Aún con trabas, el acceso a la información en Guerrero

El Sur de Acapulco

Hace unos días se cumplieron seis meses de que asumieron los nuevos gobiernos municipales, electos en junio de 2015, y cinco meses de la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores; durante este periodo, el derecho de acceso a la información no se ha cumplido plenamente, y no es que la opacidad sea atribuible únicamente a las administraciones actuales, también en los gobiernos anteriores fueron constantes las desatenciones al derecho de acceso a la información de los guerrerenses. Pero las administraciones gubernamentales vigentes, que en sus campañas enarbolaron la bandera de la transparencia, no han hecho nada por mejorar los mecanismos.
En esta entrega revisamos lo que en materia de acceso a la información ha realizado el Ejecutivo del estado, pues es el único lugar donde es posible encontrar datos sobre las solicitudes de información; de otros casos, como el de los ayuntamientos, que suman casi la mitad de dependencias gubernamentales que están obligadas a atender el acceso a la información, no se sabe nada, ni tampoco nadie las obliga a cumplir la ley.
En el Ejecutivo del estado se habían presentado, hasta el 22 de marzo, un total de 635 solicitudes de información, con un promedio de 127 por mes. En el periodo previo (28 de octubre de 2014 a 22 de marzo de 2015) se presentaron 530 solicitudes.
Las dependencias que más peticiones recibieron son la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria, con 112 solicitudes (17.6 por ciento del total); la Fiscalía General del Estado, con 80 solicitudes (12.6 por ciento); la Secretaría General de Gobierno, que recibió 62 solicitudes (9.7 por ciento del total); la Secretaría de Seguridad Pública, con 58 peticiones (9.1 por ciento).
Oras dependencias que recibieron solicitudes son la Secretaría de Finanzas y Administración, con 37 peticiones de información (5.8 por ciento); la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, con 35 solicitudes (5.5 por ciento); Secretaría de Salud, con 25 solicitudes (3.9 por ciento), y el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública con 20 solicitudes, equivalentes al 3.1 por ciento del total.

Antecedentes

El 1 de febrero de 2011 comenzó a funcionar el sistema Info Guerrero, una plataforma electrónica para la recepción y procesamiento de solicitudes de información. Fue un acierto poner a funcionar este sistema, ya que antes, todas las solicitudes del Ejecutivo se presentaban de manera presencial en las oficinas gubernamentales, lo que desalentó en gran medida el ejercicio de este derecho. Sin embargo, el Info Guerrero no fue una iniciativa local, sino del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información (hoy Inai), que la promovió mediante la suscripción de un convenio de colaboración el 10 de marzo de 2008 (http://www.itaig.org.mx/art13/files/convenios/2008/IFAI_10_03_08.pdf).
En el ámbito estatal no hubo mucho interés por la puesta en marcha del sistema, ya que desde la firma del convenio hasta que comenzó a funcionar el sistema transcurrieron casi tres años. Quien esto escribe estuvo presente en la ceremonia de la firma, y en los corrillos uno de los consejeros de la ex Comisión de Acceso a la Información Pública del estado (hoy Itaig) comentó textualmente: “No sabe en la que se metió el Ejecutivo”, aludiendo a que, con el sistema Info Guerrero, se multiplicarían las solicitudes, y para la Caipegro también se duplicaría el trabajo porque inevitablemente se incrementarían las quejas o recursos de revisión.
Efectivamente, las solicitudes de información aumentaron notablemente. Pero aun con esto, el sistema de Guerrero –porque el ex Ifai lo promovió en todos los estado del país– presenta varias limitaciones. Por ejemplo, a diferencia de otras entidades, esta plataforma sólo funciona para las dependencias del Ejecutivo. Visto en cifras, los guerrerenses sólo pueden presentar solicitudes en el Info Guerrero ante cerca de 70 sujetos obligados de los casi 190 que hay en el estado. Sin duda, el sistema hubiese sido muy útil para solicitar información sobre todo a los ayuntamientos, que son los más reacios en entregarla. Pero en cinco años, a nadie le interesó ampliarlo a los gobiernos municipales.
Otra de las limitaciones del Info Guerrero es que no se pueden presentar por vía electrónica recurso de revisión. Actualmente hay que hacer dos trámites distintos, en caso de negativas de las dependencias públicas, para poder hacer valer este derecho: uno ante el sujeto obligado y el otro ante el Itaig. Tampoco en cinco años, nadie buscó incluir este servicio en el sistema.
El Info Guerrero también carece de una importante herramienta (Zoom) de búsqueda de las solicitudes de información que se han formulado ante el sistema, de las respuestas que se han proporcionado, y de las resoluciones que el Itaig emite ante las inconformidades de los ciudadanos respecto a las respuestas que obtienen, además de los estudios y opiniones que apoyan dichas resoluciones.
Finalmente, el reporte de solicitudes de información del Info Guerrero publica el nombre de las personas que solicitan información, con lo que se viola la confidencialidad de los datos personales. Esta irregularidad se hizo del conocimiento en la anterior administración estatal y nunca hizo caso; el Itaig tampoco ha intervenido para evitarlo.

