Fraude a los campesinos con fertilizante de pésima calidad

El Sur de Acapulco

No obstante las evidencias, los órganos de control y fiscalización del estado y la Secretaría de Desarrollo Rural hacen caso omiso a las graves irregularidades que cometen los ayuntamientos al engañar a los campesinos dotándolos de fertilizante de pésima calidad.

No es una noticia nueva, ya que los bajísimos niveles de calidad del insumo han sido denunciadas por los productores desde hace muchos años al observar los malos resultados luego de la aplicación del insumo en sus parcelas; incluso las dependencias del gobierno del estado que tienen a su cargo la normatividad y el control del programa de fertilizante (Seder y Contraloría General del estado) reconocen el engaño y la violación a las reglas de operación, pero no hacen nada por remediarlo, por lo menos no de manera pública.
El programa de fertilizante es una piñata de casi mil millones de pesos anuales -aportados por gobierno estatal, ayuntamiento y productores- que se ha salido del control gubernamental, pues nadie se hace responsable de los graves daños al suelo y agua por su aplicación desmedida, su uso clientelar y político, el gasto de recursos públicos que deberían destinarse a obra púbica y la enorme corrupción que se puede localizar sin dificultad en las licitaciones y en la entrega de fertilizante que no cumple con las especificaciones que establecen las reglas de operación.
Hoy, como en otros años en que se ha visto en riesgo por los cuestionamientos de la federación, el programa de fertilizante está en la mesa de debate teniendo muchos defensores en el gobierno del estado, los ayuntamientos y en algunos partidos políticos que dicen ayudar al campo guerrerense manteniendo un programa tan pernicioso.
Sabiendo que es electoralmente incorrecto afirmar que el programa de fertilizante subsidiado ha sido un desastre para Guerrero, esos mismos políticos que hoy defienden la permanencia del programa saben de la corrupción, el clientelismo y el enorme daño que el insumo le provoca en el suelo y el agua, y no hacen nada, mucho menos proponen cambios estructurales para usar otro tipo de insumos menos dañinos para el ambiente y que realmente contribuyan a incrementar la producción.
La compra y entrega de fertilizante de bajísima calidad es sólo uno de los eslabones que los defensores del programa no quieren ver o minimizan, pero que constituye un fraude al erario público y sobre todo un atraco a los campesinos que dicen apoyar.
Y las dependencias responsables del control, vigilancia y fiscalización del programa sólo ven cómo se deteriora el campo guerrerense sin una firme intervención.
Las muestras
Con el apoyo de la asociación civil Comunicación para el Desarrollo Comunitario (Comunica), en varias localidades de los municipios de Ayutla de los Libres y San Marcos se acopiaron muestras de suelo y fertilizante para ser enviadas a un laboratorio a efecto de ratificar o no lo que era un secreto a voces, pero que nunca se ha informado de manera oficial: que el fertilizante entregado por los ayuntamientos a los productores no coincide con las fórmulas químicas que establece la normatividad del programa.
En dichas localidades –cuyos nombres se omiten para que no afectarlas- los productores han denunciado desde hace varios años y ante diferentes alcaldes que el fertilizante ya no tiene el mismo efecto en los cultivos que antes.
A los campesinos de estos sitios, Comunica AC les propuso hacer un análisis sobre la fertilidad de sus suelos y la composición química del fertilizante, a efecto de constatar el cumplimiento o no de las normas establecidas en las reglas de operación.
Fertilizante entregado en 2013
Como parte del paquete de fertilizante que los ayuntamientos entregaron en 2013 a comunidades rurales de San Marcos y Ayutla de los Libres, se encuentra el sulfato de amonio. De éste, las reglas de operación especifican que debe contener 20.5 por ciento de nitrógeno y ser 100 soluble al agua.
Los resultados del análisis revelaron valores muy por debajo de estas especificaciones que establece la norma, de entre 4.8 y 13 por ciento, lo que indica niveles muy bajos de calidad.
En el caso del fosfato diamónico (DAP), la norma exige que debe contener 18 por ciento de nitrógeno y 46 por ciento de fósforo y ser entregado en sacos de polipropileno de 50 kg.
