Ayuntamientos se van en la opacidad

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

El 29 de septiembre se despide otra generación de ayuntamientos caracterizada –la gran mayoría– por su opacidad e incumplimiento a la Ley de Transparencia. Casi todos fueron gobiernos que no cumplieron con sus obligaciones de transparencia ni tampoco dieron atención puntual y sin restricciones a las solicitudes de acceso a la información de los ciudadanos. Pero también es otra camada de ayuntamientos que se va impune, sin un rasguño por no cumplir la ley.
Para tener evidencia documental de lo que afirmamos y medir el último tramo de los ayuntamientos, enviamos 81 solicitudes de información, a través de la plataforma nacional de transparencia, para conocer información acerca de sus unidades de transparencia, aquellas áreas administrativas que todas las dependencias públicas deben integrar por ley para la gestión de solicitudes de información.
Presentamos también un segundo paquete de 81 requerimientos de información para que los ayuntamientos nos proporcionaran datos acerca de la integración de sus comités de transparencia, otra de las áreas que de acuerdo con la norma deben existir tanto en los ayuntamientos como en cualquier otra institución gubernamental.
Este ejercicio ciudadano tuvo dos propósitos: por un lado, indagar sobre el nivel de atención que prestan los ayuntamientos a las solicitudes de información de los ciudadanos, y el segundo, propiamente saber qué está pasando con dos de las áreas clave para la gestión de información en las estructuras municipales (unidades y comités de transparencia), que además nos permitieron contar con un diagnóstico sobre cómo está abordando este orden de gobierno la institucionalización de áreas y procedimientos que establece la ley, como componentes imprescindibles para el desarrollo de la transparencia en el estado. Estos fueron los resultados.
Desatención a solicitudes
Lo primero que destaca de este ejercicio el alto porcentaje de ayuntamientos que no respondieron a las solicitudes de información, o bien, entregaron información parcial. Los gobiernos municipales que no respondieron en tiempo y forma a la primera solicitud referente a las unidades de transparencia, alcanzaron 49.3 por ciento del total, 5 por ciento respondió pero no adjuntó ningún archivo, y 3 por ciento entregó información parcial o dijo que se trataba de información confidencial. En total, 56.8 por ciento de los ayuntamientos de Guerrero no respondió a satisfacción a este requerimiento.
Respecto al segundo paquete de solicitudes sobre los comités de transparencia, el 54 por ciento de los ayuntamientos no respondieron, mientras que 10 por ciento respondió de manera parcial y cuatro por ciento contestó, pero no agregó en su respuesta ninguna información, además de que uno por ciento entregó información que no corresponde. Es decir, un total de 68.7 por ciento de los gobiernos municipales guerrerenses no respondieron o no entregaron información a satisfacción.
Esta tendencia de no atender solicitudes de información es muy grave a estas alturas de la puesta en marcha del sistema nacional de transparencia. Los ayuntamientos, cuyas autoridades asumieron el último trimestre de 2015, vivieron y conocieron muy de cerca el proceso de construcción del sistema nacional de transparencia, ya que desde 2016 recibieron capacitación e información sobre las nuevas normas y sus obligaciones de transparencia y acceso a la información de parte de los órganos garantes de la transparencia nacional y local. De ahí la gravedad en relación con el bajo nivel de atención a las solicitudes de información.
Cuando iniciaron estas administraciones municipales (2015-2018) también presentamos solicitudes de información, como una forma de activar los mecanismos de gestión de información que se inauguraban dentro de los ayuntamientos con las nuevas normas. En aquel entonces presentamos 68 solicitudes porque 13 municipios ni siquiera se habían incorporado a la plataforma nacional de transparencia. De esas 68 solicitudes presentadas, sólo 37 ayuntamientos respondieron, es decir, un alarmante 45 por ciento desatendieron las peticiones de acceso a la información (ver Monitor de Guerrero del 22 de noviembre de 2016).