Avance ciudadano

El tipo de información que los ciudadanos solicitan al gobierno está cambiando. Si se revisan las solicitudes que se presentaban en 2006, los ciudadanos preguntaban sobre los salarios de los funcionarios, los presupuestos generales de las dependencias, programas sociales institucionales, y en muchos casos, sobre la gestión de trámites personales.
Lo anterior no significa que hoy ya no se soliciten esos datos, pero en 2016, diez años después de que entró en vigor la ley de transparencia en el estado, ya se observa una clara intención de documentar de manera sistemática distintos aspectos del quehacer gubernamental, es decir, se percibe que la ciudadanía comienza a darle una utilidad social a la información, sobre todo en el rubro de la rendición de cuentas y de vigilancia ciudadana de las acciones y decisiones de gobierno.
También puede observarse que detrás de este avance ciudadano está el respaldo de organizaciones sociales y de la sociedad civil locales y nacionales, quienes se han convertido en promotoras –intermediarias– para hacer posible este ejercicio de participación ciudadana, pues en no pocos casos se requiere de una asesoría especializada; por ejemplo, para formular un recurso de revisión ante el Itaig o el Inai, o para interpretar información específica como expedientes técnicos de obras, contratos, convenios, planos de edificios, etcétera.
Estos esfuerzos tienen su origen y son resultado exclusivo del trabajo de las organizaciones –las instituciones poco o nada han aportado–, que han encontrado en el derecho de acceso a la información, una herramienta para apoyar la gestión de sus demandas colectivas.
Uno de los sectores que comienza a tener una actividad constante, y se observa en los reportes de solicitudes de información, es el de los periodistas, tanto locales como de los diarios de cobertura nacional. Cada vez con más frecuencia se registra en los diarios información y datos que fueron obtenidos a partir de solicitudes de información. Esta práctica, junto con la búsqueda y obtención de datos abiertos se han convertido en pilares del periodismo de investigación.
En los cinco meses del gobierno de Héctor Astudillo, un porcentaje importante de las 635 solicitudes de información fueron presentadas por organizaciones y periodistas.

Las solicitudes

En el caso de la Secretaría de Salud, casi todas las solicitudes presentadas durante la actual administración estatal provinieron de organizaciones sociales que apoyan o asesoran a la población. Así, por ejemplo, muchos de los requerimientos son de los temas de salud materna, parteras, la construcción de Hospital de la Mujer en Atoyac y el funcionamiento del Hospital General de Ayutla, todas con el claro objetivo de contar con información institucional que les permita exigir la rendición de cuentas a las autoridades correspondientes.
Es también el caso del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), cuyas solicitudes de información fueron relativas a conocer los centros de rehabilitación que opera esa dependencia, y los servicios que se brindan a los usuarios con discapacidad y no discapacitados.
Otros caso donde se observan propósitos de investigación es en las solicitudes presentadas ante la Secretaría de la Mujer y la Fiscalía General del estado sobre el tema de feminicidios; y el de la Secretaría de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a las que se les requirió información sobre equidad de género dentro la institución, capacitación de los elementos de seguridad, ejercicio de los recursos para seguridad, etcétera.
Asimismo, hay un grupo de solicitudes donde se pide información de los contratos que el gobierno del estado de Guerrero hubiese realizado con las empresas OHL México SA de CV, Grupo Higa SA de CV, Obrascon Huarte Lain SA, OHL & Huarte SA, OHL Industrial SL Sociedad Unipersonal, OHL Industrial SA de CV, Seconmex Administración SA de CV, Latina México SA de CV, OPCEM SA de CV.
También con las empresas Bienes Raíces H&G SA, Mezcla Asfáltica de Alta Calidad SA de CV, Autopistas de Vanguardia SA de CV, Señales y Mantenimiento SA de CV, Constructora Teya SA de CV, Concretos y Obra Civil del Pacífico SA de CV, Publicidad y Artículos Creativos SA de CV y Eolo Plus SA de CV.
Las anteriores son empresas a las que se les vincula con el gobierno federal, específicamente con el presidente Enrique Peña Nieto y otros funcionarios, por la sospecha de favorecerlas en la contratación de obras. Estas solicitudes se presentaron tanto a la Secretaría de General de Gobierno como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y parece que indagan alguna conexión de estos “favoritismos” en Guerrero.
Cabe mencionar que aun cuando el solicitante pidió expresamente a la Secretaría General de Gobierno que se testaran sus datos personales en todos los documentos de carácter público, esto no se realizó y la identidad del solicitante quedó al descubierto.

