El Sur de Acapulco
El programa de fertilizante
subsidiado es todavía un eficaz gancho para conseguir votos, como lo ha sido a
lo largo de 21 años, cuando con propósitos electoreros y para obtener ganancias
económicas, fue creado por el ex gobernador priista Rubén Figueroa Alcocer.
En ésta y la siguiente
edición se describirá la irresponsabilidad y la ambición de sufragios de los
candidatos (as) que fomentan este programa, y asimismo se revisará cómo las
dependencias responsables de vigilar la operación del programa en el estado
(Secretaría de Desarrollo Rural y Contraloría General del estado), ante las
evidentes irregularidades, simplemente dicen que no pasa nada.
En la actual contienda
electoral, son ya varios los candidatos (as) a gobernador que se refieren al
programa en los mismos términos que en el pasado. No sirvió de nada la
experiencia de dos décadas de operar un programa que degradó el suelo y contaminó
el agua de Guerrero, que modificó negativamente las prácticas de producción
campesina, y del que se han enriquecido cientos de funcionarios estatales y
presidentes municipales, amén del uso político y la “inversión” anual de cuantiosos
recursos sin incrementar significativamente la producción.
Ningún candidato (a) quiso
sonar “políticamente incorrecto” y prefirieron obtener un puñado de votos que
enderezar un programa pernicioso que hace daño al estado y a los propios
campesinos que consumen el producto. Hoy sigue siendo bandera y nadie propone
romper y sustituir la adquisición de fertilizante químico por otros sistemas de
fertilización menos dañinos para el ambiente, más baratos, y que no consuman los
recursos financieros de la obra pública municipal, como se ha venido haciendo.
Héctor Astudillo Flores,
candidato a gobernador por los partidos PRI-PVEM, ya prometió que el
fertilizante será gratuito en su gobierno, y el costo lo cubrirán el municipio
y el gobierno del estado, para que el productor no ponga un peso. “Quiero
pedirles a todos y a todas los que tienen que ver con el campo que digan en
toda la Tierra Caliente que el fertilizante será gratuito, vamos a modernizar
el campo”, dijo un Astudillo, ufano, quien ratificó este compromiso durante el
debate entre candidatos del 20 de mayo pasado.
La candidata de la coalición
Mejoremos Guerrero, conformada por PRD y PT, Beatriz Mojica Morga, también comentó
al respecto. Según la Jornada Guerrero, “en su recorrido que comenzó en Coyuca
de Catalán, explicó que se etiquetarán mil millones adicionales al presupuesto
de Guerrero para adquirir el abono, que se entregará sin costo al campesinado”.
En el debate comentó que entregará fertilizante acompañado de semilla mejorada.
Por su parte, Luis Walton,
aspirante al mismo cargo por Movimiento Ciudadano, también se comprometió con
los productores a continuar entregando fertilizante, pero más barato. “Les seguiremos
dando fertilizante, y será fertilizante barato, porque no nos vamos a llevar
comisión”, dijo el candidato,
quien en el debate no abordó el asunto.
El candidato del Movimiento
de Regeneración Nacional, Pablo Amílcar
Sandoval, y el dirigente
nacional Andrés Manuel López
Obrador, dieron a conocer y firmaron los “25 Compromisos con el pueblo de
Guerrero”. Entre éstos, el número cuatro se refiere a que “Tendrán los
campesinos fertilizantes gratuitos para producir maíz, frijol y otros cultivos
básicos”. No hubo mención al respecto durante el debate.
La candidata Godeleva Rodríguez Salmerón, del
partido de los Pobres de Guerrero –quien ya declinó a favor de Mojica Morga-,
prometió durante el debate fertilizante gratuito, mientras que Raymundo Nogueda
Analco, del Partido Encuentro Social, fue el único que se refirió al abono
orgánico, aunque sin ningún detalle.
Sólo el candidato Alberto López Rosas, del
Partido Humanista, cuestionó a los candidatos (as) que prometieron la
distribución gratuita de fertilizante, pues planteó que es necesario primero tener
claridad de dónde se obtendrán los ingresos para su adquisición.
