martes, 22 de noviembre de 2016

La transparencia en los informes de gobierno municipales

El Sur de Acapulco
En sus informes de gobierno, correspondientes a su primer año de gestión, los alcaldes de Guerrero se movieron entre dos extremos opuestos, al referirse a los asuntos de la transparencia: unos no dijeron ni media palabra sobre el asunto y otros se presentaron como los campeones de la transparencia y la rendición de cuentas.
En cualquiera de los dos casos, quienes toman las decisiones en los gobiernos municipales aún no entienden la dimensión y el significado de lo que deben hacer para modificar y ajustar la operación del ayuntamiento, a efecto de hacer transparente el quehacer gubernamental; simplemente buscan cómo evadir o “administrar” las obligaciones que les marcan las nuevas normas nacionales de transparencia, pero no cumplirlas con cabalidad.
Hoy todavía se observan solicitudes de información sin responder o que escatiman los datos, así como pobrísimas páginas electrónicas que poco sirven para dar a conocer información de los ayuntamientos; y lo más grave es que no se observa voluntad ni disposición para adoptar una política municipal, real y efectiva, de transparencia.
Pero en sus informes de gobierno dicen excelsitudes de sus gestiones, de la transparencia y de que rinden cuentas. Otra vez, el discurso vs la realidad.
En esta entrega abordamos un ejercicio que realizamos, por medio de solicitudes de información, presentadas entre el 11 y el 17 de octubre, donde les requerimos a los ayuntamientos de Guerrero sus informes de gobierno que por ley deben presentar.
Al respecto, cabe denunciar que actualmente 13 municipios restringen completamente el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, ya que no han habilitado el mecanismo correspondiente en el sistema Info Guerrero. Los ayuntamientos que continúan renuentes son Copalillo, Cuetzala, General Canuto A. Neri, General Heliodoro Castillo, José Joaquín de Herrera, Mochitlán, Petatlán, San Luis Acatlán, Tlacochistlahuaca, Tlalchapa, Zapotitlán, Zirándaro y Zitlala.
De las 68 solicitudes de información presentadas, sólo 37 ayuntamientos respondieron, en tanto que 31 gobiernos municipales no contestaron el requerimiento de información, y esto representa un alarmante 45 por ciento de los 68 que sí tienen habilitado su mecanismo de acceso a la información.
Joyas de opacidad
De los 37 que sí respondieron, hay dos casos que son verdaderas joyas de la opacidad, no tanto por negar el informe de gobierno, que de suyo es muy grave, sino por los argumentos que esgrimen para no entregar el documento.
Así, por ejemplo, al cuestionado ayuntamiento de Mártir de Cuilapa se le solicitó –como a los 68 ayuntamientos– el “Primer informe de gobierno del ayuntamiento municipal del periodo octubre de 2015 a septiembre de 2016”. La respuesta del secretario general del ayuntamiento de Mártir de Cuilapan fue: “hago de su conocimiento que no tengo claro que es lo que solicita, debido a que no sé si pregunta si ya rindió su informe, si es el periodo del informe de gobierno, o me está diciendo que ese es el periodo”.
Y sentencia: “en espera de que el solicitante (…) presente una solicitud nueva, donde haga la pregunta clara y precisa respecto a lo que solicita, para así poder darle la atención que requiere”.
Otro ayuntamiento que se ha caracterizado por su opacidad es el de Coyuca de Benítez. A la misma solicitud sobre su informe de gobierno, la secretaria general respondió que “al documento en mención se le están haciendo algunas correcciones de carácter técnico para finalmente difundirlo en nuestro portal, por lo que le solicito le informe al peticionario que un plazo perentorio pondremos a su disposición el citado documento”.
Nada sobre transparencia
Hubo varios ayuntamientos que ni siquiera tocaron el tema de la transparencia en sus informes de gobierno o lo hicieron de manera muy escueta. Son los casos de Ajuchitlán, Alpoyeca, Atenango, Atlixtac, Cochoapa, Cuajinicuilapa, Juchitán y Marquelia, que no mencionaron ni una sola palabra sobre la transparencia y la rendición de cuentas.
