Se fue un gobierno opaco y simulador en la rendición de cuentas

El Sur de Acapulco

El gobierno de Ángel Aguirre Rivero fue opaco desde el primero y hasta el último día de su gobierno. A lo largo de tres años y poco más de ocho meses que duró su mandato, las políticas para promover la transparencia y el acceso a la información de las dependencias del gobierno del estado fueron inexistentes, o sólo en el papel, y los escándalos sobre presuntas acciones de corrupción se presentaron constantemente en su gobierno.

Dos hechos retratan muy bien la escasa disposición de la administración aguirrista para la transparencia y la rendición de cuentas.
En diciembre de 2012, organismos sociales y civiles presentaron ante la Secretaría de Salud una petición para vigilar los recursos de la dependencia. En esa ocasión, un representante de la Contraloría General desautorizó la solicitud argumentando que las auditorías ciudadanas no están previstas en la ley y esa función corresponde a los órganos fiscalizadores. La percepción del funcionario de la Contraloría fue muy semejante con la que operó el gobierno del estado, incluso en contradicción con su propio plan estatal de desarrollo, que mencionaba con cierta amplitud el tema de la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos.
El otro hecho que retrata la administración de Aguirre, es un compromiso de campaña para constituir un consejo ciudadano que vigilara los recursos destinados a adquisiciones gubernamentales y obra pública, como una medida para prevenir y combatir la corrupción en el gobierno.
Sin embargo, el compromiso se diluyó a través de los meses. Hasta finales de octubre de 2011, el gobernador Ángel Aguirre envió la iniciativa de decreto al Congreso del estado para su análisis y aprobación. Los diputados locales aprobaron el decreto el 7 de febrero de 2012.
A este organismo ciudadano se le tomó protesta hasta el 16 de enero de 2014, prácticamente en el último año de la administración, y a la fecha no se ha hecho público ningún resultado. Era evidente que no quería la vigilancia ciudadana.

Escándalos en los primeros meses
En Monitor de Guerrero publicamos algunas de las numerosas irregularidades que presentó la administración de Aguirre; éstas fueron únicamente la punta del iceberg, pues difícilmente se conocerá la dimensión real de la depredación de los recursos públicos, por la falta de transparencia en su gestión. 
En julio de 2011, a 100 días de que asumiera la gubernatura, la gestión de Ángel Aguirre aún no emitía ninguna política de transparencia y de rendición de cuentas, pero eso sí, los nuevos funcionarios se mostraban muy incisivos respecto de las deficiencias contables, administrativas y de rendición de cuentas que le atribuían al gobierno anterior, sobre todo en los ramos de salud y educación que manejan presupuestos millonarios.
Durante los 100 días, el gobierno del estado no publicó la información de oficio de las dependencias de la administración central y el sector paraestatal correspondiente al periodo del entrante gobernador; es más, retiró toda la información de oficio que había publicado el gobierno de Zeferino Torreblanca, y durante varios meses no la reemplazó.
Los escándalos derivados de presumibles actos de corrupción, también brotaron desde los primeros meses de la administración aguirrista.
El primero surgió de la Secretaría de Desarrollo Social, cuyo titular en 2011, David Jiménez Rumbo, pretendió desvirtuar el programa 3x1 para migrantes mediante el uso político del programa y buscando modificar la operación que se había construido en los años anteriores.
Jiménez Rumbo descalificó la operación del 3x1 con acusaciones de corrupción y desvío de recursos, pero está documentado que es uno de los programas en donde la participación ciudadana ha impedido precisamente el uso irregular de los recursos. Realmente quien buscaba darle un uso político al programa era el funcionario del gobierno del estado.
Semanas después, representantes de comités comunitarios de varios municipios denunciaron que fueron presionados por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural para obligarlos a contratar a determinadas empresas para la construcción de obras.
El programa al que se referían los quejosos era el de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA), cuyos lineamientos operativos establecen claramente que los recursos de este programa deben ser recibidos por los beneficiarios y ellos tienen el derecho a decidir de qué manera los ejercen.
En esos días también hubo denuncias en contra de funcionarios de la misma Seder, por presuntos actos de corrupción dentro del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura. La acusación fue en específico en contra de Humberto Rafael Zapata Añorve, quien, según la denuncia, visitaba a los beneficiarios de los proyectos de obras de infraestructura aprobadas y los obligaba “a que contraten la ejecución de sus proyectos con la empresa constructora que dirige Jaime Alarcón, bajo el argumento de que es un hombre de mucha experiencia y de mucha confianza del C. Gobernador”.
En noviembre de 2011 dimos cuenta en este espacio de numerosas irregularidades en el Instituto Guerrerense de Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, encontradas en el padrón de beneficiarios, donde fueron registradas y cobraban personas no elegibles del programa, y esto con la anuencia, complicidad u omisión de funcionarios del gobierno.
Al buscar más datos sobre el asunto, la dependencia no respondió en tiempo los requerimientos de información que se le hicieron, y la Contraloría General del estado tampoco entregó información de las acciones de vigilancia sobre las irregularidades, pues decían que “dicha documentación no puede ser proporcionada, debido a que el expediente de los informes está clasificado como reservado”. No se supo de ninguna sanción.

