Transparencia e información en tiempos de crisis

El Sur de Acapulco

En tiempos de crisis como la que vive el estado, las instituciones gubernamentales no funcionan igual, y entre las áreas que más resultan afectadas sin duda está el incumplimiento de las obligaciones de transparencia y el acceso a la información que tienen todas las dependencias públicas hacia los ciudadanos.

En estos periodos de conflicto se generan los más variados argumentos (por los incendios, movilizaciones, o por el cierre de oficinas, entre los más frecuentes) para evadir las explicaciones y las solicitudes de información. Pero en realidad, las dependencias siempre han sido opacas, reacias a abrir la información, y lo único diferente es que en estos periodos encuentran numerosos pretextos para no informar.
Paradójicamente son tiempos en que la ciudadanía quiere saber más, tener más información del gobierno, para conocer la verdad histórica de los hechos.
Los datos que registra el sistema de recepción y respuesta de solicitudes de información Info-Guerrero, que opera el gobierno del estado, da una idea aproximada de esta inquietud ciudadana.
Del 1 de enero al 4 de diciembre de 2013, el sistema registró un total de 1,119 solicitudes de información, y entre las dependencias más requeridas destacó la Secretaría de Salud (15.8 por ciento de las solicitudes), la Secretaría de Finanzas y Administración (14.5 por ciento), la Secretaría General del Gobierno (11.5), la Fiscalía General del estado (11 por ciento) y la Contraloría General (2.9 por ciento).
En el mismo periodo del presente año, el número de solicitudes se incrementó a 1,517, destacando nuevamente la Secretaría de Salud (13.3 por ciento), la Fiscalía General del estado (11.2 por ciento), la Sefina (10.6 por ciento), la Secretaría de Seguridad Pública (8.7), la Secretaría General de Gobierno (7.5) y la Contraloría General del Estado con 4.6 por ciento de las solicitudes registradas.
Si se observa únicamente el último trimestre, del 15 de septiembre al 4 de diciembre del año pasado se presentaron 261 solicitudes de información, mientras en los dos meses y medio de conflicto en el presente año, la cifra se incrementó a 462 solicitudes.
Como puede observarse, en periodos de inconformidad social se incrementa la demanda de información de la ciudadanía, en este caso, la comparación entre los dos años da una diferencia de 35.5 por ciento. De manera específica en los dos últimos meses y medio, comparando los años 2013 y el actual, el incremento de solicitudes de información fue de 77 por ciento.
Si se observan las dependencias que fueron más requeridas en el último trimestre de 2014, destacan la Fiscalía General del estado (18.7 por ciento de las solicitudes de información en el periodo), la Sefina (10.6 por ciento), la Secretaría de Seguridad Pública (9.3 por ciento) y la Secretaría General del Gobierno (7.7 por ciento).

Los incendios

La desaparición de información y documentos por incendio es un recurso conocido en Guerrero. No importa quién incendie los archivos, siempre será un buen pretexto para ocultar información.
Aún se recuerda aquel 7 de marzo de 2011, a unos días de que concluyera el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, cuando desconocidos entraron a las oficinas de la Secretaría de Salud y rociaran con gasolina varios archivos para después prenderles fuego.
La oficina afectada fue la Subsecretaría de Finanzas de los Servicios de Salud y del Seguro Popular, en donde se quemaron coincidentemente documentos de gasto, facturación y pagos a proveedores.
Comentarios como el de Misael Medrano Baza, ex dirigente del PRD en Guerrero, afirmaron que la quema de documentos tenía el claro propósito de borrar evidencias de los malos manejos de los recursos económicos que se destinan a la Secretaría de Salud.
A más de tres años de aquel episodio, no se sabe nada de los responsables ni de la información perdida por el incendio provocado.
Más recientemente, el 13 de octubre de este año, un grupo de manifestantes incendió varias oficinas del palacio de gobierno estatal. Sobre este hecho, y días después, la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social de la entidad, Beatriz Mojica Morga, informó que el incendio generado en Palacio de Gobierno ocasionó que los expedientes de casi 10 mil becarios inscritos en el programa Becas Excelencia para Guerrero se perdieran en su totalidad al ser consumidos por el fuego.
Sin embargo, dio la alternativa de que para regularizar los archivos y evitar que se paralizara la operación del programa, se llevaría a cabo “un proceso de renovación emergente”, que permitirá integrar un expediente para cada estudiante, y “este proceso permitirá contar con los documentos base para programar el siguiente pago, correspondiente al periodo septiembre-diciembre de 2014”.
Fuera del reconocimiento de pérdida de información por la Sedesol, ninguna otra dependencia manifestó que hubiera sido afectada en sus archivos.
Otro hecho relacionado con incendios fue el que protagonizaron cinco personas en la madrugada del 20 de octubre, quienes prendieron fuego a las oficinas del programa Guerrero Cumple. Los encapuchados “sometieron al velador y lo encerraron en uno de los baños, posteriormente le prendieron fuego al equipo de cómputo y material de archivo”, informó la prensa al día siguiente.
La coordinadora general del programa, Mariana García Guillén, dijo que en el incendio solamente se dañaron los archivos que contienen los padrones de programas de apoyos para madres solteras y personas con discapacidad. Agregó que "Nosotros podemos trabajar con toda normalidad porque tenemos todo digitalizado; en realidad solamente se quemó papel y tendremos que imprimir, encarpetar nuevamente pero nada más. Solo se dañaron bienes materiales".

ITAG valida la reticencia gubernamental

El 26 de octubre, la Contraloría General del Estado solicitó al ITAIG interrumpir los plazos para la atención de solicitudes del sistema Info-Guerrero, así como de los recursos de revisión, debido a los acontecimientos del incendio al palacio de gobierno, y de manera particular, por “los daños materiales causados a la infraestructura de las oficinas que ocupa la Contraloría General del Estado, con sede en dicho edificio”.
La Contraloría del estado no especificó sin embargo qué áreas fueron dañadas ni la cantidad y la calidad de la información afectada, tampoco mencionó nada sobre los plazos en que estaría en condiciones de reponer dicha información y ponerla disponible al público.
El ITAIG dio por bueno el argumento gubernamental y autorizó la suspensión de los tiempos no sólo para el caso de la Contraloría, sino de cualquier otra dependencia que lo justificara.
Para ello, emitió un acuerdo que dice: “No correrán los términos legales establecidos en la Ley (…), por cuanto hace a las solicitudes de información tramitadas mediante el sistema Info-Guerrero, lo anterior en virtud del estado de excepción que guardan en este momento las instalaciones del Gobierno Estatal y por ende el sistema Info-Guerrero.”
Y no obstante que las dependencias afectadas por los incendios u otros fenómenos son muy localizadas, y que el daño fue parcial en todo caso, el acuerdo del ITAIG no establece un tiempo perentorio para que la dependencias repongan la información ni señala qué oficinas podrán acogerse a esta suspensión ni cuánto tiempo estará vigente la medida.
Dice la argumentación del ITAIG que “tomando en consideración los hechos suscitados (…) como es del conocimiento público que los últimos días han sufrido daños materiales no tan solo el edificio de Palacio de Gobierno, sino diversas dependencias municipales, estatales y federales con sede en el estado de Guerrero, (…) se determinó que las solicitudes de información que se encuentren en trámite por medio del sistema Info-Guerrero ante los sujetos obligados afectados por los hechos señalados, no podrán ser atendidas y respondidas en los plazos establecidos por la ley (…)”.
Y agrega que la misma suerte correrán los “recursos de revisión que se encuentren en trámite ante este órgano garante, toda vez que por las limitantes de los sujetos obligados afectados por los multicitados hechos, no podrán substanciarse en los términos legales que establece la ley de la materia en comento”.
Es decir, sin menospreciar los daños que tuvieron algunas oficinas, en los hechos el ITAIG da manga ancha a la opacidad de las dependencias sin ningún tipo de restricción, suspendiendo el derecho de acceso a la información de los ciudadanos. Esta medida entró en vigor el 28 de octubre de 2014.