Y aunque parezca increíble, a la fecha 10 ayuntamientos aún no entregan la información solicitada en octubre de 2016, que consistió en la entrega de su primer informe de gobierno; de ese tamaño está la desatención a las solicitudes de información.
Unidades de transparencia
A finales de mayo y principios de junio de 2018 presentamos 81 solicitudes de información solicitando datos sobre las unidades de transparencia de los ayuntamientos, específicamente la fecha de designación del titular de la unidad, su currículo, el número de personas que trabajan en la unidad y las funciones que realizan. En total obtuvimos, al 20 de septiembre de 2018, 47 respuestas de los ayuntamientos, incluyendo 13 entregas extemporáneas, como reacción a recursos de revisión.
En general, la información que los ayuntamientos nos proporcionaron revela graves fallas en el funcionamiento de las unidades de transparencia, que si bien son nuevas en las estructuras municipales, también son básicas para la gestión de información y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los gobiernos municipales.
Por ejemplo, sólo seis ayuntamientos nombraron a su titular de transparencia en el primer trimestre de la administración municipal; 19 lo hicieron durante 2016, y otros 13 lo nombraron en 2017. Sobresalen cuatro ayuntamientos que hicieron sus designaciones hasta el presente año, es decir, a unos meses de que concluyera su periodo de gobierno. Estas cifras muestran que los alcaldes y los cabildos municipales no se tomaron muy en serio la adopción de la política nacional de transparencia y en la mayoría de los casos retrasaron el nombramiento de esta importante figura.
Aunque la mayoría de los gobiernos cumplió con la norma al designar a una persona con estudios de nivel superior –solo tres tienen nivel bachillerato–, predominan perfiles de licenciatura en Derecho (nueve casos), Informática (ocho) y Contaduría (seis), pero prácticamente ninguno tiene experiencia en temas de transparencia y rendición de cuentas. Sólo se registraron cuatro casos de personas que han trabajado en administraciones municipales previas en puesto como contraloría interna, asesoría jurídica y tesorería municipal; y destacan dos personas que sí cuentan con experiencia en el funcionamiento de unidades de transparencia (Eduardo Neri y Atenango).
Respecto del número de personas empleada en estas áreas, en la mayoría de las unidades sólo trabaja una persona, el titular, pero hay casos extraños en donde trabajan hasta 12 empleados (Chilpancingo), nueve (Cualác), cuatro (Ixcateopan) y tres (San Marcos).
Al 24 de septiembre, aún quedan pendientes 34 ayuntamientos de Guerrero de entregar su información sobre sus unidades de transparencia, la mayoría de los cuales tienen en su contra un recurso de revisión porque hicieron caso omiso a la solicitud de información que les hicimos.
Comités de transparencia
También presentamos solicitudes de información ante los 81 ayuntamientos para solicitar los nombres y cargos de los integrantes del comité de transparencia, los criterios y el procedimiento para la designación de los integrantes ciudadanos de dicho comité, y todas las actas de las reuniones del comité realizadas hasta la fecha.
Para este paquete de solicitudes obtuvimos 33 respuestas, que incluyen 25 ayuntamientos que entregaron información en tiempo y forma, así como ocho extemporáneas, como resultado de recursos de revisión ante el Itaigro.
La mayoría de ayuntamientos que respondieron, integraron sus comités de transparencia en 2016 y 2017, aunque se observa que sólo hay una intención de cumplir formalmente la integración del comité porque así se los exige la ley, y no tanto porque busquen desarrollar buenas prácticas de transparencia dentro del ayuntamiento.
En muchos casos no hay actas de instalación ni de las sesiones que permitan observar el inicio de actividades relativas a la transparencia. Por ejemplo, en 19 de los 33 ayuntamientos que sí respondieron, éstos afirmaron que no han realizado reuniones del comité de transparencia, por lo que se puede afirmar que ahí no se ha iniciado la institucionalización municipal de la política nacional de transparencia y acceso a la información.
