Se fue un gobierno opaco y simulador en la rendición de cuentas

El Sur de Acapulco

El gobierno de Ángel Aguirre Rivero fue opaco desde el primero y hasta el último día de su gobierno. A lo largo de tres años y poco más de ocho meses que duró su mandato, las políticas para promover la transparencia y el acceso a la información de las dependencias del gobierno del estado fueron inexistentes, o sólo en el papel, y los escándalos sobre presuntas acciones de corrupción se presentaron constantemente en su gobierno.

Dos hechos retratan muy bien la escasa disposición de la administración aguirrista para la transparencia y la rendición de cuentas.
En diciembre de 2012, organismos sociales y civiles presentaron ante la Secretaría de Salud una petición para vigilar los recursos de la dependencia. En esa ocasión, un representante de la Contraloría General desautorizó la solicitud argumentando que las auditorías ciudadanas no están previstas en la ley y esa función corresponde a los órganos fiscalizadores. La percepción del funcionario de la Contraloría fue muy semejante con la que operó el gobierno del estado, incluso en contradicción con su propio plan estatal de desarrollo, que mencionaba con cierta amplitud el tema de la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos.
El otro hecho que retrata la administración de Aguirre, es un compromiso de campaña para constituir un consejo ciudadano que vigilara los recursos destinados a adquisiciones gubernamentales y obra pública, como una medida para prevenir y combatir la corrupción en el gobierno.
Sin embargo, el compromiso se diluyó a través de los meses. Hasta finales de octubre de 2011, el gobernador Ángel Aguirre envió la iniciativa de decreto al Congreso del estado para su análisis y aprobación. Los diputados locales aprobaron el decreto el 7 de febrero de 2012.
A este organismo ciudadano se le tomó protesta hasta el 16 de enero de 2014, prácticamente en el último año de la administración, y a la fecha no se ha hecho público ningún resultado. Era evidente que no quería la vigilancia ciudadana.

Escándalos en los primeros meses
En Monitor de Guerrero publicamos algunas de las numerosas irregularidades que presentó la administración de Aguirre; éstas fueron únicamente la punta del iceberg, pues difícilmente se conocerá la dimensión real de la depredación de los recursos públicos, por la falta de transparencia en su gestión. 
En julio de 2011, a 100 días de que asumiera la gubernatura, la gestión de Ángel Aguirre aún no emitía ninguna política de transparencia y de rendición de cuentas, pero eso sí, los nuevos funcionarios se mostraban muy incisivos respecto de las deficiencias contables, administrativas y de rendición de cuentas que le atribuían al gobierno anterior, sobre todo en los ramos de salud y educación que manejan presupuestos millonarios.
Durante los 100 días, el gobierno del estado no publicó la información de oficio de las dependencias de la administración central y el sector paraestatal correspondiente al periodo del entrante gobernador; es más, retiró toda la información de oficio que había publicado el gobierno de Zeferino Torreblanca, y durante varios meses no la reemplazó.
Los escándalos derivados de presumibles actos de corrupción, también brotaron desde los primeros meses de la administración aguirrista.
El primero surgió de la Secretaría de Desarrollo Social, cuyo titular en 2011, David Jiménez Rumbo, pretendió desvirtuar el programa 3x1 para migrantes mediante el uso político del programa y buscando modificar la operación que se había construido en los años anteriores.
Jiménez Rumbo descalificó la operación del 3x1 con acusaciones de corrupción y desvío de recursos, pero está documentado que es uno de los programas en donde la participación ciudadana ha impedido precisamente el uso irregular de los recursos. Realmente quien buscaba darle un uso político al programa era el funcionario del gobierno del estado.
Semanas después, representantes de comités comunitarios de varios municipios denunciaron que fueron presionados por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural para obligarlos a contratar a determinadas empresas para la construcción de obras.
El programa al que se referían los quejosos era el de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA), cuyos lineamientos operativos establecen claramente que los recursos de este programa deben ser recibidos por los beneficiarios y ellos tienen el derecho a decidir de qué manera los ejercen.
En esos días también hubo denuncias en contra de funcionarios de la misma Seder, por presuntos actos de corrupción dentro del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura. La acusación fue en específico en contra de Humberto Rafael Zapata Añorve, quien, según la denuncia, visitaba a los beneficiarios de los proyectos de obras de infraestructura aprobadas y los obligaba “a que contraten la ejecución de sus proyectos con la empresa constructora que dirige Jaime Alarcón, bajo el argumento de que es un hombre de mucha experiencia y de mucha confianza del C. Gobernador”.
En noviembre de 2011 dimos cuenta en este espacio de numerosas irregularidades en el Instituto Guerrerense de Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, encontradas en el padrón de beneficiarios, donde fueron registradas y cobraban personas no elegibles del programa, y esto con la anuencia, complicidad u omisión de funcionarios del gobierno.
Al buscar más datos sobre el asunto, la dependencia no respondió en tiempo los requerimientos de información que se le hicieron, y la Contraloría General del estado tampoco entregó información de las acciones de vigilancia sobre las irregularidades, pues decían que “dicha documentación no puede ser proporcionada, debido a que el expediente de los informes está clasificado como reservado”. No se supo de ninguna sanción.