Ahuacuotzingo apenas se refirió a la asistencia a cuatro cursos impartidos por el Itaigro. La presidenta municipal de Azoyú afirmó en su informe que “soy una mujer que está convencida que la transparencia y el acceso a la información, juegan un papel esencial en la construcción de gobiernos más abiertos al escrutinio público, capaces de fomentar una participación creciente de la sociedad en el diseño y evaluación de las políticas públicas gubernamentales”. Pero no describió ninguna acción al respecto.
Buenavista fue otro municipio cuyo presidente dijo: “Cuando asumimos el gobierno dijimos que trabajaríamos bajo un gobierno responsable, ético y orientado al beneficio social, con una amplia transparencia que fuera de acuerdo con un comportamiento coherente al discurso, de valores, compartidos con directivos y operativos”. Tampoco mencionó ninguna acción en la materia.
Otro ayuntamiento que no presentó ningún avance fue Copanatoyac, pero eso sí, su alcalde destacó que “la sociedad demanda, cada vez con mayor vehemencia, que se brinde información precisa y comprobable de la administración pública (…), para el Ayuntamiento que encabezo, rendir cuentas claras sobre el uso de los recursos es no solo una obligación legal sino un compromiso ético y moral frente a los ciudadanos.”
Leonardo Bravo es otro municipio cuyo presidente municipal presumió: “hemos llevado a cabo un manejo transparente de los recursos públicos, utilizándolos con la mayor eficacia y eficiencia”. Pero no informó de ninguna acción. Fue también el caso del alcalde de Malinaltepec, quien expresó el compromiso “de manejar con transparencia las Finanzas Públicas Municipales, así también de ejecutar las Obras Publicas de acuerdo a las propuestas y diseños de las comunidades”.
Otro ayuntamiento que nada dice de acciones de transparencia es Metlatónoc, aun cuando su presidenta municipal dijo que el informe de gobierno “es un acto de Principio de Honestidad y Transparencia de quien aspira a gobernar de frente al pueblo. Son ustedes paisanos, los que necesitan saber de cómo recibí el Ayuntamiento, cómo estoy gobernando ahora y hacia donde llevamos el cambio que prometimos”.
Los avances del ayuntamiento de Pedro Ascencio Alquisiras son escuetos –una página electrónica- pero la presunción es mucha: “A fin de garantizar y promover la Generación y Consolidación de una Cultura de Transparencia y Rendición de cuentas (…) el municipio cuenta ya con un portal oficial de internet en el cual se estará subiendo información que permita informar sobre la tarea que se propuso al inicio de esta administración”.
Otro alcalde que no presentó ningún avance en transparencia fue Pungarabato, cuyo presidente dijo: “les refrendo mi voluntad de trabajar con madurez, sensibilidad y honestidad para impulsar una administración eficiente y productiva. En el desempeño de mis funciones me conduciré con el compromiso de servir con honradez y transparencia en la administración de los recursos, para rendir cuentas claras y precisas a la población”.
Unidades de transparencia, el “gran logro”
Algunos ayuntamientos presentaron como un gran logro la creación de sus unidades y comités de transparencia, que de acuerdo a la nueva ley deben formarse. Así fue el caso de Alcozauca, cuyo alcalde presumió que “por primera vez, la administración de este Municipio, crea un organismo que vigile el manejo honesto de los recursos.”
Lo mismo hizo el municipio de Atoyac: “la administración actual integró en su organigrama la Dirección de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, ofreciéndole así a la ciudadanía la información pública de este Honorable Ayuntamiento”.
La alcaldesa de Ayutla incluso mencionó que le destinó “una partida específica en el presupuesto para dar cumplimiento a la transparencia y rendición de cuentas, e iniciar con el proceso de digitalización de sus archivos, ingresos y egresos, para cumplir con la Ley”.