El laboratorio entregó los siguientes resultados al analizar el DAP: en cuanto nitrógeno, se encontraron porcentajes de entre 5 y 12.3 por ciento, mientras que en fósforo, los porcentajes variaron entre 6.2 y 15.2 por ciento, muy por debajo de lo que establece la norma, que es de 46 por ciento.
Finalmente, las reglas de operación dicen que el producto denominado fosfonitrato debe contener 33 por ciento de nitrógeno y 3 por ciento de fósforo. Sin embargo, los análisis realizados dieron como resultado valores muy variados.
Para el caso del nitrógeno, los porcentajes estuvieron entre 4.7  y 22.3 por ciento. Mientras que en las muestras acopiadas no se encontró rastro de fósforo.
Como se observa en los resultados de Ayutla y San Marcos, ninguno de los diferentes tipos de fertilizante analizados alcanzaron las los porcentajes que exigen las reglas de operación, de hecho están muy por debajo de lo que recomiendan a los proveedores.
Esto constituye una irregularidad grave que cada año se comete en contra de los productores de granos básicos, y aunque no se sabe con precisión cuántos ayuntamientos guerrerenses lo hacen, se presume que son la mayoría.
Las reglas de operación
El documento que regula la operación del programa de fertilizante describe las características técnicas de calidad y cantidad de fertilizante que debe entregarse a los productores. Por ejemplo, dice que en el caso de los fertilizantes químicos “éstos deberán cumplir con lo especificado en la etiqueta, con respecto al peso y al contenido, es decir, el porcentaje del elemento en cuestión (nitrógeno, fósforo y otro).”
Asimismo, las reglas de operación señalan que los ayuntamientos “expresarán en las bases de su licitación la exigencia de los proveedores de que el suministro de fertilizante” tenga característica muy específicas, y describe la presentación que deben tener cada uno de los productos que se entregan a los campesinos, como la composición química, su apariencia, el tipo de envase y el peso de cada saco. 
Más adelante las reglas indican que para la adquisición del fertilizante, los ayuntamientos se obligan a contratar “empresas que no estén boletinadas” por los órganos fiscalizadores y que cumplan con la norma oficial mexicana.
En este punto, cabe mencionar que pese a las irregularidades en la adquisición y distribución de fertilizante, la Contraloría General del estado y la Seder nunca han hecho pública ninguna lista de empresas boletinadas ni sancionadas.
En la normatividad también se establece que la calidad y cantidad del fertilizante que se entregue será únicamente responsabilidad de los ayuntamientos, aunque destaca que el gobierno del estado se reserva el derecho de supervisar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por lo proveedores.
Para el control y la vigilancia de la operación del programa, las reglas de operación indican que la Seder, la Contraloría  y la Auditoría General del estado son las dependencias facultadas para realizar visitas periódicas a los ayuntamientos, y podrán revisar entre otros aspectos: volúmenes recibidos y entregados a los comités locales y las especificaciones del fertilizante entregado o por entregar.
La Seder reconoce el fraude
En un cuadro de resultados que se obtuvo mediante una solicitud de información, la Seder da cuenta de los resultados del análisis a las muestras de fertilizante enviadas al “laboratorio de Chapingo”.  Aunque se le solicitó información sobre los resultados de los últimos cuatro años, la dependencia sólo entregó los resultados de marzo de 2011.
Esta información que entregó la Seder parece corresponder con los resultados que la dependencia difundió en marzo de 2012, en donde se reconoció el fraude que se comete en contra de los productores al entregarles fertilizante adulterado.
En aquella ocasión, la Seder expuso que 40 por ciento del fertilizante que reciben los campesinos guerrerenses está adulterado y no cumple con la composición que establecen las reglas de operación del programa. Esta información la obtuvo a partir de 32 muestras aplicadas por la Contraloría General del Estado en 16 municipios del estado.
Dentro de este porcentaje, la Seder destacó que en 18 por ciento del total muestreado se descubrió que el producto analizado no es fertilizante, mientras que en 24 por ciento, lo que distribuyen los ayuntamientos es algo que se asemeja al insumo.
