Publicado en El Sur de Acapulco
Desde hace varios trienios, la población de Chilpancingo es
afectada por una serie de problemas que parecen no terminar. Amén de ser una de
las ciudades con los más altos índices de criminalidad -el fin de semana pasado
lo evidencia-, la capital guerrerense enfrenta la perenne carencia de agua,
abundancia de basura sin un dispositivo pertinente para su disposición, y cada
vez más, un continuo desorden vial y del transporte público, sólo por listar
los conflictos más visibles y que mucho interesan a la ciudadanía.
Ante este coctel de temas, hay omisiones graves de las autoridades
capitalinas para resolver estructuralmente los problemas, ya que los alcaldes
de los últimos años han preferido evadirlos y “llevársela de a muertito” proponiendo
medidas cosméticas y dejar que el siguiente resuelva los asuntos.
Dos rasgos distinguen a los gobiernos municipales de Chilpancingo:
su opacidad en el ejercicio de gobierno -todavía hoy, el ayuntamiento en
funciones no transparenta nada, sólo hay que revisar la plataforma nacional y
su portal electrónico para corroborarlo-; y su discrecional y centralizada manera
de tomar las decisiones, una de cuyas manifestaciones es que nunca consultan
realmente a los ciudadanos, más allá de sus ejercicios de simulación, para la búsqueda
de soluciones reales a los problemas.
Chilpancingo ha dejado de ser desde hace varios años la
ciudad tranquila que muchos escogieron para vivir, y hoy se ha convertido en
uno de los sitios más riesgosos donde la calidad de vida de sus habitantes se
deteriora de manera constante. Sin embargo, la respuesta ciudadana a la
timoratez de las autoridades tampoco ha sido contundente y esto no cambiará
mientras los habitantes de esta ciudad no se conviertan en ciudadanos y
ciudadanas de “a deveras”, es decir, que exijan y ejerzan sus derechos y
cumplan sus obligaciones, lejos del clientelismo, los intereses de grupo y el
paternalismo que imperan actualmente.
En esta entrega abordaremos dos de las decisiones más
desafortunadas que han tomado los gobiernos de Chilpancingo y que resumen y
retratan muy bien las posiciones y actitud de quienes gobiernan: el controvertido
caso de los parquímetros, y la remodelación de la avenida Alemán, que
extrañamente -porque había numerosas prioridades antes- propusieron el ex
alcalde Mario Moreno Arcos y el actual presidente municipal Marco Antonio
Leyva.
Parquímetros
El de los parquímetros es un buen ejemplo de cómo se toman
las decisiones en la capital del estado: de manera discrecional, sin consultar
a la ciudadanía o haciéndolo de manera simulada, sin planeación y sin atender
los problemas verdaderamente importantes.
La prensa registró tpdas las inconformidades por la
imposición; por ejemplo, el 22 de septiembre de 2015 los vecinos de las calles
Altamirano y Alemán cerraron los vialidades para exigir al ayuntamiento que
retirara los parquímetros que colocó la empresa española EYSA, de lo contrario
mantendrían un bloque permanente. Pidieron que primero se solucionaran los
problemas de servicios públicos, “antes de privatizar las calles de la ciudad”.
Desde el principio se ocultaron deliberadamente los
documentos esenciales sobre el tema, como el acta de cabildo que dio luz verde
a este proyecto, y el convenio firmado entre el ayuntamiento y la empresa
proveedora del servicio. Esto lo podemos documentar porque el 12 de marzo de
2015, hace más de dos años, solicitamos al ayuntamiento la siguiente
información: “Copia del acta de la sesión de cabildo en la que se aprobó la
contratación de la empresa Estrategia de Movilidad Urbana SA de CV para la operación
de parquímetros en Chilpancingo. Copia del contrato firmado por la empresa y el
ayuntamiento relativo a los parquímetros. Copia del estudio de factibilidad para
el establecimiento de parquímetros en Chilpancingo”. El ayuntamiento nunca respondió
a este requerimiento y evidentemente no entregó la información; el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, organismo
donde presentamos un recurso de revisión en contra del ayuntamiento, perdió el
expediente, y mi derecho a la información quedó de esta manera cancelado.