También Apaxtla se refirió al tema: “nuestra administración ha creado por primera vez la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, que es atendida por personal capacitado”. Otros ayuntamientos que informaron sobre la creación de unidades y comités de transparencia, así como el diseño y actualización de portales electrónicos fueron Arcelia, Copala, Eduardo Neri –cuyo alcalde dice que con el portal “se atiende el compromiso de brindar información fidedigna, de buena calidad, de manera clara, comprensible y al alcance de los distintos sectores de la sociedad”-.
También se cuentan en este rubro los municipios de La Unión, Olinalá, cuyo alcalde aseguró que con el informe de gobierno “atiendo mi responsabilidad en la transparencia y rendición de cuentas que todo funcionario debe practicar, respondiendo así a la confianza que ustedes, paisanos olinaltecos, han depositado en su servidor”.
Finalmente, Quechultenango también presumió que “avanzamos en la integración de una Administración municipal eficaz, honesta y abierta (…), a efecto de generar un ambiente de confianza en la sociedad, respecto a la rendición de cuentas y el desempeño de los servidores públicos”.
Los municipios más poblados
El ayuntamiento de Acapulco es de los pocos que pueden presumir algunos avances. Así lo destacó el alcalde en su informe de gobierno donde pondera su primer lugar en transparencia entre los municipios del estado, de acuerdo con las mediciones del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, así como la creación de la unidad de transparencia. Sin embargo, quedan pendientes compromisos como la publicación de las declaraciones patrimonial, de intereses y su declaración de todos sus funcionarios –“iniciativa 3 de 3– y la transparencia en los procedimientos de construcción de obra pública y de programas de desarrollo social.
Por su parte, el ayuntamiento de Chilpancingo consideró que “el tema de la transparencia y acceso a la información es de alta responsabilidad”. En su informe de gobierno, el alcalde enumeró sus avances (firma de convenios entre el municipio y el Itaigro y con la “Contraloría General del Gobierno del Estado de Guerrero” (sic), además de la firma de los principios de ética y transparencia de los servidores públicos). Destacó también la creación de la Secretaría de Transparencia y Acceso a la Información; y mencionó que “hemos dado pasos importantes hacia la integración de nuestra información financiera al Portal de Transparencia”.
En el municipio de Taxco, los avances que presentó el alcalde fueron más bien de rutina y corresponden con lo que exige la ley: la firma de un convenio con el Itaigro y la toma de protesta a los integrantes de su unidad y comité de transparencia, además de la participación en diferentes cursos relativos al tema. Destaca que lo novedoso sea la realización de “una mampara, la cual tuvo por objeto dar a conocer las obras realizadas en lo que va de este periodo de gobierno del H. Ayuntamiento de Taxco de Alarcón”.
El informe de gobierno de Tlapa tampoco contiene avances destacados, salvo la aprobación de un reglamento de transparencia municipal, pues sus acciones se reducen a la publicación de un portal electrónico y un sitio en Facebook.
En el municipio de Zihuatanejo destacaron especialmente las posiciones que el ayuntamiento ocupa en el ranking de dos monitoreos. En el caso de una revisión realizada por el Itaigro, Zihuatanejo se encuentra “posicionado en el lugar número 2 de los 81 municipios del Estado, en materia de cumplimiento a la Ley de Transparencia”. Lo que no dice el ayuntamiento es que esa medición corresponde a la administración anterior, porque el Itaigro no ha monitoreado a los actuales gobiernos municipales.
También se refieren a la evaluación de Cimtra y afirman que Zihuatanejo “se encuentra en el lugar 18 a nivel nacional de un total de 2545 municipios que integran nuestro país”. Sólo hay que aclarar que Cimtra nunca ha evaluado a todos los municipios del país, por lo que lo dicho por el alcalde es muy relativo: si se revisa la clasificación a esta fecha, Zihuatanejo ocupa el lugar 26, de 73 municipios evaluados en 2016. Además, su calificación es sumamente baja: apenas 15.3 por ciento en transparencia, algo que no se puede presumir.