Ley de archivos

En Guerrero existe una ley que ha sido olvidada, nunca puesta en práctica. Se trata de la Ley de Archivos Generales del Estado, vigente desde el 1 de enero de 2009, que no opera porque a ninguna dependencia le interesa o conviene documentar el ejercicio de gobierno, más bien al contrario, se prefiere la destrucción de archivos al final de los gobierno para borrar evidencias. 
Entre los objetivos de la ley de archivos están el “ordenamiento, preservación, uniformación, estudio y difusión de los documentos que constituyen el patrimonio, histórico, cultural y administrativo de las dependencias”.
Los recientes acontecimientos que destruyeron documentación gubernamental pusieron al descubierto, entre otros muchos asuntos, el nulo trabajo que deben realizar todas las dependencias públicas respecto de sus archivos.
También desnudó la ausencia del Sistema Estatal de Archivos del Estado de Guerrero, que según la norma, se encargará de establecer las directrices necesarias para que las oficinas públicas adopten “acciones y procedimientos, métodos y mecanismos homogéneos y coordinados” en materia de archivos. Pero el sistema no se ha integrado.
La ley también menciona que se expedirá un reglamento durante los 120 días después de que fue aprobada la ley. Cabe destacar que se hizo la búsqueda del mencionado reglamento, y aún no existe, como tampoco a la fecha se ha nombrado a un director general del archivo general del estado.
Por esa razón, las más de 150 dependencias públicas que existen en el estado incumplen la fracción XII del artículo 13 de la Ley de transparencia, que las obliga a publicar “los instrumentos de consulta y control archivístico”.
La ley de transparencia es más explícita en el renglón de la conservación de los archivos. Dice por ejemplo, que “los responsables de los archivos elaborarán los instrumentos de consulta y control archivístico que propicien la organización, conservación y localización expedita de sus archivos”.
También establece que las dependencias públicas “realizarán programas de respaldo y migración de los documentos electrónicos, de acuerdo con sus recursos”.
Asimismo, las oficinas gubernamentales “adoptarán medidas y procedimientos técnicos que garanticen la conservación de la documentación y la seguridad de sus soportes”.
Todo lo anterior no lo han cumplido las dependencias públicas, y fue por ello que el ITAIG emitió una recomendación el 26 de noviembre de 2014 para recordarles lo que establece la ley.
El órgano garante expresa que “emite recomendación a cada uno de los sujetos obligados, a efecto de que, derivado de la obligación que tienen respecto de conservar la información, tomen las medidas precautorias pertinentes para garantizar su resguardo y protección.”
Asimismo establece que las dependencias públicas “que consideren que sus archivos han sido siniestrados” deberán someterse a un procedimiento para poder decretar que la información se ha perdido o ha quedado incompleta”.

No hay propuesta de Ortega Martínez. En su plan de gobierno anunciado el 26 de noviembre, el gobierno de Rogelio Ortega apenas se refiere a la transparencia en el ejercicio de su gobierno. El punto número 21 dice “Transparentar el uso de los recursos públicos a través de auditorías financieras y acceso a la información de las dependencias del gobierno del estado y organismos públicos descentralizados”.

Nada adicional ni nuevo que no contenga la ley de transparencia. No se necesitan grandes recursos ni anuncios espectaculares para hacer un gobierno transparente. Si quisiera, ya lo hubiera hecho.

CARTAS (Dice el Itaig que no hay opacidad en la información pública ni descuido en la protección de datos personales tras los hechos de Iguala)

 15 de diciembre de 2014, El Sur de Acapulco

 Señor director:

Con el objeto de aclarar la información que se publicó en la página 40 de contraportada en la edición de este martes 9 de diciembre de 2014 del periódico El Sur, con el título “Transparencia e información en tiempos de crisis”, el pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, expresa su respeto y reconocimiento a la labor ética y profesional del ejercicio periodístico.
Se precisa lo siguiente:
1. Este Instituto ha venido actuando oportunamente para garantizar el derecho de acceso a la información y protección de datos personales, a consecuencia de los hechos suscitados el 26 y 27 de septiembre del presente año en el municipio de Iguala de la Independencia. Lo anterior quedó demostrado con la recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado en donde se le exhortó para apegarse a los principios establecidos en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
En dicho pronunciamiento emitido por este órgano garante se planteó la necesidad de que la información referente al caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, se manejara en términos de lo enunciado en el considerando III de dicho instrumento internacional a fin de que se priorice en la obtención de la misma a los que tengan interés legítimo.
2. A raíz de los acontecimientos posteriores a estos hechos, que derivaron en manifestaciones provocando daños, siniestros de archivos y equipos de cómputo que contenían información pública; y a petición de algunos sujetos obligados, el pleno del Itaig en sesión ordinaria número 30/2014, acordó suspender los plazos para el trámite de solicitudes de información, aplicando esta disposición sólo a las dependencias con residencia en el edificio del Palacio de Gobierno del estado de Guerrero.
3. En seguimiento al desarrollo de los sucesos antes descritos, y en virtud de que los archivos físicos y electrónicos en poder de los sujetos obligados han sido seriamente afectados; en sesión ordinaria número 34/2014 el Pleno del Itaig emitió una recomendación para ordenar a los sujetos obligados, los siguientes: a) serán inspeccionados en el lugar de los siniestros se certificará y dará fe en su caso y b) deberán presentar denuncia de hechos.
A la par de estas acciones se instruyó la adopción de medidas precautorias para garantizar el resguardo y protección de la información, ante cualquier contingencia presente o futura.
Sin embargo el pleno del Itaig en sesión ordinaria número 35/2014 acordó que los sujetos

obligados deberán atender con normalidad las solicitudes de los ciudadanos, a excepción de aquellos que hayan cumplido con el considerando IV de la recomendación del 26 de noviembre del presente año.
En relación al argumento de la nota en el sentido de que no se estableció tiempo perentorio ni vigencia de la medida suspensiva de los términos legales, manifestamos que sí fue previsto en el acuerdo de fecha 28 de octubre, a grado tal que fue incorporada en el texto del documento la posibilidad de revocación, hecho que quedó expresado en la leyenda: “salvo acuerdo en contrario”.
Asimismo, en concordancia a lo señalado de que los sujetos obligados no atenderán ni responderán en los plazos establecidos, manifestamos que los alcances del citado acuerdo sólo contemplaban a los sujetos obligados con sede en el edificio del Palacio de Gobierno, no así al resto de las dependencias estatales, disposición que fue revocada en forma tácita al emitirse la recomendación del 26 de noviembre del presente año.
En virtud de lo anterior, en ningún caso el Itaig dio por bueno el argumento gubernamental; porque fue evidente y público el incendio a las instalaciones del Palacio de Gobierno y tampoco autorizó la suspensión de los términos indefinidamente, toda vez que como se ha establecido, en primer lugar la suspensión únicamente aplicaba a los sujetos obligados con sede en dichas instalaciones y por otro lado con la recomendación del 26 de noviembre se dejó sin efecto la suspensión de términos.
Por último se reitera que las manifestaciones vertidas en la nota en comento son inexactas, toda vez que el Itaig, bajo ninguna circunstancia ha dado ni dará manga ancha a la opacidad en el manejo de la información, en virtud de que los acuerdos y recomendaciones emitidos por este órgano garante, se realizaron precisamente para salvaguardar los archivos que contienen información y evitar que el derecho de acceso a la información pudiera vulnerarse.

Atentamente

Lic. Jesús Ortiz Sotelo
Secretario ejecutivo

 

Nota de la Redacción

El Itaig se refiere a la columna Guerrero Transparente cuyo autor es el experto en la materia Marco Méndez Lara. No entendemos por qué ese organismo oculta esa información básica, lo cual constituye una falta de respeto.