Otras solicitudes

La opacidad es todavía una práctica frecuente en las respuestas que emiten las dependencias. La Secretaría de Finanzas y Administración publicó un oficio de respuesta a una solicitud acerca de “la relación de los viajes al extranjero y los comprobantes (…), realizados por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero”. Respondió que “derivado de los hechos suscitados el día 13 de Octubre de 2014 en el que los manifestantes entraron a las instalaciones del Palacio de Gobierno de donde sustrajeron del archivo general documentación oficial resguardada, la cual fue quemada en su totalidad por el fuego que ocasionaron los manifestantes, sufriendo pérdida total”. Adicionalmente, la Sefina advierte que “este tipo de información, está considerada como reservada”.
Evidentemente la información no puede clasificarse como reservada, porque son documentos públicos relacionados con el ejercicio de los recursos públicos. Y además, ¿resguarda la Sefina documentos en Palacio de Gobierno?, ¿no se localizan sus oficinas en espacios físicos diferentes y distantes del Palacio?
Por otra parte, a la Fiscalía General del Estado se le requirió “el presupuesto asignado y ejecutado (…) en el año 2015. Desglosado por partidas presupuestales. Esto incluye tanto presupuesto federal como estatal”. Al respecto, la dependencia respondió que “aún no se cuenta con un presupuesto de forma desglosada a nivel de partida, correspondiente al ejercicio fiscal 2015; debido a que la descentralización por parte de la secretaría de finanzas y administración del gobierno del estado, aún no se ha realizado por completo; ante esta situación no está en posibilidad de remitir esta información”. Cualquier argumento es bueno para no entregar la información.
Finalmente, sorprende que en cinco meses la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) tenga 112 solicitudes de información. Y es que el representante de una empresa constructora solicitó “diversa documentación” relacionada con varios contratos de obra. La dependencia le negó toda la información aduciendo que el origen de la información es la empresa, y en el caso de los contratos, a la constructora se le proporcionó una copia y por lo tanto no debería solicitarlos.
La negativa de CICAEG contraviene la ley de transparencia, pues independientemente de quien haya generado la información, CICAEG es la dependencia contratante y responsable normativa. Cualquier persona puede solicitar los mismos datos y CICAEG está obligada a entregarlos, siempre protegiendo los datos personales. En este caso, CICAEG no tiene razón en su negativa.

ASF: ineficiencia y opacidad en la obra pública municipal

El Sur de Acapulco

El Fondo de Infraestructura Social Municipal y para las Demarcaciones Territoriales del DF (FISMDF) es una de las fuentes de recursos financieros de los ayuntamientos que presentó mayores irregularidades y desvíos, según se desprende de los resultados de la revisión de la cuenta pública 2014, realizada por la Auditoría Superior de la Federación.

