Publicado en El Sur de Acapulco
El consejo nacional del sistema nacional del sistema
nacional de transparencia nuevamente sacó de la chistera un acuerdo para
postergar hasta el 31 de diciembre de 2017 la obligación de las dependencias y
organismos públicos de dar a conocer su información de oficio en la plataforma
nacional de transparencia o en sus portales electrónicos.
Es la segunda ocasión que sucede, porque meses antes, los
integrantes de este consejo nacional dieron “oportunidad” a los sujetos
obligados de todo el país para que prepararan su información y la subieran a la
plataforma, mediante la ampliación del plazo del 4 de noviembre de 2016 al 4 de
mayo de 2017.
Estas decisiones ponen en entredicho la seriedad del trabajo
que realiza el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) y
alimentan las especulaciones sobre la eficacia de sus actividades y la
turbiedad con la que se ha manejado la contratación de los servicios con los
que se puso en marcha la plataforma nacional de transparencia, ya que se le
achacan graves deficiencias que han impedido el pleno funcionamiento de la
plataforma.
En Guerrero estas medidas tienen efectos negativos. El
estado no se caracteriza por la transparencia de sus dependencias y en la
mayoría de los casos se requiere de medidas coercitivas para el cumplimiento de
los estándares mínimos.
Hoy, al no haber sanciones para quienes incumplan con la
publicación de su información obligatoria, no sólo se posterga el ejercicio
pleno de este derecho a los ciudadanos, sino que también los 81 municipios y la
LXI Legislatura del Congreso del estado, que concluyen sus periodos en el
segundo tercio de 2018, ya pueden respirar tranquilos porque a ellos
prácticamente no les tocará ser señaldados ni sancionados por su opacidad. Sólo
tendrán que lidiar con las obligaciones de transparencia durante nueve meses.
Dos prórrogas
El Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia
(Sipot) es el módulo de la
plataforma nacional de transparencia “a través del cual, los ciudadanos podrán
realizar la consulta de la información pública de los sujetos obligados de cada
una de las entidades federativas y de la Federación, establecidas en la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en cada
una de las leyes locales en la materia”.
Para que el sistema funcione, cada dependencia u organismo
público del país debe cumplir con sus obligaciones de transparencia, o como
también se le conoce, con su información pública de oficio, es decir, aquella
que los sujetos obligados deben poner a disposición del público y mantener
actualizada, sin que para ello medie una solicitud de acceso.
Pero esta obligación se ha atorado en dos ocasiones, y los
argumentos de la entidad responsable de ponerla a funcionar: el consejo
nacional del sistema nacional de transparencia, son muy endebles. Este consejo
es presidido por el INAI, y lo integran además representantes de todos los
organismos de transparencia de los estados, la Auditoría Superior de la Federación,
el Archivo General de la Nación y el INEGI.
En
la primera ocasión, el consejo nacional, según un
boletín de prensa del INAI, “aprobó, por unanimidad, ampliar el plazo, hasta el
4 de mayo de 2017, para que los Sujetos
Obligados de los ámbitos federal, estatal y municipal incorporen a sus portales de internet y a la
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la información que por disposición
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, están
obligados a difundir”.
De acuerdo con la entonces consejera presidenta del
INAI, Ximena Puente, la decisión se tomó considerando factores como el aumento en la cantidad y calidad de las
obligaciones a publicar; la elaboración y verificación de tablas de
aplicabilidad; la organización de los archivos de los Sujetos Obligados; la
información dispersa en diversas áreas; los sujetos concentradores de
información; la entrega y configuración de gran cantidad de claves para la
carga de información; la capacitación para esta nueva realidad normativa; así
como los cambios de gobierno, que son constantes en diversas entidades
federativas, según el boletín del INAI. (ver Monitor de Guerrero del 8 de
noviembre de 2016).