2012

La Auditoría Superior de la Federación se ha convertido en una de las pocas fuentes que documentan las irregularidades en que incurre el gobierno de Guerrero. En 2012, este organismo denunció que durante 10 años, Guerrero cometió año tras año las mismas irregularidades en el ejercicio de los recursos, pues las revisiones practicadas a los fondos y programas financiados con recursos federales en el periodo 2000-2010 mostraron “una elevada incidencia y recurrencia de las observaciones”.
Pero hacia esta tendencia también se encaminó la administración de Ángel Aguirre, ya que las auditorías de los ejercicios 2011 y 2012 revelaron que también realizaba este tipo de prácticas que infringen la normatividad federal, al ejercerse los recursos federalizados de manera irregular, no obstante las observaciones que la ASF advertía oportunamente cada año.
El sector salud fue uno de los programas más opacos del gobierno de Aguirre. Si bien la ASF había denunciado irregularidades en el gasto de este programa en la administración de Zeferino Torrreblanca Galindo, esta tendencia continuó en el de Ángel Aguirre Rivero, que nada corrigió y continuaron los manejos poco claros.
Por ejemplo, a principios de 2013 la ASF puso al descubierto diversas irregularidades en el gasto de la Secretaría de Salud del gobierno del estado, según su informe de resultados de la fiscalización superior a la cuenta pública del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del ejercicio 2011.
La mayoría de las observaciones que encontró la ASF fueron el desvío de recursos hacia conceptos no autorizados a pagarse con dinero de este fondo federal, la falta de transparencia y pagos realizados de manera irregular a empleados de la dependencia. Es decir, en la administración de Ángel Aguirre se encontraron todavía muchas de las deficiencias e inercias que se habían observado al gobierno anterior.
El sector educativo también fue de los más opacos de la administración de Aguirre Rivero. En el portal electrónico de la dependencia se publica de manera dispersa e incompleta la información de oficio a la que está obligada; no se observa una línea articulada para presentar los datos, y sólo hay acumulación de información que no es útil.
En general, se observa una intención de no presentar información relevante sobre el funcionamiento de la SEG, opacidad que es congruente con las decisiones que se toman en el interior de la dependencia y que no necesariamente se apegan a las diferentes normas del sector.
En septiembre de 2012 publicamos que a 17 meses de que asumiera la administración de Ángel Aguirre, ni siquiera se había superado lo que hizo en la materia de transparencia el gobierno estatal anterior, pues, por ejemplo, las páginas electrónicas tenían escasa información o la que publicaban estaba desactualizada o no era útil para el monitoreo y seguimiento ciudadano de las acciones gubernamentales. Todavía en esas, había dependencias que no contaban con información de oficio, como la Secretaría de Educación de Guerrero, la Procuraduría de Defensa de los Campesinos y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
En noviembre de 2012, el festival anticorrupción organizado por el gobierno del estado a través de la Contraloría General del Estado, se quedó en simulación. Sin un marco conceptual que permitiera encuadrar las actividades realizadas, las dependencias del Ejecutivo montaron mesas de exhibición para presentar ante el público información sobre los programas y acciones, pero brillaron por su ausencia las propuestas o acciones para prevenir y combatir la corrupción. Fue un festival muy colorido con información sobre el quehacer de las dependencias, pero totalmente ajeno en la práctica al tema que se anunció.