 

Respuesta al ITAIG

16 de diciembre de 2014, El Sur de Acapulco

 

Señor director:

El día de ayer, el Lic. Jesús Ortiz Sotelo, secretario ejecutivo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Guerrero, publicó en este diario un texto que hace referencia a mi columna Monitor de Guerrero, publicada el 9 de diciembre de este año. Al respecto, comento lo siguiente:
El Itaig emitió tres acuerdos en las últimas semanas –a propósito de la destrucción de información por las movilizaciones recientes–, que por sus contenidos, parece que han servido para auto corregirse decisiones poco afortunadas, o por lo menos que se tomaron de manera precipitada.
El primer acuerdo se refiere a la suspensión de los plazos que establece la ley de transparencia para atender solicitudes de información y recursos de revisión. Dice el acuerdo de la sesión ordinaria número 30/2014, del 28 de octubre que “no correrán los términos legales establecidos en la ley (…) por cuanto hace a las solicitudes de información tramitadas mediante el sistema Info-Guerrero, ante los sujetos obligados que tengan residencia en el edificio del Palacio de Gobierno”.
Excepto por un dato del que reconozco faltó precisión (decir que el acuerdo del Itaig se aplicaría a cualquier dependencia que lo justificara, y no sólo a aquellas ubicadas en el Palacio de Gobierno, como dice el acuerdo) sostengo todas las demás ideas que incluí en mi argumentación.
En ese acuerdo, el pleno del Itaig no expresó criterios precisos que delimitaran la suspensión de los plazos para el trámite de solicitudes de información, y las preguntas que formulé en su momento siguen vigentes: ¿cuáles son esas dependencias que pueden suspender el trámite?, porque es claro que sólo unas pocas sufrieron daños. ¿Cuál es la información que resultó afectada?, porque la pérdida de información fue parcial, y ¿cuánto tiempo estará vigente esta medida?
El texto del Itaig menciona que sí estableció un plazo de vigencia de la medida, ya que “fue incorporada en el texto del documento la posibilidad de revocación, hecho que quedó expresado en la leyenda: ‘salvo acuerdo en contrario’”. No cabe duda que entendemos de manera muy diferente la frase de “establecer un plazo de vigencia al acuerdo”.
El segundo acuerdo (sesión ordinaria número 34/2014, del 26 de noviembre) se refiere a una recomendación a las dependencias públicas para que tomen las medidas precautorias pertinentes que garanticen el resguardo y la protección de sus archivos. También menciona que las dependencias públicas que consideren que sus archivos han sido afectados, deberán someterse a un procedimiento para “decretar” que la información se ha perdido o ha quedado incompleta. No dice absolutamente nada de que queda sin efecto el acuerdo 30/2014, sobre la suspensión de los plazos para atender las solicitudes de información.
Sin embargo, el Itaig afirma que los lectores de este acuerdo deben sobrentender que la suspensión de los plazos establecidos para tener acceso a la información queda sin efecto, porque el acuerdo de la sesión ordinaria número 34/2014 lo dice de manera “tácita”.
Finalmente, hay un tercer acuerdo no conocido públicamente, pero que si existe, terminará con esta polémica. Dice el secretario ejecutivo del Itaig que “el pleno del Itaig en sesión ordinaria número 35/2014 acordó que los sujetos obligados deberán atender con normalidad las solicitudes de los ciudadanos, a excepción de aquellos que hayan cumplido con el considerando IV de la recomendación del 26 de noviembre del presente año”.
Es decir, con este acuerdo se revoca, ahora sí, el acuerdo relativo a la suspensión de los plazos para la atención de solicitudes de información, que los consejeros del Itaig tomaron sin mucho cuidado el 28 de octubre.
Sin embargo, no hay ninguna evidencia pública de que se realizó una sesión para tomar dicho acuerdo, por lo menos no encontramos nada en sus tweets, ni en su facebook, ni en su sección de acuerdos, ni en la de actas; tampoco en el área comunicación social se publicaron fotos o boletines de prensa de esa reunión, como sí existe evidencia de otros acuerdos.
Extraña que un acuerdo tan importante como éste, no se haya dado a conocer al público. Esperemos que hoy lo suban y la gente pueda conocer que los plazos para atender una solicitud de información han sido reestablecidos.

Marcos Méndez Lara

 

 

 

Ante la falta de resultados, políticos compran premios

El Sur de Acapulco

Está de moda entre los políticos y funcionarios guerrerenses recibir premios y reconocimientos por supuestos méritos, que no se perciben en el desempeño de sus encargos públicos. Son aparentes éxitos que tienen la clara finalidad de apuntalar sus carreras políticas no sólo mediante el abultamiento de sus currículos, sino engañando a los ciudadanos por medio de la difusión de logros que realmente no han obtenido, en los medios de comunicación y utilizando muy probablemente recursos públicos.

Para convocar y entregar estos cuestionables premios, hay instituciones privadas que cuentan con metodologías y criterios poco consistentes para seleccionar a los ganadores, y las cuales no se dan a conocer públicamente, pero sí los fastuosos eventos en que entregan los reconocimientos.
Muchos políticos y funcionarios de Guerrero, entre presidentes municipales, síndicos, diputados locales y federales y hasta secretarios de despacho del Ejecutivo, cayeron en esta tentación, y hoy cargan con el desprestigio de tener en su haber un reconocimiento que todo apunta a que fue comprado y que evidentemente no corresponde a los resultados de un buen trabajo de gestión.

Los premios, un gran negocio

El Instituto Mexicano de Evaluación (Imde) es una de las instituciones que organiza la entrega de premios en diversas categorías. En su portal electrónico informa que “es un organismo de la sociedad civil, que tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de los servidores públicos a través de la formación, evaluación y reconocimiento de la Gestión Pública, de conformidad con estándares internacionales para contar con mejores gobernantes”. 
De acuerdo con esta fuente, el organismo otorga los premios Tlatoani ( a “los mejores gobernadores, senadores, presidentes municipales, diputados, síndicos, regidores, secretarios y directores de gobierno por su contribución al desarrollo del país”), el premio Tonatzin (a los mejores presidentes y directores de los DIF estatales o municipales); el premio Yecatl (a los mejores presidentes y directores de organismos de agua potable); y dos premios internacionales para los mejores gobernantes latinoamericanos.
Sin embargo, son muchas las críticas que se hacen a estos premios, la principal de las cuales es que el reconocimiento tiene un costo monetario para quien lo recibe. Por ejemplo, la Parada Digital de Chihuahua escribió que el presidente del Imde, Galo Limón, “negó la información publicada en La Parada Digital en torno a que el “Premio Nacional Tlatoani” se lo auto-compran los alcaldes, sin embargo se negó a proporcionar la manera de evaluar a los ganadores”.
Agregó este medio que obtuvieron el testimonio de uno de los ganadores para corroborar la compra, pues los organizadores solicitan una llamada “cuota de recuperación” a los alcaldes de 17 mil 500 pesos, y los que aportan más de esta cantidad resultan ganadores.
El diario Chiapas Paralelo también cuestiona las distinciones que otorga el Imde, y explica cómo enganchan a los funcionarios.”Para que un funcionario sea “nominado” al premio no es necesario que se inscriba o que la ciudadanía lo proponga, el propio IMDE decide eso y notifica mediante un correo electrónico al funcionario que ha sido “nominado” la fecha de premiación. En un segundo correo electrónico se informa que se tiene que pagar la cena del evento en el que se entregarán las preseas, el precio es de 18 mil a 45 mil pesos. Casualmente sólo los que pagaron la cena resultan ganadores”.
Desde Tamaulipas, el diario Noticias de Tampico publicó que “presidentes municipales de las más disímbolas regiones de México (…), la mayoría de ellos controvertidos, y criticados por sus gobernados, se prestaron a la farsa, celebrada con toda pompa y glamour. Los vivales del IMDE, no repararon en detalles. Hasta la bandera de España, colocaron junto a la de México, simulando un evento internacional. Lo peor de todo es que, la Universidad de Salamanca, invocada como aval del premio, se deslindó   de sus pillerías”.
Asimismo, Noticias GBM Radio de Chihuahua comentan que “Los llamados premios Tlatoani, son un elegante engaño acompañados del fraude para quien lo promueve y para quien lo recibe, porque este “galardón” no tiene mayor tramite, ya que por medio de un correo electrónico estos timadores agarran a políticos distraídos y primero les informan que en base a las investigaciones realizadas por la Comisión de análisis de Medios, Estudios y Académicos y con estricto rigor metodológico el estudio analizó su contribución al desarrollo político y es por eso que se le otorga el premio”.

