Nueva política para el gasto en publicidad oficial

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la aplicación de nuevos lineamientos en materia de comunicación social. Según el Ejecutivo federal, con esta nueva política se busca evitar los premios o castigos a periodistas y medios de comunicación por medio de la publicidad gubernamental, y de acuerdo con su dicho, el presupuesto ya no será un mecanismo de coerción o castigo. Estos lineamientos buscan establecer los criterios que deberán seguir las dependencias y entidades federales para el uso de los recursos asignados a publicidad oficial.
Sin embargo, organizaciones especializadas en el tema, como Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación consideraron la medida como un paso importante pero insuficiente, ya que para promover un cambio real en la relación entre medios y gobierno es necesaria la abrogación de la Ley General de Comunicación Social, la discusión y emisión de una nueva, y un cambio profundo de las prácticas institucionales.
Y aunque las organizaciones reconocen que la nueva política ofrece mayor certeza sobre algunos puntos controversiales como la transparencia del gasto y las ampliaciones presupuestales, los criterios de asignación, la evaluación de las campañas y la prohibición del uso propagandístico de estos recursos o para influir en la línea editorial de los medios de comunicación, opinan que algunas “medidas son insuficientes y perpetúan las malas prácticas, como la discrecionalidad en la asignación presupuestaria y la desigualdad en la repartición”.
Mientras esto sucede en el ámbito federal, en Guerrero ni siquiera existe la intención de establecer reglas claras para el gasto de publicidad oficial. Recientemente los diputados locales de oposición se quejaron de la opacidad de los criterios, los contratos y el monto de los recursos asignados en el Congreso del Estado, pero en el Ejecutivo también prevalece la falta de transparencia, pues en ninguno de sus portales contiene información básica sobre cómo se gasta el rubro de publicidad oficial.
Tampoco la gran mayoría de ayuntamientos guerrerenses tiene a la vista este tipo de información, ni muchos de los organismos autónomos ni el poder Judicial; tampoco partidos políticos ni sindicatos. La opacidad en este rubro es generalizada en Guerrero, no obstante que la ley de transparencia exige que se publique de manera detallada toda la información relativa a los gastos de comunicación social.
La nueva política
El 17 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establece la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal, y entre los puntos destacados propone que dicha política debe estar alineada con los tres principios básicos que promueve el actual gobierno: austeridad, honestidad y combate a la corrupción.
Según el documento, el principio de austeridad considera varias acciones como la disminución del gasto en comunicación social, el aprovechamiento del ciento por ciento de los tiempos oficiales y “la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros disponibles en cada una de las áreas de comunicación social del Gobierno Federal”. De hecho, el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, afirmó que en lo que va de 2019 todas las campañas institucionales en radio y televisión se han difundido en los tiempos oficiales, a diferencia de anteriores gobiernos.
También en el renglón de la austeridad, el gobierno de la república procurará que el gasto máximo en publicidad institucional no rebase en ningún ejercicio fiscal el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación. Adicionalmente, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se gestionó la reducción de tarifas con los medios de comunicación de hasta 10 por ciento, en promedio; y además la política de comunicación se apoyará en la infraestructura de los medios públicos con la finalidad de que ya no se contrate a empresas privadas en la elaboración de las campañas publicitarias.
El segundo principio que rige la política de comunicación social del gobierno federal, la honestidad, establece que se erradicará la discrecionalidad en la contratación de medios de comunicación para la aplicación de la estrategia de comunicación social del gobierno federal, por lo que se deberán seleccionar los medios y las vías de comunicación de acuerdo a la normativa aplicable para cumplir con este principio.
Finalmente, el principio de combate a la corrupción se logrará con la transparencia, es decir, a través de informar, por medio de las vías que se estimen pertinentes, sobre el destino de los recursos asignados para la contratación de medios de comunicación.
Durante la presentación de esta política, Ramírez Cuevas informó que se evitará la concentración del presupuesto en pocos medios –como ocurrió con las televisoras en gobiernos pasados–, ya que con los nuevos lineamientos ningún medio de comunicación podrá concentrar un porcentaje mayor al 25 por ciento de la pauta publicitaria.
También confirmó que se mantiene la decisión de recortar al 50 por ciento el gasto para publicidad gubernamental, es decir, si durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el ejercicio 2018 se aprobaron 8 mil 988 millones de pesos, el 50 por ciento de esa partida son 4 mil 494 millones de pesos, pero el gasto aprobado por la Cámara de Diputados para el gobierno de López Obrador fue de 4 mil 711 millones de pesos, es decir, 217 millones de pesos más, según expuso el vocero presidencial.