2013

En abril de 2013 publicamos que la ASF y la AGE denunciaron que en el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 2011, ni el gobierno del estado ni los municipios auditados cumplieron con las disposiciones normativas aplicables.
Los órganos fiscalizadores concluyeron que el gobierno del estado mostró carencias y muchas irregularidades en el ejercicio de 434.3 millones de pesos que recibió de la federación en 2011 para la construcción de obra pública.
Por ejemplo, la AGE encontró que al 31 de diciembre de 2011, el gobierno del estado sólo ejerció 251.8 millones de pesos, es decir apenas 58 por ciento del total. Incluso, al 31 de mayo de 2012, sólo había ejercido 62.8 por ciento.
Aunado a este subejercicio, la AGE revisó una muestra de las obras y halló que 58 por ciento estaban terminadas y el resto en proceso, y de las obras concluidas, solo 78 por ciento operaba adecuadamente, por lo que la AGE concluyó que los recursos de este fondo “no se ejercieron con eficiencia”.
En septiembre de 2013, lluvias torrenciales afectaron severamente el territorio guerrerense. Desde el mismo momento del desastre, no hubo sin embargo claridad en las acciones gubernamentales del gobierno federal, ni del gobierno de Ángel Aguirre y mucho menos de los municipales. La falta de información fue la constante antes, durante y después del desastre.
La escaramuza entre los gobiernos estatal y federal respecto de las responsabilidades de prevenir a la población con oportunidad sobre la gravedad de la tormenta tropical y lo que se venía, fue solo un ejemplo de esa falta de oficio y coordinación entre ambos órdenes de gobierno para proporcionar información suficiente, oportuna y por los canales apropiados a efecto de disminuir los riesgos entre la población.
Ninguna entidad gubernamental quiso responsabilizarse de la falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno ni de la criminal ausencia de información a la ciudadanía, antes de que comenzaran las torrenciales lluvias en Guerrero.
Esta sequía de información también se ha observado en las acciones gubernamentales y sobre todo con respecto de la ayuda que proviene de fuera del estado, ya que no hay claridad sobre los recursos que han llegado y sí muchas promesas de que se harán transparentes.
Pero la transparencia no son declaraciones ni el anuncio de números gruesos; es sobre todo la voluntad de mostrar a la ciudadanía el detalle del ejercicio de los recursos para que ésta juzgue si se están gastando bien.
La opacidad se extendió también durante la crisis política por el asesinato y desaparición de los estudiantes normalistas. Reporteros de Noticias MVS acudieron al Registro Público de la Propiedad de Chilpancingo a realizar una búsqueda de las propiedades a nombre del José Luis Abarca y su esposa “como cualquier ciudadano puede hacerlo y pagando las cuotas establecidas”. Sin embargo, les negaron la información.

¿Aguirre promueve consulta ciudadana?

El Sur de Acapulco

Ángel Aguirre Rivero anunció hace unos días que someterá a consideración de la ciudadanía su permanencia como titular del Ejecutivo del estado. En un comunicado oficial fechado el 9 de octubre, el mandatario “anunció que presentará el lunes próximo (13 de octubre) ante el Congreso de Guerrero, la propuesta para que cuando éste y el Instituto Nacional Electoral lo decidan, se realice un referéndum para que la población decida democráticamente si permanece o no como titular del Ejecutivo estatal”.
En otro momento, esta iniciativa hubiera sido aplaudida por todos, pues ni en México y mucho menos en Guerrero, se recuerdan experiencias donde las propias administraciones gubernamentales sometan al escrutinio ciudadano el ejercicio del gobierno, o se ponga a consideración de la población las decisiones relevantes del país o del estado.
Durante los poco más de tres años de su gestión, a Ángel Aguirre nunca le interesó la opinión ciudadana en las decisiones de gobierno, ni tampoco el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana vigentes.
Pero hoy sí. En las actuales circunstancias, donde es fuertemente cuestionado, Aguirre Rivero pensó en utilizar una de las figuras de participación ciudadana, pero no para conocer lo que piensan los guerrerenses sobre su gobierno, sino para “legitimar” su estadía en la gubernatura o, en términos coloquiales, para “salvar el pellejo” ante los graves acontecimientos que vive el estado, derivados de los asesinatos de estudiantes en Iguala.

