Irregularidades en el gasto de la Secretaría de Salud, según la ASF

El Sur de Acapulco

La Auditoría Superior de la Federación puso al descubierto diversas irregularidades en el gasto de la Secretaría de Salud del gobierno del estado, según su informe de resultados de la fiscalización superior a la cuenta pública del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del ejercicio 2011.
La mayoría de las observaciones que encontró la ASF fueron el desvío de recursos hacia conceptos no autorizados a pagarse con dinero de este fondo federal, la falta de transparencia y pagos realizados de manera irregular a empleados de la dependencia.
De acuerdo con la ASF, el ejercicio de 2011, el primero del gobierno de Ángel Aguirre Rivero que es fiscalizado por la dependencia federal, calificó de “regulares” los controles internos instrumentados por el gobierno del estado para la gestión del FASSA, a diferencia de la revisión de 2010, todavía en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, donde estos controles fueron “deficientes”, de acuerdo con el órgano fiscalizador federal.
Sin embargo, en la actual administración estatal se encontraron todavía muchas de las deficiencias e inercias que se habían observado al gobierno anterior.
El FASSA es el principal recurso financiero federal que se emplea para la operación y funcionamiento de los servicios de salud en el estado. Dentro de los recursos del ramo 33 que recibe el gobierno del estado, es el segundo más cuantioso, después del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), que en 2011 fue de 11 mil 863 millones de pesos.
Para el sector salud, el presupuesto de egresos 2011 del estado reportó un monto de 2 mil 796 millones de pesos; sin embargo, la ASF detalló en su informe que la Secretaría de Salud recibió en ese año recursos por 2 mil 852.2 millones de pesos, que aproximadamente representan 13 por ciento del total de las aportaciones federales que llegaron al estado en ese ejercicio fiscal.
De este total, la mayor parte de los recursos destinaron al pago de salarios, ya que 2 mil 439.7 millones de pesos (85.6 por ciento) tuvieron ese fin. Le siguieron los gastos de operación, a los que se asignaron 360.3 millones (12.6 por ciento) y materiales y suministros, que tuvieron 218.5 millones de pesos (7.6 por ciento). A la compra de medicamentos, durante 2011 sólo se dio un presupuesto de 65.1 millones de pesos, que representan apenas 2.3 por ciento del total.
Principales irregularidades
Entre las observaciones que encontró la ASF, destacan que la Secretaría de Salud ejerció recursos por 10.9 millones de pesos en conceptos que no pueden ser cubiertos con dinero de este Fondo, entre ellos el pago de medicamentos al Seguro Popular por 3.7 millones de pesos, donativos a instituciones por 1.5 millones, pago de uniformes al sindicato por 1.5 millones, y servicios de capacitación y subcontratación por un millón de pesos, entre otros.
Asimismo, el órgano fiscalizador federal encontró que se pagaron conceptos no autorizados dentro del FASSA como el pago de facturas de ejercicios anteriores por 907 mil pesos; pago de pólizas de seguro de automóviles del Seguro Popular y Caravanas por 737 mil pesos, consumo de alimentos por 674 mil pesos, pago de impresiones de las Condiciones Generales de Trabajo al Sindicato por 371 mil, así como una posada de fin de año que costó 344 mil pesos.
Otros conceptos que se cubrieron con recursos del FASSA sin estar autorizados fueron los 29.7 millones de pesos para el pago del “Bono del gobernador a servidores públicos”, recursos por 5.2 millones para el pago de laudos de 13 ex empleados, y el pago de 891 mil pesos para vales de despensa al personal de mandos medios y superiores.
Por otra parte, la ASF descubrió que la Secretaría de Salud siguió pagando a 116 servidores públicos la cantidad total de 3.6 millones de pesos, aun cuando éstos ya habían sido dados de baja. También encontró que se pagó de manera irregular a 36 empleados que pidieron licencia por comisión sindical con goce de sueldo, ya que la ASF verificó que la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud federal emitió las autorizaciones correspondientes en forma posterior al inicio de las mismas. A estos empleados se les pagaron 3.3 millones de pesos.
Asimismo, la Secretaría de Salud gastó 687 mil pesos en el pago de los salarios de cuatro funcionarios comisionados a otras dependencias como la Casa de la Mujer Indígena, el Instituto Estatal de Cancerología, la Coordinación General de Giras del C. Gobernador y la Dirección de Protección Social en Salud, áreas no autorizadas para financiarse con recursos del FASSA.
En la mayoría de los casos, la ASF informó que el gobierno del estado “proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos” que fueron desviados a conceptos no autorizados por el FASSA, “más los intereses generados”.
Y también explicó que la Contraloría General del estado de Guerrero inició los procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, con lo que dio por “solventados” los asuntos.
Opacidad en la cuenta pública
En la página de la Contraloría no se hace ninguna referencia a la revisión efectuada por la ASF a los fondos federales destinados al sector salud ni a sus resultados, aun cuando en todo el informe del órgano fiscalizador federal se establecen compromisos para que la Contraloría General del Estado determine posibles responsabilidades de funcionarios por las irregularidades detectadas.
Sin embargo, a la fecha la Contraloría aún no publica la relación de observaciones donde se compromete su intervención ni tampoco ha hecho públicos los resultados de sus indagaciones a los servidores públicos con posible responsabilidad.
Por su parte, la Secretaría de Salud tampoco informa sobre las revisiones de la ASF, aunque da a conocer en su página electrónica que en el periodo de abril a octubre de 2011, la Contraloría interna de esa dependencia realizó 20 auditorías en diferentes áreas de la secretaría, de las que se derivaron 195 observaciones. Pero a la fecha, no ha informado sobre los resultados de dichas revisiones y sólo se limita a decir que las sanciones o medidas correctivas están en trámite.
La Secretaría de Finanzas y Administración tampoco se refiere a las revisiones de la ASF a las cuentas públicas de las dependencias que reciben recursos financieros federales. La información que presenta en su página electrónica considera globalmente la cuenta pública del gobierno del estado, pero no desglosa los datos de cada una de las secretarías y entidades de la administración pública estatal, por lo que no es posible para la ciudadanía observar con detalle las finanzas de cada una de las entidades.