En otro tema, la ley dice que en los municipios se integrarán tres ciudadanos distinguidos como parte del comité de transparencia. Al respecto, la mayoría de las veces, los ayuntamientos no respondieron a esta cuestión, es decir, no explicaron de qué manera fueron elegidos los ciudadanos y con qué criterios para formar parte del comité. Se deduce de las respuestas que la mayoría fueron designados mediante aprobación del cabildo luego de una invitación directa. Muy pocos dijeron que emitieron una convocatoria abierta, aunque no detallan en qué medios se promocionó ni la manera específica en que fueron elegidos. Otros afirmaron que invitaron a ciudadanos en las comisarías, incluso algunos incluyeron a representantes de comisarios o delegados municipales.
Pero la gran mayoría de ayuntamientos dice que cumplió con lo que dice la ley al incluir a “tres ciudadanos distinguidos”, aunque no hay evidencias que demuestren que no fueron integradas personas cercanas al alcalde o a funcionarios del ayuntamiento.
Sea como fuere, este tema será cada vez más relevante conforme se fortalezca la institucionalización de los comités de transparencia en los ayuntamientos, ya que la voz de los ciudadanos debe jugar un papel relevante en la rendición de cuentas en estas demarcaciones y por lo tanto será fundamental que en dichos comités se integren ciudadanos independientes de los funcionarios del gobierno municipal y con conocimientos de los temas que se tratan en los comités. Es un proceso que debe fortalecerse con los ayuntamientos que tomarán posesión en los próximos días.
Qué se trata en las sesiones
Dentro de lo poco rescatable se puede contar que hay comités de transparencia que sí están cumpliendo con su función. Por ejemplo, y tomando como base las actas de estos comités que nos entregaron algunos ayuntamientos, en los municipios de Acapulco, Iguala, Chilapa, Coyuca de Benítez, Eduardo Neri, San Marcos y Tixtla se observó que los integrantes de esos comités sí discuten y analizan temas de transparencia.
Varios comités se enfocaron en el análisis de solicitudes de información, otros trataron los avances en la publicación de información en la plataforma nacional de transparencia, información sobre recursos de revisión y sólo uno sobre programas de transparencia y participación ciudadana que maneja el ayuntamiento.
Uno de los temas que destacaron fue la clasificación de información como reservada o confidencial, especialmente en el rubro de la publicación de los salarios de los servidores públicos y de datos relativos a la obra pública, con el argumento de la inseguridad. En este asunto, se observa una clara intención de los presidentes municipales y sus funcionarios por lograr que se apruebe la clasificación dentro del comité de transparencia, propósito que lograron en todos los casos.
De este paquete de 81 solicitudes de información quedó pendiente la respuesta de 48 ayuntamientos, los cuales todos tienen un recurso de revisión en su contra. Será interesante saber qué sucederá con estos incumplimientos, ya que si bien la solicitud se hizo al ayuntamiento todavía en funciones y de manera institucional cualquiera de los dos gobiernos –entrante o saliente– debe atenderla, según los tiempos, también es cierto que tratándose de sanciones, éstas se aplican a funcionarios en particular y en este caso, los responsables de las irregularidades ya no estarán laborando.
Estas dos figuras municipales, las unidades y comités de transparencia, merecen un seguimiento puntual en los ayuntamientos entrantes, pues son la base de la institucionalización de las prácticas de transparencia y de la política nacional. Tanto las nuevas administraciones –que deben habilitarlas de inmediato– como el órgano garante –que debe instrumentar un programa de capacitación también en el corto plazo–, tienen la misión de cumplir con esta responsabilidad, de lo contrario comenzaremos a escuchar nueva y abundantemente los discursos de simulación.
Escúchenos mañana 26 de septiembre en Monitor de Guerrero Radio, a las 10:00 horas, en Digital 106.3 FM en Chilpancingo, o en el sitio www.consentidosocialac.com Tendremos una entrevista con el auditor Superior del Estado, Alfonso Damián Peralta.