El 15 de abril de este año nuevamente solicitamos los mismos
documentos, y en esta ocasión sí obtuvimos una respuesta afirmativa. El acta de
cabildo tiene fecha del 4 de septiembre de 2014 y en esa sesión se declaró: “se
aprueba por unanimidad de votos (de los 14 ediles presentes de todos los
partidos) el acuerdo mediante el cual el Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, autoriza la implementación y ejecución
del programa ‘Servicio de Ordenamiento y Regulación de Estacionamiento en la
Vía Pública’ (…) asimismo, autoriza a los Ciudadanos Mario Moreno Arcos,
Presidente Municipal; Jorge Abelardo Adame Ávila, Primer Síndico Procurador;
Saenz Guadalupe Pavía Miller, Secretaria General y Jesús Manuel Urióstegui
Alarcón, Secretario de Finanzas y Administración , para que de manera conjunta,
suscriban el Contrato de arrendamiento con la empresa “Estrategias de Movilidad
Urbana, SA de CV”’.
Ninguno de los ediles que aprobaron este acuerdo hizo
preguntas de fondo ni tampoco se observan en el acta intervenciones bien
sustentadas y argumentadas, especialmente tratándose de un acuerdo de esta
trascendencia que rebasaría el periodo del cual eran representantes, ya que el
contrato con la empresa tienen una duración de 10 años.
En esta sesión de cabildo avalaron el proyecto los ediles
Mario Moreno Arcos, Jorge Abelardo Adame Ávila, Marco César Armenta Adame,
Ernesto Monje Tivar, Edith Bello Nájera,, Víctor Hugo Soto Martínez, Yeni
Francisca Solís Carmona, Carlos Leyva Acevedo, Teresa Robledo Rebolledo,
Eduardo Adame Robles, Francisca Ramírez Jerónimo, Elizabeth Mendoza Damacio,
Andrei Yasef Marmolejo Valle y Pedro Luna Evaristo.
Un contrato
desventajoso
El contrato fue firmado en diciembre de 2014 y tiene por
objeto arrendar durante 10 años al ayuntamiento los equipos necesarios para la
implementación del programa, que en su primera etapa consideraba mil cajones de
estacionamientos con la posibilidad, si el ayuntamiento así lo solicitaba, de
firmar una segunda etapa de mil cajones adicionales, evidentemente pagando un
sobreprecio.
De acuerdo con el contrato, por este concepto el ayuntamiento
se obliga a pagar un monto de 587 mil 507 pesos y 18 centavos mensuales a la
empresa, lo que equivale a poco más de 7 millones de pesos al año. Y aunque el
contrato explica que si el ayuntamiento no reúne esa cantidad cada mes, no
estará obligado a aportar recursos hasta alcanzar la cifra, sí se obliga a
proporcionar a la empresa el dinero que se recaude de más en los meses
posteriores.
Es en este punto donde hay una completa opacidad del
ayuntamiento. Presentamos una solicitud de información al gobierno municipal el
15 de abril de 2017 para conocer cuánto dinero recibe mensualmente por concepto
de derechos de estacionamiento, aplicación del inmovilizador e infracciones, y
con esta información saber si le alcanza para cubrir el compromiso que tiene
con la empresa. La respuesta fue negarnos la información, y evidentemente
presentamos un recurso de revisión ante el Itaigro.
Hay dos suposiciones que se desprenden de la negativa del
ayuntamiento: una es que éste no alcanza a reunir los más de 500 mil pesos que
debe depositar cada mes a la empresa por la renta de los parquímetros, y tal
vez sea la más probable por la ineficiencia que se observa al encontrarse en
las calles autos en doble fila, o que no tienen boletos de pago en sitios donde
hay parquímetros. Y la segunda es que el ayuntamiento reciba excedentes y éste
no tiene el propósito de transparentar a qué los destina.
En cualquiera de los dos casos, hay un déficit muy grave de
información del ayuntamiento. No sólo se impuso un proyecto -sin duda, útil a
la ciudad si se realizara bien y a la vista de todos- sin consensarlo con los
ciudadanos, sino que su operación se realiza con total falta de transparencia. Nadie
sabe de las finanzas del proyecto de parquímetros.
Hay una cláusula del
contrato que estipula que si el ayuntamiento rescinde anticipadamente el
contrato “deberá cubrir el o los montos de las rentas acumuladas que resten
para la cuulminación de la vigencia de este Contrato, así como como las rentas
ya vencidas que se encuentren pendientes de cubrir.” Lo anterior significa que
el ayuntamiento de Chilpancingo se encuentra “apergollado” con la obligación de
pagar a la empresa hasta diciembre de 2024.
