La corrupción en Guerrero, sin cambios

El Sur de Acapulco

Los gobiernos en Guerrero han sido muy productivos en discursos anticorrupción, pero muy poco eficaces a la hora de prevenir, combatir y castigar este tipo de prácticas. Su especialidad ha sido denunciar a sus antecesores, acusándolos de ser los autores de todo tipo de desvíos y abusos, pero nunca los encarcelan y tampoco les fincan ningún tipo de responsabilidad penal y ni siquiera administrativa. Parece que el único objetivo de este tipo de discursos es contrastar, diferenciar la administración anterior, corrupta, ineficiente e ineficaz, de la nueva gestión –la que emite la declaración– que es justa, honesta, ordenada, impoluta.
Pero la corrupción no desaparece con declaraciones, es más bien una conducta constante, sexenio tras sexenio, que afecta de manera directa el ejercicio de los recursos públicos, que en un estado como Guerrero, mucho se necesitan para disminuir los niveles de pobreza de la población.
Mientras no comience a funcionar el sistema nacional de combate a la corrupción y sus correspondientes sistemas estatales, para lo cual todavía faltan muchos meses –pues no sólo se trata de modificar las leyes, sino de diseñar y construir las instituciones y procedimientos que los harán posibles– los discursos de combate a la corrupción de hoy y de ayer son sólo buenos deseos y hasta demagógicos. No hay hasta el día de hoy un solo mecanismo institucional en el estado que garantice el combate a fondo de la corrupción.
Aunque las causas de la corrupción son varias, destacan dos factores que han propiciado que impere la impunidad. Uno es de carácter político, y es una condición donde se percibe un tipo de pacto entre la clase política para impedir u obstaculizar que alguno de ellos pise la cárcel o enfrente denuncias penales. Hay excepciones a esta regla, como el encarcelamiento de parientes y amigos del ex gobernador Ángel Aguirre, que por cierto, ya fueron liberados. Pero lo común es que no pase nada. Es una regla no escrita que los políticos no reconocen, pero que se observa cada relevo de gobierno tanto en el Ejecutivo del estado como en los ayuntamientos.
El otro factor que propicia la impunidad es el insuficiente andamiaje institucional actual (leyes, instituciones, procedimientos), cuya característica más evidente es su desarticulación, que hace muy difícil el encarcelamiento de funcionarios que hayan cometido algún acto de corrupción.

Los discursos anticorrupción

El más reciente pronunciamiento sobre el tema fue del actual gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, quien en un acto donde anunció 20 medidas para enfrentar la situación económica generada por el aumento en los combustibles, denominado “Compromiso para la Estabilidad y el Desarrollo”, dijo que su gobierno se comprometía a transparentar el uso de los dineros en oficinas de gobierno y a que habría “cero tolerancia a la corrupción”.
Pero no ha sido la única ocasión que se refiere al tema. Desde el inicio de su mandato buscó desmarcarse de las administraciones previas, sobre todo cuando denunció las condiciones en las que le dejaron las finanzas. Fue muy claro durante su primer informe de gobierno:
“Al inicio de la presente administración, gran parte de los esfuerzos se orientaron a ordenar y sanear las finanzas públicas, por el desorden financiero de la administración anterior, lo que puso en riesgo al gobierno del Estado por la situación de insolvencia económica para hacer frente a compromisos laborales con los trabajadores en diciembre de 2015, se tenían pasivos con terceros institucionales, adeudos con proveedores y contratistas, pero lo más delicado, es que las arcas del gobierno estaban vacías”.
En el mismo documento recriminó que “El gobierno estatal recibió una administración semiparalizada, con un déficit estructural superior a los 18,634 millones de pesos y un déficit coyuntural de 3,323 millones de pesos, lo cual reflejaba finanzas colapsadas”.
A más de un año de que la administración de Astudillo Flores hizo este descubrimiento, todavía no hay ninguna acción penal o administrativa en contra de algún funcionario o político de los gobiernos anteriores. Sólo declaraciones como las del actual secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame: al gobierno de Héctor Astudillo, dijo, “no le va a temblar la mano” para fincar responsabilidades si las auditorías que se realizan a la administración de Rogelio Ortega Martínez arrojan que se incurrió en mal uso de los recursos públicos.
Y precisamente Ortega Martínez también dijo lo mismo de su antecesor. Apenas llevaba unos días de asumir el cargo, cuando en voz de su secretario general de Gobierno, David Cienfuegos, denunció que las arcas públicas estaban vacías, que había deudas millonarias y promesas incumplidas del gobierno de Ángel Aguirre.
El mismo día en que David Cienfuegos hizo la denuncia, Rogelio Ortega presentó su plan de gobierno que incluía 27 acciones “inmediatas, sustantivas”. La acción número 21 decía textualmente: “Transparentar el uso de los recursos públicos a través de auditorías financieras y acceso a la información de las dependencias del gobierno del estado y organismos públicos descentralizados”.
Sin embargo, la anunciada política de transparencia y acceso a la información nunca llegó, como tampoco nunca se presentaron denuncias penales en contra de quienes, de acuerdo con sus propias versiones, dejaron las arcas vacías.

