¿Fraude en el Nuevo Mirador? Habrá nuevo integrante del CPC

Marcos Méndez Lara
  Diputados del Congreso del estado de Guerrero solicitaron investigar presuntas irregularidades en la construcción de viviendas de El Nuevo Mirador, un conjunto habitacional localizado en las afueras de la capital del estado, según se lee en la cabeza de un comunicado emitido por el Congreso con fecha 10 de noviembre de 2019. El problema que plantearon los legisladores es la mala calidad de las casas-habitación de ese fraccionamiento y la presunción de anomalías y actos de corrupción en todo el proceso constructivo, ante lo cual solicitaron la intervención de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de la Función Pública del gobierno federal, para que investiguen los hechos denunciados, a efecto de “coadyuvar con el combate a la corrupción y la cultura de la legalidad, y que sirva, además, como ‘lección contra los corruptos, que nadie evada la justicia y no haya impunidad”.
Más allá de que no prosperó el exhorto y por lo tanto fue enviado a análisis a la Comisión de Vivienda del órgano legislativo, lo cierto es que en el proceso de “reconstrucción” del estado, que se inició después de las tormentas tropicales Ingrid y Manuel, ocurridas en septiembre de 2013, quedaron muchas dudas por la manera en que las diferentes dependencias, casi todas del gobierno federal, manejaron los recursos.
Las presuntas irregularidades del fraccionamiento Nuevo Mirador de Chilpancingo, que hoy se denuncian en el Congreso son sólo un botón de muestra de la gran incertidumbre con que se ejercieron los recursos financieros en Guerrero, sin una clara rendición de cuentas, transparencia a medias, discrecionalidad en las decisiones, y por el cúmulo de denuncias de vecinos y usuarios que todavía hoy se quejan por obras de muy dudosa calidad.
Quejas continuas
En junio de 2018 se inició la demolición de 32 viviendas de El Nuevo Mirador de Chilpancingo, un proyecto habitacional que desde sus inicios se perfilaba con irregularidades; el derribo de las casas en los hechos fue un reconocimiento implícito de las anomalías en la construcción de este fraccionamiento. Sobre este hecho, el entonces diputado federal Abel Cruz Hernández, del Partido Encuentro Social, dijo que “fueron demolidas 32 viviendas de las 582 que componen el complejo habitacional denominado el Nuevo Mirador, a las afueras de Chilpancingo, porque estaban mal construidas, ya que en el subsuelo de las casas hay una falla geológica que provocó que los hogares de la manzana 2-B se inclinaran y registraran grietas en techos y paredes”, según una nota del Canal del Congreso del 18 de julio de 2018.
También explicó el ex legislador que desde el inicio de la construcción, el área de protección civil del estado advirtió sobre la composición del suelo arcilloso que se vuelve inestable con la humedad, lo que propiciaría deslizamientos en el fraccionamiento ocasionando que las viviendas se cuartearan. Por estas fallas, según Cruz Hernández, la Sedatu había iniciado denuncias penales contra las empresas que participaron en la construcción como Casaflex, Jumen, Piccino y Desarrollo Industrial; sin embargo, estas empresas se declararon en quiebra por no tener la obligación de continuar dando el mantenimiento y corrigiendo las fallas que presentaron las viviendas.
Hace una semana, la diputada Norma Otilia Hernández Martínez también denunció en la tribuna del Congreso del estado que desde el comienzo “se dieron a conocer irregularidades, como que los terrenos eran inestables, irregulares y no aptos para la construcción, además de que se pagaron a un costo superior al de su valor real”, según un boletín de ese órgano legislativo. La legisladora guerrerense comentó que apenas se habían entregado las casas, “los daños ya eran notoriamente visibles –cuarteaduras–, dado que la mayoría fueron construidas con estructuras prefabricadas y montadas unas sobre otras”.