Los resultados analizados por región indican que de las cuatro muestras tomadas en dos municipios de la zona Centro, una no es fertilizante, otra se asemeja al producto, y las otras dos sí son el producto. En la Costa Chica se obtuvieron seis muestras en tres municipios, de las cuales tres muestras se asemejan al producto, una muestra no es fertilizante y las dos restantes si corresponden al producto.
En dos municipios de la Costa Grande se obtuvieron cuatro muestras con los siguientes resultados: una muestra no es fertilizante, otra se asemeja al producto, y dos sí son fertilizante. En el caso de la Montaña, cuatro municipios fueron elegidos para ocho muestras; de éstas, tres no son fertilizante, una se asemeja al producto y las cuatro restantes si son fertilizante.
En las regiones Norte y Tierra Caliente se obtuvieron los resultados menos irregulares. En el primer caso, se tomaron cuatro muestras en dos municipios obteniéndose que una muestra se asemejaba al producto y las otras tres restantes sí correspondían al producto. En Tierra Caliente, de las seis muestras en tres municipios se obtuvo que una muestra se asemejó al producto y las otras cinco sí eran fertilizante.
A la Contraloría General del estado también se le solicitó información sobre los resultados de los análisis a la calidad del fertilizante realizados por la dependencia. Sin embargo, el órgano de control respondió que la información “no es de su competencia”, aun cuando en solicitudes de meses anteriores reconoció que sí contaba con esa información, pero que no la entregaba porque era información “reservada”.
Las reglas de operación del programa de fertilizante facultan a la Contraloría a hacer este tipo de análisis de calidad del fertilizante, por lo que no hay ningún motivo para que evada la responsabilidad de revisar los paquetes de fertilizante que se entregan y difundir los resultados cuando detecte irregularidades.
Suelos y fertilizante
Es muy probable que los ayuntamientos tampoco entreguen a los productores el tipo de fertilizante que requieren los suelos de cada región. 
Dicen las reglas de operación que de acuerdo con el pH del suelo, los ayuntamientos entregarán un paquete de fertilizante apropiado para cada terreno.
Las muestras obtenidas de las comunidades participantes en el proyecto se enviaron a la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y Ambientales de la Universidad Autónoma de Guerrero, que opera junto con la Fundación Produce de Guerrero AC un programa de análisis de suelos.
Como resultado, se encontraron en San Marcos y Ayutla suelos que van de ligeramente ácidos a ácidos; y en relación con el contenido de materia orgánica, los resultados mostraron niveles que van de bajo a óptimo.
Con estos resultados, la institución universitaria recomendó un tipo específico de fertilizante, pero en el caso de Ayutla, el presidente municipal, Severo Castro Godinez, aun cuando se le dieron a conocer los resultados de los análisis de suelo y fertilizante, se negó a proporcionar el tipo de fertilizante recomendando y responsabilizó al gobierno del estado de la baja calidad del insumo.
Cabe recordar que Castro Godínez es alcalde surgido del Partido Verde Ecologista de México, pero ni así se interesó por modificar las condiciones del uso inapropiado que se hace del fertilizante en su municipio.
Antes de reclamar airadamente a la federación por limitar el uso de los recursos del ramo33 para la compra de fertilizante, los defensores del programa deberían proponer cómo poner orden y control a este programa que siempre ha sido un desastre para el estado.

 

Con irregularidades, la cuenta pública de la Secretaría de Salud

El Sur de Acapulco
Como en años anteriores, la Secretaría de Salud de Guerrero aparece como una de las dependencias con más irregularidades en las revisiones que realizaron tanto la Auditoría Superior de la Federación como la Auditoría General del Estado a los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del Ramo 33 (FASSA) del ejercicio 2012.
Al igual que en el gobierno de Zeferino Torreblanca, en el de Ángel Aguirre, los órganos fiscalizadores encontraron irregularidades en el gasto y en la operación del sector salud, que en 2012 tuvo un presupuesto de poco más de 3 mil millones de pesos.
En el informe de la auditoría financiera con enfoque de desempeño realizada al ejercicio 2012, la ASF encontró que en la Secretaría de Salud se ejercieron 6.5 millones de pesos en conceptos no autorizados para su pago con recursos enviados por la federación para el FASSA.