Temas para una agenda legislativa en transparencia

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

Uno de los temas que se mencionaron con mayor insistencia durante la reciente campaña electoral fue el combate a la corrupción. De acuerdo con una encuesta de El Financiero, aplicada entre el 24 y 28 de mayo de 2018, los temas que más importaban al electorado de cara a los comicios eran la economía (29 por ciento), la inseguridad (27 por ciento), la corrupción (21 por ciento) y la pobreza (21 por ciento).
La corrupción es una preocupación generalizada que debe prevenirse, combatirse y sancionarse con acciones efectivas; es un mensaje claro que dejaron las elecciones. Si bien, está en proceso la construcción de los sistemas nacional y estatal anticorrupción en Guerrero, sus resultados se verán en el mediano y largo plazos, pues aunque ya se cuenta con un marco normativo, su implementación será lenta y además no estará exenta de errores, inercias institucionales y obstáculos de todo tipo, como sucede con todas las nuevas políticas públicas que buscan cambios estructurales en la administración pública.
En el Congreso del estado, esta preocupación por el combate a la corrupción ya se incorporó a los discursos de por lo menos dos diputados locales, coordinadores de sus respectivas fracciones parlamentarias; hacer efectivos estos pronunciamientos con acciones concretas, es el gran desafío.
Héctor Apreza Patrón destacó que para los legisladores priistas el combate a la corrupción y la rendición de cuentas serán prioridad de la agenda legislativa de ese partido. También subrayó que la austeridad y la racionalidad del gasto público, “es algo que particularmente hemos venido defendiendo desde hace tiempo”. (Vértice, 4 de septiembre 2018).
Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, Pablo Amílcar Sandoval, explicó que legislarán políticas de austeridad republicana, en congruencia con el mandato del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a efecto de “terminar con la dilapidación de recursos públicos”. También dijo que uno de los puntos de la agenda de Morena es legislar una ley reglamentaria del artículo 127, sobre salarios en Guerrero, para regularizar las percepciones no sólo de los diputados sino de los funcionarios de los tres poderes del estado. Sandoval Ballesteros añadió que la mayor parte de los gastos de los diputados se desconocen, “necesitamos hacerlos transparentes, hay una gran opacidad, hay mucho más que no se conoce.” (El Sur, 28 de agosto de 2018).
Hay pues un principio de acuerdo entre las dos fracciones parlamentarias más grandes del Congreso del estado. Pero su intención debe traducirse en mecanismos que realmente contribuyan a disminuir la corrupción.
Reglas para los gastos de “ayudas sociales”
Uno de los capítulos que ocupan mayor presupuesto público en el Congreso del estado es el 4000 denominado “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, y específicamente el concepto de “ayudas sociales”. En los últimos tres años, este concepto representó alrededor de 50 por ciento del gasto total del Congreso y las partidas que ampara propiamente no corresponden con las funciones del poder Legislativo, ya que son “asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales”.
Pero quizás esa no sea su mayor irregularidad, sino la opacidad y total discrecionalidad con que se ejercen estos recursos. Públicamente nadie sabe en qué se gastan, cuánto recibe cada diputado, quiénes los distribuye ni cómo se comprueban. Se trata de una caja negra que ha utilizado el Congreso durante muchos años y que ha sido una gran fuente de corrupción en el estado, ya que lo mismo se emplean para gastos personales de los diputados que para construir clientelismos políticos.
En varias entregas de Monitor de Guerrero dimos cuenta de las irregularidades del ejercicio de estos conceptos de gasto (1 de octubre de 2013, 4 de agosto de 2015 y 3 de julio de 2018).
Para dar una idea del tamaño del despilfarro, en el documento Clasificación por objeto de gasto del ejercicio 2015, al capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se le destinaron 239 millones de pesos, específicamente al capítulo de subsidios y subvenciones. Si se compara con el total modificado del Congreso al 31 de diciembre de 2015 por 525.6 millones de pesos, la relación es de 45.4 por ciento.