La ASF se refirió en su informe sobre el FASSA 2011 precisamente a la falta de transparencia, ya que también reportó que la Secretaría de Salud no difundió los reportes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo en el órgano local oficial de difusión del estado, ni en su página de internet o en otros medios locales de difusión; tampoco reportaron de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones del FASSA 2011 y el avance de indicadores, ni realizaron las evaluaciones del fondo.
Todas estas deficiencias de la Contraloría General, Sefina y la Secretaría de Salud repercuten de manera directa en la ciudadanía, que con esa opacidad, no tiene la oportunidad de conocer información acerca de la situación que guarda el sector salud de Guerrero.
En los hechos, se necesita esperar a que la ASF publique los resultados de sus auditorías a las cuentas públicas de las dependencias que ejercen los fondos federales para conocer cómo se gastaron esos recursos a nivel local.
Otras observaciones
La Secretaría de Salud realizó pagos al ISSSTE y Foviiiste fuera de tiempo y utilizó recursos del FASSA 2011 para pagar actualizaciones e intereses moratorios por 1.1 millones de pesos.
Asimismo, en esa dependencia adjudicaron y contrataron la adquisición de bienes y servicios con recursos federales sin ajustarse a la Ley de Administración de Recursos Materiales, ya que indebidamente aplicaron la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; tampoco elaboraron el programa anual de adquisiciones y arrendamientos de bienes y servicios, y adjudicaron indebidamente varios pedidos.
Por otro lado, la Secretaría de Salud aplicó menores porcentajes de penalización a aquellos proveedores que se retrasaron en la entrega de bienes, y asimismo no aplicó penas convencionales por 240 mil pesos a 11 proveedores que entregaron los bienes con 2 y hasta 45 días de atraso respecto de la fecha establecida.
La ASF también concluyó que no existen en la institución estatal de salud los mecanismos de control que aseguren un manejo adecuado y transparente de los medicamentos e insumos médicos, ya que no cuenta con controles de existencias de medicamentos que permitan su fiscalización.
En su visita al almacén central, la ASF detectó 308 medicamentos de lento o nulo movimiento y próximos a caducar tasados en 19 mil 500 pesos, pero también encontró 8 mil 249 medicamentos caducados con un costo de casi 500 mil pesos. Al respecto, la dependencia no proporcionó evidencia de que hubiera mecanismos de control para evitar que se ubicaran en estado de caducidad.
Asimismo, también de la visita a diferentes almacenes y de la revisión de la calendarización de entrega de medicamentos y de una muestra seleccionada de 578 mil 661 medicamentos que corresponden a 37 claves, se descubrió que el almacén central no surtió 214 mil 286 medicamentos solicitados por las unidades médicas para estar en posibilidades de atender a la población objetivo del fondo.
Revisiones de la AGE
Como parte del programa de auditorías de la ASF al gasto federalizado, la Auditoría General del Estado de Guerrero también realizó una revisión a la cuenta pública del sector salud.
En el caso de estas auditorías, destacan las observaciones que hizo el órgano fiscalizador local en el rubro de servicios personales, ya que por ejemplo, la AGE encontró que la Secretaría de Salud pagó 1.3 millones de pesos a cuatro servidores públicos de quienes no se pudo comprobar que disponen de la cédula profesional o título correspondiente. En este mismo rubro, la Secretaría pagó un total de 2.6 millones de pesos a 12 médicos especialistas que no disponen del título profesional y cédula de especialista.
La AGE también encontró irregularidades en el pago de nómina a 91 médicos que no disponen de la constancia de no inhabilitación, y además se detectaron los casos de dos trabajadores que fueron dados de baja por defunción, pero cuyos pagos continuaron emitiéndose por 131 mil 500 pesos en fechas posteriores a las de su baja.
El órgano fiscalizador del estado también realizó una inspección física de los medicamentos, insumos médicos y material de curación, en donde detectó productos en deterioro, caducados y próximos a caducar, además de que no se cuenta con un adecuado control y manejo de éstos para abastecer en forma puntual a la población.
También se refirió a que 70 por ciento de los avales ciudadanos (figura de participación ciudadana para la vigilancia y el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud) no participa en el seguimiento y evaluación de la calidad en forma adecuada y de conformidad con los lineamientos establecidos, por lo que no se logra e impulsa la mejora continua de los servicios de salud y no se garantiza la seguridad de los pacientes.
En general, la Auditoría General del Estado de Guerrero concluyó que el gobierno del Estado “no cumplió de forma adecuada las metas y objetivos que en materia de salud atiende el FASSA, ya que la atención de la población que no tiene acceso a ningún tipo de seguridad social no fue de la calidad suficiente”.
Los alcances de las auditorías financieras y de cumplimiento realizadas por la ASF y de manera complementaria por la Auditoría General del Estado de Guerrero, si bien son útiles para entender el ejercicio de los recursos del principal fondo federal de recursos destinado al sector salud, no son suficientes para conocer la calidad y la cobertura reales que tienen los servicios de salud en el amplio territorio guerrerense.
No se reflejan en estas revisiones de los órganos fiscalizadores el ausentismo de personal médico, sobre todo en las comunidades rurales –por la inseguridad, pero también por el burocratismo–, ni la mala atención que reciben los ciudadanos ni las cuotas que deben pagar para el funcionamiento de los centros de salud ni el desabasto de medicamentos, del que tanto se quejan los ciudadanos.
Los resultados de estas revisiones son, pues, solo parte de la realidad que se vive en el sector salud en donde es evidente que el derecho a la salud todavía es incompleto para miles de guerrerenses. Para consultar el informe completo de la ASF:  http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Grupos/Gasto_Federalizado/2011_0704_a.pdf