Los vecinos también se han inconformado en diversas ocasiones, incluso cerrando la autopista a la altura del Parador del Marqués. Además de denunciar la mala calidad de las obras, se han pronunciado por la introducción de servicios y por mejores accesos al fraccionamiento.
Plan Nuevo Guerrero
El proyecto habitacional Nuevo Mirador es parte de un ambicioso programa del gobierno federal llamado Plan Nuevo Guerrero, creado para hacer frente a las afectaciones por las torrenciales lluvias de septiembre de 2013. De acuerdo con el portal Transparencia Presupuestaria, durante poco más de tres años se destinaron 45 mil 238.5 millones de pesos para la reconstrucción del estado, equivalentes a lo que se gastaba en un año fiscal en todo el estado. El gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a que estos recursos se ejercerían con rigurosa transparencia, incluso el día que anunció la creación del Plan, el 7 de noviembre de 2013, expresó que “Para que esta ayuda rinda frutos y llegue efectivamente a quienes más lo necesitan, son imperativas la transparencia y la participación social”. También el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, dijo que el Plan Nuevo Guerrero representaba una “oportunidad de ejercer los recursos de manera ejemplar, con la participación de la ciudadanía y con absoluta transparencia”. Pero no fue así. De esos más de 43 mil millones de pesos nunca hubo información abierta, veraz, confiable y comprobable.
En su momento, hicimos algunos ejercicios de acceso a la información para tratar de conocer más sobre el Plan y encontramos sólo datos generales y dispersos en el portal Transparencia Presupuestaria, insuficientes para dar un seguimiento puntual de los recursos; también se solicitó a varias dependencias federales (Sedatu, Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Economía, Comisión Nacional del Agua) información diferente y con mayor detalle de la que se publicaba en ese portal electrónico, relacionada con la reconstrucción, y éstas escondieron y retrasaron los datos o sus respuestas fueron muy parciales y en algunos casos la clasificaron como confidencial.
Una de las dependencias más reacias a entregar información fue la Sedatu, precisamente la dependencia que tuvo la responsabilidad de construir viviendas para quienes las perdieron en septiembre de 2013, como fue el caso de los damnificados de Chilpancingo con el proyecto de El Nuevo Mirador.
Opacidad en la construcción de viviendas
La falta de transparencia de la Sedatu en el ejercicio de los recursos públicos federales para la reconstrucción de viviendas abre la puerta a la especulación y a presuponer que hubo irregularidades y quizás actos de corrupción. La experiencia de revisar los sitios oficiales, presentar solicitudes de información y dar seguimiento a los recursos de revisión interpuestos ante el INAI, permite documentar esta opacidad en la dependencia, que contrastaba notablemente con lo dicho por Peña Nieto (ver ediciones de Monitor de Guerrero del 31 de marzo, y 14 y 28 de abril de 2015).
De manera específica en la construcción de viviendas en Guerrero, la dependencia federal mantuvo un gran desorden y parcialidad en sus datos, de tal manera que no coincidían la información que difundían sus funcionarios en declaraciones a la prensa, ni los que publicaba el portal electrónico del Plan Nuevo Guerrero ni los que entrega como resultado de solicitudes de información.
Dijimos en aquella oportunidad que “esta anarquía en la información no permite hacer un balance certero del ejercicio de los recursos del publicitado Plan Nuevo Guerrero, pues no hay información básica congruente, y lo que encontramos deja entrever o una total ineficiencia para establecer controles efectivos al dinero público en la construcción de viviendas o una gran negligencia y un claro propósito de ocultar información con fines no declarados”.
Como muestra, en septiembre de 2014, el ex titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, explicó que la dependencia a su cargo tenía 10 mil 776 acciones, de las cuales 5 mil 672 correspondían a la construcción de viviendas, y de éstas, ya se habían entregado 2 mil 654.