Entre los gastos no autorizados destacan el festejo del Día del Odontólogo (donde se gastaron 108 mil pesos), el apoyo económico para un evento ciclista por 200 mil pesos; el pago de seguros para autos del programa de caravanas por 196 mil pesos; reparaciones vehiculares del programa de caravanas por 11 mil, y regalos por el día de la enfermera por 6 mil 500 pesos.
También hubo gastos no autorizados en el pago de autobuses para el traslado de jugadores de la selección sindical por 18 mil pesos, el aseguramiento de los vehículos asignados al Instituto Estatal de Cancerología por 3 mil 200 pesos y la renta de sanitario portátil para cubrir el evento del 202 aniversario de la proclamación de la independencia, donde se gastaron 142 mil pesos.
Otros gastos no autorizados son un donativo al Instituto Estatal de Cancerología por 139 mil pesos y otro al Instituto Estatal de Oftalmología por 17 mil pesos; arbitraje médico por 65 mil pesos y compra de equipos de vacuna antirrábica canina para la inmunización activa de perros y gatos, por 5.6 millones de pesos.
Como resultado de los gastos no autorizados que efectuó la Secretaría de Salud con dinero del FASSA, la ASF determinó la presunción de un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por un monto de 6.5 millones de pesos.
Adicionalmente, la ASF advirtió que este tipo de irregularidades también fueron encontrados en la revisión de la cuenta pública del año 2011.
En cuanto a gastos de operación, el informe del órgano fiscalizador federal subrayó que la Secretaría de Salud del estado no presentó documentación comprobatoria por 30.2 millones de pesos, aunque con la intervención de la ASF, el gobierno del estado proporcionó documentación comprobatoria por 28.5 millones de pesos.
Sin embargo, en este rubro también se observaron erogaciones en conceptos no autorizados para su pago con recursos del FASSA por 102 mil 400 pesos y que no corresponden a los objetivos del fondo, además de que está pendiente de aclararse un monto de 1.6 millones de pesos, por lo que la ASF expresó que se presume un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por un monto de 1.7 millones de pesos.
En cuanto a la plantilla de personal, la ASF revisó una muestra de 25 expedientes de personal con categoría de médico especialista financiados con recursos del FASSA y verificó que 12 servidores públicos no contaban con la documentación que acreditara el perfil académico correspondiente y 76 expedientes no fueron proporcionados por la Secretaría de Salud, lo que ocasionó pagos no justificados de sueldos por 31.2 millones de pesos, y la falta de documentos no permitió verificar la relación laboral y que las remuneraciones se ajustaron a lo pactado.
En este rubro también se advirtió reincidencia, toda vez que fue observado por la ASF en la revisión de la cuenta pública 2011. El estado, con la intervención de la ASF, proporcionó las 12 cédulas profesionales, pero está pendiente lo referente a los 76 expedientes no proporcionados, por lo que la Contraloría General del Estado de Guerrero inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, cuenta bancaria del fondo, por el pago de remuneraciones con recursos del FASSA a personal que no cuenta con su expediente que acredite su perfil académico, lo que ocasionó pagos no justificados por concepto de sueldos, ya que impidió verificar la relación laboral y que las remuneraciones se ajustaron a lo pactado.
Plantilla y nómina
De acuerdo con el informe de la ASF, no existe congruencia entre las plazas registradas y autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las consideradas en nómina por la Secretaría de Salud, ya que se encontraron en nómina 120 plazas no autorizadas y en contraparte, no se ocuparon cinco plazas autorizadas por la SHCP.
Asimismo, la Secretaría de Salud realizó pagos con recursos del FASSA por 2.2 millones de pesos a 149 servidores públicos posteriores a la fecha de su baja; esta irregularidad también se repitió, ya que fue observada por la ASF en la revisión de la cuenta pública 2011, aunque con la intervención de este órgano se solventó lo observado.
Al revisar las licencias por comisión sindical con goce de sueldo otorgadas por la Secretaría de Salud a 72 servidores públicos, se verificó que las autorizaciones se emitieron de manera extemporánea, por lo que se realizaron pagos no autorizados con recursos del fondo por poco más de nueve millones de pesos. Si bien el gobierno del estado durante la auditoría proporcionó documentación que justifica la autorización extemporánea de comisiones sindicales, la Contraloría General del Estado inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas.