En general, no es cuestionable
la entrega de un insumo agrícola de manera gratuita, lo grave es lo que sucede
en las entrañas del programa y las numerosas irregularidades que se cometen por
la falta de controles férreos y de una entidad que imponga su autoridad: producto
adulterado, sacos con menor peso, padrón de beneficiarios sin control, uso de
recursos federales no autorizados para la adquisición de fertilizante, así como
una total impunidad al no sancionarse las numerosos irregularidades que se
comenten, sobre todo en los ayuntamientos.
Es triste el panorama que
ofrecen los candidatos (as) al promover un programa que se ha enquistado en el
campo y que lastima al territorio y a su gente.
Promoviendo
el insumo
Los compromisos de los
candidatos (as) son por lo menos irresponsables. Entregar fertilizante químico
gratuito provocará un boquete en las finanzas públicas del gobierno del estado
y/o de los ayuntamientos.
De acuerdo con datos de la Seder,
se calcula que anualmente hay un gasto de 845 millones de pesos para la compra
de fertilizante, aportados por el gobierno del estado (20 por ciento),
ayuntamientos (59 por ciento) y productores (21 por ciento). De absorberse la
parte de los productores, el gobierno estatal y ayuntamientos deberán aportar del
orden de 177 millones de pesos adicionales cada año.
Aunque la prensa no los
registra, sin duda los candidatos (as) a presidentes municipales también están
prometiendo la entrega de fertilizante a menor precio o de plano, de manera gratuita.
Desde los tiempos de René Juárez, la operación del programa fue descentralizada
a los municipios, ya que el gobierno del estado buscaba quitarse la presión de
las movilizaciones de productores –al haberles creado artificialmente la
necesidad del insumo- y trasladar la problemática a los municipios.
Pero los ayuntamientos
encontraron en el programa de fertilizante una palanca efectiva para el clientelismo
y para la obtención de recursos de manera irregular. Fue en los ayuntamientos
donde se afinaron las prácticas más desaseadas del programa, y que van desde la
manipulación del padrón de productores, hasta licitaciones dudosas y el contubernio
con empresas para adulterar el producto e inflar los costos. Esto con el
concurso o la omisión de las dependencias que de acuerdo con las reglas de operación
deben vigilar la ejecución del programa.
La operación directa del
programa fue muy útil y eso explica por qué la aportación de los ayuntamientos
comenzó a ser creciente. En 2001, los productores aportaban 58 por ciento del
costo total del insumo, en 2002 ese porcentaje disminuyó a 46 por ciento y para
2003 fue de 41 por ciento. En los siguientes años continuó su descenso hasta
llegar a 17 por ciento en 2007. Durante el periodo 2008-2012 el promedio de la
aportación de los productores fue de 25 por ciento.
Los ayuntamientos emplearon
en su momento la misma lógica clientelar que hoy utilizan los candidatos (as) a
la gubernatura: disminuir el porcentaje de aportación de los campesinos,
incluso hasta cero, para poder influir sobre sus preferencias electorales.
“Observados”,
los ayuntamientos desde 2001
Desde 2001, cuando se
descentralizó el programa y los ayuntamientos comenzaron a hacer su aportación
financiera, ésta ha sido obtenida de los recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 33 (FAISM), es decir, del
dinero que proviene de la Federación y que está etiquetado para el
financiamiento de obra pública y acciones sociales básicas.
Desde entonces, los órganos
de fiscalización estatal y federal han señalado esta irregularidad, ya que la
Ley de Coordinación Fiscal, incluso en su reciente modificación que entró en
vigor en 2014, no considera la compra de insumos agrícolas entre las acciones
que se pueden financiar con estos recursos.
En 2014, alcaldes, diputados,
dirigentes de partidos y funcionarios del gobierno del estado de Guerrero adoptaron
una actitud beligerante ante la Federación por las modificaciones a la Ley de
Coordinación Fiscal y los lineamientos del FAISM de la Sedesol de 2014, que
endurecieron la prohibición.