Como se observa, para la mayoría de los alcaldes y alcaldesas de Guerrero el discurso es muy útil para simular propósitos y realidades que no existen. Hablar de transparencia y rendición de cuentas es una de sus mejores coartadas para legitimar sus gobiernos, mientras la ciudadanía no tiene la información más básica sobre el quehacer gubernamental municipal.

martes, 8 de noviembre de 2016

¿Freno a la transparencia?

El Sur de Acapulco
El 5 de noviembre de 2016 era un día clave para la transparencia en México; se cumplía en esa fecha el plazo programado para que las casi 8 mil dependencias gubernamentales registradas en el país subieran su información pública obligatoria a la plataforma nacional de transparencia y/o a sus portales electrónicos, obligación que también incluía su incorporación a un sistema diseñado para facilitar la gestión de solicitudes de información.
El plazo se indicaba en el segundo artículo transitorio de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Pero el plazo fue ampliado, y hay explicaciones formales y trascendidos para esta decisión, entre los segundos, que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no tuvo habilitada la plataforma nacional, de hecho, no la ha tenido lista desde el 5 de mayo de 2016, fecha en que normativamente debió entrar en funcionamiento.
Entre los formales, mediante un comunicado de prensa emitido el 26 de octubre, el INAI dio a conocer la ampliación del plazo para la publicación de la información de oficio a la que están obligados todas las dependencias y organismos públicos del país. La decisión se tomó en el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, integrado por los órganos garantes de las entidades federativas, el INAI, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Explica el boletín que el consejo nacional “aprobó, por unanimidad, ampliar el plazo, hasta el 4 de mayo de 2017, para que los Sujetos Obligados de los ámbitos federal, estatal y municipal incorporen a sus portales de internet y a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la información que por disposición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, están obligados a difundir”.
De acuerdo con la consejera presidenta del consejo nacional y del INAI, la decisión se tomó considerando diferentes factores como el aumento en la cantidad y calidad de las obligaciones a publicar; la elaboración y verificación de tablas de aplicabilidad; la organización de los archivos de los Sujetos Obligados; la información dispersa en diversas áreas; los sujetos concentradores de información; la entrega y configuración de gran cantidad de claves para la carga de información; la capacitación para esta nueva realidad normativa; así como los cambios de gobierno, que son constantes en diversas entidades federativas, según el boletín del INAI.
El Instituto de Transparencia y Acceso a la información del estado de Guerrero (Itaigro), que forma parte del consejo nacional, votó a favor de que se ampliara el plazo. Esta posición que manifestaron ante el consejo nacional por vía de su presidente consejero, fue decidida previamente por los consejeros guerrerenses en una sesión previa interna, realizada el 25 de octubre, en donde emitieron el acuerdo número 013/2016 para la extensión del plazo.
Pero advierten en dicho acuerdo que las dependencias públicas del estado “conservarán la información difundida en sus portales de internet actualizada, es decir la que tenían disponible antes de entrar en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero”.
Sin embargo, una rápida revisión a las páginas electrónicas de los sujetos obligados permitiría constatar que no hay una actualización de la información ni el cumplimiento cabal de la publicación de información de oficio a la que se refieren los consejeros en su acuerdo. Y tampoco hay ningún tipo de amonestación por este incumplimiento.