La voz de las organizaciones
La política de comunicación presentada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue comentada por las organizaciones Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, a la cual le reconocieron “algunos avances importantes” pero insuficientes para garantizar un mejor uso del gasto en publicidad oficial. Expresaron, por ejemplo, que es una política que da mayor certeza sobre la transparencia del gasto y de las ampliaciones presupuestales, los criterios de asignación, la evaluación de las campañas y sobre la prohibición del uso propagandístico de estos recursos o como mecanismo para influir en la línea editorial de los medios.
Advirtieron, sin embargo, que algunas medidas son insuficientes y permiten que continúen las malas prácticas, entre ellas, la discrecionalidad en la asignación presupuestaria y la desigualdad en la repartición. Ejemplificaron que la nueva política no establece topes presupuestarios, ya que, si bien, se busca que el límite del gasto en publicidad institucional no rebase el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación en ningún ejercicio, la propia política permite ampliaciones presupuestales, previa justificación y autorización. El artículo 11 del Acuerdo permite estas ampliaciones y sólo obliga a que las dependencias den a conocer por medio de un comunicado de prensa el monto autorizado, así como la justificación respecto a la ampliación autorizada.
También se refirieron a que entre 45 y 50 por ciento del gasto en publicidad oficial se concentra en 10 medios de comunicación, y si bien en el artículo 12 del Acuerdo se prohíbe que uno solo reciba más del 25 por ciento del gasto, esta medida de avanzada está acompañada de excepciones.
Artículo 19 y Fundar mencionaron que la nueva política establece algunos criterios de asignación de la publicidad oficial, pero falta claridad y precisión en su redacción, lo que da un margen importante de interpretación y de discrecionalidad.
Propusieron que la actual Ley General de Comunicación Social –publicada en mayo de 2018 y conocida como la “ley chayote”– se abrogue y en su lugar legislar una nueva de acuerdo con lo estipulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y retomando los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus “Principios sobre regulación de la publicidad y libertad de expresión”.
Recordaron que a finales del año pasado, el Colectivo Medios Libres elaboró una iniciativa de ley general, y solicitaron al gobierno que se discutiera y revisara por el Congreso bajo un modelo de parlamento abierto. Pero no hubo respuesta y al parecer, con la emisión de esta política, no habrá una participación de organizaciones especializadas en la confección de una nueva ley general de comunicación social.
Guerrero
Recientemente diputados locales de oposición, integrantes de la Junta de Coordinación Política, hicieron pública su inconformidad por la concentración de las decisiones en su presidente Antonio Helguera Jiménez, y por la falta de transparencia en el manejo de recursos en el Congreso del estado.
De acuerdo con una nota de El Sur del 18 de abril, el coordinador de los diputados del PRD Celestino Cesáreo Guzmán, y las representaciones del PT y del PAN, Leticia Mosso Hernández y Guadalupe González Suástegui, expresaron que no se les incluye en la toma de decisiones administrativas, jurídicas o financieras de la Jucopo y de paso reprobaron la política de comunicación social que se sigue en el Congreso.
En específico, Cesáreo Guzmán indicó que los diputados perredistas están inconformes con el trabajo de la Dirección de Comunicación Social, pues consideran que “hay opacidad total, (y) está al servicio de Morena, no del Congreso”, según la misma fuente.
Por su parte, la diputada panista Guadalupe González Suástegui comentó que ha insistido en que se les informe cómo se gasta el dinero obtenido con el descuento de 30 por ciento de los sueldos de los 46 diputados, así como los recursos destinados a la Dirección de Comuni-cación Social, pero no le han respondido. La diputada del PT Leticia Mosso Hernández también se refirió a que en el área de comunicación existe inconformidad porque no hay información sobre los medios que tienen convenios, y además se percibe un favoritismo hacia la fracción de Morena, dijo la petista.
Pero el Congreso del estado no es la única institución gubernamental que acusa falta de transparencia en materia de comunicación social. El Ejecutivo del estado, el Poder Judicial, varios organismos autónomos, partidos, sindicatos y particularmente ayuntamientos no publican su información o lo hacen parcialmente sobre los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad. Es una opacidad generalizada.
La dependencia denominada Jefe de la Oficina del Gobernador, que de acuerdo con la Ley orgánica de la administración pública del estado de Guerrero es la responsable de “Conducir, coordinar y evaluar las tareas de comunicación social de la Oficina del Gobernador y coordinar en esta materia, las acciones de las secretarías, dependencias y entidades de la administración pública estatal”, omite publicar tanto en la plataforma nacional de transparencia como en su portal electrónico cualquier información sobre los gastos de comunicación social, contratos, uso de los tiempos oficiales o cualquier otra información que permita conocer el gasto del gobierno del estado en la materia.
