El Sur de Acapulco
Durante los gobiernos de Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez se perdieron o desviaron millones de pesos que se habían comprometido para pagar a campesinos dueños o poseedores de recursos forestales por concepto de servicios ambientales. El gobierno del estado se había comprometido, mediante un instrumento jurídico firmado por Ángel Aguirre Rivero y Humberto Zapata Añorve, a aportar recursos financieros en colaboración con el gobierno federal –a través de la Comisión Nacional Forestal– para cubrir el pago destinado a incentivar y apoyar la protección y conservación de 14 mil 615 hectáreas de 17 ejidos y comunidades del estado. Pero sin ninguna explicación, el dinero desapareció y los beneficiarios sólo recibieron una ministración de ocho que estaban programadas.
La historia del desfalco
Aunque en el interior de los ejidos y comunidades comenzaron las manifestaciones de descontento desde 2014, las noticias de la retención de los recursos del programa para promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de fondos concurrentes, se difundieron también en la prensa. El 25 de mayo de 2015, por ejemplo, campesinos de la sierra denunciaron que les habían retenido un millón 300 mil pesos de los programas servicios ambientales, cultivo y caminos forestales que debieron haber sido entregados a ejidos de 11 municipios de la región en el ejercicio fiscal del 2014.
De acuerdo con testimonios de los inconformes, el pretexto que les presentó el gobierno del estado para el retraso en el pago de servicios ambientales fue “la veda electoral”, y que por tanto los pagos se reanudarían hasta después del 7 de junio de 2015, “cuando los campesinos no quieren elecciones, ellos quieren comer, quieren satisfacer sus necesidades básicas, no les interesa el voto”, dijeron en aquella ocasión.
Asimismo se quejaron porque aun cuando el ex gobernador Rogelio Ortega Martínez “ya declaró a la Sierra como la octava región económica” –lo cual a la postre resultó falso–, todavía no se ve ningún beneficio social ni ambiental en esa región, y ninguno de los tres órdenes de gobierno “le mete mano” para lograr el desarrollo social en esa región.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal, en 2010 esa dependencia federal aportó recursos a un fondo concurrente por 51.7 millones de pesos para beneficiar a nueve entidades, teniendo como contraparte a organizaciones de la sociedad civil, un organismo operador de agua y un ayuntamiento.
En 2011, la Conafor invirtió en servicios ambientales un monto de 83.7 millones de pesos en 16 estados, y en este año destacaron como aportantes algunos gobiernos estatales, la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil. Cabe mencionar que en este año, el gobierno municipal de Chilpancingo, específicamente a través de su organismo operador de agua potable, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo, fue una de las contrapartes de la Conafor estableciéndose un convenio por cinco años. Se desconoce si el ayuntamiento capitalino concluyó con su compromiso.
Para 2012 la suma invertida en servicios ambientales se incrementó a 151 millones de pesos, para invertirse en 16 estados. Fue precisamente en este año cuando el gobierno del estado de Guerrero, a través de la ex Secretaría de Desarrollo Rural, se incorporó a este esquema concurrente de pago por servicios ambientales, por un lapso de ocho años, es decir los campesinos tendrían que haber recibido apoyos financieros hasta 2020. Pero la historia fue diferente y en el mejor de los casos sólo recibieron uno de los pagos, de ocho que estaban pactados.
También en 2012, el ayuntamiento de Taxco se incorporó al programa de pago por servicios ambientales y en el 2013 lo hizo el gobierno municipal de Zihuatanejo; al siguiente año, en 2014, también participó la iniciativa privada a través de la Empresa Agrícola Téllez de Iguala.
De acuerdo con testimonios de los inconformes, el pretexto que les presentó el gobierno del estado para el retraso en el pago de servicios ambientales fue “la veda electoral”, y que por tanto los pagos se reanudarían hasta después del 7 de junio de 2015, “cuando los campesinos no quieren elecciones, ellos quieren comer, quieren satisfacer sus necesidades básicas, no les interesa el voto”, dijeron en aquella ocasión.