Pocas experiencias

No es fácil ubicar ejercicios reales de consulta ciudadana en el estado de Guerrero, simplemente porque no los ha habido; ha sido más fuerte y constante la centralización y el autoritarismo de los gobernantes.
Hay sin embargo algunos que no fueron promovidos desde el gobierno. Noe Rosendo Sánchez, en la revista Altamirano No 18 (octubre de 2000) recuerda que en “algunos municipios del país se ha practicado el plebiscito popular, por ejemplo en el municipio de Zumpango del Río, hoy Eduardo Neri, en 1984 la comunidad municipal empleó éste para desconocer a las autoridades municipales.”
Más recientemente, como parte de una consulta nacional, una grupo de ciudadanos y de diputados locales convocó a una consulta ciudadana en julio de 2008 sobre la reforma energética, y al parecer es el ejercicio mejor organizado y con mayor participación de ciudadanos hasta la fecha.
Entre los considerandos de la convocatoria, los organizadores señalaban que “un asunto de esta trascendencia (la reforma energética) no debe definirse sólo con la participación de los legisladores, sino que tiene que tomarse la opinión del pueblo de México mediante mecanismos de democracia directa, que ya son prácticas habituales de las democracias avanzadas del mundo, con las que la mayoría define las decisiones que deben adoptar los gobiernos”.
Para el cómputo de los votos se integró un consejo ciudadano que, al siguiente día del ejercicio dio a conocer los resultados finales de la consulta.
De acuerdo con los documentos emitidos por este consejo ciudadano, participaron 114 mil 104 personas, en un total de 654 mesas receptoras. Si se equipara con el padrón electoral de Guerrero de 2012, los ciudadanos participantes representaron 4.5 por ciento de ese padrón.
Pero más allá de estas experiencias, los sucesivos gobiernos estatales y municipales de Guerrero nunca han preguntado a los ciudadanos sobre las decisiones fundamentales que afectan a toda la población.
Tal es el caso de la presa hidroeléctrica La Parota, que los gobiernos federal y estatal han querido imponer a las comunidades afectadas.
En el documento Derecho al Territorio y a la Consulta proyecto Hidroeléctrico La Parota, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota y Tlachinollan (2011) reseñan una de las principales demandas del movimiento opositor: que el gobierno estatal acate sin restricciones la letra y el sentido de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario, así como que garantice el respeto al derecho a la consulta de los pueblos, respetando la decisión de los comuneros, que unánimemente dijeron no al proyecto.
Sin embargo, esta decisión de los pueblos no ha sido respetada.
Otro de los temas polémicos fue la despenalización del aborto. Aun cuando la comisión permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto para que el Congreso del estado de Guerrero organizara una consulta sobre este tema, ésta nunca se realizó, y la iniciativa para despenalizar el aborto fue desechada en las comisiones unidas de justicia, salud y equidad de género del Congreso local, sin haber preguntado a la población lo que opinaba sobre el tema.
El desprecio por la opinión de los ciudadanos no sólo es de los políticos guerrerenses, ya que el senador del PRI y presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna, aseguró en diciembre pasado que la reforma energética no es un tema que debe ser consultado con los ciudadanos.
“Vivimos en una democracia representativa, en donde, como representantes populares hemos ganado una elección y representamos a la ciudadanía, tenemos que tomar decisiones y muchos pensamos al interior del Senado y en la Cámara de Diputados que no es un tema que se tenga que consultar con la ciudadanía porque aplazaría decisiones fundamentales para el país“, aseveró en Noticias MVS.

Legislación sobre mecanismos de participación

En materia de leyes sobre los mecanismos de participación ciudadana, el estado de Guerrero también ha sido muy pobre.
Durante muchos años, la Constitución del estado incluyó dentro de su articulado (25) una de estas figuras de participación ciudadana. “El Poder Ejecutivo someterá a consulta de la ciudadanía, conforme a las técnicas y métodos del referéndum, los asuntos que de manera trascendente afecten el bienestar popular y reclamen importantes recursos fiscales”.
Pero ningún gobernador puso a consideración de la población algún tema al que se refiere el artículo 25 de la constitución, pues no requerían consultarlo con nadie.
También, desde 1987 estuvo vigente la Ley que establece las bases para el fomento de la participación de la comunidad, la cual proponía la incorporación de la participación ciudadana en el desarrollo social y económico del estado, en la ejecución de obras y en la prestación de servicios públicos. Sin embargo, esta ley no proponía la intervención de la ciudadanía en las decisiones relevantes de gobierno, sino que equiparaba la participación de la gente como aportación de mano de obra y “colaboración” con los gobiernos. Fue una ley que tampoco se usó.
Fue hasta 2008 cuando se aprobó la Ley de participación ciudadana del estado de Guerrero, en cuyo contenido “resaltan las figuras del plebiscito; referéndum; iniciativa popular legislativa; consulta ciudadana; colaboración ciudadana; rendición de cuentas; difusión pública; audiencia pública; recorridos de los presidentes municipales; y asamblea ciudadana, mismas que son calificadas como instrumentos medulares de los ciudadanos para participar en los asuntos públicos, al permitir a éstos, verificar y evaluar las políticas públicas”, según la exposición de motivos y consideraciones de la iniciativa de ley.
Cabe mencionar que, incialmente se propuso incluir la figura de revocación de mandato, ya que “este mecanismo le permitiría a la sociedad guerrerense someter al escrutinio y examen a sus gobernantes y representantes, y de no satisfacer su actuación en un tiempo razonable, podrían ser destituidos para que otros ciudadanos se ocupen de las responsabilidades que le fueron conferidas por medio de elección popular”. Pero al final no fue incluida la revocación de mandato en la ley que aprobaron los diputados de la LVIII Legislatura del Congreso del estado.
Sin embargo, esta ley de participación ciudadana de Guerrero ha sido letra muerta, salvo por los casos del ejercicio ciudadano realizado sobre la reforma energética de 2008, y la aprobación en 2011 de la Ley de desarrollo rural sustentable del estado, que fue ampliamente consultada con organizaciones de productores del estado.
Al respecto, Alberto J. Olvera afirma que “las leyes de participación ciudadana en los estados son deficientes en términos de establecer claras garantías para el ejercicio de los mecanismos de democracia directa. En gran medida, por esta razón ha habido muy pocas experiencias de este tipo, todas ellas fallidas. (…) la carencia de experiencias positivas habla de la dificultad de usar la democracia directa cuando en el gobierno hay una clase política que no se interesa por reformas de fondo en el orden constitucional e institucional y la sociedad civil es débil y fragmentada”.