Guerrero, abundante cantera de premiados

En Guerrero son muchos políticos y funcionarios municipales y estatales que han participado en estos certámenes.
El Diario de Iguala informa que sólo en el caso de presidentes municipales, en 2014 fueron convocados por el Imde 40 alcaldes, pero “sólo acudieron doce incautos por su premio nacional 2014”.
De acuerdo con ese diario, el Imde envió a 40 presidentes municipales guerrerenses un comunicado para informales que “El IMDE, se honra en comunicarle, que en base a la investigación realizada (…) bajo los parámetros de estandarización internacional de los Indicadores de Desempeño Político; que integra el impacto social, calidad, administrativos, de imagen pública, de su presencia en medios de comunicación y de innovación en sus programas, obras y acciones sustentados en los criterios siguientes: 1. Impacto social alto en la comprobación práctica de la mejora; 2.Nivel de respuesta para la solución de problemática ciudadana; 3. Calidad de la aportación para la resolución de problemas sociales y 4. Percepción de la ciudadanía sobre su imagen pública, han resuelto declararle: “el mejor presidente municipal”.
El alcalde de Tixtla, Gustavo Alfredo Alcaraz Abarca, fue uno de los que recibieron el premio en su edición 2014. Así lo presume en su portal electrónico el ayuntamiento de ese municipio, en donde se describe la recepción pública del premio “por haber cumplido con una buena gestión pública”. De sí mismo, Alcaraz Abarca dijo que “este premio es un estímulo para continuar trabajando en beneficio de todos los sectores sociales de Tixtla y señaló que esta evaluación, es el resultado de un esfuerzo compartido con el cabildo y su gabinete de trabajo”.
Otro alcalde que también cayó en el garlito fue el de Ometepec, Antonio Atenógenes Vázquez Rodríguez, también premiado con Tlatoani en 2014. En su página web, el presidente municipal se regodea con el falso premio: “La nominación en sí, me compromete a redoblar esfuerzos y a mantener la convicción, de que en el ejercicio de gobernar es prioritario mejorar el nivel de vida de la gente, y para ello es necesaria la gestión y coordinación con los tres niveles de gobierno”.
El presidente municipal de Tlapa, Victoriano Wences Real, recibió asimismo este premio “por ser uno de los mejores alcaldes del país y llevar una excelente administración”, según se lee en la difusión que hace a través de youtube. “La población tlapaneca hoy ha reconocido el desempeño del presidente Wences Real, como un funcionario de cabal respeto y responsabilidad en el cargo, que se ha destacado por su honestidad y sobre todo capacidad en su desempeño, lo que le ha valido para que el Instituto Mexicano de Evaluación lo haya distinguido con este premio al que sólo tienen acceso a él "los grandes".
El diario Tiempo de Guerrero reseña que el presidente municipal de Eduardo Neri, Ignacio Basilio García, también fue galardonado con este premio.
Otro alcalde “distinguido” fue el de Chilapa, Francisco Javier García González, y según consta en el periódico El Regional, el reconocimiento se le entregó “por ser considerado como el mejor alcalde en el estado de Guerrero”. Al comentar el premio, el presidente municipal aseguró que “la gestión que ha llevado a cabo ha sido un parte aguas para que este municipio pueda aspirar a nuevas formas y estadías de vida”.
En manos del alcalde de Xochistlahuaca, Celerino Rojas Morales, también quedó el premio 2014, y desde su cuenta de Facebook publicó: “Le doy gracias a Dios, a mi familia, a todo el equipo de trabajo del Ayuntamiento y, por supuesto, a la gente que creyó y voto por nosotros para que seamos gobierno. Gracias a todos, juntos estamos haciendo historia en nuestro municipio”.
Otro de los presidentes municipales que adquirieron el Tlatoani fue Ociel García Trujillo, alcalde de Florencio Villarreal, quien también difundió el reconocimiento a través de un comunicado de prensa oficial del ayuntamiento.
El resto de los alcaldes guerrerenses que aceptaron la supuesta distinción en 2014 fueron los de Leonardo Bravo, Coyuca de Catalán, Ayutla de los Libres, Acatepec y Olinalá.
Los síndicos también recibieron sus premios. Según el periódico El Despertar del Sur, Fidencio Ixta Rojas, síndico procurador del municipio de Ajuchitlán del Progreso, recibió el premio y según el periódico, con esta acción “corona su corta y brillante carrera política con el galardón que lo distingue como el mejor síndico, el galardón “Tlatoani”, el cual recibió con otros 27 síndicos del país que fueron galardonados por este premio”.
Eva Salmerón, tesorera del ayuntamiento de Iguala, igualmente ganadora, dijo que “este premio es una motivación para nosotros para continuar ofreciendo lo mejor de sí mismos para beneficio de la ciudadanía. Como profesionista me siento honrada y me entusiasma para seguir trabajando con la misma dedicación y redoblar esfuerzos para que seamos mejores funcionarios públicos”.

Otros premiados

En el Ejecutivo del estado también hubo inquietud de varios funcionarios de “pasar a la historia” con la recepción de estos premios. Tal es el caso de los ex titulares de las secretarías General de Gobierno, de Finanzas y Administración (premio 2013) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2012).
Jesús Martínez Garnelo recibió el premio Tlatoani como mejor secretario de despacho, según un boletín de prensa del gobierno del estado, “por su distinción en este cargo ante la ciudadanía, lo cual fue calificado y constatado por la propia sociedad que emitió su opinión en una consulta de carácter nacional”.
El comunicado agrega que la entrega estuvo a cargo del presidente del IMDE, Galo Limón, quien “manifestó que el premio fue otorgado a Martínez Garnelo, por las tareas diarias, complejas y las necesidades a flor de piel que hay en dicha dependencia del gobierno del estado de Guerrero y que sobre todo se identifica como un gobierno de dialogo y de acuerdos”.
Otro de los colaboradores del ex gobernador Aguirre Rivero que recibió este premio es Jorge Silverio Salgado Parra, ex secretario de Finanzas y Administración. En la revista MGI se lee que “de acuerdo al sondeo de opinión y estudios realizados por el Imde, la secretaría de finanzas bajo la titularidad del CP Salgado Leyva ha brindado la atención que corresponde en materia de transparencia y rendición de cuentas conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable”.
En la edición 2012 del premio, el ex secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Carlos Toledo Manzur, también como parte del gabinete de Aguirre Rivero, fue uno de los galardonados con el Tlatoani 2012.
Pero también los diputados quieren engordar su currículo con estos reconocimientos. En 2014, por ejemplo, el diputado federal Vicario Portillo Martínez fue merecedor del Tlatonani al mejor diputado, según la revista MGI “por su contribución a la labor legislativa y a la promoción de los derechos de los pueblos indígenas del país”.
Otro que recibió la estatuilla fue Omar Jalil Flores Majul como el mejor diputado en 2014. Al respecto, Luis Antonio Hernández Rosales presidente ejecutivo del IMDE declaró “que para ser servidor público se necesitan tres cosas, compromiso, conocimiento y ganas de hacer las cosas, hizo hincapié en que Omar Jalil las tiene y lo más importante es que los ciudadanos de su distrito lo han calificado, lo observan y lo ubicaron como uno de los mejores diputados de la República mexicana en este año 2014”.

El timo, en letras chiquitas

El Imde, en su convocatoria informa que los resultados se dan a conocer por vía telefónica y electrónica a los ganadores. Y destaca: “Resultar ganador del Premio Nacional, es un proceso libre de todo gasto e inversión. En su caso, la aportación económica que se realiza, “obedece única y exclusivamente” a los costos administrativos y de logística para su recepción en la Ceremonia Nacional de Premiación”.

Cuestionables, los avances académicos que presume el rector de la UAG

El Sur de Acapulco
Desde hace varios meses, las autoridades de la Universidad Autónoma de Guerrero presumen de avances significativos en la calidad de la educación que ahí se imparte, y destacan que la institución se ha colocado entre las mejores universidades del país.
Durante la rectoría de Javier Saldaña Almazán se ha difundido ampliamente este aparente logro, e incluso ya forma parte del discurso del funcionario universitario. Sin embargo, hay argumentos para poner en duda o por lo menos para matizar esa percepción sobre la universidad, y en todo caso, los avances obtenidos no corresponden al periodo del actual rector, sino que serían resultado de las gestiones de anteriores rectores, ya que para mejorar la calidad de una institución de educación superior se requieren numerosas acciones y sobre todo, los cambios no se perciben de una año a otro.

