Gobernador, alcaldes y diputados se van sin transparencia

El Sur de Acapulco

En la recta final de sus administraciones, tanto el gobernador del estado y los presidentes municipales como los diputados de la LX Legislatura del Congreso ratificaron su escasa disposición a cumplir con la ley de transparencia y acceso a la información y a construir un Estado basado en una efectiva rendición de cuentas.
Lo anterior se concluye del tercer monitoreo a la transparencia de los sujetos obligados del estado de Guerrero, realizado por la asociación civil Comunicación para el Desarrollo Comunitario, durante el periodo del 14 al 27 de julio de 2015.
Entre los resultados de la revisión destacó que ninguna de las dependencias públicas monitoreadas alcanzó el 76 por ciento de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, y también que 27, de un total de 40 instituciones gubernamentales incluidas en el monitoreo, ni siquiera obtuvieron el 50 por ciento.
Entre los más bajos porcentajes de cumplimiento se encuentran el Congreso del estado, que logró apenas 29.2 por ciento, y el Tribunal Superior de Justicia del estado, que obtuvo 31.7 por ciento. También se observó que 11 ayuntamientos, de 20 revisados, tuvieron puntuaciones menores a 10 por ciento, y de entre ellos, ocho obtuvieron una calificación de cero.
Estos resultados negativos ratifican la vocación de opacidad que caracteriza a las dependencias gubernamentales del estado de Guerrero y también explican por qué la entidad se ubica entre los últimos lugares en esta materia.
La revisión más reciente incluyó a 40 dependencias públicas, que en conjunto obtuvieron el muy bajo promedio de 32.7 por ciento de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. Cabe mencionar que comparado con los monitoreos de 2013 y 2014, el de este año no presenta grandes sorpresas. Por ejemplo, los promedios de esos años son, respectivamente de 29.1 y 42 por ciento, es decir, el nivel promedio de cumplimiento en Guerrero nunca ha rebasado ni siquiera el 50 por ciento. Esto significa que no hay ni siquiera un mediano cumplimiento del catálogo de información de oficio que establece la ley de transparencia.

El Ejecutivo

A diferencia del año anterior, en 2015 una dependencia del Ejecutivo del estado es la que encabeza el listado general de la transparencia; se trata de la Secretaría de Finanzas y Administración, que tuvo 75.7 por ciento de cumplimiento de la ley; en el tercer sitio general se colocó el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, con 70.4 por ciento, y en cuarto lugar, el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano, con 67.9 por ciento.
La Secretaría de Educación ocupó la séptima posición del ranking, con 59.8 por ciento, y en octavo, el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa (IGIFE), con 56.4 por ciento de cumplimiento. En el primer monitoreo de 2013, el IGIFE encabezó la lista general del estado con 69 por ciento, y hoy se ubica en el lugar número ocho.
También del Ejecutivo, en el décimo lugar se encuentra la Coordinación General de Programas Sociales Guerrero Cumple, con apenas 51.8 por ciento; en el lugar 12 aparece la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, con 50.2 por ciento, y en el 13, la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria, que obtuvo 46.8 por ciento; detrás de ésta, en el lugar 14, el Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, con apenas 45.7 por ciento.
Todas las dependencias anteriores ejercen cuantiosos recursos, y sin embargo, mantienen muy bajos niveles de transparencia. Es el caso de la Secretaría de Educación de Guerrero, que en 2015 cuenta con recursos financieros del orden de 15 mil 434 millones de pesos, y del IGIFE, que en el presupuesto de egresos de este año apareció con un monto de 458.5 millones de pesos. Otras dependencias con altos presupuestos y con muy bajos niveles de transparencia son la Capaseg, con 691.1 millones de pesos en 2015, y la Cicaeg, con 597.8 millones.
Las siguientes dependencias del Ejecutivo en el ranking son el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), que obtuvo el lugar 18, con 37.7 por ciento de cumplimiento; la Secretaría de Desarrollo Social, en la posición 19, con 35.9 por ciento. Más atrás, en el sitio 23 se encuentra la Secretaría de Desarrollo Rural, con 30 puntos porcentuales.
Las dependencias que menos puntaje obtuvieron del Ejecutivo estatal son la Secretaría de Salud, en el lugar 25, con 25.2 por ciento; la Secretaría de la Mujer, con 24.7 por ciento se ubicó en el sitio 26, y finalmente el Instituto Tecnológico Superior de la Montaña, en el último lugar del Ejecutivo con 23.7 por ciento, y 27 del listado general.
La Secretaría de Salud, cuyo presupuesto para 2015 es de 4 mil 883.4 millones de pesos, es una de las dependencias que, según el gobernador Rogelio Ortega, presenta un mayor número de plazas sin techo presupuestal y por lo tanto un gran déficit financiero.
Sin embargo, pese a los cuantiosos recursos que ejerce, la Secretaría de Salud es una de las dependencias más opacas del estado, que no difunde ni siquiera los mínimos que establece la normatividad. Hay pues una incongruencia entre el pedido del gobernador Ortega Martínez para que el gobierno federal envíe más recursos financieros que permitan cubrir el déficit y los bajísimos niveles de transparencia. Si llegan más recursos a Guerrero, ¿quién vigilará que se ejerzan con transparencia y honestidad?