Las secuelas por la ampliación de la fecha son varias. La principal es un retraso inducido en la aplicación de la política nacional de transparencia, pues es previsible que no habrá con esta extensión un incremento significativo del nivel de cumplimiento de la ley general de transparencia, en su apartado de la información de oficio. Si los sujetos obligados no iban a estar listos para cumplir con la ley el 5 de noviembre, tampoco lo estarán el 4 de mayo de 2017, pues como lo describe José Woldenberg, en el más reciente Cuaderno de la Transparencia (No. 23): “Las rutinas burocráticas también tienden de manera ‘natural’ a desplegarse en una cierta opacidad, no está en su naturaleza la transparencia”. http://inicio.inai.org.mx/Publicaciones/Cuadernillo%2023%20Web.pdf
En el caso de Guerrero, la ampliación del plazo representa oxígeno puro para los 218 sujetos obligados del estado, ya que les proporciona seis meses adicionales para no publicar información relevante sobre el ejercicio de sus gobiernos, especialmente a los 81 ayuntamientos y a la LXI Legislatura del Congreso del Estado, a quienes el nuevo plazo otorgado por el consejo nacional los tomará prácticamente en el último año de sus administraciones, y con ello tendrán la posibilidad de “administrar los asuntos de la transparencia” sin muchas presiones.
Para la ciudadanía, la medida es un retroceso ya que en principio no podrá ser beneficiaria de la información que obligatoriamente deben publicar las dependencias públicas, pero tampoco podrá presentar –desde hoy podría hacerlo– las denuncias en contra de quienes incumplan con esta disposición; tendrá que esperar hasta el 4 de mayo de 2017.
La plataforma, ¿inservible?
Las fallas detectadas en la plataforma nacional de transparencia tienen mucho que ver con el retraso de su funcionamiento. En Guerrero, después del 5 de mayo de 2016 muchos ciudadanos intentamos estrenar el nuevo sistema de acceso a la información, pero nos encontramos que no era posible presentar solicitudes por este medio.
La prensa de la Ciudad de México cuestionó fuertemente la inoperancia de la plataforma. Por ejemplo, El Universal publicó un reportaje titulado “Inservible, la plataforma de transparencia del INAI” el 12 de septiembre. “A cuatro meses de su arranque, el llamado modelo central del Sistema Nacional de Transparencia, cuyo desarrollo ha costado alrededor de 19.6 millones de pesos, es ‘inservible’, según analistas de transparencia consultados”.
Agregan Misael Zavala y Alberto Morales, autores del reportaje, que en un documento interno del INAI se detallan “más de 40 incidencias en el sistema de solicitudes de información, en el de gestión de medios de impugnación, en el de portales de obligaciones de transparencia y en el de comunicación de organismos garantes y sujetos obligados”.
Edna Jaime, directora de México Evalúa, citada en el reportaje, exigió que el INAI responda por los recursos y los principales problemas hallados en el proyecto. El organismo garante nacional, dice la activista, debe ser transparente y explicar cuándo estará lista la plataforma, los costos y las incidencias detalladas. El comisionado Óscar Guerrera Ford, agrega Edna Jaime, como responsable del proyecto tiene que dar una explicación de qué fue lo que falló y cómo se responsabilizarán a las empresas que no estuvieron a la altura del desarrollo de la plataforma.
El sitio de noticias digital Animal Político publica también un texto de Nayeli Rodán, sobre el asunto. Con el título de “10 errores de la nueva Plataforma Nacional de Transparencia”, se menciona que “de acuerdo con el análisis realizado por 19 organizaciones y especialistas dedicadas al desarrollo de tecnologías, análisis de datos y gobierno abierto, la Plataforma tiene errores desde el diseño, hasta programación informática “alarmantes” que le resta efectividad”.
El texto recoge el testimonio de Luis Godoy, integrante de OPI Inteligencia Participativa, quien asegura que “si la Plataforma está mal hecha, se va a implementar mal”, lo que permitiría a los funcionarios evadir su obligación de transparencia. “Quienes están más felices de que no funcione la plataforma son los Javier Duarte y los funcionarios que no quieren transparencia”.
Finalmente, para Juan Manuel Casanueva, director de Social Tic México y también entrevistado por Rodán, “el tema de accesibilidad es fundamental y hay que reformularlo. Si ese portal no es intuitivo y sencillo para un usuario común, no hay acceso de información”.
