En febrero, nuevos comisionados en el Itaigro

Publicado en el periódico el Sur de Acapulco

En febrero del próximo año se inicia una nueva etapa en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero (Itaigro), ya que los diputados de la LXI Legislatura designarán a nuevos comisionados o ratificarán parcial o totalmente a los actuales.

No es una decisión menor, pues en los próximos meses se presentarán retos de mucha trascendencia para el estado en materia de transparencia y acceso a la información que requerirán de comisionados competentes para construir un órgano garante eficiente, eficaz, que haga valer su autonomía y que comience a ganarse un prestigio y una legitimidad que hoy todavía no tiene.
Recientemente el Congreso del estado emitió una convocatoria para la inscripción de candidatos, de entre quienes habrán de seleccionarse tres comisionados del Itaigro -hombres o mujeres- que comenzarán su encargo en febrero de 2014. Lo que se espera es que sea un proceso transparente, pulcro, justo, que permita una designación profesional de los mejores.
Los aspirantes
Son 23 los inscritos en la lista de candidatos a comisionados del Itaigro; no se sabe aún cuántos de éstos cumplieron con los requisitos y quiénes pasarán a la siguiente ronda, ya que los miembros de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado decidieron continuar el proceso de selección hasta enero de 2018.
Entre los aspirantes están los actuales comisionados Roberto Rodríguez Saldaña, Joaquín Morales Sánchez y Elizabeth Patrón Osorio, que buscan repetir en el cargo. Es indudable que les llevan ventaja a los demás competidores simplemente porque tienen una experiencia adquirida a lo largo de cuatro años, pero en contra tienen un desprestigio fraguado durante el primer año y medio de funciones, específicamente los dos primeros, quienes junto con el defenestrado consejero Crescencio Almazán Tolentino, protagonizaron una gresca por los recursos del instituto que todavía hoy ninguno de ellos ha justificado ni explicado.
Como se recordará, el 7 de febrero de 2014, el Congreso del estado designó a Crescencio Almazán Tolentino, Roberto Saldaña Rodríguez y Joaquín Morales Sánchez como consejeros del Itaigro para el periodo 2014-2018. Pero a sólo 36 meses de su encargo, los diarios capitalinos se regodearon con los pleitos internos entre los tres consejeros, y en gran parte esto tenía su origen en la pugna por el ingreso de sus recomendados para trabajar en el organismo.
En contra de los tres actuales comisionados también pesa que nunca funcionaron como un órgano colegiado, en gran parte como consecuencia de la modalidad de designación empleada por los diputados, a través de cuotas partidistas, y no por sus capacidades, experiencia y especialización. Esto propició que no se construyeran canales apropiados para el procesamiento de los desacuerdos, y el instituto ha funcionado de manera fragmentada, con cada uno de los consejeros “jalando” para su lado, o si acaso, con débiles acuerdos entre ellos. Las consecuencias de esta forma de operar las ha pagado la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información en el estado.
Otro grupo de aspirantes es el de los periodistas. En los tres concursos para consejeros o comisionados que ha habido en Guerrero desde 2006, se han inscrito varios trabajadores de la prensa, de hecho, las dos mujeres que han sido comisionadas (María Antonia Cárcamo Cortés, en la ex Comisión de Acceso a la Información del estado; y Elizabeth Patrón Osorio, actual consejera del Itaigro), tienen en común que trabajaron en los medios de comunicación.
Uno de los periodistas inscritos como aspirante es Alejandrino González Reyes, quien se desempeñó como titular en el área de comunicación y formó parte del equipo del ex consejero Crescencio Almazán Tolentino; y el otro es Pedro Arzeta García. Ninguno de ellos tiene experiencia ni se sabe que tengan conocimientos especializados en el tema.
Otros competidores
En la lista de aspirantes predominan las personas que han concursado en otras convocatorias para desempeñar cargos en organismos autónomos como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado (IEPC), el Tribunal Electoral del estado, el consejo consultivo de la Comisión Estatal para los Derechos Humanos; o bien en dependencias como la Auditoría General del Estado, pero que en materia de transparencia y rendición de cuentas no cuentan con experiencia o especialización.
Por la repetición de sus nombres en distintas convocatorias de este tipo, parece que se ha convertido en un modus vivendi para muchos de ellos, al intentar incorporarse a estos organismos sin importar si los cargos requieren especialización en temas electorales, de transparencia y acceso a la información, de derechos humanos o en fiscalización.
Por ejemplo, Domingo Martínez Altamirano tuvo participación en convocatorias para ser magistrado del Tribunal Electoral del estado, asimismo para ser parte del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia y también para la presidencia de la Comisión Estatal para los Derechos Humanos. Apenas hace algunas semanas concursó para ser presidente del IEPC.
Igualmente Marcelo Gatica Lorenzo, docente de la unidad académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, se ha desempeñado como consejero distrital propietario por el distrito electoral 2 con cabecera en Chilpancingo. Ante la renuncia de la ex presidenta del IEPC, Maricela Reyes, se inscribió hace unas semanas al concurso para sustituirla. Ha sido dirigente de la Federación Estudiantil de Universitarios Guerrerenses.
Yolanda Leticia Medina Aguilar trabaja en la UAG y ha sido consejera distrital del IEPC; hace algunos meses participó en el concurso para ocupar uno de los tres espacios para consejeros del IEPC.
Iván Delgado Peralta concursó hace tres años para desempeñarse como auditor especial en la Auditoría General del Estado, sin que lograra colocarse. Es de los aspirantes que se publicita en los medios de comunicación.
José Guadalupe Lampart Barrios ha participado en otras convocatorias para ser comisionado del Itaigro, y también para ser auditor especial de la AGE. En el tema de transparencia, se ha desempeñado como director del módulo de acceso a la información del Congreso del estado.
