Publicado en El Sur de Acapulco
Abril es un mes clave para la construcción del sistema
nacional anticorrupción. El 5 se instaló formalmente el comité coordinador del
sistema -integrado por representantes de siete instituciones- y con esto
comienza a rodar el engranaje, luego de varios años de muchos esfuerzos,
numerosas actividades, la concertación de acuerdos y la legislación de leyes
que han permitido confeccionar el andamiaje institucional para hacer posible
este sistema nacional que ha generado muchas expectativas.
La instalación del comité coordinador, sin embargo, fue
ensombrecida por la falta de uno de los integrantes, pues el Senado no ha
logrado alcanzar acuerdos para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada
en combate a la Corrupción. Los otros integrantes son representantes del Comité
de Participación Ciudadana, la Auditoría Superior de la Federación, Secretaría
de la Función Pública, Consejo de la Judicatura Federal, Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Como lo establece la ley en la materia, el comité coordinador
es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los
integrantes del sistema nacional y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción
y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.
Algo que realmente destacable es que el comité coordinador
será presidido por un representante ciudadano. Es la primera vez que a la
ciudadanía no sólo se le encargan funciones consultivas y de opinión, sino que es
incorporada de lleno al terreno de las decisiones públicas.
Como se recordará, el comité de participación ciudadana fue designado
por una comisión de selección,
integrada por cinco miembros de instituciones de educación superior e
investigación y cuatro miembros de OSC, dedicados a materias de fiscalización,
rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Pero en el ámbito estatal, abril también es una fecha importante
para Guerrero. Hace poco más de un año, el 4 de abril de 2016, el gobernador
Héctor Astudillo Flores dio a conocer el programa estatal de ética, transparencia
y combate a la corrupción. En esa ocasión anunció que el programa se componía
de cinco ejes: instrumentar las reformas necesarias en materia de transparencia,
reordenar la administración de las finanzas públicas, fortalecer el control
interno, transparentar las adquisiciones y la obra pública, e instaurar el sistema
estatal anticorrupción.
Públicamente no se conocen los avances en el programa
estatal, particularmente en el tema de la creación del sistema estatal
anticorrupción, de cuyas acciones más relevantes son responsables el Ejecutivo,
pero también el Congreso del estado, en lo que toca a la reforma o creación de
leyes que deberán ser el sustento jurídico del sistema estatal.
En esta entrega nos referiremos únicamente a los avances del
sistema local de combate a la corrupción en materia legislativa, y en la próxima
edición a los resultados que lleva el Ejecutivo del estado para los cinco ejes
de su programa de ética, transparencia y combate a la corrupción.
A marchas forzadas
Hay un plazo perentorio para crear los sistemas estatales
anticorrupción en todas las entidades federativas: el 18 de julio de 2017. Los
pasos para concretar la primera etapa del sistema estatal anticorrupción son la
armonización de la Constitución local y las leyes estatales. Entre las leyes que
es necesario reformar, de acuerdo con un diagnóstico del gobierno del estado,
son 10, entre ellas: Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, Ley
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, Ley de Presupuesto y
Disciplina Fiscal, Ley de Deuda Pública, Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos, Código Penal para el Estado, Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción, Reglamento Interior de la Auditoría General del Estado, Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado, y Ley Orgánica del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo.
Extraoficialmente se sabe que se han
formado comisiones interinstitucionales que trabajan en los ajustes para cada
una de las leyes, pero públicamente no se conocen los avances.
De acuerdo con datos del Monitoreo de los Sistemas Locales
Anticorrupción, que realiza el Instituto
Mexicano para la Competitividad (Imco), Coparmex y Transparencia Mexicana, cuyo
informe más reciente es de finales de febrero de 2017, solo Chiapas y Nayarit
han avanzado de manera satisfactoria con sus obligaciones legislativas y están
listos para empezar el desarrollo de sus sistemas estatales de combate a la
corrupción.
Uno de los
indicadores que evalúan dichas organizaciones es si la entidad federativa cuenta
o no con reforma constitucional o por lo menos con una iniciativa en proceso, y
si tiene una estructura constitucional adecuada, esto a partir de 10 criterios
que deben contemplar las reformas constitucionales, entre ellos el
establecimiento del sistema local anticorrupción, el Comité Coordinador y del
Comité de Participación Ciudadana y la incorporación del nuevo régimen de
responsabilidades administrativas.
En este
punto específico, el Imco señala que 10 entidades cuentan con una reforma
constitucional satisfactoria, tres tienen una reforma regular, tres una reforma
deficiente, y nueve estados no cuentan aún con reforma constitucional, entre
ellos Guerrero. En otras siete entidades se registraron iniciativas de reforma
constitucional en proceso.
El otro indicador que considera el Imco en su monitoreo es
revisar si el estado tiene o no una Ley del Sistema Local Anticorrupción (SLA) o
una iniciativa, y si es apta la ley por medio de 30 criterios que la Ley del
SLA debe contemplar, entre ellos, un adecuado comité coordinador, comité de participación
ciudadana, secretaría ejecutiva y recomendaciones del comité coordinador.
Al respecto, sólo Chiapas y Nayarit aparecen con una ley
satisfactoria, y seis entidades cuentan con iniciativas de ley: dos
satisfactorias (Puebla y Nuevo León), tres regulares (Querétaro, Guanajuato y
San Luis Potosí), y una deficiente (Morelos). Por otro lado, 24 entidades
federativas no cuentan con ley estatal anticorrupción, entre ellas, Guerrero.
