Primer monitoreo a la transparencia de las dependencias de Guerrero

El Sur de Acapulco

De acuerdo con un monitoreo realizado por la organización Comunicación para el Desarrollo Comunitario (Comunica AC), los ayuntamientos ya no son los únicos que se encuentran a la vanguardia de la opacidad en Guerrero, sino que dependencias como el Congreso del estado y los tribunales Superior de justicia y Electoral del estado presentaron también muy bajos niveles de transparencia. Incluso el propio Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero (Itaig), el órgano garante de que se cumpla la ley, no alcanza ni la mitad de las obligaciones de transparencia que le establece la ley.
A siete años de que entró en vigor la Ley de Acceso a la Información Pública del estado, todavía ninguna de las dependencias públicas que tienen la obligación de difundir información, cumple cabalmente con lo que ordena el marco jurídico.
Desde 2006 han pasado dos gobiernos estatales, tres legislaturas en el Congreso, tres administraciones municipales y numerosos funcionarios, pero hasta hoy ninguna dependencia puede jactarse de cumplir cabalmente con el artículo 13 de la ley de transparencia, lo que reduce de manera importante la posibilidad de que la ciudadanía conozca las actividades, programas, presupuestos, etc., que realiza en cada dependencia.
No obstante este evidente desacato, hasta hoy ha habido ninguna sanción ni siquiera una llamada de atención –ni siquiera un monitoreo público- de parte del Itaig que ponga orden y haga cumplir la ley a las dependencias que tienen esta obligación.
El monitoreo
De acuerdo con la ley de transparencia, corresponde al Itaig evaluar que las dependencias públicas cumplan con su información pública de oficio, pero a la fecha este organismo no ha realizado ningún monitoreo y tampoco ha aplicado alguna sanción.
Ante esta pasividad del instituto de transparencia, algunos organismos ciudadanos han tomado la iniciativa para realizar monitoreos de la transparencia en el estado, por ejemplo, en el caso de los ayuntamientos, el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) cada semestre evalúa el nivel de opacidad de este orden de gobierno. Sin embargo, hasta hoy ninguna organización había realizado y hecho público ningún monitoreo sobre las demás dependencias públicas.
Comunicación para el desarrollo Comunitario es la organización ciudadana que realizó este primer ejercicio de monitoreo, que consistió en la revisión de los portales electrónicos de una muestra de 30 dependencias públicas de las 160 que se registran en el estado. El trabajo se realizó durante la tercera semana de marzo del presente año.
La mecánica de trabajo fue la revisión de las páginas electrónicas de las dependencias muestreadas o seleccionadas para certificar que cumplieran con el catálogo de 22 temas de información que están obligadas a difundir, según el artículo 13 de la ley de transparencia.
Los resultados son significativos, ya que mostraron que no sólo los ayuntamientos se encuentran a la vanguardia de la opacidad, sino que la mayoría de las dependencias públicas del estado presentaron altos niveles de opacidad, pues ninguna cumple plenamente con las exigencias de la ley.
Los resultados
Sólo siete de las 30 dependencias de la muestra registraron más de 50 por ciento de cumplimiento, pero ninguna alcanzó 70 por ciento. Otras 10 instituciones se ubicaron entre 20 y 50 por ciento, y 13 no alcanzaron ni siquiera 20 por ciento de cumplimiento al artículo 13 de la ley de transparencia.
La institución que logró la mayor calificación fue el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa, con un 69 por ciento de cumplimiento de su información pública de oficio; le siguieron, la Secretaría de Finanzas y Administración, con 64.3 por ciento de cumplimiento, el parque Papagayo, con 62.5 por ciento, la Secretaría Particular del Ejecutivo con 60 por ciento, y el Conalep, que obtuvo 58.9 puntos porcentuales.
A la mitad de la tabla quedaron instituciones como la Secretaría de Salud, con 57.1 por ciento, la Secretaría de Desarrollo Rural (51 por ciento), el Consejo Estatal del Cocotero (48 puntos), y Radio y Televisión de Guerrero, Secretaría de Fomento Turístico y la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, con 46 por ciento.
Al igual que las evaluaciones que ha realizado el colectivo Cimtra en tres años, los ayuntamientos obtuvieron las peores calificaciones del estudio. Por ejemplo, cinco municipios de la muestra obtuvieron cero de calificación: Zihuatanejo, Cocula, Chilapa, Apaxta y Atlamajalcingo. Mientras que el resto no alcanzó ni un tercio de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia: Chilpancingo, por ejemplo, apenas obtuvo 22.8 por ciento de cumplimiento, Acapulco 21.4 por ciento, Iguala 7.1 por ciento y Taxco con 6 por ciento. Le siguieron Coyuca de Benítez (5.2 por ciento), Tlapa (4.2 por ciento) y Copala (uno por ciento).
Entre las peores calificaciones generales, destacaron las que obtuvieron el Congreso del estado que sólo alcanzó 9.6 por ciento, el Tribunal Superior de Justicia de la entidad, con apenas 6.5 por ciento de cumplimiento, y el Tribunal Electoral del estado, con sólo tres por ciento. Es decir, porcentaje más bajos que algunos ayuntamientos guerrerenses.
Cabe resaltar que el organismo que tiene la función de garantizar que se cumplan los preceptos que establece la ley de transparencia, el Itaig, no cumple ni siquiera con la mitad (48 por ciento) de sus obligaciones de información pública de oficio.