Sin embargo, a diferencia de estos datos y como respuesta a una solicitud de información, la Sedatu comunicó que al mes de septiembre de ese año, se habían construido 6 mil 281 viviendas con una erogación de 753.7 millones de pesos en beneficio de 24 mil 495 habitantes. Es decir, una gran diferencia en el número de viviendas construidas reportadas por el ex secretario y lo que respondió la dependencia ante una solicitud de información de 3 mil 627 viviendas.
Este fue el tenor del manejo de la información por parte de las dependencias involucradas en el Plan Nuevo Guerrero. Ni siquiera los datos básicos cuadraban, mucho menos la información sobre licitaciones, empresas que participaron en la construcción, habitantes beneficiados… Es un tema pendiente que a estas alturas difícilmente será investigado.
Nuevo integrante del CPC
Está en proceso la designación de un nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, que sustituirá a uno de los actuales miembros. La Comisión de Selección, designada por el Congreso del estado en agosto de 2018, realiza los procedimientos correspondientes para nombrar al nuevo integrante, lo cual no debe pasar del 30 de noviembre. La opinión sobre la nueva designación que aquí emito es a título personal, no lo hago como presidente del CPC, sino como ciudadano, pero con la experiencia de haber presidido este órgano ciudadano, lo que me permite expresar algunas consideraciones con conocimiento de lo que digo.
Primero. La naturaleza del trabajo del CPC requiere que sus integrantes tengan perfiles de diferentes disciplinas. Actualmente hay tres miembros con formación profesional de contaduría, lo cual ha contribuido a resolver algunos asuntos, pero indudablemente es más necesaria la multidisciplinariedad dentro del grupo porque así se mejorará el desarrollo de las actividades del CPC. Hay tela de donde cortar entre los actuales candidatos.
Segundo. Es preciso recalcar a los aspirantes que la función en el CPC es de tiempo completo; en las convocatorias de algunas entidades federativas se subraya esta condición, que por otra parte, está señalada claramente en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción: “Los integrantes del CPC no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza (…), ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán”. Como en la convocatoria de Guerrero no se señala, no está de más que la Comisión de Selección les reitere a los aspirantes el cumplimiento de este compromiso.
Tercero. Es importante que el nuevo integrante del CPC tenga la camiseta de ciudadano bien puesta. Uno de los retos que enfrentará el sistema en los próximos años es conservar la independencia de sus acciones y decisiones, pues la captura de los diferentes órganos que lo componen será un riesgo permanente. El complejo entramado institucional del sistema, que exige a los integrantes del CPC una interacción permanente con actores gubernamentales y de organismos autónomos, no debe desdibujar su obligada vinculación con diferentes sectores de la ciudadanía y generar los mecanismos que permitan que su voz está dentro del SEAGro.
Cuarto. La propia naturaleza de un Sistema Anticorrupción, obliga a que el procedimiento de elección del nuevo integrante del CPC sea lo más transparente posible y por lo tanto a tener buenas prácticas en este sentido, como publicar los resúmenes curriculares o versiones públicas de los currículos de los candidatos, difundir ampliamente los lugares y días de entrevistas y de las reuniones con organizaciones, justificar y motivar la decisión final, en fin, toda la información que permita a la ciudadanía conocer los perfiles y estar al tanto del proceso. A la fecha no se ha hecho y no hay mecanismos de comunicación efectivos para conocer esta información.
Quinto. El año pasado, la organización Nosotrxs difundió un texto en donde denunció un posible conflicto de interés entre algunos de los candidatos con respecto a los órganos o instituciones de los que formaban parte algunos miembros de la Comisión de Selección. En el proceso actual, los integrantes de la Comisión seguramente pondrán todo el cuidado necesario para evitar caer en cualquier posible conflicto de interés.
Por último, comento que mi función como comisionado presidente del CPC del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero concluye el 30 de noviembre; después de ese día, me reintegro a las actividades de la asociación civil que presido.