La nueva Constitución

La nueva constitución del estado de Guerrero incluye algunos de los mecanismos de participación ciudadana y los considera como derechos ciudadanos. En el artículo 19 por ejemplo, establece que es un derecho de los guerrerenses, una vez que hayan cumplido 18 años, “participar en los procesos de referéndum, revocación de mandato, plebiscito y demás instrumentos de participación ciudadana; presentar iniciativas de ley ante el Congreso del estado, con excepción de la materia penal y tributaria; y acceder de manera efectiva a la información pública del Estado”.
Aun cuando se considera un avance la inclusión de estos derechos, la constitución también refiere que sólo el Congreso del estado y el titular del Ejecutivo estatal podrán convocar a estos ejercicios ciudadanos.
Por ejemplo, entre las atribuciones del Congreso (artículo 61), la constitución describe la de “formular solicitud al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que organice referéndum, plebiscitos, consultas populares y demás instrumentos de participación ciudadana”.
En el caso del gobernador (artículo 91), éste podrá solicitar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero la convocatoria y organización, en su caso, de referendos, plebiscitos, consultas populares y demás instrumentos de participación ciudadana”.
Asimismo, la constitución propone que sea el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado (IEPC) el encargado de organizar, desarrollar y vigilar las “elecciones periódicas, plebiscitos, referéndum y demás instrumentos de participación ciudadana”.
Al respecto, el artículo 128 describe las atribuciones del IEPC y destaca entre ellas la “organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los casos de referéndum, plebiscito, revocación de mandato, consulta ciudadana y demás instrumentos de participación ciudadana”.
Sin embargo, tanto en la constitución como en la ley de instituciones y procedimientos electorales del estado sólo se establece el órgano que organizará y operará los mecanismos de participación ciudadana, pero no describe los procedimientos ni el carácter de los resultados. De hecho, el artículo 23 de la constitución local indica que “la ley regulará los instrumentos de participación ciudadana, las formas y modalidades en que aquéllos tendrán efectos vinculantes sobre las decisiones de los poderes públicos”.
A la fecha, esta ley todavía no se escribe.

La consulta de Aguirre

El gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció que convocará a una consulta ciudadana para que decida sobre su permanencia como titular del Ejecutivo. La presión local, nacional e internacional, que lo responsabiliza de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, por acción u omisión, lo tiene con un pie y medio fuera del gobierno.
En estas circunstancias, es imposible creer que el gobierno organizaría este ejercicio de consulta ciudadana como un gesto democrático, pues claramente responde más a la presión externa que a una intención de fortalecer la democracia en el estado.
Lo mejor es que no se realice, sería muy lamentable que este tipo de ejercicios ciudadanos, sobre todo tratándose del primero que se realizaría en el estado, se perviertan desde el principio.
El de Aguirre Rivero sería el primero formalmente convocado, y detrás de él se movería una maquinaria político-clientelar y muchísimos recursos para cambiar votos por despensas, dádivas, favores políticos. Simplemente sería otra elección con los mismos vicios de siempre.