Aguirre, Zeferino y Rene Juárez

Ángel Aguirre, una vez que fue titular del Ejecutivo del estado, también acusó de corrupta a la administración anterior. Seis meses después de asumir el cargo, el contralor general de ese gobierno, Julio César Hernández Martínez, anunció el inicio de procesos administrativos y penales contra el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y cinco de sus colaboradores.
Explicó el funcionario que los procedimientos se derivaron de las presuntas irregularidades en el manejo de poco más de mil millones de pesos, específicamente en la comprobación de las obras aplicadas.
Las observaciones, derivadas de las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación, se encontraron en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas y Administración, en la obra de construcción del Centro de Atención Ciudadana, el cual se construía en el puerto de Acapulco y que concentraría todas las dependencias gubernamentales.
Hasta donde se conoce, nadie del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo fue encarcelado por actos de corrupción.
El gobierno zeferinista no se quedó atrás. En julio de 2005, presentó una demanda ante la Procuraduría General de Justicia del Estado en contra los ex secretarios de salud del gobierno de René Juárez Cisneros, Verónica Muñoz Parra y Herón Delgado Castañeda, así como en contra el ex director del Instituto de Vivienda estatal, Marco Antonio Lobato Castrejón. Los acusaron por un fraude por más de 50 millones de pesos, ya que, según los denunciantes, presentaron facturas apócrifas.
El secretario de salud de la gestión de Torreblanca Galindo aseguró que al realizar una revisión contable se encontraron más de 600 facturas apócrifas por un monto cercano a los 17 millones de pesos, los cuales fueron presentados por los dos últimos titulares de esas instancias en el anterior gobierno estatal, Verónica Muñoz Parra y Herón Delgado Castañeda, para comprobar la compra de material y equipo de cómputo, papelería, utensilios de escritorio, mantenimiento y vehículos.
Por su parte, el director del Instituto de la Vivienda del gobierno de Torreblanca Galindo, Ramón Sotres Núñez, dijo que había encontrado diversas irregularidades y por ello integraron más de 50 expedientes jurídicos, 23 asuntos civiles, cinco amparos y cinco controversias, derivadas de demandas por diversos asuntos de tenencia de la tierra, así como ocho expedientes en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y nueve denuncias por ventas fraudulentas, lo que equivalía a un quebranto por más de 30 millones de pesos, cometido por funcionarios anteriores.
Las acusaciones a los gobiernos previos es en Guerrero un deporte estatal; evidentemente no tienen ninguna efectividad para disminuir la corrupción, ya que nunca han sido acompañadas de medidas o mecanismos efectivos que contribuyan a combatir estas prácticas.
Lo que está haciendo el actual gobierno de Astudillo Flores en materia de combate a la corrupción –construir el sistema estatal anticorrupción– es una obligación que hoy tienen todos los gobiernos de los estados, como mandato de las reformas constitucionales, sin que haya promovido medidas adicionales que le merezcan un reconocimiento específico en la materia.