Ayuntamientos

En general, los ayuntamientos se han caracterizado por desafiar y no cumplir la normatividad en materia de transparencia y la rendición de cuentas. Este año no fue la excepción, pues en promedio, los 20 ayuntamientos revisados tuvieron un promedio de cumplimiento de 20.5 por ciento.
Sobresalen ocho ayuntamientos que obtuvieron cero de calificación, ya sea porque no contaron con portal electrónico, o bien, porque aun teniéndolo, no publicaron la información sobre los temas que establece la ley; éstos fueron Coyuca de Benítez, Atenango, Tepecoacuilco, Tlacoapa, Eduardo Neri, Ayutla de los Libres, Zitlala y Alpoyeca, las cuales en el ranking general se colocaron en los últimos lugares, del 30 y 40. En las revisiones de 2013 y 2014, el número de ayuntamientos que tuvieron calificación igual a cero fueron cinco y ocho, respectivamente.
Hay otro bloque de cinco municipios que no alcanzaron ni siquiera 25 por ciento de cumplimiento, como Mochitlán (4 por ciento), Cocula (4.8), Apaxtla de Castrejón (6.3), Taxco (20.9) y Buenavista de Cuéllar, con 22.1 por ciento de cumplimiento de sus obligaciones de información de oficio. Estos municipios se ubicaron en la tabla general en los lugares del 28 al 32.
Tlapa ocupó el sitio 21 del ranking, con 31.9 por ciento, mientras que Malinaltepec obtuvo el lugar 20, con 33.3 por ciento de cumplimiento. Más arriba se encuentran Iguala, en el lugar 17, con 39.4 puntos, y el municipio de Chilpancingo, que apenas obtuvo el lugar 15 con 41.6 por ciento.
Los tres primeros lugares del grupo de ayuntamientos fueron para Acapulco, con 65.4 por ciento de cumplimiento (en 2014 obtuvo 93 por ciento y fue el primero en el estado en lograr ese porcentaje); Zihuatanejo, con 61.3 por ciento, y Chilapa, que obtuvo 50.4 por ciento. Si éstos se observan en la revisión general, ocupan los lugares 5, 6 y 9, respectivamente.
Respecto de los ayuntamientos, hay que recordar que en septiembre de 2012, los alcaldes o sus representantes de Acapulco, Chilpancingo, Atoyac e Iguala firmaron, por convocatoria del grupo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) el Acuerdo por la Transparencia Municipal, que no era otra cosa que asumir el compromiso de cumplir con la ley de transparencia. Por los resultados globales de los tres años, sólo el ayuntamiento de Acapulco cumplió parcialmente con el compromiso, pero no así los municipios de Chilpancingo, Atoyac e Iguala.
Desde que entró en vigor la primera ley de transparencia del estado, todavía no hay nadie que meta al orden a los ayuntamientos guerrerenses respecto de su obligación de rendir cuentas a los ciudadanos.

