El gobierno del estado nuevamente desacató la Ley de Coordinación Fiscal porque a la fecha no ha publicado el monto de los recursos correspondientes a los municipios por concepto de obra púbica y fortalecimiento municipal.
De acuerdo con los artículos 35 y 36 de dicha norma, el Ejecutivo del estado deberá dar a conocer en el periódico oficial del estado, antes del 31 de enero, el presupuesto del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Fortalecimiento municipal (Fortamun) y su distribución entre los municipios de la entidad.
Sin embargo, al 17 de febrero ni en la página del periódico oficial ni en la dirección electrónica de la Consejería Jurídica del Ejecutivo ha sido publicada esta información, incluso en las oficinas del periódico oficial nadie sabe cuándo se publicarán.
La información sobre los recursos que se destinarán a la obra pública municipal y al fortalecimiento municipal en 2014 es muy relevante, pues tanto los ayuntamientos como las y los guerrerenses, con estos datos, tienen un referente sobre de los montos que ejercerán los 81 municipios, especialmente del FISM, que son los recursos más importantes provenientes de la federación que reciben los municipios para inversión en infraestructura básica.
Con esta información, las comunidades guerrerenses, sus autoridades locales, comisarios municipales, delegados, comisariados ejidales, integrantes de comités de obra y ciudadanos en general, pueden conocer cuánto se destina a su municipio y exigir cuentas a los ayuntamientos sobre el ejercicio de estos recursos.
Opacidad en el presupuesto de egresos
Los recursos del FISM tampoco se pueden consultar en el presupuesto de egresos del estado del ejercicio 2014, simplemente porque el gobierno del estado tampoco ha publicado ese documento, aun cuando hay una liga electrónica en el periódico oficial, pero sin la información correspondiente.
Por su parte, el Congreso del estado, aunque el 21 de diciembre emitió un boletín en el que asegura que “el Congreso de Guerrero aprobó, en sesión plenaria, el Paquete Económico 2014 que considera un Presupuesto de Egresos que asciende a 42 mil 417.8 millones de pesos”, el decreto que contiene dicha información tampoco aparece publicado en su portal electrónico.
En ambos casos, la ley de transparencia del estado, la ley general de contabilidad gubernamental y el propio decreto del presupuesto obligan a estos poderes del estado a hacer público ese documento. Pero no ha sido así.
El único referente que hasta hoy está disponible para tener un dato aproximado del monto total de los recursos del FISM y del Fortamun es la Ley número 435 de ingresos del estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2014, en la cual se pronostica que la federación enviará recursos por 4,638.9 para el caso del FISM.
Cabe destacar que de acuerdo con los decretos de presupuestos de egresos del estado de los últimos tres años, de manera global los municipios guerrerenses se repartieron 3,149.2 millones de pesos en 2011, al siguiente año fueron 3,865.2 millones y en 2013 la cifra alcanzó los 4,097.4 millones.
Para el caso del Fortamun, en la ley de ingresos del ejercicio 2014 se previeron 1,768 millones de pesos. Si se compran con los montos del último trienio, el presupuesto de egresos de 2011 consideró 1,429.7 millones, en 2012, 1,513.5 millones y en 2013, 1,614.1 millones de pesos.
Todas estas cifras son aproximadas, ya que no existen datos precisos y públicos, aun cuando ya es amplia la normatividad acerca de dar a conocer este tipo de información, y que en Guerrero todavía se escatima abierta.
FISM y Fortamun, directos a municipios
Tradicionalmente, las transferencias federales han representado la principal fuente de recursos con que cuentan las entidades federativas y los municipios, ya que el porcentaje de estos recursos en la mayoría de los municipios es de más de 95 por ciento.
En México, existen dos grandes rubros de transferencias federales: las participaciones o ramo 28, con una finalidad resarcitoria (aquellos estados que recauden más impuestos recibirán más recursos), y las aportaciones o ramo 33, con objetivos compensatorios (que se asignan de acuerdo a los rezagos y necesidades que presentan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura y desarrollo social).
Respecto de los recursos del ramo 28, los estados y municipios deciden libremente su ejercicio, por lo general, se utiliza para pagar a los empleados y funcionarios de los gobiernos estatal y municipales, energía eléctrica, gasolina, papelería, renta de oficinas y en cualquier producto o servicio que sirva a los gobiernos para cumplir sus objetivos.
Con los recursos del ramo 33 se financian obras y acciones específicas, son recursos que vienen etiquetados o condicionados a cumplir determinados objetivos.
El ramo 33 se compone de ocho fondos, pero sólo dos se destinan directamente a los municipios: el FISM y el Fortamun. De manera específica, el FIMS fue creado para inversiones en obras de agua potable, drenaje, energía eléctrica, caminos rurales, mejoramiento de vivienda popular y alcantarillado, entre otras obras básicas. No se puede usar para salarios de funcionarios ni otros usos no autorizados.
La experiencia de Oaxaca
En el estado de Oaxaca existe una experiencia casi única en el país relativa a la gestión, vigilancia y rendición de cuentas de los recursos de los ramos 28 y 33; esta modelo de participación es promovido por el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, una organización nacida en California, Estados Unidos, para atender las demandas de los migrantes, y que extendió su acción hacia las comunidades de origen de esos migrantes.
Además de los logros de sus luchas en el país del norte, en varias regiones de Oaxaca han promovido opciones en las comunidades de origen para contrarrestar la migración.
El trabajo más fuerte del FIOB en Oaxaca se centra en la gestión de las obras de infraestructura social, es decir, agua potable, electrificación, construcción de puentes, pavimentación, drenaje, escuelas, que son obras de mayor importancia para las comunidades.