Impunidad vigente

La corrupción es una conducta que regularmente en México queda sin castigo. Pasan gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores y hasta presidentes de la república con señalamientos específicos de este tipo de conductas y no sucede nada.
Max Kaiser, en su libro El combate a la corrupción, la gran tarea pendiente en México, describe algunos de los tipos de corrupción: soborno de funcionarios públicos, malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, blanqueo del producto del delito obstrucción de la justicia.
Robert Klitgaard tipifica dos formas de corrupción: por un lado, la ocasional, que sucede por un descuido, por una oportunidad; por el otro, la corrupción sistemática, que ya no sólo es habitual, reiterada, sino que está coordinada, es decir, existe una estructura humana organizada, que se guía por ciertas reglas, para ejecutarla. Guerrero y el país entero cada vez se acerca al segundo tipo.
Por eso no han servido el andamiaje institucional diseñado para combatir la corrupción, pues la explicación y la forma en que se ha abordado el problema es que se trata de una desviación de personas en lo individual y no de una práctica sistemática y organizada.
Dice Roberto Gil Zuarth en el prólogo del libro, que durante gran parte del siglo XX “no existían mecanismos sancionatorios administrativos, los penales eran la gran excepción, y el control era meramente político, para afianzar la verticalidad de las decisiones.” Y presenta ejemplos: la Auditoría Superior de la Federación desde su creación sólo ha interpuesto 310 denuncias penales por casos de corrupción, y sólo 19 han sido consignadas por el Ministerio Público al juez penal.
En Guerrero, la impunidad en el tema de corrupción, propiciada por motivos políticos o por la insuficiencia de herramientas institucionales, también destaca en las cifras: la Auditoría General del Estado de Guerrero informa apenas de nueve denuncias penales presentadas en contra de ayuntamientos por no presentar su cuenta pública; 19 ayuntamientos multados y 14 ayuntamientos donde a ex funcionarios se les realizaron procedimientos para fincarles responsabilidades resarcitorias. También publican los nombres de 13 funcionarios públicos municipales inhabilitados.
Las anteriores, son datos menores en relación con el tamaño de la corrupción en Guerrero. Ya lo dijo el gobernador Héctor Astudillo durante su mensaje con motivo de su primer informe de gobierno: “La corrupción y la impunidad son los enemigos a vencer si queremos un Guerrero donde se pueda vivir con dignidad”. Pero se necesita mucho más que declaraciones.

Avanza la percepción

De acuerdo con la medición Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional, México cayó 28 posiciones en el  Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016. El país obtuvo una puntuación de 30 en una escala de 0 a 100. Esta calificación lo ubica en la posición 123 de 176 países evaluados; entre las 35 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se ubica en el último lugar.
Agregaron que las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción no fueron suficientes para reducir el efecto de los continuos escándalos de corrupción en todo el país y frenar la caída de México en el IPC. La falta de contrapesos reales entre poderes, el número y la gravedad de los casos de corrupción expuestos a la opinión pública y los niveles de impunidad, fueron determinantes en esta nueva evaluación del país.
Los organismos emitieron una sugerencia que le queda ad hoc a Guerrero: No basta con asegurar la transformación institucional. Los cambios en el marco legal e institucional deben acompañarse de acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción que afectan a un número importante de las instituciones públicas.

El comité ciudadano de ética y transparencia, con muchas dudas

El Sur de Acapulco

Uno de los principales órganos ciudadanos que diseñó el actual gobierno de Héctor Astudillo Flores nació con muchas sospechas. Se trata del Comité consultivo del programa estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción, cuyo propósito es precisamente aportar la visión de la ciudadanía para el mejoramiento del principal programa de transparencia de la actual administración mediante la emisión de recomendaciones y sugerencias. Una tarea realmente relevante.
Hay varios puntos cuestionables en este proceso, como el de la poca especialización de los comisionados ciudadanos seleccionados en temas de transparencia, aun cuando la convocatoria claramente lo establecía como un requisito a cumplir. Otro de los cuestionamientos es de orden general, pues tradicionalmente, para integrar este tipo de órganos ciudadanizados, los gobiernos eligen a representantes empresariales y personas cercanas al poder. Esta vez no parece ser la excepción. Y finalmente, otro punto oscuro es el riesgo de parcialidad de los comisionados seleccionados, que con la publicación de desplegados en favor del Ejecutivo pierden credibilidad.
Me siento obligado a excusarme, porque personalmente participé en el proceso de selección del Comité ciudadano de ética, transparencia y combate a la corrupción. No obstante, trataré de documentar las ideas que aquí expreso, evidentemente no por resentimiento, sino porque estoy convencido de que los procesos de selección e integración de este tipo de organismos ciudadanizados deben ser pulcros como ninguno, simplemente porque deben nacer con toda la legitimidad que les sea posible. Si esta primera etapa se realiza con sospechas, todo lo que viene quedará entredicho.

El proceso

Conforme a la información obtenida mediante una solicitud a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, el 30 de agosto de 2016 se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado los Lineamientos que regulan la organización, estructura y funcionamiento de los comités rector y consultivo del programa estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción.
El artículo décimo cuarto de dichos lineamientos establece que el comité consultivo “se integrará con cinco representantes de la sociedad civil organizada, organismos empresariales, contralorías ciudadanas y medios de comunicación del Estado de Guerrero”.
Al día siguiente de la publicación de los lineamientos, el 1 de septiembre de 2016, se difundió la convocatoria para la selección de los integrantes del comité consultivo. En total se presentaron 11 propuestas y una colectiva, integrada por 20 personas.
También a través de una solicitud de información obtuvimos varios documentos del proceso de selección, por ejemplo, el dictamen de evaluación, el cual indica que varios candidatos no fuimos seleccionados simplemente porque no presentamos una “carta en la que declare bajo protesta decir verdad” que no desempeñamos ningún cargo público ni que no somos representantes de algún partido político. También porque no presentamos una carta que avalara que teníamos la disponibilidad para elaborar y rendir informe y capacidad operativa para supervisar el programa. Sin embargo, la convocatoria no dice nada respecto de presentar algún documento para avalar lo anterior.