Asimismo se quejaron porque aun cuando el ex gobernador Rogelio Ortega Martínez “ya declaró a la Sierra como la octava región económica” –lo cual a la postre resultó falso–, todavía no se ve ningún beneficio social ni ambiental en esa región, y ninguno de los tres órdenes de gobierno “le mete mano” para lograr el desarrollo social en esa región.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal, en 2010 esa dependencia federal aportó recursos a un fondo concurrente por 51.7 millones de pesos para beneficiar a nueve entidades, teniendo como contraparte a organizaciones de la sociedad civil, un organismo operador de agua y un ayuntamiento.
En 2011, la Conafor invirtió en servicios ambientales un monto de 83.7 millones de pesos en 16 estados, y en este año destacaron como aportantes algunos gobiernos estatales, la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil. Cabe mencionar que en este año, el gobierno municipal de Chilpancingo, específicamente a través de su organismo operador de agua potable, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo, fue una de las contrapartes de la Conafor estableciéndose un convenio por cinco años. Se desconoce si el ayuntamiento capitalino concluyó con su compromiso.
Para 2012 la suma invertida en servicios ambientales se incrementó a 151 millones de pesos, para invertirse en 16 estados. Fue precisamente en este año cuando el gobierno del estado de Guerrero, a través de la ex Secretaría de Desarrollo Rural, se incorporó a este esquema concurrente de pago por servicios ambientales, por un lapso de ocho años, es decir los campesinos tendrían que haber recibido apoyos financieros hasta 2020. Pero la historia fue diferente y en el mejor de los casos sólo recibieron uno de los pagos, de ocho que estaban pactados.
También en 2012, el ayuntamiento de Taxco se incorporó al programa de pago por servicios ambientales y en el 2013 lo hizo el gobierno municipal de Zihuatanejo; al siguiente año, en 2014, también participó la iniciativa privada a través de la Empresa Agrícola Téllez de Iguala.
El convenio
Para conocer los términos y compromisos entre el gobierno federal y el gobierno del estado, se presentaron solicitudes de información ante ambas dependencias requiriendo el convenio que habían firmado para concretar las aportaciones pactadas.
La hoy Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural respondió a la solicitud, aun cuando fue una de las dependencias que signaron el documento jurídico, que “no se encontraron convenios entre el gobierno del estado y el gobierno federal para la ejecución de programas para promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales, a través de fondos concurrentes de la Comisión Nacional Forestal”.
En cambio, la Conafor sí entregó copia del convenio de colaboración firmado en 2012. Ahí se estipuló que ambas dependencias aportarían recursos financieros concurrentes para el pago por servicios ambientales en beneficio de una superficie de 14 mil 615 hectáreas.
En la segunda cláusula se establece que las dependencias “acuerdan integrar un fondo concurrente” por un monto total de 59.8 millones de pesos, “a partir de la firma y hasta el término de la vigencia del presente convenio con una duración de ocho años”, es decir, hasta 2020. De acuerdo con esta cláusula, cada una de las partes se obligaba a aportar 29.9 millones de pesos las cuales se entregarían “en ocho ministraciones anuales”.
Además de la creación de un fideicomiso local para el manejo de los recursos financieros comprometidos, el gobierno del estado se obligaba a “establecer los mecanismos que aseguren transparencia en el ejercicio de los recursos en conjunto con una estrategia de comunicación sobre logros de objetivos de conservación”. Evidentemente esto nunca se cumplió y todavía hoy se desconoce el destino de los recursos.
Según consta en el convenio, con este programa se había programado beneficiar a 17 núcleos agrarios del estado de Guerrero, con superficies que van de las 400 a las mil 200 hectáreas en cada uno de ellos. La superficie total cubierta con el pago por servicios ambientales era de 14 mil 615 hectáreas.
De la región norte de la entidad se tenía previsto beneficiar a los núcleos agrarios de San Martín Pachivia, Santiago, Coatepec Costales, Acatepan, Huixtac y sus anexos, San Pedro, San Felipe Chichila y San Francisco Acuitlapan.
De Tecoanapa y Ayutla, los ejidos de San Francisco, Tepetates y Xalpatláhuac; de Chilpancingo, los núcleos agrarios de Palo Blanco y Tepozonalco; de los Pueblos Santos, Río Verde, Santa Bárbara y San Miguel. Y finalmente, los ejidos Los Humedales y Santa Lucía y sus anexos.