En el caso del ejercicio 2016, el total de ingresos del órgano legislativo fue de 543.5 millones de pesos, y al concepto de “Ayudas sociales” le destinaron 271.6 millones, es decir, el 50 por ciento del total. Mientras en 2017, con un total de ingresos por 542.7 millones, las ayudas sociales fueron del orden de 258.9 millones de pesos, equivalentes a 47.7 por ciento.
En lo que va del ejercicio de 2018, al 30 de junio se tenía un presupuesto total modificado del Congreso de 572.6 millones de pesos, y los gastos en el concepto de ayudas sociales a esa fecha eran por 145.4 millones, pero se tenía programado ejercer 236.2 millones durante todo el año. Es decir, a los diputados entrantes les corresponde ejercer una parte de esos recursos, pues al 30 de junio se tenían programados todavía 90.8 millones.
La agenda de la LXII Legislatura debe incluir la definición de si es pertinente o no que los diputados ejerzan estos recursos, pues también existe la opción de destinarlos directamente a un programa de desarrollo social fuera del Congreso. En caso de que continúen ejerciéndolos, se requieren reglas de operación claras para orientar el gasto de “ayudas sociales” a proyectos productivos y de desarrollo social, preferentemente colectivos, con indicadores de resultados. También se definirán los criterios para su asignación, la población beneficiaria, los procedimientos para acceder a ellos y desde luego, el ejercicio de estos recursos debe ser totalmente transparente, en congruencia con una de las preocupaciones manifestadas en la jornada electoral pasada: el combate a la corrupción.
A diferencia de otros programas sociales del estado, los diputados deben incluir a la ciudadanía en la vigilancia de estos recursos por medio de mecanismos efectivos de participación -no simulados- como contralorías sociales, testigos sociales u observatorios ciudadanos. Así se construye legitimidad ante los ojos de la sociedad.
Gastos de comunicación social
Al igual que en otras entidades gubernamentales de Guerrero, los gastos de comunicación social en el Congreso se realizan en completa opacidad y con total discrecionalidad. No cuenta este órgano legislativo con reglas respecto de la distribución del gasto de comunicación, ni tampoco con criterios para asignarlo con equidad a los diferentes medios.
Tan sólo en el ejercicio 2015, según la clasificación por objeto de gasto de la cuenta pública del Congreso, se gastaron 12.6 millones de pesos. En su primer año, la LXI Legislatura incrementó a 16.7 millones el gasto, y al año siguiente se gastaron 17 millones. Finalmente, en el ejercicio 2018 se presupuestaron 16.5 millones de pesos en gastos de comunicación social y publicidad.
Para justificar la opacidad en la asignación de recursos públicos a los medios y reporteros, el Congreso incluye en la plataforma nacional de transparencia el enunciado de que “La estrategia de comunicación social del Congreso del estado de Guerrero se lleva a cabo a través de la página oficial y en redes sociales, por lo que no se presupuestan recursos para la ejecución de campañas de publicidad”. Sin embargo, ese dato es falso, ya que en la misma pnt, el Congreso publica su programa operativo anual en donde incluye un rubro denominado “Renovación de contratos con medios locales y estatales”, amén de que el reportero Ezequiel Flores, basado en datos oficiales, documenta la entrega de recursos públicos a empresas y reporteros (Proceso, 19 de agosto de 2018).
Reglamentar con criterios y normas claras la asignación del gasto en comunicación social es una de las áreas que requiere urgente atención, ya que la discrecionalidad en la distribución de este tipo de recursos daña la libertad de expresión al privilegiarse a medios de comunicación “amigos” o que no ejercen la crítica y el análisis de los hechos y el desempeño de los gobernantes con la única intención de procurarse parte de este gasto público.