Por otra parte, en la revisión de una muestra de 118 contratos de personal eventual financiados por el FASSA, se encontró que la Secretaría de Salud realizó pagos improcedentes por 31.2 millones de pesos, toda vez que no proporcionó 69 contratos y los 49 restantes no se formalizaron. Cabe mencionar que el gobierno del estado, luego de la intervención de la ASF, justificó 50 contratos, pero quedan pendientes 68 contratos por un monto de 10.1 millones de pesos, por lo que se presume un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por esa cantidad.
Asimismo, la ASF solicitó que el gobierno del estado de Guerrero aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 152.9 millones de pesos porque no se logró identificar el importe de pago del impuesto sobre la renta del FASSA, y lo emplazó a que en caso de no lograr su justificación o respaldo documental, el gobierno del estado procederá al entero de recursos al fondo.
La ASF también descubrió que la Secretaría de Salud no reportó retenciones de las cuotas y aportaciones de seguridad social (ISSSTE) correspondientes a las remuneraciones pagadas al personal financiado con recursos del FASSA, quedando pendientes de enterar 33.7 millones de pesos, por lo que se promovió el ejercicio de la facultad de comprobación fiscal para que el ISSSTE audite a la Secretaría de Salud a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no presentó evidencia del entero.
La Secretaría de Salud realizó pagos por concepto de impuesto sobre nóminas por 34.6 millones de pesos con recursos del FASSA 2012, concepto no contemplado para su pago con recursos del fondo.
Licitaciones
En materia de licitaciones, la Secretaría de Salud realizó 11 adjudicaciones directas para la compra de medicamentos con recursos del FASSA 2012, pero lo hizo sin considerar un proceso licitatorio que garantizara las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad, financiamiento y transparencia.
Por otra parte, en la revisión de siete procesos de invitación de cuando menos tres personas, se observó que la Secretaría de Salud no se ajustó al procedimiento de adjudicación, ni realizó las juntas de aclaraciones de apertura, de propuestas técnicas y económicas; además, no consta en el expediente el fallo mediante el cual se observen las causas por las cuales se determinó al proveedor ganador.
La dependencia no aplicó penas convencionales (60 mil pesos) a los proveedores que no cumplieron sus compromisos, por lo que se presume un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal
Finalmente, con la revisión de una muestra de 157 recetas proporcionadas por las unidades médicas, se constató que no fueron requisitadas en su totalidad y no existe evidencia de que los medicamentos hayan sido entregados, ni de que los faltantes se surtieron posteriormente.
La ASF reportó que la Secretaría de Salud envió a la SHCP la información del formato único, a nivel fondo e indicadores; sin embargo, la información no se puso a disposición del público en general en el periódico local del estado ni en su página de internet; asimismo, la información que remitió carece de congruencia y calidad.
La revisión de la AGE
La Auditoría General del Estado también realizó a la Secretaría de Salud y en el mismo ejercicio una auditoría financiera y de cumplimiento.
Entre las irregularidades que encontró la AGE, destaca que en la dependencia no se tienen lineamientos específicos para detectar los medicamentos de lento o nulo movimiento que permitan, en su caso, promover su desplazamiento a otras unidades médicas que los requieran y, así, prevenir su eventual caducidad.
Asimismo, se encontró que el abasto de insumos médicos y medicamentos en los centros de salud de la región de la Montaña no se realiza en tiempo y forma.
Otra observación de la AGE fue que en la revisión de una muestra de 150 recetas médicas, se encontró que fueron recetados 343 medicamentos, de los cuales, 95 no fueron entregados y ocho no corresponden al cuadro básico de medicamentos.
En general, la AGE considera que el gobierno del estado de Guerrero no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, en lo relativo al objetivo antes citado.
Cuentas públicas
La Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado de Guerrero establece que la Auditoría General del Estado debe entregar al Congreso del estado un informe anual de resultados de la revisión de las cuentas públicas.
Dice el artículo 38 de dicha ley que este informe tendrá carácter público y deberá difundirse en la página de internet de la AGE.
