Hasta ayer lunes, la Comisión de Gobierno del Congreso del estado había entrevistado a 14 de los 22 aspirantes a ser consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Guerrero (ITAIG)que los diputados seleccionaron para la segunda etapa.
El proceso de selección de los tres consejeros del órgano garante es importante para el estado porque de la decisión que tomen los legisladores guerrerenses dependerá en alguna medida lo que suceda en materia de transparencia y rendición de cuentas en los próximos años, y además descubrirá si realmente hay una vocación democrática o autoritaria de los diputados al conducir un proceso abierto y transparente o uno en el que se privilegian los criterios políticos antes que los profesionales.
Se trata de un ejercicio en el que por vez primera se abrieron al público las entrevistas de los diputados con los aspirantes, por lo que, quien lo ha querido, ha podido enterarse quiénes son las o los candidatos con mejores condiciones para desempeñar tan importante cargo.
Sin embargo, para que estas entrevistas públicas sean realmente parte de un proceso transparente y abierto a la ciudadanía, la decisión de los diputados de la Comisión de Gobierno y del propio pleno del Congreso debe coincidir en lo esencial con la opinión de quienes estuvimos presentes en las presentaciones de los aspirantes, pues no debería haber diferencias para señalar a aquellos candidatos o candidatas que durante las entrevistas mostraron conocimiento, experiencia y actitud para ejercer el cargo.
Si esta coincidencia no se produce, estaremos hablando de que sólo se trató de un acto en el que sólo se simuló un proceso transparente y así habrá de denunciarse.
Los funcionarios
Sin ninguna explicación, el Congreso del estado, en su primera revisión dejó pasar a la segunda etapa a varios candidatos a consejeros del ITAIG, que son funcionarios en activo contraviniendo la fracción IX del artículo 87 de la ley de transparencia. No se sabe exactamente por qué, pero entre los 22 aspirantes a ser entrevistados se eligieron a servidores públicos. El diputado Bernardo Ortega, que fue entrevistado al respecto, no atinó a contestar por qué.
Destacan, entre los casos más sonados, el de los consejeros María Antonia Cárcamo Cortez y el de Marcos Ignacio Cueva González. Su argumento se basa en que la ley de transparencia se modificó en 2010 y junto con ella la denominación del órgano garante. La lógica que argumentan es que durante cuatro años (de 2006 a 2010) fueron comisionados de la Caipegro y a partir de 2010, consejeros del ITAIG; por lo tanto, en 2010 no fueron ratificados, sino simplemente electos para el ITAIG y eso los hace elegibles para aspirar a una “ratificación”.
En entrevista con los medios, la consejera presidenta Cárcamo Cortez esgrimió más a menos ese argumento, por lo que estamos entonces ante una trampa de interpretación de la ley –en la que cayeron los diputados-, de la que se aprovecharon dos de los tres actuales consejeros.
Lo que sí es cierto es que en la práctica estamos ante una segunda ratificación, pues los actuales consejeros fueron electos y ratificados para ser integrantes del órgano de transparencia estatal (aunque con diferente nombre), para cumplir con más o menos las mismas funciones, con objetivos muy similares y sobre todo en ambos casos, para garantizar que se cumpliera la ley.
También habría que preguntar a los consejeros con qué autoridad moral piden una oportunidad para estar por cuatro años más en el cargo, si hay una opinión generalizada de que su trabajo fue poco eficiente. Si bien no existe un estudio que compruebe esto, si existen muchas evidencias del tipo de trabajo que realizaron en ese tiempo.
Cárcamo Cortez y Cueva González ya hicieron su presentación como aspirantes a repetir en el cargo, pero los diputados no cuestionaron su carácter de funcionarios, ya que los actuales consejeros tienen un un doble impedimento, por su ratificación de 2010 y por ser servidores públicos en activo. Tampoco cuestionaron su pobre desempeño a lo largo de ocho años.
Los dos consejeros presentaron un plan de trabajo que da continuidad a sus actuales actividades, no propusieron nada nuevo, y aunque hicieron gala de un conocimiento que les dio estar ocho años en el cargo, no se percibió una reflexión ni análisis profundos sobre la situación del estado.
Otros funcionarios que fueron entrevistados son el director de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (la ley orgánica de la UAG describe las diferentes modalidades que existen para el personal que labora en esa institución, y diferencia claramente las que son propiamente para las autoridades universitarias de las del personal docente y de investigación. La función de dirección de una facultad o unidad académica no es de docencia ni de investigación).
También a Octavio Armando Domínguez Torres, funcionario de la Auditoría General del Estado (él mismo reconoció su participación activa en el programa Diez municipios transparentes, iniciado por la AGE apenas a finales de 2012 y desarrollado durante 2013).
Otro de los candidatos que aparece en los directorios gubernamentales es Florencio Leguizamo Herrera, servidor público de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Y entre los aspirantes que hoy comienzan sus presentaciones está el caso de Hipólito Mendoza Urbano, quien fue coordinador jurídico y titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Itaig, y actualmente es el coordinador ejecutivo de ese organismo con los actuales consejeros.
Presentaciones sin diagnóstico
Una de las constantes observadas hasta el día de ayer, es que la mayoría de las y los aspirantes no presentaron un diagnóstico certero sobre la transparencia y la rendición de cuentas -lo que mostró una gran desconocimiento del tema- y por lo tanto los planes de trabajo fueron realizados a partir de bases débiles y se sustentaron más bien en las ideas que tienen los participantes sobre la transparencia, pero no en lo que sucede en el estado.
Hay indicadores básicos para obtener este diagnóstico estatal y casi nadie se refirió a ellos, en parte porque no existen estudios profundos para el estado o porque los que existen se refieren a aspectos muy específicos. De hecho, ese diagnóstico sobre la realidad de Guerrero no existe porque el ITAIG nunca lo promovió o realizó, aun cuando era parte de su responsabilidad.