Evelyn del Carmen Puente Flores ha sido directora administrativa del Colegio de Bachilleres y fue aspirante apenas en octubre pasado para ocupar la presidencia del IEPC. La experiencia que tiene en el tema de transparencia se deriva de su cargo como coordinadora de la unidad de transparencia y acceso a la información del Tribunal Electoral del estado hace algunos años.
Alejandra Ortega Guzmán ha sido asesora del Congreso del estado y consejera distrital del IEPC y trabajó en el área de comunicación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Por su parte, Nancy Bravo Gómez ha sido integrante del consejo consultivo de la Comisión Estatal para los Derechos Humanos.
Salustio García Dorantes fue regidor del ayuntamiento de Chilpancingo y asesor jurídico del ayuntamiento de Eduardo Neri y de la Secretaría de Planeación. Actualmente es secretario técnico de la comisión de Derechos Humanos del Congreso del estado; concursó recientemente para ser consejero electoral del IEPC.
Con experiencia
Otro grupo de aspirantes se caracteriza porque han desarrollado actividades en la materia, especialmente de gestión de información, al trabajar en las unidades de transparencia de algunas dependencias públicas. Aunque esto no garantiza que sean aptos para ser comisionados, sí hay un sustento que les permite tener un acercamiento con el tema y que no lleguen totalmente en blanco al proceso de selección.
Así, por ejemplo, Josefina Morales Carreón ha sido titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia; mientras que Horacio Díaz Quiñonez actualmente es el titular de la Unidad de Transparencia del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de Guerrero; antes también fungió como coordinador jurídico del Itaigro.
Aleshka Pintos Lazcano aparece como actual titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa (antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo) del estado de Guerrero; mientras que Roberto Nava Castro es actual director de Promoción y Capacitación del Itaigro; anteriormente trabajó en la subdirección jurídica de la Secretaría de Salud.
Alfonso Lara Muñiz es enlace de la Unidad de Calidad, Inscripción, Acreditación y Certificación del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos; fue integrante del Consejo General del IEPC, y aplicó hace unas semanas para la presidencia de ese instituto. También trabajó como titular de la unidad de transparencia en la AGE.
Mariana Contreras Soto fue directora general de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno y actualmente se desempeña como asesora para asuntos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción de esa dependencia. Independientemente de su experiencia en la materia, su cercanía con el actual mandatario, a través del secretario general de gobierno, pesará mucho en la decisión de los diputados y es una de las fuertes candidatas a ocupar un lugar en el Itaigro.
Finalmente, uno de los pocos aspirantes que ha trabajado de manera permanente en el tema es Domingo Francisco Neri Célis, pues fue director general de contraloría social y subcontralor de Modernización Administrativa de la ex Contraloría General del Estado, desde donde verificaba el trabajo de la dirección general de transparencia y de la coordinación de acceso a la información de esa dependencia. Actualmente se desempeña como titular de la Unidad de Transparencia de la AGE.
Hay dos nombres de los que no se tienen antecedentes en la esfera pública, no por lo menos en el tema de transparencia y rendición de cuentas. Se trata de Miguel Ángel Rudecindo Sánchez y Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez.
Qué se necesita
Cada uno de los participantes que continúen en la siguiente ronda serán entrevistados de manera pública por los legisladores y expondrán en esa sesión su plan de trabajo. Independientemente de lo que propongan, consideramos que el Itaigro debe incluir por lo menos los siguientes puntos.
El 1 de enero de 2018 se termina la prórroga que fijó el INAI para que las dependencias públicas del país publiquen su información de oficio en la Plataforma Nacional de Transparencia. Derivado de la conclusión de este plazo, se multiplicarán los recursos de revisión, las denuncias ciudadanas y será obligatorio que el Itaigro haga verificaciones a la información de oficio de los sujetos obligados.
Esto se traducirá en grandes cargas de trabajo que el instituto deberá solventar de manera expedita, por lo que se requerirá urgentemente que los comisionados designados establezcan compromisos serios y profesionales para funcionar de manera colegiada. Ésa será la base para iniciar un trabajo organizado, eficiente y eficaz, sin el cual difícilmente saldrán adelante y persistirán las inconsistencias y los rezagos actuales.
Una apropiada articulación dentro del instituto será esencial para ordenar y coordinar las actividades, ya que desafortunadamente el Congreso del Estado asignó un bajísimo presupuesto para la operación del organismo en 2018, no obstante la dimensión del trabajo que hay por delante.
Así, el próximo año el Itaigro tendrá un presupuesto de 13 millones 361 mil pesos, mientras que el año anterior fue de 12 millones 487 mil, es decir, un incremento de apenas 7 por ciento.
El pacto para mejorar la gestión del instituto incluye que los comisionados incorporen a sus áreas de trabajo a personal con el perfil profesional necesario y por ningún motivo mantengan en la nómina a “aviadores”.
A principio de febrero de 2018 sabremos si uno o todos los consejeros actuales serán ratificados, y en caso de que no, los órganos de control y fiscalización deben poner atención en caso de que hagan uso del gasto corriente para autopagarse sus “liquidaciones”, como lo hicieron dos de los tres consejeros anteriores y que dejaron prácticamente en bancarrota al instituto en 2014.
Como órgano garante de la ley de transparencia, el Itaigro deberá velar por que todas las sanciones aplicadas a los sujetos obligados realmente se ejecuten. Todavía hay total impunidad en esta materia, y francamente si no funciona la coerción que establece la ley, todo el trabajo que realice el Itaigro, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores interesados en promover la transparencia será en vano.