Entre otros datos, el informe que debe publicar el órgano fiscalizador deberá contener las auditorías practicadas, los dictámenes de revisión de cada auditoría, y la propuesta de calificación de las cuentas públicas; la evaluación y resultados de la gestión financiera; la evaluación del desempeño en el cumplimiento y grado de avance dado al plan estatal de desarrollo y a los planes municipal de desarrollo, respectivamente, así como los programas aprobados en relación con la consecución de sus objetivos y metas.
Asimismo, el informe de la AGE debe contener información sobre el cumplimiento dado a las leyes de ingresos y a los presupuestos de egresos, estatales y municipales; el dictamen que establezca el monto de los presuntos daños y perjuicios a la hacienda pública estatal o municipal, o al patrimonio de las entidades fiscalizables, que se hubieran detectado durante el proceso de fiscalización; los pliegos preventivos de observaciones que haya emitido, con las solventaciones, justificaciones o aclaraciones que las entidades fiscalizables hayan presentado.
También el documento deberá contener los procedimientos de responsabilidades iniciados y el número de denuncias de hechos instauradas, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.
Sin embargo, el informe anual de resultados de la revisión de la cuenta pública 2012, que se obtuvo mediante una solicitud de información porque no se localizó en la página electrónica de la AGE, no contiene toda la información importante que exige el artículo 39 de la ley de fiscalización ni tampoco se presenta en un sitio accesible de su página electrónica. Es un informe que aún no se hace público como lo establece la ley.

Acapulco y Chilpancingo, opacos en el gasto federalizado

El Sur de Acapulco

Los ayuntamientos de Acapulco y Chilpancingo obtuvieron dictámenes negativos en las auditorías financieras y de cumplimiento aplicadas a  los recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal (Fortamun) del ejercicio 2012, en donde la Auditoría General del Estado consideró que ambos municipios no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables.
Esta información no es una filtración, sino la realidad de la rendición de cuentas en  Guerrero, que a los diputados del Congreso del estado les incomoda difundir entre la ciudadanía.
Los datos provienen del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, que se publica en el portal electrónico de la Auditoría Superior de la Federación http://asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Paginas/Master.htm, y forma parte del programa de auditorías del ejercicio 2012, que en el caso de Guerrero incluyó la revisión del ejercicio de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal en tres municipios (Chilapa, José Joaquín Herrera y Quechultenango), así como del Fortamun en los ayuntamientos de Chilpancingo y Acapulco, es decir, los dos municipios que reciben los mayores montos de recursos provenientes de la Federación en el estado de Guerrero.
En el caso de Acapulco, la federación envió 352.8 millones de pesos del Fortamun, que representaron 7.6 por ciento del total de los recursos obtenidos por el municipio en 2012.
Esta inversión se distribuyó principalmente al Subsemun (15.6 millones), saneamiento financiero (96.1 millones), “dignificación salarial” (pago de nómina) (153.8 millones), adquisiciones (12.1 millones), programas especiales de seguridad y prevención del delito (18.1 millones), protección civil (16.7 millones); proyectos especiales de infraestructura de bacheo (18.9 millones) y alumbrado público (10.4 millones de pesos).
En este periodo, la AGE determinó 15 resultados con observación, entre ellos, que el ayuntamiento no presentó documentación comprobatoria por 68 millones de pesos; 2.9 millones se pagaron en un obra que reportó nulo avance en su programación; 198 mil pesos por pagos improcedentes en una obra, y 29 mil pesos por la falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones por incumplimientos; todo lo anterior, en detrimento de los beneficios esperados del fondo para el municipio.
Asimismo, el ayuntamiento de Acapulco no presentó la evidencia documental que acredite la entrega de los informes trimestrales del ejercicio fiscal 2012 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el destino, ejercicio y resultados del fondo. También sobre el tema de transparencia, el municipio no hizo del conocimiento de sus habitantes, al inicio del ejercicio, el monto recibido del Fortamun del año 2012, las obras y acciones por realizar, su costo, ubicación, tipo de obra, metas y beneficiarios, ni al término del ejercicio reportó los resultados alcanzados, como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal.
Lo anterior significa que el municipio de Acapulco no sólo fue opaco con la ciudadanía que lo eligió, sino que también omitió información estratégica a las dependencias que controlan el gasto.