La calidad como discurso

De acuerdo con un boletín de la UAG del 25 de marzo, el rector Saldaña Almazán “reconoció  los avances que la administración central ha logrado en casi un año al frente de la UAGro como el aumento de la matrícula de buena calidad, ubicando a la universidad entre las 25 mejores universidades en este rubro, resaltando la escalada de puestos que posicionan a la  UAGro en el 9º lugar entre las Universidades del País, debido a la Consolidación de Cuerpos Académicos además de la preparación que están realizando los docentes para obtener un posgrado y así mejorar la calidad educativa en las aulas universitarias”.
El boletín también informó que con el “aumento de los indicadores en la calidad educativa”, la UAG estaría en la ruta para ser parte del Consorcio de Universidades Mexicanas (Cumex). 
Y en efecto, el 17 de septiembre, se informó que “el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán recibió del presidente del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), y rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Humberto Augusto Veras Godoy, la constancia que certifica oficialmente a la UAGro como una de las mejores universidades públicas del país y miembro de ese consorcio educativo mexicano”.
Hubo intercambio de halagos entre el presidente del Cumex y el rector de la UAG. El primero dijo que “hoy es un día muy importante para la educación de Nivel Superior en el estado de Guerrero y para los guerrerenses, porque la Autónoma de Guerrero ya pertenece al Consorcio de Universidades Mexicanas. La UAGro demostró que en sus programas educativos cuenta con los requerimientos de calidad pertinentes y necesarios para ingresar al consorcio”, dijo Veras Godoy, según el comunicado de prensa.
En su turno, el rector Javier Saldaña Almazán “entregó un reconocimiento al presidente del CUMex, Humberto Augusto Veras Godoy por su nombramiento como presidente del consorcio en la pasada Sesión de Rectores, realizado en la Ciudad de México”.
Aunque ni el rector ni los boletines de prensa de la UAG especifican cuál es la fuente que ubica a la institución entre las 25 mejores universidades del país, se revisaron varios “rankings de mejores universidades”, y según parece, el que utiliza la UAG corresponde al que realiza un grupo de medios que “analiza los negocios, la economía, la política y las finanzas de la región” denominado AméricaEconomía. El portal electrónico de esta institución describe que el grupo “actualmente posee múltiples ediciones como revista, editadas en español y portugués, informando, analizando y adelantándose a las tendencias, lo cual la convierte en una herramienta poderosa para los ejecutivos tomadores de decisión de la región”.
Según el ranking 2014 de AméricaEconomía (http://rankings.americaeconomia.com/mejores-universidades-mexico-2014/ranking/), la Universidad Autónoma de Guerrero se ubica en el lugar 27 de las 50 instituciones de educación superior que se revisaron. Su índice de calidad es de 28.2 por ciento. De hecho, y al contrario de lo que dice el rector Javier Saldaña, la UAG retrocedió dos lugares durante su administración, al pasar del lugar 25 en 2013 al 27 en el presente año.
Los primeros 10 lugares de este ranking los ocupan la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Tec de Monterrey, las universidades Autónoma Metropolitana, Autónoma de Nuevo León y de Guadalajara; el Colegio de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad de las Américas de Puebla y el Sistema Universidad Iberoamericana.
Para obtener este ranking, según publica AméricaEconomía en su portal electrónico, se evaluó la calidad docente (evaluación de los profesores con jornada completa, ponderándose de acuerdo a su último grado académico -doctores, magíster, profesionales y especialidades médicas-), a la que se le otorga un 30 por ciento de la calificación total.
Asimismo, se revisó el rubro de “índice de investigación” (evaluación de la producción de papers ISI y la generación de patentes), con una ponderación de 20 por ciento. A la “empleabilidad” (se calcula con la información obtenida de la encuesta a 375 empresas que tienen sede en México) se le asignó un 20 por ciento.
Otro de los indicadores que evalúa AméricaEconomía es la “oferta de posgrado”, la cual se calcula a partir de la información entregada por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Finalmente, el ranking se elaboró también con el indicador “prestigio internacional”, formulado a través de la pesquisa de la presencia de las universidades en distintos rankings internacionales y por medio de la encuesta a reclutadores”.
Los resultados obtenidos por la UAG en los diferentes indicadores fueron: calidad docente 60.9 por ciento, índice de investigación 0.9 por ciento, empleabilidad 7.9 por ciento, oferta de posgrado 41.8 por ciento y prestigio internacional 13 por ciento.

Ranking donde no está la UAG

QS es una institución internacional que vincula a ejecutivos, empresarios y empleadores con las escuelas líderes de negocios, departamentos de posgrado en las universidades a través de sitios web, eventos, e-guías y soluciones técnicas. Desde 2011 publica QS University Rankings: Latin America, que es una clasificación de las mejores universidades de la región.
La metodología se basa en obtener datos sobre la reputación docente, reputación que tienen los empleadores de la institución de educación, proporción de alumnos por docente, citas que se hacen de los trabajos de investigación de las universidades y nivel de atracción que tiene una universidad de estudiantes y profesores de otras naciones.
De acuerdo con los resultados de QS University Rankings, la Universidad Autónoma de Guerrero no aparece entre las 300 mejores universidades de Latinoamérica. Las instituciones mexicanas que sí están son el Tec de Monterrey y la UNAM, en los lugares siete y ocho, el Instituto Politécnico Nacional, en el lugar 26; la Universidad Iberoamericana, en el sitio 28; y la Universidad Autónoma Metropolitana y el ITAM en los lugares 35 y 36 de Latinoamérica.
Otras universidades incluidas son la de las Américas de Puebla (lugar 50), la de Guadalajara (59), la Autónoma de Nuevo León (64), la Autónoma del Estado de México (68), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (70) y la Universidad Anáhuac (95).
Hay otras 37 universidades mexicanas dentro del ranking latinoamericano de 300 instituciones que propone QS, y la de Guerrero no está incluida.
El diario El Universal publica anualmente, desde 2007, la guía Mejores Universidades; para elaborarla, emplean dos metodologías: ranking de instituciones, que compara instituciones de educación superior (IES) entre sí; y ranking de programas, donde se comparan programas de licenciatura semejantes y se aplica a 25 programas diferentes. “Las metodologías de ambos ranking están conformadas por dos partes: las características objetivas de las IES (información numérica reportada por las propias IES) y la percepción de académicos en el caso del ranking de instituciones y la percepción de académicos y empleadores en el caso de los ranking de programas. El ranking otorga un mayor peso a la información numérica reportada por las IES”.
En este ranking no aparece la Universidad Autónoma de Guerrero y tampoco está incluida en el listado de instituciones que decidieron no participar en esta clasificación de universidades.
Según El Universal, la UNAM ocupa el primer lugar de este ranking, la Universidad Autónoma Metropolitana como segundo, y la Universidad de las Américas de Puebla, como tercero. Le siguen la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma Norte, Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma de Querétaro.

La subjetividad de los ranking

En septiembre de 2014, el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Enrique Fernández Fassnacht explicó que “las posiciones en las que se encuentran las universidades e institutos de educación superior en el país no deben definirse a partir de un ranking, pues esta listas carecen de objetividad y no evalúan todos los planos de acción de estas instituciones”.
Agregó que la calidad educativa no depende de este tipo de listados pues cada institución demuestra en diferentes planos sus fortalezas (periódico Pulso, 19 de septiembre).
Asimismo, el investigador Santos López Leyva, en la Revista de la Educación Superior No. 166, (http://publicaciones.anuies.mx/revista/166) concluye “que cada uno de los rankings muestra sus criterios, funciones, indicadores y grupos objetivo; lo más recomendable, entonces, es trabajar en la realización de agrupamientos”.
Agrega López Leyva que los ranking presentan dos grandes dificultades, tanto en su elaboración como en su aplicación: “la primera proviene de la gran diversidad de modelos de instituciones de educación superior, la variedad de misiones que éstas cumplen en la sociedad y de la pluralidad de actividades que desarrollan; por otra parte, se encuentra la dificultad derivada de los intereses de los diferentes sujetos involucrados, donde se hallan estudiantes, académicos, empleadores, líderes institucionales, responsables y diseñadores de políticas”.