Sin embargo, la Sedesol flexibilizó
su postura, según lo consignaron los diarios en abril de 2014. De acuerdo con
estas fuentes, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, ofreció a
los alcaldes de Guerrero que podrían destinar 20 por ciento del dinero del
FAISM en la adquisición del insumo, y hasta les dijo, según los periódicos, que
lo podrían comprobar bajo el concepto de “proyecto productivo alimentario” (El
Sur, 15 de abril de 2014).
También mencionó que el
gobierno federal daría “trato especial” a 12 municipios que
requerían más del 20 por ciento, ya que como se sabe, hay ayuntamientos que
gastan un porcentaje mayor de su FASIM que a veces rebasa el 50 por ciento.
Esta
concesión a los municipios de Guerrero está fuera de norma y es ilegal. Los
diarios la registraron en sus páginas a partir de una reunión a puertas cerradas
entre la titular de la Sedesol federal, el ex gobernador Ángel Aguirre y
alcaldes del estado.
Por
medio de una solicitud de información, le requerimos a la Sedesol el “fundamento
legal por el que la dependencia autorizó que los ayuntamientos de Guerrero
utilicen 20 por ciento de los recursos del fondo de aportaciones para la
infraestructura social municipal del ramo 33 en la adquisición de fertilizante.”
En
su respuesta, la Sedesol se desentendió de lo que había acordado su titular con
los ayuntamientos del estado en abril de 2014 y respondió que “esta Secretaría
de Desarrollo Social no tiene facultad de autorizar ni validar ningún tipo de
gasto por parte de los ayuntamientos municipales”.
Argumentó
que la Ley de Coordinación Fiscal en su
artículo 49 establece que “[…] Las aportaciones federales serán administradas y
ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, de los
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que las
reciban, conforme a sus propias leyes (…). En todos los casos deberán
registrarlas como ingresos propios que deberán destinarse específicamente a los
fines establecidos”.
La
Sedesol describió los rubros de gasto a los que se deben destinar los recursos
del FAISM: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización,
electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector
salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de
infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido
en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social.”
Es
decir, el acuerdo entre la Sedesol, el gobierno del estado y los ayuntamientos
que permite pagar el 20 por ciento del costo del fertilizante con recursos del
FAISM, no se sustenta en ningún documento institucional y más bien es un
acuerdo informal que jurídicamente pende de un hilo.
Las observaciones de la ASF
En
los más recientes informes de cuenta pública a los ayuntamientos de Guerrero,
difundidos por la Auditoría Superior de la Federación, este órgano fiscalizador
observó esta irregularidad e hizo las recomendaciones respectivas a las
contralorías internas de los municipios para que investiguen y apliquen las
sanciones que correspondan.
Las
sugerencias de la ASF difícilmente tendrán consecuencias, pues las contralorías
municipales están supeditadas a los alcaldes y no cuentan con autonomía, por lo
cual no se esperan ninguna investigación ni sanción a los ayuntamientos, y el
fertilizante continuará distribuyéndose de manera irregular y con observaciones
permanentes por parte de la ASF.
Para
dar una idea de lo que sucede en este rubro, el organismo fiscalizador federal revisó
en 2013 una muestra de municipios guerrerenses. De los seleccionados, Cutzamala
gastó el 78.4 por ciento de sus recursos FAISM en la adquisición de
fertilizante; Arecelia, 66.1 por ciento, Zirándaro 59.5 por ciento y
Quechultenango 55 por ciento.
Los
demás municipios revisados en 2013 fueron Zitlala, que gastó 42.7 por ciento de
su FASIM en fertilizante, Huitzuco (26.7), Olinalá (26.7), Tixtla (26.2),
Eduardo Neri (24.8), Tepecoacuilco (18.9), José Joaquín Herrera (17.3), Atoyac
(13.9), Acatepec (12.6), Petatlán (7.5) y Juchitán (3.8 por ciento del FAISM).
Todos los municipios resultaron con observaciones de la ASF, incluso los
que gastaron menos del 20 por ciento de su FAISM. Pero como muchas cosas en
Guerrero, no sucederá nada