El ayuntamiento tampoco presentó la autorización del Congreso del estado para la adquisición de deuda pública y la evidencia documental que acredite que la inscribió en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios.
Al revisarse las nóminas pagadas con recursos del Fortamun, se constató que el municipio de Acapulco no enteró a la instancia respectiva las retenciones del Impuesto Sobre la Renta.
El municipio no presentó los expedientes y documentación comprobatoria de 16 obras por un monto total de 10.8 millones de pesos, no obstante que en la balanza de comprobación y el reporte de avance físico-financiero, registró estos recursos el monto total ejercido.
Igualmente, el ayuntamiento no presentó el expediente técnico o unitario de una acción reportada con un avance nulo por 2.9 millones de pesos.
Una obra revisada no cumplió con el plazo de ejecución de los trabajos, ya que durante la visita de campo se encontró inconclusa, además de que no existe evidencia de que el municipio haya aplicado las sanciones correspondientes al contratista debido al retraso en la ejecución de los trabajos.
En la obra de rehabilitación del centro de salud en la colonia Cumbres de Llano Largo, se realizaron pagos improcedentes por 198 mil 500 pesos.
Chilpancingo
Los recursos del Fortamun destinados al municipio de Chilpancingo fueron por 107.9 millones de pesos y representaron 20.3 por ciento de los ingresos totales del municipio.
La AGE consideró que el control interno para la gestión del fondo fue deficiente, ya que las estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de la mayoría de las actividades fueron insuficientes, lo que afectó el cumplimiento de su objetivo, la observancia de la normativa y la transparencia en la operación del Fortamun.
El órgano fiscalizador local agregó que el municipio realizó una gestión inadecuada de los recursos del fondo, ya que se determinaron irregularidades por 11.8 millones de pesos, además de que no dio a conocer entre los habitantes, como lo marca la ley,  el monto recibido, las obras, su costo, ubicación, metas y beneficiarios.
Entre las irregularidades detectadas destacó que el municipio carece de la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones de los recursos del fondo por 3.1 millones de pesos. Asimismo, no presentó la documentación comprobatoria -con requisitos fiscales- por el pago de alimentos del personal operativo de seguridad pública por 255 mil pesos.
El municipio presentó facturas por el arrendamiento de camiones, equipo para recolección de residuos sólidos y patrullas por 1.1 millones de pesos a nombre de la empresa arrendadora, cuando debían ser a nombre del ayuntamiento.
Igualmente no enteró las retenciones salariales de los meses de octubre y noviembre de 2012 a la instancia correspondiente, por 1.1 millones de pesos. Además, no presentó los contratos firmados que demuestren el consentimiento de los trabajadores para que se genere el descuento.
El municipio pagó recargos por 55 mil pesos por el envío extemporáneo de las contribuciones del 2 por ciento del impuesto sobre nómina a la Sefina, además de que pagó 277 mil pesos de sueldos y salarios a comisarios, sin presentar la documentación comprobatoria.
También se encontró que los recibos de nómina de los salarios pagados con recursos del fondo no disponen de la firma que acredite la recepción del pago por 898 mil de pesos. Asimismo, pagó 794 mil pesos a trabajadores que no fueron localizados en su área de trabajo.
Un asunto muy grave es que durante la revisión se detectó que el ayuntamiento de Chilpancingo careció en 2012 de un programa de seguridad pública que orientara sus acciones en esta materia.
En otro asunto, el municipio no presentó los expedientes técnicos de 26 obras, por 3.3 millones de pesos, lo que impidió verificar la congruencia entre las cantidades de obra pagadas y las ejecutadas y el nivel de cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Adicionalmente, el ayuntamiento no presentó el expediente técnico y unitario del servicio de rehabilitación y mantenimiento de la red de alumbrado público, que acredite los trabajos realizados por 600 mil pesos.
Finalmente, se encontró que el municipio adquirió vehículos y luminarias por un millón de pesos con un proveedor cuya actividad comercial no corresponde con su registro ante la SHCP.
Por una rendición de cuentas ciudadana
Más allá de la disputa política y mediática entre diferentes grupos dentro del Congreso del estado por la captura y el control de la fiscalización superior en el estado, el resultado de las revisiones al ejercicio de los recursos de las dependencias públicas y ayuntamientos guerrerenses, por la AGE o la Auditoría Superior de la Federación, sigue colocando en entredicho la rendición de cuentas en el estado y ratifica la persistencia del manejo irregular de los recursos.