El ingreso al Cumex

El 8 de septiembre, un boletín de prensa de la UAG festejaba desmesuradamente que la institución lograba “un histórico gran salto académico” al ingresar al Consorcio de Universidades Mexicanas (Cumex).
El texto festinó que “La Universidad Autónoma de Guerrero, ya es una de las mejores universidades públicas de país, al ser aceptada por unanimidad por el Consejo de rectores que conforman al Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), un logro alcanzado por la actual administración encabezada por el rector Javier Saldaña Almazán y catalogado como un hecho histórico en la vida de la UAGro”.
Agregó el boletín que “este logro se dio luego de presentar la solicitud ante el consejo de rectores integrantes del CUMex, y donde el doctor Saldaña Almazán expuso la situación académica de la Autónoma de Guerrero, y destacó que el más del 90% de la matrícula de licenciatura cursa sus estudios en programas reconocidos por su buena calidad, el 83% de los maestros de tiempo completo tienen estudios de posgrado, entre otros indicadores del avance académico de la UAGro”.
En su portal electrónico, el Cumex explica que “El Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) constituye un espacio común para la educación superior de buena calidad en el país, con una alta competitividad académica y un enfoque estratégico”.
En sus estatutos establecen que tendrán el carácter de miembros del Consorcio las universidades cuyos indicadores de calidad y desempeño cumplan y mantengan los valores establecidos por el consejo de rectores.
Actualmente el Cumex se integra de 29 universidades, entre las que se encuentran cinco que no están registradas en el ranking de AméricaEconomía.
Asimismo, sólo dos de las universidades afiliadas al Cumex se encuentran entre los 10 primeros lugares del ranking: la Autónoma de Nuevo León (5) y la de Guadalajara (6). En el bloque del lugar 11 al 20, se localizan cinco universidades: BUAP (11), la Autónoma de San Luis Potosí (14), la  Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (16), la Autónoma del Estado de México (17) y la Universidad de Sonora (20).
La mayor parte de las 29 universidades que integran el Cumex (58.6 por ciento) se ubican entre los lugares 23 y 50 de la clasificación de AméricaEconomía, es decir, del ranking que la UAG utiliza como fuente de sus comunicados.
Así, pues, hay que mesurar los logros obtenidos, ya que ni son históricos, pero sí desnudan lo mucho que falta por hacer.

Se fue un gobierno opaco y simulador en la rendición de cuentas

El Sur de Acapulco

El gobierno de Ángel Aguirre Rivero fue opaco desde el primero y hasta el último día de su gobierno. A lo largo de tres años y poco más de ocho meses que duró su mandato, las políticas para promover la transparencia y el acceso a la información de las dependencias del gobierno del estado fueron inexistentes, o sólo en el papel, y los escándalos sobre presuntas acciones de corrupción se presentaron constantemente en su gobierno.

Dos hechos retratan muy bien la escasa disposición de la administración aguirrista para la transparencia y la rendición de cuentas.
En diciembre de 2012, organismos sociales y civiles presentaron ante la Secretaría de Salud una petición para vigilar los recursos de la dependencia. En esa ocasión, un representante de la Contraloría General desautorizó la solicitud argumentando que las auditorías ciudadanas no están previstas en la ley y esa función corresponde a los órganos fiscalizadores. La percepción del funcionario de la Contraloría fue muy semejante con la que operó el gobierno del estado, incluso en contradicción con su propio plan estatal de desarrollo, que mencionaba con cierta amplitud el tema de la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos.
El otro hecho que retrata la administración de Aguirre, es un compromiso de campaña para constituir un consejo ciudadano que vigilara los recursos destinados a adquisiciones gubernamentales y obra pública, como una medida para prevenir y combatir la corrupción en el gobierno.
Sin embargo, el compromiso se diluyó a través de los meses. Hasta finales de octubre de 2011, el gobernador Ángel Aguirre envió la iniciativa de decreto al Congreso del estado para su análisis y aprobación. Los diputados locales aprobaron el decreto el 7 de febrero de 2012.
A este organismo ciudadano se le tomó protesta hasta el 16 de enero de 2014, prácticamente en el último año de la administración, y a la fecha no se ha hecho público ningún resultado. Era evidente que no quería la vigilancia ciudadana.

Escándalos en los primeros meses
En Monitor de Guerrero publicamos algunas de las numerosas irregularidades que presentó la administración de Aguirre; éstas fueron únicamente la punta del iceberg, pues difícilmente se conocerá la dimensión real de la depredación de los recursos públicos, por la falta de transparencia en su gestión. 
En julio de 2011, a 100 días de que asumiera la gubernatura, la gestión de Ángel Aguirre aún no emitía ninguna política de transparencia y de rendición de cuentas, pero eso sí, los nuevos funcionarios se mostraban muy incisivos respecto de las deficiencias contables, administrativas y de rendición de cuentas que le atribuían al gobierno anterior, sobre todo en los ramos de salud y educación que manejan presupuestos millonarios.
Durante los 100 días, el gobierno del estado no publicó la información de oficio de las dependencias de la administración central y el sector paraestatal correspondiente al periodo del entrante gobernador; es más, retiró toda la información de oficio que había publicado el gobierno de Zeferino Torreblanca, y durante varios meses no la reemplazó.
Los escándalos derivados de presumibles actos de corrupción, también brotaron desde los primeros meses de la administración aguirrista.
El primero surgió de la Secretaría de Desarrollo Social, cuyo titular en 2011, David Jiménez Rumbo, pretendió desvirtuar el programa 3x1 para migrantes mediante el uso político del programa y buscando modificar la operación que se había construido en los años anteriores.
Jiménez Rumbo descalificó la operación del 3x1 con acusaciones de corrupción y desvío de recursos, pero está documentado que es uno de los programas en donde la participación ciudadana ha impedido precisamente el uso irregular de los recursos. Realmente quien buscaba darle un uso político al programa era el funcionario del gobierno del estado.
Semanas después, representantes de comités comunitarios de varios municipios denunciaron que fueron presionados por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural para obligarlos a contratar a determinadas empresas para la construcción de obras.
El programa al que se referían los quejosos era el de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA), cuyos lineamientos operativos establecen claramente que los recursos de este programa deben ser recibidos por los beneficiarios y ellos tienen el derecho a decidir de qué manera los ejercen.
En esos días también hubo denuncias en contra de funcionarios de la misma Seder, por presuntos actos de corrupción dentro del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura. La acusación fue en específico en contra de Humberto Rafael Zapata Añorve, quien, según la denuncia, visitaba a los beneficiarios de los proyectos de obras de infraestructura aprobadas y los obligaba “a que contraten la ejecución de sus proyectos con la empresa constructora que dirige Jaime Alarcón, bajo el argumento de que es un hombre de mucha experiencia y de mucha confianza del C. Gobernador”.
En noviembre de 2011 dimos cuenta en este espacio de numerosas irregularidades en el Instituto Guerrerense de Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, encontradas en el padrón de beneficiarios, donde fueron registradas y cobraban personas no elegibles del programa, y esto con la anuencia, complicidad u omisión de funcionarios del gobierno.
Al buscar más datos sobre el asunto, la dependencia no respondió en tiempo los requerimientos de información que se le hicieron, y la Contraloría General del estado tampoco entregó información de las acciones de vigilancia sobre las irregularidades, pues decían que “dicha documentación no puede ser proporcionada, debido a que el expediente de los informes está clasificado como reservado”. No se supo de ninguna sanción.