2012

La Auditoría Superior de la Federación se ha convertido en una de las pocas fuentes que documentan las irregularidades en que incurre el gobierno de Guerrero. En 2012, este organismo denunció que durante 10 años, Guerrero cometió año tras año las mismas irregularidades en el ejercicio de los recursos, pues las revisiones practicadas a los fondos y programas financiados con recursos federales en el periodo 2000-2010 mostraron “una elevada incidencia y recurrencia de las observaciones”.
Pero hacia esta tendencia también se encaminó la administración de Ángel Aguirre, ya que las auditorías de los ejercicios 2011 y 2012 revelaron que también realizaba este tipo de prácticas que infringen la normatividad federal, al ejercerse los recursos federalizados de manera irregular, no obstante las observaciones que la ASF advertía oportunamente cada año.
El sector salud fue uno de los programas más opacos del gobierno de Aguirre. Si bien la ASF había denunciado irregularidades en el gasto de este programa en la administración de Zeferino Torrreblanca Galindo, esta tendencia continuó en el de Ángel Aguirre Rivero, que nada corrigió y continuaron los manejos poco claros.
Por ejemplo, a principios de 2013 la ASF puso al descubierto diversas irregularidades en el gasto de la Secretaría de Salud del gobierno del estado, según su informe de resultados de la fiscalización superior a la cuenta pública del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del ejercicio 2011.
La mayoría de las observaciones que encontró la ASF fueron el desvío de recursos hacia conceptos no autorizados a pagarse con dinero de este fondo federal, la falta de transparencia y pagos realizados de manera irregular a empleados de la dependencia. Es decir, en la administración de Ángel Aguirre se encontraron todavía muchas de las deficiencias e inercias que se habían observado al gobierno anterior.
El sector educativo también fue de los más opacos de la administración de Aguirre Rivero. En el portal electrónico de la dependencia se publica de manera dispersa e incompleta la información de oficio a la que está obligada; no se observa una línea articulada para presentar los datos, y sólo hay acumulación de información que no es útil.
En general, se observa una intención de no presentar información relevante sobre el funcionamiento de la SEG, opacidad que es congruente con las decisiones que se toman en el interior de la dependencia y que no necesariamente se apegan a las diferentes normas del sector.
En septiembre de 2012 publicamos que a 17 meses de que asumiera la administración de Ángel Aguirre, ni siquiera se había superado lo que hizo en la materia de transparencia el gobierno estatal anterior, pues, por ejemplo, las páginas electrónicas tenían escasa información o la que publicaban estaba desactualizada o no era útil para el monitoreo y seguimiento ciudadano de las acciones gubernamentales. Todavía en esas, había dependencias que no contaban con información de oficio, como la Secretaría de Educación de Guerrero, la Procuraduría de Defensa de los Campesinos y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
En noviembre de 2012, el festival anticorrupción organizado por el gobierno del estado a través de la Contraloría General del Estado, se quedó en simulación. Sin un marco conceptual que permitiera encuadrar las actividades realizadas, las dependencias del Ejecutivo montaron mesas de exhibición para presentar ante el público información sobre los programas y acciones, pero brillaron por su ausencia las propuestas o acciones para prevenir y combatir la corrupción. Fue un festival muy colorido con información sobre el quehacer de las dependencias, pero totalmente ajeno en la práctica al tema que se anunció.

2013

En abril de 2013 publicamos que la ASF y la AGE denunciaron que en el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 2011, ni el gobierno del estado ni los municipios auditados cumplieron con las disposiciones normativas aplicables.
Los órganos fiscalizadores concluyeron que el gobierno del estado mostró carencias y muchas irregularidades en el ejercicio de 434.3 millones de pesos que recibió de la federación en 2011 para la construcción de obra pública.
Por ejemplo, la AGE encontró que al 31 de diciembre de 2011, el gobierno del estado sólo ejerció 251.8 millones de pesos, es decir apenas 58 por ciento del total. Incluso, al 31 de mayo de 2012, sólo había ejercido 62.8 por ciento.
Aunado a este subejercicio, la AGE revisó una muestra de las obras y halló que 58 por ciento estaban terminadas y el resto en proceso, y de las obras concluidas, solo 78 por ciento operaba adecuadamente, por lo que la AGE concluyó que los recursos de este fondo “no se ejercieron con eficiencia”.
En septiembre de 2013, lluvias torrenciales afectaron severamente el territorio guerrerense. Desde el mismo momento del desastre, no hubo sin embargo claridad en las acciones gubernamentales del gobierno federal, ni del gobierno de Ángel Aguirre y mucho menos de los municipales. La falta de información fue la constante antes, durante y después del desastre.
La escaramuza entre los gobiernos estatal y federal respecto de las responsabilidades de prevenir a la población con oportunidad sobre la gravedad de la tormenta tropical y lo que se venía, fue solo un ejemplo de esa falta de oficio y coordinación entre ambos órdenes de gobierno para proporcionar información suficiente, oportuna y por los canales apropiados a efecto de disminuir los riesgos entre la población.
Ninguna entidad gubernamental quiso responsabilizarse de la falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno ni de la criminal ausencia de información a la ciudadanía, antes de que comenzaran las torrenciales lluvias en Guerrero.
Esta sequía de información también se ha observado en las acciones gubernamentales y sobre todo con respecto de la ayuda que proviene de fuera del estado, ya que no hay claridad sobre los recursos que han llegado y sí muchas promesas de que se harán transparentes.
Pero la transparencia no son declaraciones ni el anuncio de números gruesos; es sobre todo la voluntad de mostrar a la ciudadanía el detalle del ejercicio de los recursos para que ésta juzgue si se están gastando bien.
La opacidad se extendió también durante la crisis política por el asesinato y desaparición de los estudiantes normalistas. Reporteros de Noticias MVS acudieron al Registro Público de la Propiedad de Chilpancingo a realizar una búsqueda de las propiedades a nombre del José Luis Abarca y su esposa “como cualquier ciudadano puede hacerlo y pagando las cuotas establecidas”. Sin embargo, les negaron la información.