Otros temas
Hay otros temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción que requieren el seguimiento y el posicionamiento del Congreso, a efecto de que se destraben, no se estanquen o continúen un desarrollo fluido.
En el proceso de construcción del sistema estatal anticorrupción, la LXII Legislatura debe incluir en su agenda el seguimiento y la vigilancia de todos los procedimientos pendientes para conformar el sistema. Por ejemplo, está en puerta la designación del Comité de Participación Ciudadana, que es clave para el funcionamiento del sistema, y los legisladores harían bien en vigilar -aunque a la Legislatura ya no le corresponde designarlos- que se integre realmente por ciudadanos con conocimiento sobre el tema, a efecto de romper ese tradicional esquema de designar personas cercanas a los gobiernos que aún predomina en el estado.
Se espera también que vicios e inercias de algunas dependencias que forman parte del sistema empantanen su funcionamiento, por lo que el Congreso, por tratarse de un tema de interés público, debe permanecer vigilante y pronunciarse y contribuir a que sus actividades sean fluidas.
Otro tema relevante es el del subsistema estatal de transparencia, que no termina de cuajar. Amén de que aún predomina el incumplimiento de las obligaciones de transparencia que establece la ley en la materia en la mayoría de las dependencias púbicas del estado, hay un inadmisible cuello de botella que impide el desarrollo de la transparencia en la entidad: no hay sanciones para los infractores de la ley. Este asunto se los hemos planteado públicamente al gobernador del estado -de quien depende la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina)- y a los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaigro), pero no se observa ninguna respuesta.
Asimismo, a la Sefina le corresponde la publicación de la información financiera de todas las dependencias del Ejecutivo, sin embargo, para evadir la difusión de información clave para el seguimiento del ejercicio de los recursos, la dependencia clasificó gran parte de los datos relevantes por medio de un acuerdo de su comité de transparencia del 30 de junio de 2016.
El Congreso del estado debe exhortar al Ejecutivo del estado a publicar información para saber de qué manera se están ejerciendo los recursos públicos, desde los indicadores de resultados y de interés público -aunque la dependencia diga que no le aplica esta fracción de la ley- hasta las remuneraciones de los servidores públicos, pasando por los gastos de comunicación social -donde no se publica ninguna información- resultados de auditoría –donde colocan hipervínculos que no corresponden– e información sobre procesos y resultados de adjudicaciones, invitaciones y licitaciones, que son procedimientos donde específicamente se presumen actos de corrupción.
Pero también los legisladores guerrerenses deben proponer una gran cruzada por la transparencia a efecto de contribuir a que todos los sujetos obligados, especialmente los ayuntamientos, cumplan con sus obligaciones de la ley 207 de transparencia, pero también para que promuevan entre la sociedad el uso de la información gubernamental. Y desde luego, exhortar a la Sefina y al Itaigro a que destraben el tema de las sanciones a quienes no cumplan con la ley de transparencia.
Finalmente está pendiente el tema del bajo presupuesto asignado al Itaigro. No obstante que en los dos últimos años aumentaron significativamente las cargas de trabajo del instituto, por las nuevas funciones que le toca desempeñar derivadas de la Ley General de Transparencia, su presupuesto ha mostrado una tendencia incrementalista, que no permite a los comisionados atender temas tan relevantes como la promoción de la cultura de la transparencia o la utilidad social de la información entre la ciudadanía, por ejemplo.
Pero a la par de un aumento a su presupuesto, también es necesario que el instituto defina, junto con su consejo consultivo, sus programas prioritarios con indicadores de resultados que den cuenta del impacto de sus acciones. Son éstos algunos de los temas que me parece deben ser parte de los trabajos del Legislativo.
Hacemos la invitación para que nos escuchen en el 106.3 de FM en el programa Monitor de Guerrero, un espacio para el análisis de la transparencia y la rendición de cuentas; todos los miércoles a las 10:00 horas. También pueden sintonizarnos en el sitio www.consentidosocialac.com