La segunda prórroga se concretó un día antes de que
feneciera el plazo, es decir, el 3 de mayo de 2017, cuando los integrantes del
consejo nacional tomaron un acuerdo mediante el que, de manera velada, dieron
un nuevo plazo para que las dependencias subieran su información de oficio hasta
el 31 de diciembre de 2017. Aunque el consejo nacional no manejó abiertamente esta
decisión como una ampliación del plazo, en los hechos sí lo es porque los
órganos garantes estatales no podrán sancionar a los sujetos obligados omisos, y
tampoco las denuncias ciudadanas presentadas por este incumplimiento podrán
seguir su trámite normal, dejando en manos de los órganos garantes la posibilidad
de aplicar sanciones.
El acuerdo tomado por el consejo nacional fue que los
órganos garantes de los estados realicen “una primera verificación de carácter
diagnóstica bajo la normatividad de verificación que ellos mismos determinen”. Sin embargo, agregan que esta primera
verificación “no tendrá, para los sujetos obligados, efectos vinculantes con lo
establecido en el artículo 88 del Capítulo VI de la Ley General”, que en
esencia significa que no podrán imponer las medidas de apremio o sanciones que
establece la ley para los incumplidos.
La verificación, dice el acuerdo, se integra de dos fases:
en la primera “se realizarán verificaciones para detectar áreas de oportunidad
de cada sujeto obligado para dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia (…), así como para realizar posibles ajustes y modificaciones a
los Lineamientos Generales y los criterios respectivos por parte del Sistema
Nacional de Transparencia. En una segunda fase, las revisiones a los portales
tendrán como propósito dar seguimiento a la atención de las recomendaciones
emitidas en la primera fase y al cumplimiento de las obligaciones de
transparencia”.
El documento del consejo nacional también indica que el
periodo para realizar la primera fase de las verificaciones diagnósticas será
del 8 de mayo al 14 de agosto de 2017; mientras que la segunda fase se
realizarán “del 15 de agosto de 2017 hasta el último día hábil de 2017 de cada
organismo garante, de acuerdo a su respectivo calendario”.
Aunque el acuerdo del consejo nacional se disfrace de
verificación diagnóstica, en los hechos es una nueva prórroga a los sujetos
obligados para que cumplan con sus obligaciones de transparencia. En esencia es
un nuevo freno a la transparencia.
En el caso de las denuncias ciudadanas, el acuerdo deja a
criterio de los órganos garantes de los estados la posibilidad de aplicar
sanciones. “Las denuncias que se presenten por los particulares durante este
periodo (…), se admitirán y acumularán para formar parte de la verificación
diagnóstica. Lo anterior sin detrimento de lo que puedan acordar adicionalmente
los órganos garantes de las entidades federativas, en cumplimiento a las
legislaciones locales”.
Las sospechas
Alberto Morales, reportero del Universal, publicó hace unas
semanas el resultado de una investigación acerca de las fallas en la plataforma
nacional de transparencia. Menciona que desde septiembre de 2016, ese periódico
“ha documentado los errores y omisiones en el módulo de solicitudes de
información” las cuales fueron resueltas por el INAI. Sin embargo, añade el
reportero, “el 5 de marzo pasado, este diario dio a conocer que ahora las
deficiencias y fallas de la herramienta tecnológica se presentaron en el módulo
del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia”.
Como respuesta a una solicitud de información ante el INAI,
Morales escribe que de mayo de 2016 al 29 de marzo de 2017, “el instituto ha
recibido 657 requerimientos para pedir soporte técnico relacionado al
funcionamiento de la misma” y éstos pueden clasificarse en cuatro rubros:
problemas de operación de la plataforma nacional; falta de capacitación en la
operación; problemas de los web service; y problemas de infraestructura de los
órganos garantes y los sujetos obligados.
Por su parte, María Marván Laborde, ex consejera del
entonces IFAI criticó acremente las fallas en la operación de la plataforma
nacional de transparencia y afirmó que “no pasó la prueba de fuego y es un
fracaso, porque no sirve para cumplir con los compromisos de transparentar la
información de todos los sujetos obligados del país”, de acuerdo con la
entrevista que le realizó Francisco Nieto del periódico El Heraldo.