En ese ejercicio fiscal, el órgano fiscalizador federal, conjuntamente con la Auditoría General del Estado de Guerrero, revisaron una muestra de 24 municipios del estado de Guerrero, encontrándose numerosas anomalías en el ejercicio del gasto de este importante fondo, que según la ASF, alcanzó en Guerrero un monto de 4 mil 409.5 millones de pesos que se distribuyeron entre los 81 municipios, cantidad equivalente a 10.5 por ciento del presupuesto total del estado en 2014.
Los municipios revisados por la ASF y la AGE fueron Acapulco, Acatepec, Ahuacuotzingo, Atlixtac, Atoyac, Ayutla, Chilpancingo, Cochoapa, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Malinaltepec, Metlatónoc, Ometepec.
También se fiscalizaron los ayuntamientos de Quechultenango, San Luis Acatlán, San Marcos, Taxco, Tecoanapa, Técpan, Tixtla, Tlacoachistlahuaca, Tlapa, Xochistlahuaca y Zihuatanejo.
Las irregularidades encontradas en el FISMDF por los órganos fiscalizadores son apenas la punta del iceberg. Actualmente la normatividad y los mecanismos institucionales de rendición de cuentas son poco rigurosos y no son suficientes para descubrir y documentar todas las irregularidades y violaciones a la ley que cometen los alcaldes y otros funcionarios año tras año.
El diseño actual de control y fiscalización del gasto federalizado parece no estar funcionando. No existen los suficientes controles ni las sanciones necesarias para inhibir y evitar el desvío de recursos, y los que pierden siempre son los guerrerenses, que no reciben obras, servicios, programas sociales en la cantidad y calidad equivalentes a las inversiones que se realizan.
Eso sí, gobernadores, presidentes municipales, diputados y otros funcionarios, cuando son señalados como presuntos responsables de casos de corrupción, simplemente responden que les comprueben y que se presenten las denuncias ante las autoridades correspondientes. Lo dicen sabedores de que, salvo que se trate de un ajuste de cuentas político, no pasará nada porque el actual marco jurídico no los perseguirá ni mucho menos sancionará.
Es una triste realidad no sólo de Guerrero, sino en todo el país.

Las revisiones

Veinticuatro revisiones de la ASF a otros tantos ayuntamientos guerrerenses fueron suficientes para ejemplificar la forma en que los gobiernos municipales ejercen los recursos públicos. Las irregularidades que describe la ASF no son prácticas municipales nuevas, de hecho pueden considerarse reincidencias, y sin embargo, todavía no hay poder que ponga freno a los alcaldes y otras autoridades municipales, que regularmente con alevosía, muy pocas veces por ignorancia, desvían los recursos y no cumplen con los objetivos sociales del fondo.
No obstante que los recursos del FISMDF tienen el propósito de financiar obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, varios municipios presentaron subejercicios al 31 de diciembre de 2014, es decir, no se gastaron el recurso para abatir los rezagos sociales.
Acapulco fue el municipio que en mayor medida presentó este problema, pues a esa fecha sólo había ejercido el 28.9 por ciento del FISMDF -que en ese municipio fue de 492.2 millones de pesos-. Otros municipios que observaron subejercicios al 31 de diciembre de 2014 fueron Coyuca de Benítez (80.2 por ciento), San Marcos (80.5), San Luis Acatlán (85.4) y Cuajinicuilapa (86.6 por ciento).
Asimismo, la ASF y la AGE reportan que todos los municipios presentaron “inobservancias de la normativa”, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Igualmente, los ayuntamientos revisados no disponen de un adecuado sistema de control interno que le permita atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
Es decir, ante la falta de este sistema de control es muy fácil que los recursos del Fondo se gasten en obras y acciones que no están dentro del catálogo sugerido ni en localidades de alta y muy alta marginación.
Otra de las grandes deficiencias en los municipios se relaciona con la transparencia del ejercicio de los recursos. Al respecto, los órganos fiscalizadores determinaron, como resultado de la revisión al ejercicio 2014, que los 24 municipios de la muestra “registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF”, ya que los ayuntamientos no proporcionaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.
Estas omisiones de información a una dependencia normativa son muy graves, pues si los ayuntamientos no cumplen con éstas, qué se puede esperar cuando se trata de las obligaciones de transparencia hacia la ciudadanía. La opacidad de los ayuntamientos es tan vasta que no informan ni siquiera a la Secretaría de Hacienda, tampoco a la Secretaría de Desarrollo Social –que lleva el registro de los avances físicos y financieros del FISMDF- y en muchas ocasiones tampoco entregan en tiempo y forma sus informes de cuenta pública a loa AGE.