Los elegidos

Las personas que sí fueron seleccionadas son Aleida Monserrat Alarcón Domínguez, propuesta por la Asociación Civil Acapulco AC (Grupo ACA); César González Arcos, del Centro Empresarial Chilpancingo (Coparmex Chilpancingo); Julián Urióstegui Carbajal, propuesto por la Concamingro; Arely Adriana Almazán Adame, propuesta de la Universidad Autónoma de Guerrero; y Silvia Galeana Valente, de la Fundación de Bloque de Mujeres al Poder AC.
La primera incongruencia es que la candidata de la Uagro trabaja para uno de los sujetos obligados del estado, es decir de aquellas dependencias públicas que tienen obligaciones de transparencia y de establecer mecanismos de acceso a la información. Se convierte así en juez y parte.
Además, ¿cómo explicar que una institución como la Uagro, que en diferentes monitoreos y evaluaciones ha evidenciado su falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, pueda estar representada en un comité ciudadano de ética, transparencia y combate a la corrupción?
Otra de las inconsistencias del concurso es que no hay evidencias contundentes de que las y los elegidos, salvo tal vez un caso, tengan conocimiento especializado en la materia, como lo solicitan los requisitos. Sin embargo, en el dictamen les adjudican que las “propuestas presentadas en su catálogo fueron suficientes e idóneas”, y lo más grave del caso es que según los dictaminadores, las y los candidatos seleccionados acreditaron “tener conocimiento en la materia por su perfil profesional y su experiencia en la participación y supervisión de programas de gobierno”.
Aunque en el dictamen no se describe la experiencia y conocimiento en la materia de los participantes, es evidente que a la mayoría no se les conoce por su trayectoria en materia de transparencia, por lo menos para quienes nos dedicamos a promover la transparencia y la rendición de cuentas desde hace varios años, no son familiares esos nombres.
La convocatoria emitida por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental establece como requisito la presentación de un catálogo de propuestas para mejorar el programa. En este punto se evidenció el desconocimiento de las y los candidatos.
De acuerdo con el dictamen, cinco concursantes no presentaron su catálogo de propuestas y siete sí lo hicimos. En este caso, hubo de todo, desde propuestas acertadas (las menos), hasta las insulsas e intrascendentes, y predominaron ideas generales de lo que de por sí se tiene que realizar bajo el nuevo marco jurídico, sin que hubiera recomendaciones sobre cómo agilizar o mejorar los procesos.
Por ejemplo, la representante del Grupo ACA propuso el catálogo con mayor número de propuestas generales y extrañas. Una de ellas, la “homologación de las leyes penales en delitos de corrupción”, y argumenta que “uno de los factores que abonan a la impunidad es la existencia de delitos relacionados con la corrupción cuya redacción e hipótesis son distintos en las entidades federativas”.
También sugiere la “persecución de oficio de delitos de corrupción”, la “prohibición del uso de dinero en transacciones del gobierno”, porque el “uso de dinero no deja huella. Por lo que es urgente que toda transacción monetaria se haga mediante transparencia, incluyendo las ayudas a los sectores sociales desprotegidos”.
Finalmente, sugiere “que se proponga y apruebe un presupuesto especial para ejecutar el programa”, porque dice que actualmente el programa se ejecuta con los presupuestos que corresponden a cada Secretaría o Entidad que participa”.
Las acciones sugeridas por el representante de la Coparmex Chilpancingo, la mayoría son obvias y ya están contempladas en el propio programa, como es el caso de “instaurar el sistema estatal anticorrupción”, instrumentar las reformas necesarias en materia de transparencia, reordenar la administración de las finanzas públicas, fortalecer el control interno, transparentar las adquisiciones y obras públicas. Al respecto, cabe mencionar que es una de las obligaciones establecidas en la Constitución y hasta el Ejecutivo del estado ya inició los primeros pasos para crear dicho sistema.
Por cierto, aunque el empresario lo propone en su catálogo, no existe una ley general del sistema nacional anticorrupción: lo que hay, son reformas constitucionales que ordenan la creación del sistema y un conjunto de leyes que en el plano nacional ya se ajustaron, y que en los niveles estatales, las legislaturas deberán hacer lo propio con las leyes correspondientes a nivel local.