Congreso y otros sujetos

Por tercera ocasión consecutiva, el Congreso del estado obtuvo una muy baja calificación en su cumplimiento de la información de oficio. En la revisión de 2015, apenas obtuvo 29.2 por ciento, colocándose en el 24 lugar, mientras que en 2014, con 46 puntos, obtuvo el sitio 24, y un año antes, con apenas nueve puntos, estuvo en el lugar 18.
Ya no es una sorpresa que el organismo que aprueba las leyes en el estado –como la ley de transparencia– y que además está a cargo de la aprobación de las cuentas públicas de todas las dependencias –principal instrumento de la rendición de cuentas– sea una entidad opaca, que ejerce los recursos públicos sin rendir cuentas a nadie.
Tampoco es una sorpresa que el Poder Judicial del estado se ubique entre los organismos con menor transparencia en el estado. En el monitoreo de 2015, el Tribunal Superior de Justicia apenas obtuvo 31.7 por ciento de cumplimiento de la ley de transparencia, ubicándose en el lugar 22. Hace un año, el Tribunal obtuvo una calificación muy similar, es decir, de 34 por ciento, y en esa ocasión alcanzó el sitio 26 del ranking general. En 2013, la revisión registró sólo un 6 por ciento, obteniendo el lugar 21, de 30 dependencias que se revisaron en ese año.
En 2015, también se evaluó la transparencia de tres organismos autónomos. Por ejemplo, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información alcanzó el segundo sitio general con 72.7 por ciento –el año pasado también obtuvo el segundo lugar, pero en esa ocasión con 80 por ciento–.
Otro de los organismos monitoreados fue el Tribunal Electoral del estado, el cual obtuvo 50.7 por ciento de calificación y se colocó en el lugar 11; la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, por su parte, logró un 41 por ciento de cumplimiento y se encuentra en el lugar 16 del listado general. Ambos se consideran con bajos niveles de cumplimiento de la ley de transparencia.

Metodología del monitoreo

El tercer monitoreo 2015 es un trabajo que se basa en la revisión de los contenidos que establece el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, en donde se describe un catálogo de 22 temas relacionados con el quehacer gubernamental que obligatoriamente las dependencias deben difundir a través de páginas electrónicas, periódicos murales, gacetas o cualquiera otro medio de que dispongan.
Asimismo, hay artículos subsiguientes de la ley que establecen temas específicos que deben publicar las dependencias, y éstos también se consideran para la evaluación.
Se revisaron las páginas electrónicas de un grupo de 40 dependencias gubernamentales seleccionadas del universo que el Itaig tiene registrado en su página electrónica. Quince instituciones son del Ejecutivo del estado (37.5 por ciento), de las cuales se eligieron diez que son relevantes por los recursos que manejan, y cinco se muestrearon.
Asimismo, se revisaron 20 ayuntamientos (50 por ciento del estudio de monitoreo), de los cuales ocho son municipios permanentes, considerando el número de su población, que rebasa los 70 mil habitantes, y 12 se muestrearon.
La revisión del Itaig, el Congreso del estado y el Tribunal Superior de Justicia del estado es permanente (7.5 por ciento), ya que representan respectivamente, al órgano garante de la transparencia en el estado, y a dos de los tres poderes de Guerrero. Finalmente, se muestrean cada año dos organismos autónomos (5 por ciento).
La calificación se asigna luego de revisar cada uno de los temas de información de oficio, según los datos sean completos, actualizados y correspondientes a lo que establece la ley. A la puntuación obtenida se aplica un factor de ponderación, según el tema revisado contenga información muy relevante o sean datos ordinarios. Por ejemplo, se considera que no tiene el mismo valor publicar información sobre presupuestos, desglosada por programas y proyectos y con indicadores de gestión y desempeño, que publicar el domicilio de una dependencia o su organigrama.
Aun cuando una dependencia gubernamental publique ciento por ciento lo que exige la ley, no necesariamente es transparente, pues consideramos que en el catálogo de temas que propone la ley de transparencia hacen falta muchos rubros de información claves e importantes que los ciudadanos deben saber.
Este monitoreo es simplemente un indicador que ofrece un panorama general de la transparencia en el estado. Lo que sí es grave es que hasta hoy ninguna dependencia pública en Guerrero ha cumplido estos requisitos mínimos, y la mayoría se ubique por debajo del 50 por ciento, y un grupo muy nutrido no alcanza ni 20 por ciento de cumplimiento.