La reforma
constitucional
Aunque el Imco publicó a finales de febrero que Guerrero no
tenía reforma constitucional ni tampoco una iniciativa en proceso, el 9 de
marzo los diputados de Congreso del estado de Guerrero discutieron un par de
iniciativas para ajustar diversos artículos de la Constitución local y
homologarlos a las reformas de la carta magna federal. La imprecisión del Imco
tiene explicación: su metodología considera realizar una búsqueda exhaustiva en
todos los sitios electrónicos sobre las iniciativas de reforma de los estados,
y si no las encuentran, envían correos electrónicos o se comunican directamente
a los congresos. Al parecer, el Imco no tuvo respuesta y por ello no registró
que había dos iniciativas en Guerrero.
Por otro lado, no hay en el Congreso del estado ni la
transcripción de la sesión donde se discutieron y aprobaron las reformas -en su
sección del diario de debates-, ni tampoco las modificaciones a los artículos
de la constitución local propiamente dichas. En su portal sólo publican una
reseña de lo que fue la sesión para discutir la “segunda lectura del dictamen
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la constitución política del estado libre y soberano de Guerrero
en materia de combate a la corrupción. con solicitud de dispensa de trámite
legislativo”.
Por cierto, la prensa de Guerrero no destacó lo suficiente
esta importante reforma para el estado, y muchos comunicadores se entretuvieron
en el punto de la eliminación del fuero constitucional, que si bien es un tema
relevante, no es el quid del problema de la corrupción.
Qué contiene la
reforma
Ante esta desinformación, se presentó una solicitud de
información al Congreso requiriendo “Copia de las Leyes, reglamentos o cualquier
otra norma jurídica reformada o creada por esta legislatura para la integración
del sistema estatal de combate a la corrupción”. Como respuesta, enviaron documentación
la relativa a la reforma constitucional, pues es el único avance formal en la construcción
y diseño del sistema estatal anticorrupción.
De manera general, se modifica la denominación de algunas
dependencias, por ejemplo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo pasa a
ser Tribunal de Justicia Administrativa -al que se le dota de autonomía para dictar
sus fallos y podrá sancionar por responsabilidades administrativas graves,
incluso a particulares-, la Auditoría General del Estado a Auditoría Superior
del Estado, y las contralorías internas a órganos de control interno. Asimismo,
se modifica el nombre de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Asimismo, se aplican modificaciones al título décimo tercer
de la constitución local, al que ahora se le denomina “De las responsabilidades
de los servidores públicos, particulares vinculados con faltas administrativas
graves o hechos de corrupción y patrimonial del estado de Guerrero”.
Se introducen obligaciones como la presentación de las
declaraciones patrimonial y de intereses ante la autoridad, pero no de hacerlas
públicas, lo cual es un retroceso, y deja a las leyes secundarias las sanciones
por la comisión de delitos o hechos de corrupción de servidores públicos o
particulares; establece nuevas o amplia las facultades de algunas de las
dependencias que conforman el comité coordinador para que prevengan, combatan y
sancionen los actos de corrupción.
A partir del artículo 198, la reforma a la constitución
incluye una nueva sección denominada “Sistema estatal anticorrupción de
Guerrero”. Entre los puntos destacados de este apartado, la constitución
reformada establece la integración de un comité coordinador, que al igual que
su equivalente en el ámbito nacional, tendrá una función relevante porque
deberá establecer “mecanismos de coordinación con los sistemas municipales”, emitirá
“políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos
públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos
de corrupción”.
También procurará “la efectiva coordinación de las
autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de
los recursos públicos” y elaborará “un informe anual que contenga los avances y
resultados del ejercicio de sus funcionales y de la aplicación de políticas y
programas en la materia”.
La reforma constitucional aprobada en marzo por los
diputados guerrerenses también incluye la creación de un comité de
participación ciudadana -que formará parte del comité coordinador del sistema
nacional, integrado por cinco ciudadanos-.
Cero parlamento
abierto
No se recuerda en Guerrero que los diputados hayan invitado
formalmente a la ciudadanía a participar en el diseño de alguna ley, más allá
de foros de consulta que regularmente son de simulación. Aunque en su portal
electrónico, el Congreso tiene un vínculo denominado parlamento abierto, no
publican nada porque la Legislatura no quiere comprometerse con las y los
ciudadanos.
En el ámbito
nacional sí han sido posibles este tipo de procesos. En 2015 y 2016, el Poder
Legislativo y organizaciones de la sociedad civil, académicas y empresariales
construyeron colectivamente el sistema nacional anticorrupción. También en la
confección de la Ley General de Transparencia los grupos ciudadanos tuvieron
una participación activa, y en algunos casos, prácticamente redactaban los artículos
a la par de los asesores de los diputados federales.
El Imco
lanzó una campaña para exhortar a los congresos locales a efecto de que
garanticen procesos de parlamento abierto, que permitan la construcción
transparente, abierta y participativa en los sistemas estatales anticorrupción.
“Estos procesos permitirán que los marcos legales de los SLA se analicen,
discutan y aprueben con base en los mismos estándares de calidad del SNA, tanto
en el formato de discusión como en el contenido de las leyes. De igual forma,
el proceso de Parlamento Abierto dotará al SLA de mayor legitimidad y
fortalecerá la relación del congreso local hacia la ciudadanía”.
Pero
conociendo los usos y costumbres de la política de Guerrero, se ve muy cuesta
arriba que los diputados permitan un proceso de parlamento abierto en la
legislación del sistema estatal anticorrupción.
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