Agregó la
también académica de la UNAM que la prórroga no es una concesión a las
dependencias y organismos públicos, sino que representa el fracaso de esta
plataforma “mal hecha”.
“La prórroga en realidad es
porque la plataforma no funciona. No es una concesión a los sujetos obligados,
es más bien un problema de la plataforma:
estuvo mal hecha desde su
concepción, no funciona y además es carísima”,
dijo Marván Laborde al comunicador de El Heraldo.
Agregó que “además, tampoco nos terminan de decir con
claridad cuál es el problema entre lo que pidió el INAI y lo que entregaron los proveedores, pero evidentemente ahí hay
un problema y una responsabilidad que alguien debe de asumir”.
La idea original de la plataforma nacional de transparencia era
que a partir del 4 de mayo de 2017 se conociera y se evaluara la información
pública de los sujetos obligados, para que luego iniciara un proceso de
sanciones por incumplimiento, sin embargo, los mexicanos deberán esperar para
conocer esta información para el próximo año, concluyó la académica en la
entrvista con Francisco Nieto.
Preocupación en
Guerrero
Independientemente de que posiblemente no habrá sanciones a
los sujetos obligados hasta 2018, el panorama en Guerrero no es nada alentador,
pues es bajísimo el nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia por
parte de las dependencias y organismos públicos, y esto augura que ni con la
prórroga estarán en condiciones de cumplir con esta exigencia.
Para dar una idea del nivel que ocupa Guerrero en el plano
nacional, un reporte del INAI denominado “Carga de información en el Sipot por
formatos de los estados y la federación”, con fecha de corte al 5 de mayo, indicó
que todos los sujetos obligados del estado en conjunto apenas tenían cargados
138 mil 622 formatos.
Esos datos colocan a Guerrero en el lugar 24, delante de
Nuevo León, Chiapas, Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, San Luis
Potosí, Colima, Michoacán y el Estado de México, que han cargado menos formatos
que Guerrero.
Sin embargo, hay seis entidades que destacan porque al 5 de
mayo tenían cargados más de un millón de formatos en la plataforma nacional de
transparencia, destacando entre ellos Jalisco, con 10 millones 142 mil
formatos, y Zacatecas, con 3 millones 338 mil. El resto de este grupo son
Durango, Coahuila, Sinaloa y Veracruz.
En el plano interno, de acuerdo con datos del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del
estado de Guerrero, en la entidad se tiene un padrón de 208 sujetos obligados.
De éstos, sólo 164 están registrados en la plataforma nacional de
transparencia, y los otros 44, es decir, 22.2 por ciento, tal vez ni siquiera
saben que tienen obligaciones de transparencia. Por supuesto, gracias al
acuerdo del consejo nacional, a éstos no se les aplicará ninguna multa, por lo
menos hasta el 31 de diciembre de 2017.
Entre los sujetos obligados que no están registrados se
encuentran 14 ayuntamientos, cuatro organismos operadores de agua, siete
sindicatos, un partido (del Trabajo), y siete juntas locales de conciliación y
arbitraje.
Según las cifras del Itaigro, al 4 de mayo de 2017, sólo 111
sujetos obligados habían cargado información parcial a la plataforma, lo que
equivale a 53.3 por ciento del total. Entre las dependencias que no han subido
ninguna información a la plataforma nacional están 31 ayuntamientos, 16
oficinas del Ejecutivo estatal y tampoco lo han hecho el Congreso del Estado y
la Universidad Autónoma de Guerrero. En el mismo caso se encuentran dos partidos
políticos.
Lo anterior significa que no sólo los 111 sujetos obligados que
parcialmente han subido información a la plataforma mercen una sanción, sino
también el resto que no lo ha hecho y aquellos que ni siquiera están
registrados. Por lo pronto están salvados, a menos que el Itaigro diga lo
contrario.
