado ninguna.
Hay que destacar también a los comités de transparencia que sí han efectuado sesiones de trabajo. Juan R. Escudero registra dos sesiones. En la primera analizan y aprueban la tabla de aplicabilidad. Mientras que en la segunda, se analiza la respuesta dada por su contralor interno a una solicitud de información (no específica qué preguntó el ciudadano) y, ejerciendo plenamente sus atribuciones, instruye que se haga una nueva búsqueda y se le responda en otros términos al solicitante.
El ayuntamiento de Mochitlán también ha realizado dos sesiones. Una para aprobar el calendario de sesiones, y la segunda, para informar sobre el estado que guardan las solicitudes de información recibidas por la unidad de transparencia. Ometepec es otro de los gobiernos que ha realizado dos sesiones, una para analizar y aprobar la tabla de aplicabilidad y el calendario de sesiones, y la otra para asignar a las unidades administrativas los formatos exclusivos de la plataforma nacional de transparencia e impartir capacitación a las áreas del ayuntamiento.
Coyuca de Catalán envió un acta de primera sesión, donde analizan y aprueban la tabla de aplicabilidad, además de las respuestas que dieron a solicitudes de información y su participación en una capacitación del Instituto de Transparencia; e Ixcateopan también realizó una primera sesión de su comité y el acta levantada describe con detalle como argumentaron la inexistencia de los datos relativos a los sueldos y salarios de los funcionarios municipales del trienio 2015-2018 y la imposibilidad de subirlos a la plataforma. San Marcos también realizó una sesión, en la que analizan una solicitud de información y declaran que no cuentan con datos debido a que no los entregó la administración anterior.
Son pues, contados los comités de transparencia municipales que están funcionando. Tal vez requieran que el Itaigro les recuerde que no es suficiente instalarlos, sino que sesionen y contribuyan a la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito local
* Este artículo debió publicarse en la edición del 31 de enero, pero por un error de la Redacción no fue así. Ofrecemos disculpas al autor y a los lectores.