La discrecionalidad del Congreso de Guerrero

El Sur de Acapulco

La LX Legislatura del Congreso del estado de Guerrero cerrará su periodo el próximo 13 de septiembre, no con broche de oro, sino con un gran descrédito público. Dos hechos en la última semana desnudaron por enésima vez acciones irregulares o francamente fraudulentas de los legisladores guerrerenses, que no fueron durante estos tres años un factor para la gobernabilidad en el estado.
El primer caso es la enmienda que les hizo el tribunal colegiado del vigésimo primer circuito por la designación irregular de uno de los consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado (Itaig); y el segundo se refiere al “derecho” que se adjudican para exigir recursos públicos al gobierno del estado bajo el manto de la “gestoría social”.

Tribunal cuestiona designación

El 7 de febrero de 2014, la actual Legislatura del Congreso designó a Crescencio Almazán Tolentino, Roberto Saldaña Rodríguez y Joaquín Morales Sánchez como consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información para el periodo 2014-2018. En esos meses, un grupo de ciudadanos y organizaciones que dieron seguimiento al proceso de selección señalaron la inelegibilidad de los aspirantes Almazán Tolentino y Saldaña Rodríguez, porque no cumplían con el requisito de la ley respecto a que no debieron ser funcionarios por lo menos dos años antes de la designación. Aun así, el Congreso del estado decidió y avaló que éstos fuesen consejeros, violando flagrantemente la Ley de Transparencia.
La imposición que operaron sin ningún rubor las cúpulas del Congreso tuvo repercusiones importantes en las actividades que deberían realizar los consejeros del Itaig. En año y medio que llevan desempeñándose como tales, los diarios capitalinos se han regodeado con los pleitos internos entre los consejeros, muchos de los cuales tienen su origen en una pugna por el ingreso de sus recomendados para trabajar en el organismo. Hoy se sabe que precisamente bajo la presidencia de uno de los inelegibles, Crescencio Almazán Tolentino, se abultó la nómina del Itaig, especialmente por nuevas contrataciones de personal, y sin embargo, esto no se ha traducido en el mejoramiento de la operación del organismo.
El resultado es una gestión pobrísima del Itaig, ya que a la fecha no ha habido una sola propuesta para elevar los niveles de transparencia en el estado ni tampoco para mejorar los mecanismos de acceso a la información.
En este empantanamiento de la transparencia y de la rendición de cuentas, el Congreso tiene una gran responsabilidad, especialmente las cúpulas encabezadas por Bernardo Ortega Jiménez, Héctor Apreza Patrón y otros que hayan participado en estos acuerdos; no pueden evadir su responsabilidad, pues la elección de los consejeros mediante un pernicioso sistema de cuotas partidistas tiene sus saldos negativos en el estado que hoy guarda el Itaig.