Otras irregularidades

Otra de las observaciones comunes a los 24 municipios revisados es que los objetivos y metas del FISMDF se cumplieron parcialmente, ya que los ayuntamientos invirtieron en proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la Sedesol ni tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.
Al respecto, Coyuca de Benítez fue el municipio que invirtió la menor cantidad de recursos en proyectos establecidos en la normatividad, con sólo 4.4 por ciento de sus recursos totales del FISMDF. Le siguen Acapulco con 4.8 por ciento, Cuajinicuilapa (5.3 por ciento), Metlatónoc (9.3), Acatepec (12), Cochoapa el Grande (12.4) y Tlacoachistlahuaca (13.2).
Otros municipios que gastaron bajos porcentajes de recursos en obras y acciones permitidos en el FISMDF son Técpan con 14.4 por ciento, Ometepec (15.7 por ciento), Xochistlahuaca (17.1), San Marcos (17.6), Malinaltepec (23.3), Taxco (25) y San Luis Acatlán (27.5 por ciento). De hecho, ninguno de los municipios auditados alcanzó ni siquiera el 60 por ciento del total de su inversión del FISMDF en obras permitidas.
Aunque la ASF y la AGE no lo describen, es muy probable que una parte importante de la inversión en obras y acciones no autorizadas, los ayuntamientos la hayan destinado a la adquisición de fertilizante. Hay que recordar que el catálogo del FISMDF no considera la compra de este insumo con recursos del Fondo, pero los ayuntamientos de Guerrero siempre han hecho uso de estos recursos para adquirirlo.
Como se deduce de los bajos porcentajes de inversión en obras y acciones permitidas por la normatividad, en el programa de fertilizante los ayuntamientos emplean cuantiosos recursos de este fondo del ramo 33, programa que ha sido acusado de clientelar y electorero.
Cabe mencionar que los recursos del FISMDF deben invertirse en agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los lineamientos del Fondo que emita la Sedesol.
Otra irregularidad en que incurrieron todos los municipios es que no cumplieron con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las zonas de atención prioritaria, que es de 60 por ciento de los recursos, como lo establecen los lineamientos. Al respecto, la Ley de Desarrollo Social menciona que se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta ley.
Hay porcentajes muy bajos como el del municipio de Tecoanapa, que sólo cubrió el 10.5 por ciento de sus proyectos en zonas de atención prioritaria, cuando la norma dice que deben ser por lo menos 60 por ciento. Otros municipios en iguales circunstancias son Cochoapa el Grande, que invirtió sólo 13.8 por ciento de los recursos en esas zonas, Ayutla de los Libres, con 14.3 por ciento y Ahuacuotzingo, con 17 por ciento.
También están San Marcos, con 24.9 por ciento, Tlapa y Chilpancingo, con 26.4 y 26 por ciento, respectivamente, Zihuatanejo, con 27.5 por ciento y San Luis Acatlán, que invirtió 30.3 por ciento.
Finalmente, los municipios también tuvieron en común los bajos porcentajes de recursos gastados en obras y acciones de infraestructura básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda).
Son los casos de Malintaltepec, que sólo gastó 3.7 por ciento de sus recurso del FISMDF en estos rubros; Tecoanapa, con 4.7 por ciento, San Luis Acatlán, con 8.5 por ciento, Atlixtac (8.8),
Metlatónoc (9.3), Cochoapa (11.3), Zihuatanejo (14.3), Ayutla (15.2), Tlacoachistlahuaca (15.9) y Acatepec, (19.5 por ciento).
Cabe destacar que dos municipios presentaron severas irregularidades. El primero es Atoyac de Álvarez, al que no se le lograron determinar varios de los indicadores aquí descritos porque de acuerdo con la ASF y la AGE no existe documentación comprobatoria.
El otro es Quechultenango, ya que el órgano fiscalizador federal señaló en su informe que “con el 34.8% de los recursos (20.4 millones de pesos) se realizaron pagos de los cuales se desconoce el destino, toda vez que no existe documentación que permita relacionar la salida de los recursos con pagos de obras y acciones”.
La conclusión de la SF y la AGE es que en los 24 municipios de la muestra, a los que se les revisó su ejercicio de recursos FISMDF del ramo 33, éstos no realizaron una gestión eficiente y transparente y, en general, tuvieron una contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública.