No vale que los diputados y otros funcionarios protesten airadamente por la “filtración” de los informes de cuenta pública de algunos ayuntamientos, cuando es una de las escasas formas  que tienen los ciudadanos de enterarse de las irregularidades en el ejercicio de los recursos ante la opacidad de quienes los ejercen.
Cuando un gobierno realiza buenas prácticas y es transparente no teme a las filtraciones ni a auditorías institucionales ni al escrutinio ciudadano. Quienes desviaron recursos en su gobierno, sean diputados, alcaldes, gobernadores, regidores o funcionarios,  sospecharán en todo momento que hay ofensivas políticas en su contra.
Por ello es ya muy indispensable que la fiscalización de los recursos no sólo esté en manos de los políticos, sino que comiencen a pensarse y diseñarse mecanismos de intervención ciudadana. Si no es así, la rendición de cuentas siempre estará en entredicho.
Pero ésta será una lucha que deberá darse desde la ciudadanía, pues la clase política no legislará en favor de la transparencia –a menos que sea un mandato constitucional, como fue el caso de la ley de transparencia- ni establecerá mecanismos eficaces para la rendición de cuentas hacia los ciudadanos.
Por fin
Recientemente se publicaron en el periódico oficial del estado los montos y el calendario de ministraciones del FISM y del Fortamun, que son los recursos que llegan directamente a los municipios de Guerrero provenientes de la federación. Esta información que debió publicarse antes del 31 de enero, según la Ley de Coordinación Fiscal, el gobierno del estado la dio a conocer hasta marzo –aun cuando la fecha del periódico oficial del estado es de enero-.
En 2014 se invertirán en el FISM 4,409.5 millones de pesos destinados a los 81 municipios de la entidad. Destaca por sus mayores montos, Acapulco, que recibirá 492.2 millones de pesos, Chilapa con 224.9 millones, Chilpancingo 151.7 millones, Ayutla de los Libres con 144.4 millones y Acatepec 141.5 millones. Estos cinco municipios se llevan una cuarta parte del monto total del estado que se destina a obra pública municipal.
En el caso del Fondo para el Fortalecimiento Municipal, el monto global para el estado de Guerrero es de 1,730.2 millones de pesos. Acapulco es el municipio que en 2014 recibirá mayores recursos de este fondo con 403.3 millones de pesos, Chilpancingo, con 123.4 millones, Iguala, 71.6 millones, y Chilapa, con 61.6 millones y Zihuatanejo 60.3 millones de pesos.
Para que los ciudadanos conozcan el monto de los recursos que envió la federación a su municipio para obra pública, consultar: http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/?paged=11
Trampas en el decreto de consejeros
El Congreso del estado publicó el decreto número 443 por el que se designa a los consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Guerrero.
Es curioso, pero el documento parece incluir algunos párrafos que responden o quieren invalidar los argumentos por los que se cuestionó la legalidad y legitimidad de la decisión de los diputados.
Por ejemplo, innecesariamente buscan destacar el número de mujeres que participaron en cada etapa del proceso de selección, cuando el espíritu de la ley de transparencia, al reclamar equidad de género, se refiere a la integración final del ITAIG, no a las fases previas.
Asimismo, al describir el currículo de Roberto Rodríguez Saldaña, con alguna ingenuidad colocan su última actividad laboral en los siguientes términos: “Catedrático, impartiendo la materia de Teoría General del Derecho. Universidad Autónoma de Guerrero. Actualmente”.
Su cargo de director de la Unidad Académica de Derecho de la UAG, que desempeñó de 2010 a 2014, y por la cual se le cuestionó, aparece en medio de otras actividades menos importantes, como buscando esconder su reciente desempeño como servidor público y que lo hacía inelegible para ser consejero.
En este tenor, en el currículo de Crescencio Almazán Tolentino se omite inexplicablemente uno de los cargos públicos más relevantes que ha desempeñado el hoy consejero, como es la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Social, cargo por el cual se le impugna porque no renunció a tiempo.