A revisión, la elección de Almazán Tolentino

La imposición de Crescencio Almazán Tolentino fue la más cuestionada, pues había documentos públicos que comprobaban que no era elegible; el empecinamiento de los diputados tal vez se debió a que Almazán fue propuesto por uno de los grupos perredistas más fuertes y beligerantes en esos meses: el Grupo Guerrero, encabezado por David Jiménez Rumbo.
La aspirante Elizabeth Patrón Osorio se inconformó con la decisión de los legisladores y presentó un recurso en el juzgado federal, en Chilpancingo, que fue turnado al juzgado décimo. El 30 de julio del 2014, dicho juzgado sobreseyó el asunto con el argumento de que no tenía competencia porque el Congreso es un poder autónomo. El 19 de agosto, Patrón Osorio interpuso el recurso de revisión ante el tribunal colegiado, que lo admitió asignándole el número de expediente 251/2014.
Uno de los principales argumentos de Patrón Osorio fue el que señaló oportunamente el Observatorio Ciudadano por la Transparencia en Guerrero, que estuvo vigilante durante el proceso de selección de consejeros: Almazán Tolentino fue funcionario de la administración pública del gobierno del estado, y las pruebas documentales están en el Periódico Oficial del Estado del 24 de febrero de 2012, donde se publica el Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa Becas Excelencia para Guerrero, firmadas por Almazán Tolentino como jefe de la unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedesol estatal.
Estas y otras impugnaciones fueron presentadas por Elizabeth Osorio ante el tribunal colegiado del vigésimo primer circuito, el cual luego de estudiar el caso falló a favor de “conceder a la quejosa, la protección de la justicia federal para efectos de que la autoridad responsable Pleno del Congreso de Guerrero” revise la elegibilidad de Crescencio Almazán Tolentino.
Específicamente, solicita al Pleno del Congreso para que instruya a la Comisión de Gobierno que ejerza “debidamente” la facultad que le confiere la Ley de Transparencia “de verificar si el hoy tercero interesado Crescencio Almazán Tolentino, como aspirante a ocupar el cargo de consejero del instituto relativo, cumple o no con los requisitos requeridos por el artículo 87 de la ley mencionada (…)”.
Agrega la sentencia que en caso de que Almazán Tolentino cumpla con esos requisitos que establece la norma “se someta a consideración del Pleno del Congreso, acorde con el artículo 88 de la ley citada, la designación del consejero faltante para integrar el pleno del instituto, de entre el tercero interesado mencionado y la quejosa Elizabeth Patrón Osorio, quien estima tener mejor perfil e idoneidad para ocupar ese cargo”.
Este procedimiento tendrá que llevarse a cabo dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación que se le haga al Congreso.
El órgano legislativo tiene la oportunidad de enmendar su yerro, pues es diferente el balance de fuerzas políticas en el interior del Congreso y además tienen una deuda muy grande con la transparencia. Ojalá que acierten.

Opacidad en designación de consejeros

No es un mal que aqueje sólo a Guerrero. Renata Terrazas, investigadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de la organización Fundar, Centro de Investigación y Análisis, sostuvo que en el diseño de instituciones “el factor más importante que limita su adecuado funcionamiento es la indebida injerencia del poder ejecutivo o de los partidos. A este fenómeno se le llama ‘captura del poder’ que se identifica, sobre todo, en la manipulación del proceso de designación de los titulares de los órganos reguladores del poder, conocidos comúnmente como órganos públicos autónomos”.
Agregó la investigadora que “ésta es una práctica común en los institutos de transparencia; mediante la construcción de un proceso opaco, cerrado y que no permite la participación ciudadana, se designan personas que no cumplen con el perfil adecuado, ya sea por falta de conocimientos o por ser demasiado cercanos a los intereses de la clase política”.
También se refirió a que los institutos de transparencia tienen como principal objetivo asegurar que la ciudadanía ejerza su derecho de acceso a la información y vigilar que las dependencias públicas sean transparentes. Pero “cuando el proceso de designación de sus titulares está capturado, los institutos de transparencia se convierten en un mero aparato burocrático carente de todo sentido”.
Respecto de la reforma constitucional y la reciente aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, Renata Terrazas mencionó que estos cambios quedarán sin efecto, no sólo si el proceso de armonización legal o la homologación de las leyes en los estados no es adecuado, sino también cuando quienes deban garantizar su ejercicio están alineadas a los intereses del poder político.
En un artículo titulado Opacidad total en la designación de titulares de institutos de transparencia, la investigadora propuso que la mejor manera de limitar la captura de los organismos de transparencia estatales es asegurar procesos de designación abiertos y transparentes, que incluyan la participación ciudadana.
Dijo que la convocatoria para la integración de los institutos deberá ser pública y difundida por todos los medios; asimismo, el proceso de designación debe estar en manos del poder legislativo, “órgano deliberativo que procura dar voz a diversas fuerzas políticas”. Al mismo tiempo, se deberán contemplar comparecencias –de las y los candidatos– abiertas al público y que incluyan la participación ciudadana; la forma de participación deberá diseñarse desde el inicio para hacer públicos sus alcances.
Y aunque en Guerrero se cumplieron algunas de estas condiciones en el pasado proceso de febrero de 2014, la investigadora advierte que para reducir al máximo la discrecionalidad en el proceso, es necesario contar con un instrumento técnico de evaluación y posteriormente con un dictamen público del legislativo en donde se justifique la decisión de los nombramientos.
Finalmente, Renata Terrazas recomendó que toda la documentación relacionada con el proceso deberá ser pública durante el mismo; así como los expedientes de los candidatos, y las sesiones en donde se llevaron a cabo las comparecencias y los dictámenes justificados.