Transparencia en universidades

Publicado en el Sur de Acapulco

La Universidad Autónoma de Guerrero fue la anfitriona del Congreso Nacional de Universidades de Cara a la Transparencia y Rendición de Cuentas, los días 17 y 18 de noviembre. Un evento indudablemente destacado por los temas que se abordaron y por los expositores que intervinieron. Pero de manera lamentable, este acto también dio pie a comentarios y declaraciones con muy poca mesura en torno a la transparencia de la casa de estudios local.

Desde la propia convocatoria, la tesorera general de la UAG, Leticia Jiménez Zamora, afirmó que “la UAGro organiza este congreso gracias al trabajo transparente que ha hecho con sus recursos, la liberación de sus cuentas públicas y la promoción de la rendición de cuentas, que le ha valido el reconocimiento a nivel estatal y nacional”, según el comunicado de prensa del 14 de noviembre de 2017.

Por su parte, el rector Javier Saldaña Almazán, durante su participación en la inauguración del congreso, “aseguró que la máxima casa de estudios es una institución que tiene el ‘reconocimiento y la confianza del pueblo guerrerense’ y en materia de fiscalización y rendición de cuentas, ‘podemos ver a los ciudadanos de frente’”.

Incluso, el aparato de prensa de la UAG, el reseñar el acto de inauguración, puso en boca del gobernador Héctor Astudillo Flores las siguientes palabras: “en su discurso [el mandatario estatal] ratificó a la UAGro como una institución transparente e hizo un reconocimiento por el impulsar la cultura de la rendición de cuentas en las instituciones”, reseñó un boletín de la institución del 17 de noviembre.

Lo cierto es que la universidad no se ha caracterizado por su transparencia ni por su puntual rendición de cuentas -como lo muestran las observaciones a su cuenta pública-, deficiencias que no son de hoy, sino desde que se estableció en las leyes la obligación de las dependencias gubernamentales de transparentar su quehacer, que incluyen a los órganos autónomos, como la UAG.