Sin embargo, de acuerdo con testimonios de autoridades ejidales y de bienes comunales, así como de técnicos que prestaron asesoría a estos núcleos agrarios, los campesinos sólo recibieron el primer pago, de ocho que estaban comprometidos.
¿Dónde quedó el resto de los recursos? ¿Hacia dónde fueron reprogramados? ¿Por qué en el gobierno del estado es frecuente el incumplimiento de sus compromisos con dependencias federales en detrimento de miles de guerrerenses? ¿Hasta cuándo se dejará de engañar a los campesinos?
La hoy Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural respondió a la solicitud, aun cuando fue una de las dependencias que signaron el documento jurídico, que “no se encontraron convenios entre el gobierno del estado y el gobierno federal para la ejecución de programas para promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales, a través de fondos concurrentes de la Comisión Nacional Forestal”.
En cambio, la Conafor sí entregó copia del convenio de colaboración firmado en 2012. Ahí se estipuló que ambas dependencias aportarían recursos financieros concurrentes para el pago por servicios ambientales en beneficio de una superficie de 14 mil 615 hectáreas.
En la segunda cláusula se establece que las dependencias “acuerdan integrar un fondo concurrente” por un monto total de 59.8 millones de pesos, “a partir de la firma y hasta el término de la vigencia del presente convenio con una duración de ocho años”, es decir, hasta 2020. De acuerdo con esta cláusula, cada una de las partes se obligaba a aportar 29.9 millones de pesos las cuales se entregarían “en ocho ministraciones anuales”.
Además de la creación de un fideicomiso local para el manejo de los recursos financieros comprometidos, el gobierno del estado se obligaba a “establecer los mecanismos que aseguren transparencia en el ejercicio de los recursos en conjunto con una estrategia de comunicación sobre logros de objetivos de conservación”. Evidentemente esto nunca se cumplió y todavía hoy se desconoce el destino de los recursos.
Según consta en el convenio, con este programa se había programado beneficiar a 17 núcleos agrarios del estado de Guerrero, con superficies que van de las 400 a las mil 200 hectáreas en cada uno de ellos. La superficie total cubierta con el pago por servicios ambientales era de 14 mil 615 hectáreas.
De la región norte de la entidad se tenía previsto beneficiar a los núcleos agrarios de San Martín Pachivia, Santiago, Coatepec Costales, Acatepan, Huixtac y sus anexos, San Pedro, San Felipe Chichila y San Francisco Acuitlapan.
De Tecoanapa y Ayutla, los ejidos de San Francisco, Tepetates y Xalpatláhuac; de Chilpancingo, los núcleos agrarios de Palo Blanco y Tepozonalco; de los Pueblos Santos, Río Verde, Santa Bárbara y San Miguel. Y finalmente, los ejidos Los Humedales y Santa Lucía y sus anexos.
Sin embargo, de acuerdo con testimonios de autoridades ejidales y de bienes comunales, así como de técnicos que prestaron asesoría a estos núcleos agrarios, los campesinos sólo recibieron el primer pago, de ocho que estaban comprometidos.
¿Dónde quedó el resto de los recursos? ¿Hacia dónde fueron reprogramados? ¿Por qué en el gobierno del estado es frecuente el incumplimiento de sus compromisos con dependencias federales en detrimento de miles de guerrerenses? ¿Hasta cuándo se dejará de engañar a los campesinos?
El incumplimiento
Por medio de una solicitud de información, se requirió a la Conafor “los estados o municipios que han dejado de aportar al programa (de pago por servicios ambientales) de los ejercicios 2010 al 2015”. La dependencia informó que sólo tres entidades gubernamentales habían dejado de cubrir sus compromisos: dos del estado de Guerrero (gobierno del estado, en 2012; y el Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, en 2013); y uno de Quintana Roo (Instituto Forestal del estado de Quintana Roo).