Gestoría social

La semana anterior circularon en las redes sociales y en los medios de comunicación audios en donde se escucha a los secretarios de Finanzas y Administración, Eliseo Moyao Morales y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Jesús Hernández Torres, hablar sobre las exigencias, presiones y traspiés de los diputados para que les destinen recursos que emplearán en obra pública en sus distritos, con el muy cuestionable concepto de “gestoría social”.
Héctor Apreza Patrón, coordinador de la bancada del PRI, no negó que exista esta práctica y justificó que todos los diputados, incluso los federales, “tenemos la obligación de realizar gestión social porque nuestros representados acuden con nosotros para gestionar obras”.
El diputado priista también comentó que “esto no es un elemento que ensucie la imagen del Congreso porque son obras acordadas y presupuestadas en diciembre del 2014, cuando se aprobó el Presupuesto de Egresos para este año”.
Tampoco los perredistas negaron la existencia de la práctica de obtener recursos para gestoría social de parte del gobierno del estado de Guerrero. El diputado Amador Campos Aburto incluso comentó que llegaron a acuerdos con el secretario de Finanzas, Eliseo Moyao Morales, para la construcción de obras en los distritos donde fueron electos.
Sin embargo, por más que quieran presentar como legítimas estas prácticas, no lo son. Más bien parecen un mecanismo más de clientelismo electoral, que de por sí es muy practicado entre los políticos guerrerenses de todos los colores. ¿Por qué los diputados sí se sienten con el derecho de que les construyan las obras que ellos decidan? Con esa discrecionalidad ¿dónde queda la planeación que ellos mismos le aprobaron al gobierno del estado en un documento llamado Plan Estatal de Desarrollo? ¿Quién y cómo se comprueban esos recursos y ante qué dependencias?
Pero la famosa gestoría social no concluye ahí. Lo que no dijeron los diputados en sus declaraciones de la semana pasada es que, adicionalmente a estos acuerdos con el gobierno del estado para la construcción de obra pública, cada uno de ellos recibe anualmente recursos públicos –estos sí directamente del órgano legislativo– también bajo el mismo concepto de “gestoría social”.
Ese dinero lo utilizan totalmente de manera discrecional, sin un plan o programa que permita observar las metas, objetivos e impactos de su ejercicio. Tampoco existe alguna norma que obligue a los diputados a comprobar esos recursos ni mecanismos de transparencia ni de rendición de cuentas que los controle, por lo que los legisladores locales guerrerenses pueden emplearlos sin ninguna restricción para su posicionamiento personal, tejer relaciones tendientes a obtener futuras candidaturas a puestos de elección popular o incluso para beneficiarse personalmente de ellos.
La inauguración de obras, la entrega de despensas, láminas, herramientas de trabajo, útiles escolares, computadoras, granos básicos y otros insumos, que mucho se anuncian en la prensa estatal, mediante inserciones pagadas, no son apoyos que provengan de los bolsillos de los legisladores, sino de las arcas públicas y que son ejercidos en la más completa opacidad.
Así son los legisladores guerrerenses, cuyo principal trabajo es precisamente el diseño y aprobación de leyes, pero que son más conocidos por otro tipo de actividades como la “gestoría social” y sus saltos a otros cargos públicos. Es urgente operar la figura de la iniciativa popular, para ayudarlos a tener mejores leyes en Guerrero.