FISMDF 2016

No obstante las graves irregularidades que los órganos fiscalizadores observan cada año en el ejercicio de los recursos del FISMDF, en 2016 los municipios guerrerenses continuarán recibiendo cuantiosos recursos de este fondo.
El gobierno del estado publicó el Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del FISM entre los municipios del estado de Guerrero para el ejercicio fiscal del 2016. Su publicación en el periódico oficial del estado, en el primer mes del año, es una obligación de las entidades federativas. De acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Ejecutivo del estado deberá dar a conocer en el periódico oficial del estado, antes del 31 de enero, el presupuesto del FISMDF y su distribución entre los municipios de la entidad.
Sin embargo, ya es costumbre que el gobierno del estado desacate esta norma porque regularmente no publica en tiempo esta información, aun cuando en el periódico oficial formalmente aparezca la fecha correcta.
Según este acuerdo, al estado se le asignaron 4 mil 566.2 millones de pesos, lo que equivale a un incremento de 2.5 por ciento en relación con el monto FISMDF de 2015. Cabe aclarar que no obstante los ajustes al presupuesto del estado que se registrarán a lo largo del año, los recursos del FISMDF permanecerán constantes.
Hay 11 municipios que recibirán recursos por arriba de los 100 millones. La lista la encabeza el ayuntamiento de Acapulco, que en 2016 recibirá 507.7 millones de pesos del FISMDF, le siguen Chilapa con 233.1 millones, Chilpancingo con 157.1 millones, Ayutla con 149 millones y Acatepec con 144.7 millones de pesos.
Otros municipios son San Luis Acatlán, que obtendrá 122.2 millones del FISMDF, General Heliodoro Castillo con 116 millones, Ometepec 113.3 millones, Tlapa con 112.9, Taxco con 103.5 y San Miguel Totoltepec con 102.9 millones de pesos.
Hace falta urgentemente un rediseño de esta política pública, pues las deficiencias en la ejecución del FISMDF repercuten directamente en la consecución de sus metas y objetivos y en la construcción de obra pública a los ciudadanos, y la rendición de cuentas es uno de los grandes temas que requieren atención urgente.

ASF: irregularidades en el programa de televisores digitales

El Sur de Acapulco

La entrega de televisores digitales por el gobierno de la República ha sido uno de los programas más cuestionados del gobierno de Enrique Peña Nieto, al que se le imputan irregularidades como el sobreprecio de las pantallas, su distribución con fines electorales, la entrega doble en un mismo hogar o la desorganización en los sitios de entrega.
No había ninguna obligación jurídica para que el gobierno federal hiciera este dispendio a costa del erario y descuidara otros aspectos del desarrollo social más urgentes. El “obsequio” de 13.8 millones de televisores de 24 pulgadas le costará al gobierno 28 mil 310.8 millones de pesos, una cifra muy superior al costo que hubiese tenido la adquisición de dispositivos decodificadores que permiten que televisores obsoletos permanezcan en uso. Sin embargo, el gobierno de la República se decidió por la opción más costosa.
En su más reciente revisión a las cuentas públicas a entidades y programas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró una serie de irregularidades en el Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), correspondiente al ejercicio 2014, año en que sólo se ejerció el 12.2 por ciento de los recursos totales estimados para este programa.