Alcaldes piden más recursos, pero no rinden cuentas

Marcos Méndez Lara

  Hace un par de semanas, unos 150 presidentes municipales de diferentes entidades del país protagonizaron una protesta en las afueras de Palacio Nacional. Su propósito era solicitar una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar el asunto de los presupuestos destinados a los municipios, pero al no conseguirla, intentaron ingresar al inmueble por la fuerza, y en respuesta fueron rociados con gas lacrimógeno.
Sin duda, la manera en que el gobierno federal procesó esta demanda fue inapropiada, especialmente porque en la narrativa del presidente se hace referencia a la no violencia y al diálogo como mecanismos de resolución de los conflictos. Pero no me referiré a ese tema, sino a algo más importante: la incongruencia de los alcaldes al solicitar más recursos –lo cual es muy legítimo–, pero que, por otro lado, presentan una gran resistencia a ejercerlos con transparencia, eficacia y eficiencia.
En esencia, la protesta de los presidentes municipales fue por la disminución o desaparición de programas o fondos destinados a municipios. Juan Hugo de la Rosa, alcalde de Nezahualcóyotl, Estado de México, y quien encabeza el Movimiento Nacional Municipalista, explicó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018, los estados y municipios recibían 31 mil 352 millones de pesos del Ramo 23 para obras de desarrollo regional; pero en el PEF de 2020 esa cantidad se redujo a 5 mil millones, es decir, una disminución de 83.5 por ciento.
Asimismo, solicitan que se incremente en 3 mil millones de pesos el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, y proponen que el Programa de Pueblos Mágicos vuelva a recibir recursos y así incentivar el desarrollo turístico de las diferentes regiones del país. Demandan también restituir los recursos “rasurados” en el presupuesto de 2020 y etiquetarlos a los municipios para los programas Pueblos Indígenas, Fondo Regional, Migrantes, Mineros, Fonden y Fonhapo.
Por cierto, varios alcaldes de Guerrero estuvieron presentes en la protesta del 22 de octubre. De acuerdo con información de El Sur, fueron nueve los presidentes municipales de la entidad que participaron: Erika Alcaraz Sosa, alcaldesa de Tixtla, Antonio Gaspar Beltrán (Chilpancingo), Jenny González (Mártir de Cuilapan), Natividad López González (Eduardo Neri), Esteban Cárdenas Santana (Petatlán), Mario García Flores (Huamuxtitlán), Crisóforo Castro Castro (Quechultenango), Gloria Casarrubias Nava (Ahuacuotzingo) y Julián Castro (Copalillo).
Reacciones
Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la protesta de los alcaldes fue “una provocación de los presidentes municipales del PAN”. Les recomendó que si quieren más presupuesto, lo que deben hacer es bajar los sueldos a los funcionarios públicos, no comprar vehículos de lujo, no viajar constantemente al extranjero y evitar la corrupción.
La manifestación de los alcaldes también provocó reacciones en el estado. Una fue la del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Antonio Helguera Jiménez, quien afirmó que los alcaldes guerrerenses deben acudir al gobernador del estado si quieren aumentar sus recursos para el ejercicio fiscal 2020, y no ante el presidente de la República. Lo cierto es que la mayor parte del presupuesto de los ayuntamientos, excepto los ingresos propios, se define en el Presupuesto de Egresos de la Federación y no a nivel local; es decir, el gobierno del estado es intermediario, transfiere a los municipios los recursos que la Federación autoriza provenientes de los Ramos 33 y 28, y en menor medida invierte recursos propios para contribuir a la satisfacción de las necesidades de la población.
Al siguiente día de la protesta de los alcaldes, en el Congreso del estado se escenificó una discusión llena de adjetivos. Los legisladores del PRI, PAN y PRD se manifestaron en contra de la respuesta que sufrieron los presidentes municipales que acudieron a Palacio Nacional, ya que, como dijo el diputado priista Jorge Salgado Parra, los alcaldes solo  fueron a exigir su derecho a ser escuchados, por lo que el debate no era de pesos y centavos, sino por el menosprecio que mostró el gobierno federal por el federalismo.
