Discrecionalidad en la aplicación de sanciones en el estado

El Sur de Acapulco

La credibilidad en las instituciones pasa por el respeto a las leyes y por una efectiva y rigurosa aplicación de sanciones a quienes no las cumplen. Esto es especialmente cierto en materia de transparencia y rendición de cuentas, pues son temas muy sensibles para la ciudadanía porque se relacionan directamente con la información sobre el ejercicio de los recursos públicos. En un estado como Guerrero, la transparencia y efectividad en la aplicación del gasto hacen la diferencia entre seguir o no siendo una entidad eternamente pobre.
Si las dependencias que tienen facultades para revisar, vigilar y aplicar sanciones para que el dinero público se gaste de acuerdo con las normas, no son transparentes y no hay claridad en su exigencia de rendición de cuentas, evidentemente no generarán credibilidad.
La Contraloría del estado, la Auditoría General del Estado y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública estatal (Itaig) son organismos con facultados para aplicar sanciones en sus respectivos ámbitos, pero la información que dan a conocer públicamente al respecto siempre es muy parcial y no es posible saber con pocos datos si están aplicando la ley.
El Itaig
Una de las dependencias que tiene facultades para aplicar sanciones relacionadas con la transparencia y el acceso a la información de las dependencias públicas es el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado.
El Itaig puede imponer apercibimientos públicos y privados, y multas económicas a aquellas dependencias que no cumplen con los mínimos para difundir datos e información y para las que impidan el derecho de acceso a la información de las personas.
Sin embargo, la historia de este organismo muestra tibieza en la aplicación de sanciones, cuando no una franca omisión para asumir esta responsabilidad. Hay un testimonio publicado que describe la percepción ciudadana hacia este organismo.
“La Caipegro (como antes se denominaba al Itaig) no funciona, es una mentira, y da tristeza porque manejan muchísimo presupuesto; los funcionarios de la Caipegro no tienen autoridad, piden las cosas por favor a los funcionarios, cuando lo que deben hacer es exigir, ‘sabes qué, presidente municipal, te exijo que le des la información a este ciudadano’. Pero no, más bien nos recomiendan que la pidamos por favor, que no nos confrontemos. Pero uno no va a pelear, sólo queremos que nos den información porque la solicitamos por escrito, así queremos que nos la den, también por escrito. Pero la Caipegro tiene miedo, no funciona”. http://transparenciaguerrero.blogspot.mx/p/monitor-de-guerrero-.
De acuerdo con la respuesta a una solicitud de información presentada ante el Itaig, de junio de 2006 a julio de 2014, el organismo impuso apenas 113 sanciones, un número sin duda muy bajo si se considera la poca disposición que se ha observado históricamente en las dependencias del sector público para cumplir con lo que mandata la ley de transparencia. Sin duda, es apenas la punta del iceberg debido a que la mayoría de las personas a las que se les niega su derecho de acceso a la información, no presentan queja ante el ITAIG.
Los sujetos obligados que han recibido el mayor número de sanciones son los ayuntamientos, con 67.5 por ciento de los casos; las dependencias del gobierno del estado han sido sancionados en 28.3 por ciento del total; el Congreso del estado con 1.7 por ciento; y otras dependencias, 2.4 por ciento. Esto es congruente con las irregularidades que cometen los ayuntamientos en otros campos, como la falta de transparencia y el bloqueo a la información que derivan en un elevado número de quejas presentadas en contra de ellos ante el Itaig.
El ayuntamiento de Chilpancingo encabeza la lista de los sujetos obligados que han recibido mayor número de sanciones, con el 7.9 por ciento del total estatal, le siguen el gobierno municipal de Tixtla con 6.1 por ciento, Coyuca de Benítez con 4.4 por ciento y Tecoanapa con 3.5 por ciento de todos los casos en el estado.
En el caso de las dependencias del Ejecutivo del estado, es la Secretaría de Desarrollo Rural la que ha recibido un mayor número de sanciones, con 5.3 por ciento del total; en segundo lugar están las secretarías de Educación y de Salud, con 3.5 por ciento cada una, y en tercero la Secretaría de la Mujer, con 2.6 por ciento del total.
Si se observa el tipo de infracción por el que recibieron la sanción, destaca que en el 46 por ciento de los casos, las dependencias públicas no rindieron el informe que les exige el Itaig para conocer sus argumentos de por qué no entregaron la información a los ciudadanos, motivo de la queja.
En segundo lugar se encuentran las infracciones por no rendir su informe anual al que están obligados, con datos sobre número de solicitudes recibidas, respondidas y en trámite. Este concepto alcanzó el 21.2 por ciento de los casos.
También se registraron 8.8 por ciento de casos en los que el personal de las dependencias no orientó al ciudadano sobre su derecho de acceso a la información, lo cual es su obligación según la ley de transparencia.
Otros casos por los que se sancionó a las dependencias son porque no respondieron a las solicitudes de información en los plazos establecidos y porque no rindieron su informe pormenorizado (6.1 por ciento en cada uno de los casos).
Destaca que haya sanciones por el incumplimiento de las resoluciones del Itaig (3.5 por ciento de los casos), lo cual es un abierto desafío a la Ley. En este caso se encuentran los ayuntamientos de Chilpancingo y Mártir de Cuilapan, y la Secretaría de Salud.
También sobresale la sanción aplicada al Congreso del estado por no tener publicada toda su información de oficio. Y destaca porque sin excepción, ninguna dependencia pública de Guerrero cumple con la publicación en 100 por ciento de su información obligatoria, por lo que en todo caso, también tuvieron que ser sancionadas prácticamente desde hace ocho años que no cumplen con esta obligación.