Las irregularidades

De acuerdo con información de la ASF, en 2014 se gastaron 3 mil 470.1 millones de pesos en la adquisición de pantallas digitales, en la contratación de servicios de almacenaje, instalación de módulos para la entrega de los bienes, y entregas de televisores, centros de contacto e impresión de notificaciones y trípticos. Ese año no fue el más intenso en cuanto a compras y distribución de televisores como sí lo fue 2015, cuyos resultados de auditoría se publicarán en febrero de 2017.
De los 13 contratos adjudicados en el ejercicio 2014, seis correspondieron a la adquisición de un millón 699 mil 193 televisores digitales; con la revisión de estos seis contratos se constató que se realizaron convenios modificatorios respecto del lugar, cantidad y plazos de entrega, sin que en el expediente se encuentre la información que acredite la justificación de estas modificaciones. Además, los convenios modificatorios de los contratos LPN-712-N73- 01/2014-92 y LPN-712-N73-02/2014-93 se formalizaron cuatro y 11 días después de la entrega de los bienes, la cual se incrementó en 63 mil 584 unidades respecto de lo requerido inicialmente.
Siguiendo con los contratos para la adquisición de televisores, respecto al millón 699 mil 193 aparatos que se recibieron en el ejercicio 2014, se estableció que el proveedor los entregaría en diferentes entidades federativas, pero la ASF constató que en Tamaulipas se entregaron 120 mil televisores, y de éstos, 89 mil se entregaron en un domicilio distinto del originalmente pactado, sin que la SCT justificara los cambios.
Asimismo, se comprobó que respecto de 60 mil televisores entregados por el proveedor a la SCT, no se contó con las remisiones correspondientes, y aunque posteriormente la entidad proporcionó seis remisiones que registran los 60 mil televisores, se observó que éstas no correspondieron a las emitidas por el proveedor, quien en compulsa manifestó expresamente que no emitió remisiones.
Por otra parte, se observaron inconsistencias en la entrega de 110 mil 524 televisores, por ejemplo, el cambio de domicilio para la entrega de 36 mil 476 de ellos no se hizo del conocimiento del administrador del contrato hasta un día antes de su entrega, y de 74 mil 48 no se dio aviso, regularizándose documentalmente dos días después de la entrega; lo anterior, en contravención del contrato que estipuló que la notificación del domicilio para la entrega de los bienes, debía realizarse hasta 10 días hábiles antes de la entrega de los televisores.
Con la revisión de los contratos PSAMM-001-014, PSAMM-002-014 y PSAMM-003-014 de servicios de almacenaje de 120 mil televisores en el estado de Tamaulipas, se constató que los televisores se almacenaron de febrero a agosto de 2014, conforme al plazo contratado; no obstante, 41 mil televisores fueron almacenados en un lugar distinto del estipulado, además de que se pagaron servicios de maniobra, entrega y descarga por 170 mil 581 pesos, adicionales a lo estipulado en el contrato, sin que se celebrara el convenio modificatorio respectivo, y sin que se proporcionara documentación que justificara su pago. Por lo anterior, se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones por un monto de 170 mil 581 pesos.
Respecto de la entrega de televisores, la ASF revisó que en 26 municipios de Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas no se entregaron los televisores a 57 mil 580 beneficiarios que conforme al programa, debieron entregarse en agosto de 2014; del seguimiento efectuado se constató que la entrega de equipos a esos beneficiarios se inició en enero de 2015, es decir seis meses después de lo programado sin que la entidad fiscalizada justificara documentalmente el atraso.
Otras irregularidades se detectaron al realizarse 523 visitas a beneficiarios por parte de la ASF, en municipios de Jalisco y Guanajuato, durante las que se verificó que en 236 visitas los equipos se entregaron satisfactoriamente a los beneficiarios registrados en el padrón y se comprobó la entrega de un equipo por domicilio.
Sin embargo, se constató que 64 beneficiarios visitados habitaban conjuntamente en 32 domicilios, es decir, que se entregaron dos televisores a dos beneficiarios en un mismo domicilio, lo que incumplió los criterios establecidos en el Convenio de Colaboración celebrado entre la Secretaría de Desarrollo Social y la SCT.
En relación con las 223 visitas restantes, 187 beneficiarios registrados en el padrón estuvieron ausentes aun cuando su domicilio correspondió al referido en el padrón; y de los 36 restantes, su domicilio no correspondió con el registrado en el padrón; de cuyo seguimiento, se constató que la entidad fiscalizada hizo entrega de los televisores a los beneficiarios, al comprobar su identidad, lo cual evidenció documentalmente.
La ASF también observó la eficiencia de las adquisiciones. Por ejemplo, para la adquisición de 120 mil televisores destinados a beneficiarios del estado de Tamaulipas, realizada mediante invitación a cuando menos tres personas, se erogaron 277 millones de pesos, más gastos de almacenaje y centro de atención telefónica por 17 millones 747 mil 900 pesos, lo que hizo un total de 294 millones 825 mil 500 pesos y un costo por televisor de 2 mil 456.88 pesos, lo que es inconsistente con la adquisición de 2 millones 785 mil 988 televisores obtenidos mediante licitación pública nacional por 6 mil 927.1 millones de pesos, incluido el servicio de almacenamiento y centro de atención, en el que se determinó un costo unitario por televisor de 2 mil 486.43 pesos, es decir, 29.55 pesos más por cada televisor, lo cual no aseguró las mejores condiciones en cuanto a precio y motivó incurrir en un gasto mayor por 8 millones 232 mil 590 pesos.