Mientras que los de Morena arremetieron en contra de los alcaldes argumentando que no hacen buen uso del presupuesto, pues son “ratas que todo el tiempo han jugado con las clientelas, y autocomplacencias porque tiene el poder, pero les recordamos, ya no tienen el poder, y les volvemos a decir moralmente, éticamente, están derrotados”, como dijo la diputada Mariana García Guillén.
La incongruencia
Por lo menos en el estado de Guerrero, la demanda de mayor presupuesto para los municipios contrasta con los realizado hasta hoy por los ediles en materia de transparencia y rendición de cuentas, y en general con un ejercicio ineficaz e ineficiente de los recursos en esas demarcaciones. Hay además una percepción muy negativa de la ciudadanía hacia lo que realizan sus gobiernos locales derivada de poca obra pública municipal construida y de la nula o deficiente provisión de servicios básicos que requiere la población.
Y es que los ayuntamientos guerrerenses no cuentan con los mecanismos de transparencia y control necesarios, o éstos presentan muchas deficiencias, por lo que, sin estos instrumentos, se vuelve poco factible el cabal cumplimiento de los objetivos y metas, en detrimento de la calidad de vida de la población. En los últimos años se ha legislado en torno a tres áreas fundamentales para la transparencia y la rendición de cuentas, a saber: órganos de control interno, unidades y comités de transparencia, y aunque aún tienen otros ocho meses para crearla, áreas especializadas en la sistematización de archivos.
En el primer caso, una modificación a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, que entró en vigor el 30 de septiembre de 2018, establece que cada municipio debe instalar su órgano de control interno, lo cual debió realizarse a más tardar a los noventa días naturales a la entrada en vigor, es decir el 29 de diciembre de 2018. A la fecha, la mayoría de los ayuntamientos no ha instalado su órgano de control o lo ha hecho sin seguir los requisitos y criterios de la ley, por lo que hay un gran déficit para que los ayuntamientos establezcan sus propios sistemas de fiscalización, control y evaluación en el manejo de fondos federales, estatales y recursos propios.
En el caso de las unidades y comités de transparencia, si bien los ayuntamientos los han venido instalando, los cierto es que su integración no ha cumplido con la función de facilitar la fluidez de la información, ya que los gobiernos municipales se encuentran entre los sujetos obligados más opacos del estado y los que enfrentan mayor número de recursos de revisión por ocultar o entregar información parcial.
Finalmente, la sistematización de archivos, base para el derecho de acceso a la información y para una apropiada gestión pública, requiere de un área especializada que le dé seguimiento. En breve, los ayuntamientos tendrán esta nueva obligación, y no parece que la vayan a tomar en serio destinándole los recursos materiales, humanos y financieros que requiere.
Guerrero
Los ayuntamientos financian sus actividades fundamentalmente con los recursos federalizados, es decir, con participaciones y aportaciones federales, y sólo en algunos casos, en municipios como Acapulco, Chilpancingo o Iguala, los complementan con recursos propios. Las transferencias de recursos por concepto de Participaciones Federales a municipios se integran por: el Fondo General de Participaciones, el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Especiales sobre Productos y Servicios, Sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Compensación ISAN, Fondo de Fiscalización, Fondo Común y Fondo de Fomento Municipal. En cuanto a las aportaciones, se contemplan los Fondos Federales para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios.
De acuerdo con el informe general de cuenta pública del estado de Guerrero del ejercicio 2017, a los ayuntamientos se les aprobó un presupuesto por 10. 454. 4 millones de pesos, pero al final del ejercicio devengaron 12. 55.5 millones, es decir, 15.3 por ciento más del aprobado. No se especifica si la fuente de recursos adicionales es federal o estatal.
De acuerdo con el presupuesto de egresos de 2018, se estableció un monto por 11.663.5 millones de pesos para los municipios, que equivalen al 21 por ciento del total de los recursos para el estado. No sabemos si se devengaron más recursos, pues la información de cuenta pública aún no es pública. De este dinero presupuestado, 4.157.6 millones corresponden a participaciones federales a municipios (Ramo 28), y 7.385.9 millones a aportaciones (Ramo 33).