La opacidad

No se encontraron muchos monitoreos sobre la transparencia en la casa de estudios de Guerrero, pero sí suficientes para mostrar el talante de su política en esta materia. Desde 2009, la organización aregional.com realizó el “Índice de transparencia y acceso a la información de las universidades públicas en México 2009”, a partir de la revisión de los portales electrónicos de 38 instituciones educativas. Su conclusión fue que había un bajo nivel de transparencia y acceso a la información, pues el promedio de calificación en materia de acceso, disponibilidad y calidad de la información pública era de 68.5, en un rango de 0 a 100, según describe una nota de El Universal del 4 de marzo de 2009.

El estudio destaca que “13 universidades reprobaron por tener menos de 50 puntos. Algunas de ellas son la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma de Chiapas”, de acuerdo con la misma nota.

Por otra parte, en un estudio que realizó la organización Comunica AC, en septiembre y octubre de 2015 para el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaigro), en donde se revisaron los portales electrónicos de 160 dependencias públicas del estado, la universidad ocupó el lugar 87 dentro del ranking estatal. La calificación obtenida por la UAG fue de 23.99 por ciento, puntuación que ni siquiera alcanzó el bajísimo nivel promedio estatal de 27.89 por ciento. El monitoreo se centró en las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo 13 de la Ley 574 de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Guerrero.

Otro monitoreo a la casa de estudios lo aplicamos en enero de 2016 y también tuvo el propósito de medir su nivel de cumplimiento a las obligaciones de transparencia que establece la ley. El resultado arrojó que la UAG apenas cumplía con el 45 por ciento de sus obligaciones de transparencia. Menos de la mitad de lo que le exige la ley. Por cierto, la información que la institución educativa no publicaba coincidentemente era la más importante y la que hubiera permitido a cualquier ciudadano aproximarse a lo que realiza la universidad y al ejercicio de los recursos.

La UAG también está en la lista negra por obstaculizar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos. De hecho, se encuentra entre las 10 instituciones que han recibido más recursos de revisión o quejas en su contra durante ocho años, de 2006 a 2014.

La UAG sólo es superada en este rubro por las secretarías de Salud (con 27 recursos de revisión), de Finanzas y Administración (18), los ayuntamientos de Tixtla y Chilpancingo (18), la Secretaría de Educación (17) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (16). La universidad comparte con el ayuntamiento de Tecoanapa el poco honroso sexto lugar en este terreno, con 15 recursos de revisión presentados por ciudadanos inconformes.

El resto de las universidades

La opacidad no es una condición sólo de la Universidad Autónoma de Guerrero; buena parte de las casas de estudio públicas del país presentan una falta de cumplimiento a sus obligaciones de transparencia y reticencia a la rendición de cuentas. La actual presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Jaqueline Peschard, en un coloquio realizado en la UNAM en septiembre de 2014, afirmaba que las universidades públicas no estaban siendo líderes en la rendición de cuentas.

La también ex comisionada presidente del IFAI (hoy INAI) declaró que, aunque las instituciones de educación superior cuentan con “los reglamentos y normatividad en transparencia, muchas se reservan información que debe ser pública –como el manejo de sus recursos–, y en ocasiones sólo la dan a conocer a solicitud de los ciudadanos”, según reseña el diario La Jornada.

Peschard mencionó que de acuerdo con un estudio del IFAI, muchas universidades no contemplaban en sus reglamentos el principio de máxima publicidad establecido en la Constitución; tampoco definían plazos para actualizar sus obligaciones de transparencia y no contemplaban la obligación de transparentar el contrato colectivo de trabajo, entre otras deficiencias.

Más recientemente, en su artículo publicado en El Financiero: Universidades públicas: autonomía con rendición de cuentas, Jaqueline Peschard opinó que “La autonomía de las universidades públicas es perfectamente compatible con la rendición de cuentas; es más, es una palanca indispensable para robustecer el principio de autodeterminación y autogestión que la Constitución les otorgó para asegurar el libre desarrollo de sus tareas, tanto académicas, como culturales. Autonomía sin rendición de cuentas es un privilegio inaceptable, que está reñido con la naturaleza misma y la función pública de las universidades”.

Pero las universidades no sólo se han caracterizado por su opacidad, sino también han puesto en entredicho su prestigio al involucrarse en fraudes millonarios. Por ejemplo, la plataforma digital de noticias Animal Político y el grupo Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad recientemente, por medio de una investigación periodística, detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones. A este trabajo periodístico lo denominaron la Estafa Maestra.