Los temas más opacos
Del catálogo de 22 temas de información pública de oficio que las dependencias están obligadas a poner a disposición del público, hay algunos rubros que han permanecido especialmente opacos, lo que acentúa de manera significativa la falta de transparencia, ya que son temas clave, útiles a la ciudadanía para el seguimiento de las actividades y los avances en el ejercicio del presupuesto.
Por ejemplo, ninguna dependencia cumple plenamente con la obligación de publicar información sobre el presupuesto asignado que además debe ser desglosado por programa, así como tampoco dan a conocer sus informes cuatrimestrales de los últimos tres ejercicios fiscales.
Son muy pocas las dependencias que difunden esta información, y las que sí lo hacen, lo realizan parcialmente porque publican sólo el presupuesto anual general sin desglosarlo por programa. Ninguna dependencia en Guerrero da a conocer los avances cuatrimestrales en el ejercicio de sus recursos.
Otro de los temas en donde se observó una muy acentuada ausencia de información es la que se refiere a los planes estatal y municipales de desarrollo, los cuales deben estar vinculados con sus programas operativos anuales y sectoriales y sus respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las metas y los avances físicos y financieros de cada una de éstas. Respecto de los indicadores de gestión, agrega la ley de transparencia, deberá difundirse una justificación de los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su cumplimiento.
Al respecto, la mayoría de las instituciones omitieron información sobre este tema, o lo que difundieron es muy diferente a lo que exige la ley. Son muy pocas las dependencias que dan a conocer sus planes de desarrollo (el Ejecutivo estatal y un par de  ayuntamientos), pero nadie en el estado desagrega estos planes en programas anuales y menos publican metas e indicadores de gestión, con lo que se reduce sustancialmente o nulifica la posibilidad del monitoreo ciudadano, que es uno de los objetivos propuestos en la ley de transparencia.
En el caso del Ejecutivo del estado, cabe recordar que el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo gastó cuantiosos recursos financieros en capacitación y asesoría para obtener los  indicadores de cada dependencia, pero éstos ya no existen o no son utilizados por la administración de Aguirre Rivero.
Otro de los aspectos que presenta una gran opacidad son los informes de auditorías y otras revisiones que las oficinas públicas deberían publicar cuatrimestralmente; sin embargo, es uno de los puntos más oscuros en la entidad, ya que no sólo las dependencias no dan a conocer esta información, sino que los órganos locales de revisión o fiscalización (Contraloría del estado, Auditoría General del estado) omiten publicarla. La Auditoría Superior de la Federación es la única fuente que da a conocer los resultados de auditorías a dependencias de Guerrero en sus revisiones a los recursos federales.
La publicación de las cuentas públicas y los informes cuatrimestrales o anuales -una vez que sean aprobados por el Congreso del estado-, es otro de los temas opacos entre las dependencias de Guerrero. En el mejor de los casos las dependencias publican un oficio simple donde informan que entregaron este documento a la Auditoría General del Estado, pero no el desglose de la cuenta pública.
En el caso del Ejecutivo del estado, las dependencias informaron que no tienen atribuciones para publicar su cuenta pública, pues argumentan que es una facultad de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado. Pero al revisar el portal electrónico de esta dependencia, solo se observó la cuenta pública general del gobierno del estado, es decir, no hay forma de conocer de manera desglosada los informes de cuenta pública específicos de cada dependencia, para su monitoreo y seguimiento.
Excepto un par de dependencias, en Guerrero nadie da a conocer los contratos o convenios que celebra, y esto debería hacerse mediante un listado que relacione el número de contrato, su fecha de celebración, el nombre o razón del contratante o proveedor, el servicio contratado y el monto del valor total de la contratación.
Tampoco ninguna dependencia da a conocer el nombre de las personas físicas o morales, públicas o privadas a quienes, por cualquier motivo, les entregan recursos públicos federales, estatales o municipales, en su caso, así como el monto correspondiente, no obstante que en el Ejecutivo estatal y los ayuntamientos hay un manejo discrecional de los recursos  a personas y organizaciones.
Hay otros temas del catálogo de información pública de oficio en donde sí se han aplicado las dependencias, pero no es información relevante para conocer su eficiencia y eficacia. Entre otros rubros que sí difunden está el directorio de sus servidores públicos, el marco normativo aplicable a la dependencia, el nombre, domicilio, teléfono y dirección electrónica oficiales del titular de la unidad de transparencia y acceso a la información –que de acuerdo con la ley de transparencia, cada dependencia debe tener-, y el listado de los servicios que ofrece y los programas que administra, incluso los trámites para acceder a ellos y la población objetivo a quien van dirigidos.
Finalmente, entre los hallazgos de este monitoreo realizado por Comunica AC destacó que no hay una actualización ni sistematización permanente de la información, pues la ley de transparencia ordena que la actualización debe ser cuatrimestral y el Itaig “expedirá las normas de operación, los criterios y lineamientos pertinentes con el propósito de establecer formatos sencillos, entendibles y claros para la consulta pronta y expedita de la información”.
Sin embargo, después de siete años dichos lineamientos no existen y la mayor parte de la información que se publica en los portales está desactualizada, y en el caso de las dependencias del Ejecutivo estatal, hay datos que no se han modificado desde la administración de Zeferino Torreblanca Galindo.