En la misma situación de opacidad se encuentran el ayuntamiento de Chilpancingo, cuyo portal electrónico lleva seis meses en mantenimiento, y parcialmente el gobierno de Acapulco, que manifiesta haber erogado 1.9 millones de pesos en el último trimestre de 2018 y además publica las facturas de las empresas contratadas. El ayuntamiento de Iguala parece ser uno de los pocos que cumple en mayor medida con la ley de transparencia, al publicar los contratos y facturas de medios que recibieron recursos públicos por concepto de publicidad oficial, aunque su información está desactualizada, ya que corresponde al último trimestre de 2018.
De última hora
El día de ayer nos enteramos que el grupo del PRD en el Congreso propuso un reglamento para regular las actividades de la Dirección de Comunicación Social (El Sur, 22 de abril). Entre los puntos destacados están la creación de un comité integrado “de manera plural, hasta por cinco legisladores” de diferentes partidos, que supervisará el desempeño de esa Dirección y propondrá la política de comunicación y difusión del Congreso.
El tenor del reglamento propone que las decisiones se tomen de manera colegiada (por la Jucopo o el comité), como establecer los criterios que regirán los convenios de publicidad con los medios, autorizar el personal técnico y administrativo que requiera la Dirección, y proponer al pleno al director de esta área del Congreso, entre otros.
Aunque se les puede reprochar a varios de los diputados del PRD por qué no propusieron en anteriores legislaturas una medida igual, lo cierto es que cualquier iniciativa que sea útil para ordenar, transparentar y poner reglas al tema de la publicidad oficial será bienvenida. El reglamento que propone el PRD, si bien limitado, puede ser un primer paso.

Ineficiencia en los organismos operadores de agua

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

Los organismos operadores de agua potable municipales son fuente permanente de inconformidades de la población que utiliza el servicio. En Guerrero hay dos casos muy notorios que ilustran la complejidad y dimensión del problema que enfrentan los organismos operadores. Se trata de las comisiones de agua potable y alcantarillado de Acapulco y Chilpancingo (CAPAMA y Capach), que “atienden” al mayor número de personas en el estado y reciben todos los días numerosas expresiones de inconformidad por las deficiencias en el suministro de agua, quejas que con mucha frecuencia se trasladan y afectan a terceros cuando se traducen en cierre de avenidas, toma de instalaciones hidráulicas y oficinas o la negativa a pagar un servicio que, argumentan, no reciben.
Los ayuntamientos, salvo algunas excepciones en el país, no han logrado ofrecer un servicio de agua potable eficiente, desde que adquirieron esa responsabilidad en 1983, con la modificación del artículo 115 constitucional, que a la letra dice: “Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales (…)”, que por cierto, producto de otra modificación a ese artículo en 1999, quedó como sigue: “a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de residuos”.
La intención de prestar el servicio de agua a través de organismos operadores municipales y estatales data de 1989, cuando se implementó una política específica para tratar de resolver los problemas del servicio de agua potable, y la principal estrategia fue la asignación del servicio a estos organismos especializados con autonomía administrativa y autosuficiencia financiera. Dichos organismos podrían ser estatales o municipales, pero tenían una clara orientación empresarial y mercantil.
De acuerdo con la definición del sitio electrónico agua.org.mx, los organismos operadores se encargan de operar, conservar y administrar los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con el objeto de dotar estos servicios a los habitantes de un municipio o de una entidad federativa. Según el Inegi, el abastecimiento de agua en el país se realiza a través de 2 mil 356 organismos operadores, según; de éstos, mil 567 proporcionan el servicio a poblaciones urbanas, 98 a poblaciones rurales y 691 a poblaciones de los dos tipos antes mencionados. El 95 por ciento de los organismos son de carácter público y el resto están en manos de la iniciativa privada.
La Capach, en quiebra
El problema de la ineficiencia en los organismos de agua potable tiene su cara más visible en los déficits financieros por una operación inadecuada. En Chilpancingo, por ejemplo, el alcalde Antonio Gaspar Beltrán aseguró que el organismo operador de agua potable de la capital enfrenta una situación financiera muy grave. Informó que el costo de la energía eléctrica para que operen las bombas de distribución es de 5 millones de pesos, y adicionalmente se pagan 3 millones de nómina, pero la paramunicipal apenas logra recaudar 4 millones de pesos, debido a que 70 por ciento de los 42 mil usuarios no pagan el servicio. A esto se agrega que hay unas 10 mil tomas clandestinas estimadas (El Universal, 21 de marzo 2019).