2012

La Auditoría Superior de la Federación se ha convertido en una de las pocas fuentes que documentan las irregularidades en que incurre el gobierno de Guerrero. En 2012, este organismo denunció que durante 10 años, Guerrero cometió año tras año las mismas irregularidades en el ejercicio de los recursos, pues las revisiones practicadas a los fondos y programas financiados con recursos federales en el periodo 2000-2010 mostraron “una elevada incidencia y recurrencia de las observaciones”.
Pero hacia esta tendencia también se encaminó la administración de Ángel Aguirre, ya que las auditorías de los ejercicios 2011 y 2012 revelaron que también realizaba este tipo de prácticas que infringen la normatividad federal, al ejercerse los recursos federalizados de manera irregular, no obstante las observaciones que la ASF advertía oportunamente cada año.
El sector salud fue uno de los programas más opacos del gobierno de Aguirre. Si bien la ASF había denunciado irregularidades en el gasto de este programa en la administración de Zeferino Torrreblanca Galindo, esta tendencia continuó en el de Ángel Aguirre Rivero, que nada corrigió y continuaron los manejos poco claros.
Por ejemplo, a principios de 2013 la ASF puso al descubierto diversas irregularidades en el gasto de la Secretaría de Salud del gobierno del estado, según su informe de resultados de la fiscalización superior a la cuenta pública del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del ejercicio 2011.
La mayoría de las observaciones que encontró la ASF fueron el desvío de recursos hacia conceptos no autorizados a pagarse con dinero de este fondo federal, la falta de transparencia y pagos realizados de manera irregular a empleados de la dependencia. Es decir, en la administración de Ángel Aguirre se encontraron todavía muchas de las deficiencias e inercias que se habían observado al gobierno anterior.
El sector educativo también fue de los más opacos de la administración de Aguirre Rivero. En el portal electrónico de la dependencia se publica de manera dispersa e incompleta la información de oficio a la que está obligada; no se observa una línea articulada para presentar los datos, y sólo hay acumulación de información que no es útil.
En general, se observa una intención de no presentar información relevante sobre el funcionamiento de la SEG, opacidad que es congruente con las decisiones que se toman en el interior de la dependencia y que no necesariamente se apegan a las diferentes normas del sector.
En septiembre de 2012 publicamos que a 17 meses de que asumiera la administración de Ángel Aguirre, ni siquiera se había superado lo que hizo en la materia de transparencia el gobierno estatal anterior, pues, por ejemplo, las páginas electrónicas tenían escasa información o la que publicaban estaba desactualizada o no era útil para el monitoreo y seguimiento ciudadano de las acciones gubernamentales. Todavía en esas, había dependencias que no contaban con información de oficio, como la Secretaría de Educación de Guerrero, la Procuraduría de Defensa de los Campesinos y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
En noviembre de 2012, el festival anticorrupción organizado por el gobierno del estado a través de la Contraloría General del Estado, se quedó en simulación. Sin un marco conceptual que permitiera encuadrar las actividades realizadas, las dependencias del Ejecutivo montaron mesas de exhibición para presentar ante el público información sobre los programas y acciones, pero brillaron por su ausencia las propuestas o acciones para prevenir y combatir la corrupción. Fue un festival muy colorido con información sobre el quehacer de las dependencias, pero totalmente ajeno en la práctica al tema que se anunció.

2013

En abril de 2013 publicamos que la ASF y la AGE denunciaron que en el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 2011, ni el gobierno del estado ni los municipios auditados cumplieron con las disposiciones normativas aplicables.
Los órganos fiscalizadores concluyeron que el gobierno del estado mostró carencias y muchas irregularidades en el ejercicio de 434.3 millones de pesos que recibió de la federación en 2011 para la construcción de obra pública.
Por ejemplo, la AGE encontró que al 31 de diciembre de 2011, el gobierno del estado sólo ejerció 251.8 millones de pesos, es decir apenas 58 por ciento del total. Incluso, al 31 de mayo de 2012, sólo había ejercido 62.8 por ciento.
Aunado a este subejercicio, la AGE revisó una muestra de las obras y halló que 58 por ciento estaban terminadas y el resto en proceso, y de las obras concluidas, solo 78 por ciento operaba adecuadamente, por lo que la AGE concluyó que los recursos de este fondo “no se ejercieron con eficiencia”.
En septiembre de 2013, lluvias torrenciales afectaron severamente el territorio guerrerense. Desde el mismo momento del desastre, no hubo sin embargo claridad en las acciones gubernamentales del gobierno federal, ni del gobierno de Ángel Aguirre y mucho menos de los municipales. La falta de información fue la constante antes, durante y después del desastre.
La escaramuza entre los gobiernos estatal y federal respecto de las responsabilidades de prevenir a la población con oportunidad sobre la gravedad de la tormenta tropical y lo que se venía, fue solo un ejemplo de esa falta de oficio y coordinación entre ambos órdenes de gobierno para proporcionar información suficiente, oportuna y por los canales apropiados a efecto de disminuir los riesgos entre la población.
Ninguna entidad gubernamental quiso responsabilizarse de la falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno ni de la criminal ausencia de información a la ciudadanía, antes de que comenzaran las torrenciales lluvias en Guerrero.
Esta sequía de información también se ha observado en las acciones gubernamentales y sobre todo con respecto de la ayuda que proviene de fuera del estado, ya que no hay claridad sobre los recursos que han llegado y sí muchas promesas de que se harán transparentes.
Pero la transparencia no son declaraciones ni el anuncio de números gruesos; es sobre todo la voluntad de mostrar a la ciudadanía el detalle del ejercicio de los recursos para que ésta juzgue si se están gastando bien.
La opacidad se extendió también durante la crisis política por el asesinato y desaparición de los estudiantes normalistas. Reporteros de Noticias MVS acudieron al Registro Público de la Propiedad de Chilpancingo a realizar una búsqueda de las propiedades a nombre del José Luis Abarca y su esposa “como cualquier ciudadano puede hacerlo y pagando las cuotas establecidas”. Sin embargo, les negaron la información.

¿Aguirre promueve consulta ciudadana?

El Sur de Acapulco

Ángel Aguirre Rivero anunció hace unos días que someterá a consideración de la ciudadanía su permanencia como titular del Ejecutivo del estado. En un comunicado oficial fechado el 9 de octubre, el mandatario “anunció que presentará el lunes próximo (13 de octubre) ante el Congreso de Guerrero, la propuesta para que cuando éste y el Instituto Nacional Electoral lo decidan, se realice un referéndum para que la población decida democráticamente si permanece o no como titular del Ejecutivo estatal”.
En otro momento, esta iniciativa hubiera sido aplaudida por todos, pues ni en México y mucho menos en Guerrero, se recuerdan experiencias donde las propias administraciones gubernamentales sometan al escrutinio ciudadano el ejercicio del gobierno, o se ponga a consideración de la población las decisiones relevantes del país o del estado.
Durante los poco más de tres años de su gestión, a Ángel Aguirre nunca le interesó la opinión ciudadana en las decisiones de gobierno, ni tampoco el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana vigentes.
Pero hoy sí. En las actuales circunstancias, donde es fuertemente cuestionado, Aguirre Rivero pensó en utilizar una de las figuras de participación ciudadana, pero no para conocer lo que piensan los guerrerenses sobre su gobierno, sino para “legitimar” su estadía en la gubernatura o, en términos coloquiales, para “salvar el pellejo” ante los graves acontecimientos que vive el estado, derivados de los asesinatos de estudiantes en Iguala.