En su respuesta, la Comisión Nacional Forestal no mencionó ninguna medida para sancionar a las entidades que no cumplieron con sus compromisos. Sólo hizo referencia a los lineamientos del programa de pago por servicios ambientales, que en su artículo 67 dice: “Para aquellas contrapartes que soliciten el desistimiento de aportación de fondos posterior a la asignación por parte del Comité Técnico Nacional y firma de convenio de colaboración, no podrán presentar cartas de intención en la convocatoria de los dos años siguientes a dicha cancelación o desistimiento…”
Y agregó, para prevenir este tipo de incumplimientos, que en las reglas de operación del ejercicio 2016 se incluyó que “las partes interesadas deberán demostrar que cuentan con solvencia económica para cumplir con los compromisos de pago propuestos para el convenio de colaboración, como requisito obligatorio, de lo contrario serán descalificadas sus cartas de intención”.
Los gobiernos de Ángel Aguirre y Rogelio Ortega Martínez engañaron a los dueños y poseedores de recursos forestales de 17 ejidos y comunidades del estado. Sólo les entregaron una mínima parte del pago por servicios ambientales al que tenían derecho y que fueron acordados en un documento jurídico. Nunca hubo ninguna explicación para ellos ni a la opinión pública, no se transparentó el ejercicio de los recursos, hubo un desprecio total hacia estos guerrerenses e impunidad para quienes desviaron estos recursos.
En su respuesta, la Comisión Nacional Forestal no mencionó ninguna medida para sancionar a las entidades que no cumplieron con sus compromisos. Sólo hizo referencia a los lineamientos del programa de pago por servicios ambientales, que en su artículo 67 dice: “Para aquellas contrapartes que soliciten el desistimiento de aportación de fondos posterior a la asignación por parte del Comité Técnico Nacional y firma de convenio de colaboración, no podrán presentar cartas de intención en la convocatoria de los dos años siguientes a dicha cancelación o desistimiento…”
Y agregó, para prevenir este tipo de incumplimientos, que en las reglas de operación del ejercicio 2016 se incluyó que “las partes interesadas deberán demostrar que cuentan con solvencia económica para cumplir con los compromisos de pago propuestos para el convenio de colaboración, como requisito obligatorio, de lo contrario serán descalificadas sus cartas de intención”.
Los gobiernos de Ángel Aguirre y Rogelio Ortega Martínez engañaron a los dueños y poseedores de recursos forestales de 17 ejidos y comunidades del estado. Sólo les entregaron una mínima parte del pago por servicios ambientales al que tenían derecho y que fueron acordados en un documento jurídico. Nunca hubo ninguna explicación para ellos ni a la opinión pública, no se transparentó el ejercicio de los recursos, hubo un desprecio total hacia estos guerrerenses e impunidad para quienes desviaron estos recursos.
Qué son los servicios ambientales
El pago por servicios ambientales fue diseñado para proveer incentivos económicos a los dueños y poseedores de terrenos forestales (ejidos, comunidades y pequeños propietarios) y apoyar las prácticas de conservación y evitar el cambio de uso del suelo (deforestación) de los bosques.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el esquema de pago por servicios ambientales tiene el propósito de “impulsar el reconocimiento del valor de los servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas forestales, agroforestales y recursos naturales, además de la creación de mercados de estos servicios”.
La Comisión Nacional Forestal explica que los servicios ambientales del bosque “son los beneficios que la gente recibe de los diferentes ecosistemas forestales, ya sea de manera natural o por medio de su manejo sustentable (…) e influyen directamente en el mantenimiento de la vida, generando beneficios y bienestar para las personas y las comunidades”.
Ejemplifica que algunos servicios ambientales del bosque son la captación y filtración de agua, mitigación de los efectos del cambio climático, generación de oxígeno y asimilación de diversos contaminantes, protección de la biodiversidad, retención de suelo, refugio de fauna silvestre y belleza escénica, entre otros.
Regularmente, los servicios ambientales son gratuitos para la gente que disfruta de ellos, mientas que los dueños y poseedores de terrenos forestales que los proveen no son compensados en forma alguna por ello, y de ahí la creación de programas para apoyarlos.