La imposibilidad de pagar la nómina y el costo de la energía eléctrica se traduce en paros de labores de los trabajadores y en el corte del servicio por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Por ejemplo, a finales de febrero de este año los empleados del organismo capitalino pararon labores por un adeudo estimado por ellos en 8 millones de pesos para 202 agremiados, algunos de cuyos conceptos provienen desde 2015 (estímulos económicos, uniformes y calzado; impermeables; vales de despensa; pago para brigadas que salen a hacer cortes, entregar recibos; gastos funerarios; seguros de vida; becas y cuotas sindicales).
La actual directora de la Capach, Irma Lilia Garzón Bernal, declaró recién asumió el encargo, que el organismo presentaba pasivos por 61.4 millones de pesos, que lo colocaban ante una “crisis económica sin precedentes”. En esa ocasión informó que la paramunicipal cuenta con una plantilla de 370 trabajadores, de los cuales 201 son sindicalizados, y la nómina mensual cuesta 3.3 millones de pesos. También se refirió al padrón de usuarios de la capital, que es de 39 mil 63 registros de servicio activo a la ciudadanía, pero muchos de éstos están en mora y sus adeudos alcanzan los 190 millones de pesos de (Objetivo Diario, 30 de octubre 2018).
CAPAMA, números rojos
El penúltimo director del organismo operador de agua de Acapulco, Mario Pintos Soberanis, declaró en octubre de 2018 que la Capama tenía un déficit de mil 500 millones de pesos, que también lo colocaba en una situación de quiebra financiera y técnica y mantenía sin servicio al 70 por ciento de la población. Agregó que el déficit correspondía a deudas con proveedores y falta de pago a trabajadores por una mala administración. (Televisa.News, 29 de octubre, 2019).
Según la CAPAMA, todos los días se bombean entre 700 y mil litros de agua por segundo para la red que abastece la zona de la Costera, pero se facturan 450 litros por segundo, lo que significa que alrededor de 50 por ciento del agua potable que consumen los empresarios hoteleros es gratis.
El actual director del organismo, Leonel Galindo González, el 8 marzo declaró que con base en auditorías se logró detectar un desfalco por más de 400 millones de pesos en gastos sin comprobar durante la administración del ex director de la CAPAMA, Javier Chona Gutiérrez y Guillermo Galeana Salas, como administrador directo de las finanzas del organismo.
Al hacer un desglose de esta información, Galindo González explicó que en 2016 no se comprobaron gastos por 64.5 millones de pesos, mientras que en 2017 no se comprobaron 152.2 millones de pesos. Sin embargo, destacó que en 2018, la cifra aumentó a 154.3 millones de pesos; además de 78.5 millones de pesos de facturación ilegal. Concluyó el funcionario que por este faltante por 427.5 millones, hoy no tiene los recursos para el pago de energía eléctrica a la CFE y por ello Acapulco no tiene agua. (Novedades Acapulco).
De acuerdo con el documento Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto de Gasto, la CAPAMA tuvo un gasto de 954.7 millones de pesos durante el ejercicio 2018, de los cuales 408.9 millones se destinaron a servicios personales (pago de nómina) y sólo 47.8 millones a inversión pública.
En complemento de esta información, el auditor general del Estado, Alfonso Damián Peralta, informó que desde diciembre del año pasado se inició un procedimiento contra cuatro ex funcionarios de la CAPAMA que deberán resarcir 100 millones de pesos a ese organismo. Recordó que durante una auditoría practicada a esa paramunicipal durante el periodo de gobierno de Evodio Velázquez Aguirre como alcalde porteño, se detectó un faltante de casi 200 millones de pesos, y en el procedimiento la ASE recibió comprobaciones prácticamente por la mitad del monto. (El Sol de Chilpancingo, 10 de enero 2019).
Motivos de la ineficiencia
Muchas son las causas por las que los organismos operadores enfrentan serios problemas, por ejemplo, el factor político, que limita cualquier ejercicio de planeación, pues la dirección de los organismos se modifica cada tres años con la llegada de un nuevo alcalde. Las deudas con la Comisión Nacional del Agua y con la CFE por derechos y tarifas no pagados son también problemas que ponen en jaque a los organismos de agua.