“También estamos preocupados en la implementación de proyectos que generen empleos para las comunidades, pero mientras no se tenga agua potable, energía, escuela, no podemos pasar a esa etapa de pensar en un empleo”, afirmó Bernardo Ramírez Bautista, coordinador de esa agrupación.
Hace 13 años, el FIOB comenzó a trabajar esta vertiente con las autoridades municipales, especialmente con la gestión de información de los recursos del Ramo 28 y Ramo 33.
“Consideramos que la clave está en llevar la información a la gente para que tengan conocimiento de cómo hacer el reclamo de estos recursos para su comunidad, qué proceso se debe llevar a cabo”, consideró Ramírez Bautista.
Uno de los logros de esa y otras organizaciones fue la modificación de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Oaxaca, a efecto de que las localidades de los municipios reciban y administren directamente recursos de los ramos 28 y 33 (“Las Agencias Municipales y de Policía recibirán mensualmente de los Ayuntamientos, los montos que el propio Ayuntamiento destine en su presupuesto de egresos a cada una de ellas, de los recursos que ingresen a la hacienda municipal, derivados de participaciones federales, fondos de aportaciones federales, impuestos, productos, derechos y aprovechamientos municipales, a través de sus autoridades municipales auxiliares”).
Afirmó el coordinador del FIOB que a principio de cada año van a las localidades e informan sobre estos fondos. “Convocamos a un taller una vez que tenemos el periódico oficial (con la asignación de recursos para cada municipio) y el censo del INEGI (para conocer el número de habitantes de cada localidad). Con estos documentos decimos a la gente cuántos recursos corresponden a su comunidad, esto para darles la herramienta que les permita negociar con los alcaldes”.
La exigencia de información y transparencia en los gobiernos municipales son temas clave en los que más se ha involucrado el FIOB. “Siempre hemos dicho que pelearemos por que los recursos lleguen a nuestra comunidad, pues a ella corresponden, y también buscamos involucrar a las autoridades para que sean parte del Consejo de Desarrollo Social Municipal, a efecto de que ellos se enteren, para que exijan saber dónde se está aplicando el recurso.
Finalmente, entre los compromisos que tienen las autoridades auxiliares es la rendición de cuentas, aseguró el coordinador del FIOB, es decir deben decir y justificar a su comunidad en qué se gasta el recurso del ramo 28 que reciben y las obras que construyen de manera directa con el FISM del ramo 33.
En Guerrero, nada
En Guerrero, no se tiene una legislación que permita a las localidades rurales del estado recibir y administrar de manera directa los recursos de los ramos 28 y 33. Es más, ni siquiera se les consulta ni mucho menos se permite su participación en la programación, ejecución y evaluación de las obras, aun cuando el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal federal así lo exige.
Tampoco se sabe de alguna organización estatal que impulse este tipo de demandas ni se conocen experiencias en las que las comunidades rurales guerrerenses hayan presionado y logrado que los ayuntamientos les distribuyan recursos para la construcción de obras.
En Guerrero lo que sí se ha visto cada año son movimientos muy localizados en los municipios donde las personas, encabezadas por sus comisarios municipales, expresan su descontento por la falta de construcción de obra pública, porque se realizan sin calidad o porque los recursos públicos se ejercen sin transparencia.
Sin embargo, estos movimientos regularmente no trascienden más allá de la manifestación de un descontento, en parte porque las dependencias públicas a donde acuden los inconformes (Auditoría General del Estado, Contraloría del estado y Congreso local) no les resuelven nada, en parte porque no hay una legislación fuerte que obligue a los ayuntamientos a distribuir recursos y a sancionarlos si no lo hacen, y tampoco porque no hay una articulación entre los diferentes movimientos.
En el estado tampoco se logra la vigilancia ciudadana de los recursos públicos que se emplean en la construcción de obras, pues los instrumentos que prevé la normatividad para este fin, el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, los vocales de control y vigilancia y los comités de obra, simplemente no funcionan o están cooptados por los ayuntamientos.
Los recursos destinados a obra pública municipal en Guerrero están pues a merced de la discrecionalidad de los alcaldes, que los ejercen sin transparencia ni eficacia, por lo que los beneficios que llegan a la población son magros.
Sigue las sorpresas en el ITAIG
El órgano garante de la transparencia en Guerrero, ejemplo que debería ser de administración eficiente, eficaz y transparente, da otra vez la nota negativa. En esta ocasión, están involucrados los tres ex consejeros del organismo.
Un primer caso fue el enroque que se dio entre el ITAIG y la Unidad Académica de la UAG, pues horas después de que Roberto Rodríguez Saldaña tomara posesión como nuevo consejero, renunció al cargo de director de la Unidad Académica de Derecho de la UAG y lo cedió al consejero saliente del ITAIG, Ernesto Araujo Carranza.
El otro escándalo fue la noticia de que los tres ex consejeros se autorizaron (al estilo en que lo hacen los diputados) un bono de retiro de casi un millón de pesos para cada uno.
Lo curioso es que dos de ellos) María Antonia Cárcamo Cortez y Marcos Ignacio Cueva González) participaron de manera ilegal en la convocatoria abierta para la elección de nuevos consejeros y en sus exposiciones enfatizaron precisamente la falta de presupuesto en el instituto como un obstáculo para mejorar los niveles de transparencia en el estado.
Hoy, los nuevos consejeros trabajarán con un presupuesto reducido; ojalá eso no sea pretexto para que continúen la grosera inactividad de sus antecesores.
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