En Guerrero
En el retraso para la aplicación de la política nacional de transparencia no sólo se cuentan los errores en la operación de la plataforma, que por cierto, propiciaron que el INAI solicitara a las entidades federativas la habilitación de los sistemas de Infomex o sus plataformas locales; también, en el caso de Guerrero, se observa un grave rezago en los procedimientos de las dependencias gubernamentales para el cumplimiento de sus obligaciones tanto de la ley general de transparencia como de la ley 207 de transparencia en el estado de Guerrero.
Por ejemplo, en el estado se puso en operación de nueva cuenta el Info Guerrero y actualmente se han incorporado sólo 162 sujetos obligados del estado, de los 218 registrados por el Itaigro al 5 de septiembre, es decir, una cuarta parte no están dentro del sistema Info Guerrero, y con esto se dificulta enormemente el ejercicio del derecho de acceso a la información en estas dependencias.
Adicionalmente, según datos obtenidos del Itaigro por medio de solicitudes de información, apenas la mitad de los sujetos obligados (106) integraron su unidad de transparencia y nombraron a un titular en el tiempo que establece la ley 207 de transparencia; 38 dependencias lo hicieron de manera extemporánea y 74 no habían designado a nadie al 5 de septiembre de 2016.
Entre los omisos –que el Itaigro debió sancionar sin reservas- están 38 ayuntamientos que no habían integrado sus unidades de transparencia más 13 que lo hicieron extemporáneamente. También del Ejecutivo del estado destacan 57 dependencias que no habían designado a sus titulares de transparencia o los nombraron fuera de los tiempos de ley, pese al reiterado discurso de compromiso gubernamental con la transparencia.
Cabe señalar que las unidades de transparencia son claves para la gestión de solicitudes de acceso a la información, y debieron ser designados por cada uno de los sujetos obligados a más tardar 60 días después de que entró en vigor la ley 207 de transparencia, es decir, el 6 de julio de 2016.
La ley señala que las dependencias públicas integrarán un comité de transparencia para que, entre otras funciones, tenga acceso a la información reservada para confirmar, modificar o revocar su clasificación conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o la salvaguarda de la información (artículo 56).
Sin embargo, el registro de comités formados que proporcionó el Itaigro es desalentador. Sólo 105 comités de transparencia constituidos en tiempo y forma, mientras que los omisos de esta obligación al 5 de septiembre eran 66 y los que formaron de manera extemporánea sus comités fueron 39, según datos del órgano garante local.
Nuevamente los ayuntamientos destacan como los que menos cumplen, ya que 36 gobiernos municipales no habían integrado su comité de transparencia; mientras que en el caso del gobierno del estado, hasta el 5 de septiembre, 26 dependencias no habían designado a sus respectivos comités de transparencia.
Las cifras son representativas del gran rezago que se observa en Guerrero en la aplicación de las leyes general y local de transparencia, punta de lanza de una política nacional que se inició con las reformas constitucionales de febrero de 2014. La situación es grave considerando que la integración de las unidades y comités de transparencia, así como la designación de sus titulares e integrantes, no son procedimientos que requieran de recursos financieros o que distraigan el trabajo de gestión de otros rubros también importantes en el interior de las administraciones gubernamentales; pero ni así se han concretado, no obstante que han recibido cursos y talleres y toda la información que requieren para ponerlas en funcionamiento.
La integración de unidades y comités de transparencia de hecho es el primero y el más sencillo de los pasos que deben seguir las administraciones gubernamentales. Lo que viene es más difícil y complicado, ya que implica modificar áreas importantes de las estructuras gubernamentales para adecuarlas a las necesidades de la transparencia, la gestión de la información y la rendición de cuentas.
Es cuestionable que la ampliación del plazo sea para fortalecer la transparencia, como argumenta el Consejo Nacional del SNT; parece más bien un respiro que se da el propio INAI para “sanear” la plataforma y una concesión a los morosos de la transparencia.