En el caso del ejercicio 2019, el presupuesto de egresos aprobado por el Congreso del estado establece una cantidad por 13.499.1 millones de pesos para los municipios, que equivale a 22.6 por ciento del total para el estado. Evidentemente aun no hay informe de cuenta pública de este ejercicio, por lo que no se conoce cuáles fueron las variaciones de ese presupuesto. Del total presupuestado, 4.671.6 millones correspondieron a participaciones federales a municipios y el restante 8.420.1 millones a aportaciones o Ramo 33.
Según la propuesta de presupuesto de egresos para 2020, que será discutida y aprobada por el Congreso del estado en las próximas semanas, a los municipios se les asignarán 14.322.9 millones de pesos, es decir, el 23.1 por ciento del presupuesto total para el estado. Corresponden 5.169.8 millones a participaciones federales a municipios y 8.711.4 millones a aportaciones.
Como se observa, no hay disminución de recursos a los ayuntamientos en los últimos tres años, por lo menos en los sucesivos presupuestos aprobados por el Congreso del estado. Sin embargo, lo que preocupa a los presidentes municipales es que ya no contarán con otros ingresos adicionales que eran proveídos tanto por el gobierno del estado, que desde 2019 sufre ya sus propias restricciones presupuestales, como del gobierno federal, que ha desaparecido programas y ramos del presupuesto para reorientarlos a otros rubros.
A endeudarse
El presidente municipal de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán inauguró una actividad que será tendencia entre los ayuntamientos de Guerrero hacia finales de año: la contratación de deuda pública. En efecto, el edil capitalino tramita un préstamo de 50 millones de pesos, a efecto de pagar salarios y prestaciones de fin de año, a los que destinará del orden de 25 millones; y abonar a la deuda que mantiene con el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), completar el pago de prestaciones a los trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH) y pagar algunas liquidaciones, que se cubrirán con los otros 25 millones de pesos.
Gaspar Beltrán estuvo presente en la manifestación de alcaldes en la Ciudad de México, incluso fue representante de Guerrero en la comisión de ediles que conversó con funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Afirmó en esa ocasión que el ayuntamiento de Chilpancingo se suma al planteamiento general de presidentes municipales del país, para que el gobierno federal y el Congreso federal hagan una revisión de la distribución de la hacienda municipal, “toda vez que la asignación a los municipios de 4 centavos de cada peso que maneja el gobierno federal, no es suficiente para atender a la de la población”.
“Estamos demandando también un incremento a las participaciones del Ramo 28 y 33 de la Federación, y que haya para Guerrero un fondo municipalista que tenga que ver con la infraestructura urbana que hace falta en muchos municipios del estado”, agregó.
Sin embargo, esta demanda de mayores recursos contrasta con la manera en que éstos se ejercen. Sólo hay que observar los resultados del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios 2019, de regional, en donde Chilpancingo ocupa el último lugar (de 60 ayuntamientos en el país) con una calificación de 13.76, en contraste con Puebla, por ejemplo, que tiene 99 puntos. Cabe señalar que este índice se obtiene de la revisión a los portales electrónicos de los municipios en los rubros de marco regulatorio, marco programático-presupuestal, costos operativos, rendición de cuentas, evaluación de resultados y estadísticas fiscales.
Chilpancingo es sólo un ejemplo de lo que sucede entre la mayoría de los ayuntamientos que se rebelaron, por lo que el llamado Movimiento Nacional Municipalista necesita legitimidad. No basta con que los alcaldes digan que están en la primera línea en la “solución” de lo los problemas, o que son la autoridad más cercana a la población, para justificar sus demandas de mayor presupuesto. Deben, así lo exige la sociedad, ejercer los recursos de manera transparente, rendir cuenta de ellos y solucionar realmente problemas de la población.