Licitaciones

En la página oficial del TDT, se registran diversos documentos de licitaciones para la adquisición de televisores, una correspondiente al ejercicio 2014 y dos del 2015. En la licitación LA-009000987-N73-2014, realizada el 26 de septiembre de 2014, se licitó la adquisición de televisores quedando adjudicadas las siguientes empresas: el Grupo HTCJ, para la compra de un millón 773 aparatos, con un costo de 2 mil 548.1 millones de pesos; la empresa Comarket, con 320 mil 795 pantallas digitales y un monto de 793.3 millones de pesos.
También fue adjudicada la Comercializadora Milenio con la participación conjunta de Diamond Electronics, para entregar 892 mil 981 pantallas con un costo de 2 mil 278.8 millones de pesos. Finalmente, a la empresa Elektra del Milenio se le adjudicó la adquisición de 128 mil 530 televisores con un costo total de 290.7 millones de pesos.
En 2015 se realizaron, según el portal electrónico de la SCT, dos licitaciones para la adquisición de televisores. En la del 30 de abril de 2015, licitación LA-009000987-N19-2015, nuevamente la empresa Comercializadora Milenio, en participación conjunta con Diamond Electronics, fue adjudicada para la adquisición de 1 millón 390 mil 199 televisores, con un costo de 3 mil 945.5 millones de pesos.
En esa misma licitación también fueron adjudicados el Grupo HTCJ con un total de 215 mil 797 aparatos a un costo de 623.8 millones; DDCAM México, con 146 mil 923 pantallas que costaron 405.4 millones de pesos; Teletec de México, con 122 mil 980 televisores y un costo de 326.1 millones de pesos; y Tiendas Soriana, a la que se le adjudicó la adquisición de 781 mil 939 televisores con un costo de mil 927.4 millones de pesos.
En la licitación 009000987-T67-2015, del 28 de agosto de 2015, nuevamente la empresa Comercializadora Milenio se le adjudicó un contrato para 3 millones 459 mil 935 televisores con un costo 8 mil 127.5 millones de pesos; y DDCAM con 140 mil 29 pantallas digitales con un costo 361.2 millones de pesos.

No hay obligación

No obstante que en el portal electrónico del TDT se enfatiza que el programa “atiende el mandato constitucional de contribuir al desarrollo social, fomentar la igualdad de oportunidades entre la población –especialmente la de escasos recursos– y propiciar el acceso a la sociedad de la información y el conocimiento”, no existe ninguna obligación del gobierno federal de distribuir televisores de manera “gratuita” entre la población.
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el noveno transitorio, establece que “el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, implementará los programas y acciones vinculados con la política de transición a la televisión digital terrestre, para la entrega o distribución de equipos receptores o decodificadores a que se refiere el tercer párrafo del artículo Quinto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones”.
El mencionado artículo quinto transitorio dice que “Los Poderes de la Unión estarán obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno garantizando, a su vez, los recursos presupuestales que resulten necesarios”.
Pero nunca se establece que el gobierno federal distribuirá más de 10 millones de televisores, con un gasto de más de 28 mil millones de pesos, entre los mexicanos de bajos recursos. No es lo mismo “promover la implementación de equipos receptores y decodificadores”, que entregarlos a costa del erario.

Entrega de televisores

Al 30 de septiembre de 2015 se habían entregado 5 millones 722 mil 146 televisores digitales en mil 13 municipios de 27 entidades federativas. Las entidades que recibieron mayor número de entregas son el Estado de México, con un millón 375 mil 767 aparatos, el Distrito Federal, con 636 mil 324, Guanajuato con 480 mil 272, Puebla con 434 mil 532 y Michoacán con 404 mil 688. Los que a esa fecha no habían recibido nada fueron Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes hizo un corte más reciente al 27 de febrero de 2016, y de acuerdo con estos datos se habían entregado 10 millones 111 mil 273 televisores, ocupando los cinco primeros lugares el Estado de México, Veracruz, Chiapas, Ciudad de México y Michoacán. Las que menos recibieron fueron Baja California Sur, Colima, Baja California, Campeche y Quintana Roo.
En Guerrero se distribuyeron 429 mil 185 televisores, para ocupar el lugar número nueve a nivel nacional. La distribución entre los municipios fue muy desigual, sin que haya una explicación oficial al respecto.
Así por ejemplo, los beneficiarios de los programas sociales de la Sedesol en Acapulco recibieron, al 27 de febrero, un total de 98 mil 22 televisores, que representan 21.4 por ciento; en Chilpancingo se distribuyeron 30 mil 632 aparatos (7.1 por ciento); en Chilapa, 22 mil 745 (5.2 por ciento); en Taxco, 16 mil 767 (3.9 por ciento); y en Coyuca de Benítez 16 mil 13 televisores, que representan 3.7 por ciento del total entregado en el estado.
En los municipios de Acatepec, Iliatenco, Zapotitlán se registran cero entregas, y los municipios de Atlamajalcingo, Alpoyeca, Huamuxtitlán, Tlalixtaquilla, Tlapehuala y Xalpatláhuac ni siquiera aparecen en la listas. Otras demarcaciones que recibieron pocos aparatos son Ahuacuotzingo, con solo un aparato entregado, Tlacoapa (5), Coahuayutla (7), Xochihuehuetán (11) y Tlapa (56).