A diferencia del modus operandi de otros fraudes, “aquí el gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero los da a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de ‘comisión’, aunque no hayan dado ningún servicio”,

Entre las conclusiones de la investigación, el trabajo documenta que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios viven en barriadas. “Mil millones de pesos más fueron la comisión para las universidades y el resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios. En muchos casos, no hay evidencia documental de que estos hayan existido”.

Fueron ocho las universidades cómplices de estos fraudes. La primera es la Universidad del Estado de México, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. También están involucradas la Universidad Popular de la Chontalpa (Tabasco), la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Politécnica del Golfo de México (Tabasco); el Instituto Técnico Superior de Comacalco (Tabasco) y la Universidad Tecnológica de Tabasco.

En total, el fraude involucró 70 convenios con diversas dependencias públicas federales como Pemex, Sedesol, Fovissste, SCT, Banobras y SEP, quienes triangularon con las escuelas de educación superior la contratación de productos y servicios que aparentemente nunca existieron o no se prestaron.

Transparencia reciente

La Ley General de Transparencia, en la cual se basaron todas las leyes en la materia de los estados, es más ambiciosa que las anteriores porque entre otros rubros, establece la obligación a todas las dependencias públicas de difundir un catálogo de 48 temas de su quehacer gubernamental (artículo 81 de la Ley 207 de transparencia local), y en el caso de las universidades, la norma propone que además de esos temas, publiquen otros nueve temas específicos sobre el quehacer educativo (artículo 88).

La obligación de publicar estos temas se estableció desde mayo de 2016, pero por inconsistencias del INAI en la habilitación de la plataforma electrónica, ha dado ya dos prórrogas para que las dependencias públicas cumplan con su información de oficio. El último plazo vence el 31 de diciembre de 2017, lo que significa que en 2018 todas las instituciones gubernamentales deberán difundir en la Plataforma Nacional de Transparencia y en sus portales electrónicos los temas que establece la ley, o de lo contario podrán ser denunciados tanto por el Itaigro como por la ciudadanía.

Aunque la UAG ha comenzado a publicar información en su portal electrónico, los datos importantes, sobre todo los que se relacionan con las finanzas de la universidad, aún permanecen en la oscuridad.

Por ejemplo, la casa de estudios no publica nada sobre sus indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social sobre sus funciones, ni tampoco indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados. Tampoco nada sobre las remuneraciones de sus servidores públicos de base o confianza, ni los gastos de representación ni de viáticos.

La UAG no publica información curricular de sus funcionarios ni de sus docentes, este último indicador clave de la calidad de la enseñanza. En cambio, sí publica, aunque no en formatos abiertos, información parcial sobre avance en el gasto de los subsidios para organismos descentralizados estatales, de la platilla de personal, estados de la situación financiera, entre otros.

Desafortunadamente, sobre la fracción XXI, que establece la publicación del sobre el presupuesto asignado, la UAG sólo escribe que “le corresponde al gobierno del estado presentar la información relacionada” a este rubro -lo cual no es cierto, porque es una obligación de la universidad-. Tampoco publica información sobre el tema medular de los resultados de las revisiones a su cuenta pública.

También mantiene en la opacidad los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial, pues argumenta que “la universidad se reserva los datos de información, con la finalidad de salvaguardar la integridad de las personas contratadas, por la inseguridad que impera en nuestro estado”.

Los procesos de adquisición de bienes y servicios (adjudicaciones directas, licitaciones, etc.) no los transparenta la universidad, o por lo menos publica información parcial que no es útil. Los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la universidad también presentan información muy parcial. Además, la UAG dice que no le aplican las fracciones de la ley relacionadas con la transparencia de los mecanismos de participación ciudadana ni con los programas que ofrece la universidad. Y de las nueve obligaciones específicas de las instituciones de educación superior, la UAG no publica nada.

Colofón

Ciro Murayama Rendón, profesor de la UNAM que se ha ocupado de este tema expresa que “Hay una relación indisoluble entre transparencia, universidad y autonomía, aunque en los hechos venimos de una larga historia de opacidad, incluso me atrevo a decir que hay áreas de la vida pública de México que se han abierto más y son más transparentes que la universitaria”.

Agrega que los universitarios han sido protagonistas de la crítica, del cuestionamiento, pero hacia fuera, pocas veces hacia la propia universidad. “Tenemos que ir a contra corriente en esta idea de que la autonomía nos da una patente de corzo para hacer las cosas como queramos”.