Un primer indicador básico de la transparencia es el del cumplimiento de la información de oficio de los sujetos obligados, es decir, de la publicación de datos básicos del quehacer gubernamental de las dependencias públicas.
Los diputados de la Comisión de Gobierno se sintieron confundidos cuando algunos de los candidatos les presentaron resultados de estudios sobre los niveles de transparencia de las dependencias, y éstos fueron diferentes, evidentemente por la diferencia de enfoques y metodologías.
En Guerrero, destaca en este campo las evaluaciones que realiza el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, que coloca a los ayuntamientos entre los últimos lugares en transparencia a nivel nacional. (ver http://cimtra.org.mx/) Pocos entrevistados se refirieron a la opacidad de los ayuntamientos como un problema prioritario.
Pero la falta de transparencia no es un problema sólo de este orden de gobierno, en el Ejecutivo del estado también prevalecen altos niveles de opacidad, al igual que en el poder judicial y especialmente en el legislativo, lo cual ningún candidato a ser consejero atinó a decirlo frente a los legisladores. Es más, hubo quien se atrevió a decir que de acuerdo con el monitoreo Métrica de la Transparencia, el Congreso del estado tenía “altas calificaciones” (ver http://www.metricadetransparencia.cide.edu/metrica.html)
El acceso a la información también es un indicador relevante que debe formar parte de cualquier diagnóstico que se haga sobre la materia.
Al respecto, no obstante las cifras “infladas” que presentó el ITAIG en los primeros cinco años después de que se legisló en Guerrero el derecho de acceso a la información, sabemos por algunas revisiones que han hecho las organizaciones civiles, que de 2006 a 2011, el número de solicitudes de información presentadas por las y los guerrerenses fue muy bajo.
También por ejercicios de monitoreo realizados por estas agrupaciones, conocimos la férrea oposición de los funcionarios públicos a entregar información. Y aunque la ciudadanía ha refinado las preguntas que hace y enfoca más el tipo de información que solicita, todavía hay muchas resistencias de parte de las dependencias públicas, aunque esto no se refleja necesariamente en el número de recursos de revisión o quejas presentadas ante el ITAIG debido a la desconfianza hacia este organismo, la falta de una cultura de la denuncia o simplemente por rehuir a los trámites que deben presentarse y a los que deben darles seguimiento.
Desde febrero de 2011, el número de solicitudes de información se incrementó notablemente, de 250 que se presentaban en promedio cada año en las dependencias del ejecutivo del estado, a poco más de 1,500 que se presentaron en 2013.
Este aumento fue resultado de la puesta en marcha de una plataforma electrónica para la recepción y procesamiento de solicitudes de información denominada Info Gro –que por cierto, muchos de los aspirantes a ser consejeros nunca habían oído o no sabían exactamente cuál es su función y mecánica de operación-, pues antes, la ley de 2006 incluían la aberrante obligación de presentar las solicitudes de información de manera personal en las oficinas de las dependencias, lo que hacía inviable el ejercicio de este derecho a las y los ciudadanos de municipios lejanos como Cuajiniculapa, la Unión, Zirándaro, etc.
Hoy lo deseable y urgente es que este sistema InforGro incluya a otros sujetos obligados, especialmente a los ayuntamientos, que es en los que se encuentra mayor resistencia a la entrega de información.
Hubo mucha preocupación de los aspirantes a consejeros y de los diputados de la Comisión de Gobierno por el número de unidades de transparencia que existen en el estado. Realmente no son un indicador importante porque la experiencia muestra que en las dependencias que tienen una unidad de transparencia, no necesariamente son transparentes y tampoco facilitan el acceso a la información; mucho menos significa que las dependencias que tienen unidades de transparencia cuenten con una política consistente de rendición de cuentas.
El desconocimiento sobre estos mecanismos es tal que incluso el diputado Mario Ramos del Carmen dijo que no era conveniente tener unidades de transparencia y contralorías internas, porque habría duplicidad de funciones y eso es “oneroso”, explicó. Sin embargo, ambas realizan funciones muy diferentes y están reglamentadas por distintas leyes.
Lo que faltó
Las exposiciones se centraron en propuestas de capacitación y difusión, inclusión de temas en las escuelas y modificaciones a la ley, como algunas de las formas de elevar los niveles de transparencia. Lo que casi nadie mencionó –sólo un diputado lo recalcó, pero no los candidatos- que la transparencia es sólo un medio, un instrumento para alcanzar objetivos como inhibir la corrupción, mejorar la gestión pública y sobre todo, promover la intervención de los ciudadanos para vigilar que esto sea posible.
Y mientras la mayoría propuso mecanismos sobre cómo mejorar los niveles de transparencia, nadie lo hizo en cómo hacer que la gente se apropie de la información pública para hacer posible el ejercicio de otros derechos como el de la salud, la educación, vivienda, alimentación ni cómo puede incorporarse la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión gubernamental, como insistentemente preguntaba el diputado Héctor Apreza Patrón, sin que nadie atinara a responder de manera concreta.
Sobre los ayuntamientos, los pocos que se refirieron a su problemática enfatizaron la falta de capacidades administrativas y técnicas para cumplir con las obligaciones de transparencia, sin embargo, casi nadie se refirió a que es un problema en el que pesa más la disposición y voluntad de los alcaldes para hacer de su gobierno una práctica constante de transparencia.
De manera global, en esta primera parte de presentaciones de aspirantes a consejeros del ITAIG se observó poco conocimiento y experiencia tanto de candidatos como de los diputados que los examinaron. Ojalá no sea mal augurio y se seleccione a los perores candidatos.
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