Respecto de las penas aplicadas, la más frecuente fue el apercibimiento de los sujetos obligados, lo cual sucedió en el 53 por ciento de los casos. El apercibimiento es una forma de advertencia de la autoridad, en este caso del Itaig, para que las dependencias públicas cumplan con la ley.
El siguiente tipo de sanción fue económico, es decir, multas equivalentes a 50 salarios mínimos de la región (28.3 por ciento de los casos), la amonestación pública (8.8 por ciento) y la amonestación privada (7 por ciento).
Si se observan las sanciones por el año en que fueron aplicadas, en lo que va de 2014 se aplicaron el 36.2 por ciento del total; en 2013, se aplicaron 16 sanciones; en 2012, 17; en 2011 sólo hubo siete sanciones, y en 2010 seis sanciones.
En 2009 fueron nueve las sanciones aplicadas; en 2008, siete; en 2007, 11, y de junio a diciembre de 2006 sólo una sanción.
Sanciones fuertes
De acuerdo con un diario de Jalisco, en abril de 2014 la alcaldesa de San Martín de Hidalgo, Juana Ceballos Guzmán, fue notificada que sería encarcelada por negarse a entregar información.
Dice el periódico El Semanario sin límites, que “el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (Itei) pidió el arresto administrativo por doce horas, debido a que Ceballos no cumplió la determinación emitida en 2013, en donde se le exigía la publicación de información fundamental en el sitio web de esa localidad”.
La resolución considera que la sanción se tramitará ante la Dirección de Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, y dicha dependencia deberá “informar al Instituto sobre la ejecución del arresto dentro de los dos días hábiles en que se haya compurgado éste y en caso de que no pueda ejecutar el arresto en el domicilio señalado se deberá informar de tal circunstancia dentro de 15 días hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución”, citó el documento del Instituto.
Cabe mencionar que el Itei emitió una primera sanción por la negativa de la alcaldesa a entregar información en 2013, ésta fue una amonestación al municipio por incumplir la orden, pero no modificaron su conducta y hubo una segunda sanción equivalente a una multa de 20 días de salario mínimo.
Pasó el tercer plazo para que publicaran la información y volvieron a incumplir, por lo que finalmente se ordenó el arresto de la alcaldesa.
“No se cumplimentó en ninguna de las tres ocasiones la solventación de la información por parte del ayuntamiento, lo que hace apercibir que no hubo voluntad para cumplir con la resolución independientemente de que la ponencia, además de lo establecido en la ley fue de sobre cooperante con el sujeto obligado incluso para auxiliarlos en que la información estuviera publicada”, agregó uno de los consejeros del Itei.
La AGE
La Auditoría General del Estado es un organismo clave para el correcto ejercicio de los recursos públicos del estado de Guerrero y para el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas sociales. De su actuación depende mucho la credibilidad del sistema de revisión y fiscalización de las cuentas públicas.
Durante muchos años, la AGE no informó sobre el cumplimiento de sus funciones como órgano técnico del Congreso del Estado. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado ha obligado a este organismo a publicar información sobre su quehacer, aun cuando en algunos rubros esa apertura es parcial, como es el caso de la aplicación de sanciones a las dependencias y entidades fiscalizables que se salen de la normatividad.
Actualmente, la AGE publica una relación de 43 ex servidores públicos de ayuntamientos que se encuentran inhabilitados. Son ex presidentes municipales, ex tesoreros, ex directores de obra pública que la AGE encontró como responsables de diferentes irregularidades, sin precisar cuáles.
Asimismo, publica una relación numérica de sanciones económicas emitidas por este órgano fiscalizador de los años 2010 a 2013, pero no difunde los nombres de funcionarios ni identifica las dependencias sancionadas.
En otro apartado, publica las entidades fiscalizables que no entregaron su cuenta pública, así como aquellas que, aunque las presentaron, éstas no fueron aprobadas por el Congreso del estado.
Destaca en este punto el alto índice de cuentas públicas no aprobadas, lo que indica una falta de capacidades de los ayuntamientos para integrar estos documentos, o el desvío y la comisión de numerosas irregularidades.
Por ejemplo, en el caso de los ayuntamientos, en 2008 fueron 55 las cuentas públicas reprobadas, mientras que en 2009 se registraron 52, en 2010 los informes de cuenta pública no aprobados disminuyeron a 33, y en 2011, último año que publica la AGE, las reprobadas sumaron 42.
Contraloría del estado
No existe en el portal electrónico del gobierno del estado un apartado específico que publique las sanciones aplicadas por el órgano de control del Ejecutivo del estado; ni siquiera se dan a conocer la programación de revisiones a las dependencias ni el trabajo que realizan.
Sólo en un apartado escondido aparece una “relación de servidores públicos inhabilitados por sanciones impuestas por la Contraloría General del Estado”, que se publicó en el periódico oficial el 1 de marzo de 2011. Pero no hay más información.
El gobierno del estado, en este rubro privilegia el anuncio discrecional y político de los resultados de sus revisiones más que la publicación sistemática de esta información. Es decir, los hallazgos de estas revisiones los emplea como un instrumento de presión política.
Tal es el caso de dos intervenciones recientes, primero el escándalo de las despensas destinadas a damnificados almacenadas en el DIF, cuya investigación y resultados nunca se ha dado a conocer y se ha buscado minimizar su impacto mediático, y segundo, la adquisición irregular de un helicóptero de la Procuraduría General de Justicia del Estado “por parte de funcionarios públicos de la administración pasada”, que precisamente por tratarse de otra administración, se emplea la información a discreción para estigmatizar a funcionarios.