Como se observó en el caso de la Capach, regularmente el costo de operación es mayor que los ingresos, y como parte de estos costos, las abultadas nóminas distraen recursos financieros que deberían emplearse en otros rubros, como en la inversiones, que cuando las hay, son resultado de largas gestiones con las autoridades federal y estatal para conseguir recursos a fondo perdido, dado que la mayoría no son capaces de generar recursos suficientes para este fin.
Según datos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) –recabados por el portal Inteligencia Pública– del total del agua potable que se produce en el país, sólo 60 por ciento se consume y el restante 40 por ciento se pierde por ineficiencias en la infraestructura, como son fugas y tomas clandestinas. Pero esto no es todo, dice el IMTA, la ineficiencia también incluye fallas en la facturación del servicio, ya que únicamente el 40 por ciento del suministro de agua se factura y de éste, sólo el 73 por ciento se cobra. Lo anterior se traduce en que hay una significativa ineficiencia comercial o recaudatoria, ya que del total del agua potable producida en el país, tan sólo se cobra el 30 por ciento.
Como un indicador de eficiencia de los organismos operadores se considera la utilización de la fuerza laboral; a nivel nacional los organismos cuentan con 5.2 empleados por cada mil tomas de agua. Tabasco, por ejemplo, es la entidad con mayor mano de obra en sus organismos operadores, ya que tiene 10.3 empleados por cada mil tomas; en tanto que Nayarit tiene el menor número, con 3.2 empleados por cada mil tomas.
En el caso de Guerrero, la Capach, con 42 mil tomas y 370 empleados, ocupa 8.8 trabajadores por cada mil tomas. Mientras que la CAPAMA, con un total de mil 900 empleados, según su anterior director Mario Pintos Soberanis, estimó que hay 13 empleados por cada mil tomas. “El ideal sería que se tuvieran alrededor de siete personas por cada mil tomas”.
Problema político
El problema de la ineficiencia de los organismos operadores no sólo es de Guerrero, sino de todo el país. Juan Enrique Anda, especialista en el tema, entrevistado por la revista Siempre en 2017, explica que los organismos operadores se crearon hace poco más de 29 años porque el del agua se convirtió en un problema político. Para los presidentes municipales era un problema suministrar el agua sin tener presiones de los diversos actores políticos, por lo que los organismos operadores se crearon para despolitizar el agua y para que tuvieran autonomía”.
Sin embargo, a lo largo de los años la mayoría de los organismos se hicieron “ineficientes y opacos” y funcionan con criterios políticos y clientelares, no están debidamente profesionalizados, dependen de cuantiosos subsidios y no están constituidos como empresas públicas sujetas a reglas claras y transparentes, señala el Consejo Consultivo de Agua, según reseña de la misma revista Siempre.
Ramón Aguirre Díaz, ex titular del organismo de agua de la hoy ciudad de México, opina que el problema de la mala administración de los organismos encargados de abastecer de agua a la población tiene su origen en los intereses políticos que predominan en la gestión, como la contratación de exceso de personal o sin la calificación necesaria para el cargo, o no cobrar las tarifas a los usuarios con lo que se evita tener problemas políticos.
Mencionó que el servicio se puede mejorar con la regulación, que vigile a las paramunicipales, y con la toma de decisiones basadas en criterios técnicos y de buen servicio, y no con criterios políticos. (El Sur, 22 de marzo de 2019).
Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad AC en su estudio Guía para la creación de organismos metropolitanos de agua potable y saneamiento en México concluye que el mal desempeño de la mayoría de los organismos operadores está directamente relacionado con un diseño institucional inadecuado, que no crea los incentivos adecuados ni les permite desarrollar las capacidades necesarias para operar eficazmente. Tampoco les otorga la autonomía necesaria para operar como empresas eficientes –lo cual implicaría, entre otras cosas, crear mecanismos de fijación de precios que reflejaran el costo real del líquido y que no fueran potestad de los gobiernos estatales. Por lo tanto, la solución a los problemas de los organismos operadores pasa por su rediseño institucional.
Sin información
En Guerrero la mayoría de los organismos operadores no difunden la información importante sobre su funcionamiento en sus portales electrónicos –cuando los tienen– o en la plataforma nacional de transparencia. Los datos de esta columna fueron captados de declaraciones de actores involucrados en los organismos operadores y publicadas en la prensa, pues aun cuando son sujetos obligados a cumplir la ley de transparencia, brillan por su opacidad y en sus páginas no cuentan con la información obligatoria. Es así que la ineficiencia se junta con la opacidad y el resultado es desastroso.