La avenida Alemán
Hay una obra
reciente en la ciudad que nadie sabe de dónde salió porque no fue una demanda
ciudadana; tampoco era prioritaria e incluso los comerciantes y habitantes
vecinos se incoformaron por la falta de planeación y el largo tiempo que empleó
la constructora en realizarla.
Se trata de la
remodelación de la avenida Miguel Alemán, desde la glorieta Unidos por Guerrero
hasta la calle Colón, al inicio de la explanada Primer Congreso de Anáhuac,
obra que nunca fue explicada ni consensuada con los vecinos y comerciantes del
lugar, por lo que se convirtió en otro de los proyectos que son impuestos a los
capitalinos con golpes de autoridad.
De acuerdo con
testimonios que abundan en la prensa, el alcalde Marco Antonio Leyva fue
emplazado a presentarse para exponer el proyecto, pero siempre envió a sus
subordinados. Los vecinos “reprocharon que el municipio no los haya convocado
para presentarles y explicarles el proyecto con una maqueta, sino que de un día
para otro llegaron las máquinas y trabajadores e iniciaron la obra”, señala una
nota de El Sur del 2 de noviembre de 2016.
Algunos de los
puntos que señalaban los inconformes fueron la ampliación de las banquetas, la
reducción de los carriles para circular, y la falta de opciones de
estacionamiento den la avenida. Pero lo que más irritó fue que la conclusión de
la obra se prolongó durante varios meses y todavía en febrero de este año
quedaban pendientes la instalación de lámparas, botes de basura, banquetas y
árboles de ornato.
Por medio de una
solicitud de información, se pidió al ayuntamiento el contrato con la empresa
constructora y la información nos la entregaron en el plazo que establece la
ley. Con recursos que provienen del
fondo de fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal (Fortalece),
el contrato se firmó con Javier Abarca Castillo por un monto de 9 millones 828
mil 675 pesos, para realizar trabajos de pavimentos, guarniciones, banquetas,
electrificación, obra civil, demolición y excavación, alumbrado público,
mobiliario urbano, áreas verdes y alcantarillado.
Esta persona física
se asoció, para comprobar que tenía capacidad suficiente para contratar y
comprometerse a la ejecución de los trabajos, con la empresa Reyes Abarca y
Asociados SA de CV, la cual fue constituida el 27 de junio de 2016, es decir,
muy pocos días antes de que fuera licitada la obra; de hecho, todo indica que
dicha empresa se creó para realizar este proyecto.
Una de las
cláusulas señala que el contratista tenía un periodo de 125 días naturales para
concluir la obra, es decir, del 29 de agosto al 31 de diciembre de 2016. Sin
embargo, la tardanza para concluir los trabajos fue uno de los cuestionamientos
más fuertes en contra del alcalde Marco Antonio Leyva, ya que en todo momentos
los comerciantes del lugar urgieron la terminación de la obra porque estaban
afectando la venta de sus productos y servicios de manera significativa.
Cabe señalar que
también solicitamos “Copia del convenio firmado por el ayuntamiento de
Chilpancingo del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura estatal y
municipal” y nos negaron el documento.
El Fortalece es uno
de los fondos del Ramo 23 destinado a generar infraestructura, principalmente en los rubros de pavimentaciones
de calles, avenidas y mantenimiento de vías; alumbrado público, drenaje y
alcantarillado, construcción, rehabilitación y remodelación de espacios
educativos, artísticos y culturales; y construcción, ampliación y mejoramiento
de los espacios para la práctica del deporte.
De acuerdo con el
presupuesto de egresos de la federación del ejercicio 2016, al Fortalece se le
asignaron 9,948.7 millones de pesos, de los que 75 por ciento se destinaron a
municipios. En total se beneficiaron ese año 1,063 municipios, entre ellos
Chilpancingo.
El ayuntamiento de
la capital gastó recursos Fortalece por un monto de 18 millones 108 mil pesos
en dos obras: la ya mencionada remodelación de la avenida Alemán, y en la
cosntrucción de una cancha de futbol, alberca y muro de contención de la Unidad
deportiva de Jaleaca de Catalán.
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