Uno de esos programas es el de Mecanismos Locales de PSA a través de los Fondos Concurrentes de la Conafor, el cual ha propiciado la atracción de recursos complementarios de otros sectores, la inclusión de nuevos actores y la construcción de arreglos financieros e institucionales para dar respuesta a las necesidades de conservación de los recursos forestales y sus servicios ambientales.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el esquema de pago por servicios ambientales tiene el propósito de “impulsar el reconocimiento del valor de los servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas forestales, agroforestales y recursos naturales, además de la creación de mercados de estos servicios”.
La Comisión Nacional Forestal explica que los servicios ambientales del bosque “son los beneficios que la gente recibe de los diferentes ecosistemas forestales, ya sea de manera natural o por medio de su manejo sustentable (…) e influyen directamente en el mantenimiento de la vida, generando beneficios y bienestar para las personas y las comunidades”.
Ejemplifica que algunos servicios ambientales del bosque son la captación y filtración de agua, mitigación de los efectos del cambio climático, generación de oxígeno y asimilación de diversos contaminantes, protección de la biodiversidad, retención de suelo, refugio de fauna silvestre y belleza escénica, entre otros.
Regularmente, los servicios ambientales son gratuitos para la gente que disfruta de ellos, mientas que los dueños y poseedores de terrenos forestales que los proveen no son compensados en forma alguna por ello, y de ahí la creación de programas para apoyarlos.
Uno de esos programas es el de Mecanismos Locales de PSA a través de los Fondos Concurrentes de la Conafor, el cual ha propiciado la atracción de recursos complementarios de otros sectores, la inclusión de nuevos actores y la construcción de arreglos financieros e institucionales para dar respuesta a las necesidades de conservación de los recursos forestales y sus servicios ambientales.
El actual gobierno
En Guerrero poco se le apuesta e invierte en los temas medioambientales, no obstante que su descuido origina muchos de los problemas que presenta el estado como la mayor incidencia de algunas enfermedades, incendios, contaminación y falta de agua, y especialmente el aumento de los efectos devastadores de los fenómenos hidrometeorológicos, constantes en la entidad, debido a la deforestación y los cambios de uso de suelo.
Hace unas semanas se presentó una solicitud de información ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para requerir la descripción de programas, proyectos o acciones relacionadas con servicios ambientales, que la secretaría estuviera llevando a cabo en el ejercicio 2016.
La respuesta fue la siguiente: “se han revisado los expedientes, específicamente de la Dirección General de Recursos Naturales y en el período que solicita, informándole que esta Secretaría no está ejecutando ningún Programa de Servicios Ambientales”. Es decir, el actual gobierno de Héctor Astudillo Flores no dio seguimiento a los compromisos institucionales de las administraciones anteriores ni tampoco, por lo menos este año, se ha interesado por la aportación de recursos para el pago por servicios ambientales.
El apoyo a los campesinos por el concepto de servicios ambientales no estuvo considerado en los gobiernos anteriores ni está en los hechos operando en el gobierno de Héctor Astudillo. Falta esperar si en los próximos años pone en marcha una de las líneas de acción de su plan estatal de desarrollo que dice “Incentivar económicamente las iniciativas comunitarias de conservación de bosques”.
Hace unas semanas se presentó una solicitud de información ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para requerir la descripción de programas, proyectos o acciones relacionadas con servicios ambientales, que la secretaría estuviera llevando a cabo en el ejercicio 2016.
La respuesta fue la siguiente: “se han revisado los expedientes, específicamente de la Dirección General de Recursos Naturales y en el período que solicita, informándole que esta Secretaría no está ejecutando ningún Programa de Servicios Ambientales”. Es decir, el actual gobierno de Héctor Astudillo Flores no dio seguimiento a los compromisos institucionales de las administraciones anteriores ni tampoco, por lo menos este año, se ha interesado por la aportación de recursos para el pago por servicios ambientales.
El apoyo a los campesinos por el concepto de servicios ambientales no estuvo considerado en los gobiernos anteriores ni está en los hechos operando en el gobierno de Héctor Astudillo. Falta esperar si en los próximos años pone en marcha una de las líneas de acción de su plan estatal de desarrollo que dice “Incentivar económicamente las iniciativas comunitarias de conservación de bosques”.
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