Pocas experiencias

No es fácil ubicar ejercicios reales de consulta ciudadana en el estado de Guerrero, simplemente porque no los ha habido; ha sido más fuerte y constante la centralización y el autoritarismo de los gobernantes.
Hay sin embargo algunos que no fueron promovidos desde el gobierno. Noe Rosendo Sánchez, en la revista Altamirano No 18 (octubre de 2000) recuerda que en “algunos municipios del país se ha practicado el plebiscito popular, por ejemplo en el municipio de Zumpango del Río, hoy Eduardo Neri, en 1984 la comunidad municipal empleó éste para desconocer a las autoridades municipales.”
Más recientemente, como parte de una consulta nacional, una grupo de ciudadanos y de diputados locales convocó a una consulta ciudadana en julio de 2008 sobre la reforma energética, y al parecer es el ejercicio mejor organizado y con mayor participación de ciudadanos hasta la fecha.
Entre los considerandos de la convocatoria, los organizadores señalaban que “un asunto de esta trascendencia (la reforma energética) no debe definirse sólo con la participación de los legisladores, sino que tiene que tomarse la opinión del pueblo de México mediante mecanismos de democracia directa, que ya son prácticas habituales de las democracias avanzadas del mundo, con las que la mayoría define las decisiones que deben adoptar los gobiernos”.
Para el cómputo de los votos se integró un consejo ciudadano que, al siguiente día del ejercicio dio a conocer los resultados finales de la consulta.
De acuerdo con los documentos emitidos por este consejo ciudadano, participaron 114 mil 104 personas, en un total de 654 mesas receptoras. Si se equipara con el padrón electoral de Guerrero de 2012, los ciudadanos participantes representaron 4.5 por ciento de ese padrón.
Pero más allá de estas experiencias, los sucesivos gobiernos estatales y municipales de Guerrero nunca han preguntado a los ciudadanos sobre las decisiones fundamentales que afectan a toda la población.
Tal es el caso de la presa hidroeléctrica La Parota, que los gobiernos federal y estatal han querido imponer a las comunidades afectadas.
En el documento Derecho al Territorio y a la Consulta proyecto Hidroeléctrico La Parota, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota y Tlachinollan (2011) reseñan una de las principales demandas del movimiento opositor: que el gobierno estatal acate sin restricciones la letra y el sentido de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario, así como que garantice el respeto al derecho a la consulta de los pueblos, respetando la decisión de los comuneros, que unánimemente dijeron no al proyecto.
Sin embargo, esta decisión de los pueblos no ha sido respetada.
Otro de los temas polémicos fue la despenalización del aborto. Aun cuando la comisión permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto para que el Congreso del estado de Guerrero organizara una consulta sobre este tema, ésta nunca se realizó, y la iniciativa para despenalizar el aborto fue desechada en las comisiones unidas de justicia, salud y equidad de género del Congreso local, sin haber preguntado a la población lo que opinaba sobre el tema.
El desprecio por la opinión de los ciudadanos no sólo es de los políticos guerrerenses, ya que el senador del PRI y presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna, aseguró en diciembre pasado que la reforma energética no es un tema que debe ser consultado con los ciudadanos.
“Vivimos en una democracia representativa, en donde, como representantes populares hemos ganado una elección y representamos a la ciudadanía, tenemos que tomar decisiones y muchos pensamos al interior del Senado y en la Cámara de Diputados que no es un tema que se tenga que consultar con la ciudadanía porque aplazaría decisiones fundamentales para el país“, aseveró en Noticias MVS.

Legislación sobre mecanismos de participación

En materia de leyes sobre los mecanismos de participación ciudadana, el estado de Guerrero también ha sido muy pobre.
Durante muchos años, la Constitución del estado incluyó dentro de su articulado (25) una de estas figuras de participación ciudadana. “El Poder Ejecutivo someterá a consulta de la ciudadanía, conforme a las técnicas y métodos del referéndum, los asuntos que de manera trascendente afecten el bienestar popular y reclamen importantes recursos fiscales”.
Pero ningún gobernador puso a consideración de la población algún tema al que se refiere el artículo 25 de la constitución, pues no requerían consultarlo con nadie.
También, desde 1987 estuvo vigente la Ley que establece las bases para el fomento de la participación de la comunidad, la cual proponía la incorporación de la participación ciudadana en el desarrollo social y económico del estado, en la ejecución de obras y en la prestación de servicios públicos. Sin embargo, esta ley no proponía la intervención de la ciudadanía en las decisiones relevantes de gobierno, sino que equiparaba la participación de la gente como aportación de mano de obra y “colaboración” con los gobiernos. Fue una ley que tampoco se usó.
Fue hasta 2008 cuando se aprobó la Ley de participación ciudadana del estado de Guerrero, en cuyo contenido “resaltan las figuras del plebiscito; referéndum; iniciativa popular legislativa; consulta ciudadana; colaboración ciudadana; rendición de cuentas; difusión pública; audiencia pública; recorridos de los presidentes municipales; y asamblea ciudadana, mismas que son calificadas como instrumentos medulares de los ciudadanos para participar en los asuntos públicos, al permitir a éstos, verificar y evaluar las políticas públicas”, según la exposición de motivos y consideraciones de la iniciativa de ley.
Cabe mencionar que, incialmente se propuso incluir la figura de revocación de mandato, ya que “este mecanismo le permitiría a la sociedad guerrerense someter al escrutinio y examen a sus gobernantes y representantes, y de no satisfacer su actuación en un tiempo razonable, podrían ser destituidos para que otros ciudadanos se ocupen de las responsabilidades que le fueron conferidas por medio de elección popular”. Pero al final no fue incluida la revocación de mandato en la ley que aprobaron los diputados de la LVIII Legislatura del Congreso del estado.
Sin embargo, esta ley de participación ciudadana de Guerrero ha sido letra muerta, salvo por los casos del ejercicio ciudadano realizado sobre la reforma energética de 2008, y la aprobación en 2011 de la Ley de desarrollo rural sustentable del estado, que fue ampliamente consultada con organizaciones de productores del estado.
Al respecto, Alberto J. Olvera afirma que “las leyes de participación ciudadana en los estados son deficientes en términos de establecer claras garantías para el ejercicio de los mecanismos de democracia directa. En gran medida, por esta razón ha habido muy pocas experiencias de este tipo, todas ellas fallidas. (…) la carencia de experiencias positivas habla de la dificultad de usar la democracia directa cuando en el gobierno hay una clase política que no se interesa por reformas de fondo en el orden constitucional e institucional y la sociedad civil es débil y fragmentada”.

La nueva Constitución

La nueva constitución del estado de Guerrero incluye algunos de los mecanismos de participación ciudadana y los considera como derechos ciudadanos. En el artículo 19 por ejemplo, establece que es un derecho de los guerrerenses, una vez que hayan cumplido 18 años, “participar en los procesos de referéndum, revocación de mandato, plebiscito y demás instrumentos de participación ciudadana; presentar iniciativas de ley ante el Congreso del estado, con excepción de la materia penal y tributaria; y acceder de manera efectiva a la información pública del Estado”.
Aun cuando se considera un avance la inclusión de estos derechos, la constitución también refiere que sólo el Congreso del estado y el titular del Ejecutivo estatal podrán convocar a estos ejercicios ciudadanos.
Por ejemplo, entre las atribuciones del Congreso (artículo 61), la constitución describe la de “formular solicitud al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que organice referéndum, plebiscitos, consultas populares y demás instrumentos de participación ciudadana”.
En el caso del gobernador (artículo 91), éste podrá solicitar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero la convocatoria y organización, en su caso, de referendos, plebiscitos, consultas populares y demás instrumentos de participación ciudadana”.
Asimismo, la constitución propone que sea el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado (IEPC) el encargado de organizar, desarrollar y vigilar las “elecciones periódicas, plebiscitos, referéndum y demás instrumentos de participación ciudadana”.
Al respecto, el artículo 128 describe las atribuciones del IEPC y destaca entre ellas la “organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los casos de referéndum, plebiscito, revocación de mandato, consulta ciudadana y demás instrumentos de participación ciudadana”.
Sin embargo, tanto en la constitución como en la ley de instituciones y procedimientos electorales del estado sólo se establece el órgano que organizará y operará los mecanismos de participación ciudadana, pero no describe los procedimientos ni el carácter de los resultados. De hecho, el artículo 23 de la constitución local indica que “la ley regulará los instrumentos de participación ciudadana, las formas y modalidades en que aquéllos tendrán efectos vinculantes sobre las decisiones de los poderes públicos”.
A la fecha, esta ley todavía no se escribe.

La consulta de Aguirre

El gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció que convocará a una consulta ciudadana para que decida sobre su permanencia como titular del Ejecutivo. La presión local, nacional e internacional, que lo responsabiliza de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, por acción u omisión, lo tiene con un pie y medio fuera del gobierno.
En estas circunstancias, es imposible creer que el gobierno organizaría este ejercicio de consulta ciudadana como un gesto democrático, pues claramente responde más a la presión externa que a una intención de fortalecer la democracia en el estado.
Lo mejor es que no se realice, sería muy lamentable que este tipo de ejercicios ciudadanos, sobre todo tratándose del primero que se realizaría en el estado, se perviertan desde el principio.
El de Aguirre Rivero sería el primero formalmente convocado, y detrás de él se movería una maquinaria político-clientelar y muchísimos recursos para cambiar votos por despensas, dádivas, favores políticos. Simplemente sería otra elección con los mismos vicios de siempre.