Un comité sin “dientes”

En los organismos ciudadanos de consulta o vigilancia creados por anteriores gobiernos se observan tres características: han sido integrados predominantemente por empresarios o colegios de profesionales, generalmente ligados al poder; los órganos constituidos han carecido de facultades relevantes, es decir, sus recomendaciones no son vinculantes para la política pública o la institución de la que son consultivos; y no han tenido ninguna utilidad ni incidencia respecto de los objetivos para los que fueron creados.
Este riesgo sigue vigente, ya que el artículo décimo quinto de los lineamientos que regulan la organización, estructura y funcionamiento de los comités rector y consultivo del programa estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción, no dota al comité consultivo de “dientes” o facultades para que sus recomendaciones sean obligatorias para el comité rector. Al contrario, parece que las atribuciones del comité consultivo son de subordinación:
“Para el cumplimiento de su objetivo el Comité Consultivo tendrá las siguientes atribuciones: I. Supervisar la implementación del Programa Estatal; II. Rendir al Comité Rector un informe trimestral de los avances y rezagos en la ejecución del Programa; III. Proponer medidas adicionales e innovadoras para fortalecer el Programa; y IV. Ser un puente de comunicación con organismos de la sociedad civil y otros actores para propulsar la ejecución del programa y promover la participación ciudadana en la vigilancia de las acciones anticorrupción”.

Colofón

De acuerdo con los antecedentes, todo parece indicar que los gobiernos estatales prefieren evitar integrar en sus consejos consultivos a personas que cuestionen las políticas o el desempeño de los servidores públicos o que traten de buscar la independencia de sus acciones y decisiones. Y si esto no funciona, el gobierno niega y esconde la información a los consejeros ciudadanos para evitar que vigilen y le den seguimiento a las actividades gubernamentales sensibles por el uso de recursos públicos.
Esto ya sucedió en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, quien hizo creer que su administración sería transparente y anunció la creación de un organismo ciudadano en el ámbito de las adquisiciones y la obra pública; de hecho, en su primer periodo como gobernador también utilizó la misma táctica.
Hoy sabemos que la creación del Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones del Estado de Guerrero por Aguirre Rivero, fue sólo un parapeto para engañar a los guerrerenses, mientras su familia y amigos trasquilaban los recursos públicos. El consejo ciudadano que creó nunca funcionó porque las dependencias encargadas de las adquisiciones y la obra pública le negaron sistemáticamente la información para cumplir con su trabajo.
El comité ciudadano del gobierno de Héctor Astudillo puede correr la misma suerte. No es sano desacreditar el trabajo de un organismo cuando todavía no emite su primer reporte ni se conocen sus actividades, pero sí hay que estar pendientes y en alerta para evitar que el organismo ciudadano del programa estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción que ya fue designado sea un aparato decorativo, útil al discurso del gobierno de Héctor Astudillo.
Y es que hay razones para suponer que el comité ciudadano puede ser fallido. Por ejemplo, uno de los candidatos seleccionados, Julián Urióstegui Carbajal, propuesto por la Concamingro, a nombre del organismo que representa, publicó un desplegado, el 28 de octubre de 2016, felicitando al gobernador Héctor Astudillo por su primer informe de gobierno.
“Concaingro reconoce ampliamente al C. Héctor Astudillo Flores, Gobernador constitucional del estado de Guerrero”, dice el desplegado publicado a plana entera.
Igualmente, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, de quien Arely Adriana Almazán Adame era secretaria particular y hoy también seleccionada para el comité ciudadano, publicó una felicitación al gobernador el 31 de octubre de 2016.
“C. Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores: Reciba la felicitación de la Universidad Autónoma de Guerrero, por los avances y logros que se tienen en su primer año de gobierno, al tiempo de que como bien lo señala usted ¡Hoy Guerrero nos necesita a todos¡ y Guerrero necesita y confía en un líder que siente las bases para que las futuras generaciones de guerrerenses vivan en armonía en el contexto de una sociedad justa, equitativa y libre”.
Estos no son buenos mensajes para la ciudadanía, y no lo son por la parcialidad que demuestran y esto puede prevalecer también dentro del comité ciudadano para hacerlo acrítico.
Ojalá el comité ciudadano funcione y en unos meses tenga que desmentir lo que aquí escribí.