Tan opacos los ayuntamientos que se fueron como los que llegaron

El Sur de Acapulco

A cinco meses de que asumieron la administración de sus demarcaciones, los ayuntamientos de Guerrero no han cumplido con las expectativas en materia de transparencia que generaron entre los ciudadanos, ya que no han cambiado las prácticas de opacidad que caracterizaron a sus antecesores, no obstante que durante los primeros días después de que asumieron el cargo, muchos alcaldes y funcionarios de los nuevos gobiernos se pronunciaron por ejercer mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas ante el desastre administrativo y financiero y de endeudamiento que dejaron los ayuntamientos del periodo 2008-2012.
Los primeros focos rojos de la opacidad de los ayuntamientos actuales los prendieron los resultados de la evaluación aplicada en enero de 2013 por el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) a 32 municipios del estado de Guerrero, en donde la calificación promedio de estas demarcaciones fue de 5.37 –en una escala de 1 a 100–, por debajo de estados como Chihuahua y Jalisco, cuyos municipios evaluados tuvieron una calificación promedio de 78.9 y 59.3 puntos, respectivamente.
Esta calificación no se diferencia de la que registraron los gobiernos pasados en las cinco revisiones anteriores, donde los valores fluctuaron entre 3 y 6 puntos colocando a los municipios guerrerenses entre los más opacos de todo el país.
El municipio de Tlajomulco, Jalisco, que ocupa la primera posición nacional obtuvo 94 puntos en su más reciente evaluación, mientras que el segundo y tercer sitio correspondieron a Zapopan (Jalisco) y Ciudad Juárez (Chihuahua) con 89 puntos cada uno. En contraste, el municipio guerrerense con mejor posición nacional fue Iguala, que apenas obtuvo 24 puntos.
En el registro general, de los 25 municipios más opacos –de 78 evaluados a nivel nacional– 24 son guerrerenses y no rebasan los dos puntos. Asimismo, 10 de los 32 municipios evaluados en Guerrero, no alcanzan ni siquiera un punto de calificación (Alcozauca, Alpoyeca, Atlamajalcingo, Benito Juárez, Cochoapa el Grande, Coyuca de Benítez, Florencio Villarreal, Igualapa, Metlatónoc y San Luis Acatlán).
Esta información de municipios reprobados en transparencia no es extraña en Guerrero, pero la experiencia de los gobiernos locales anteriores indica que donde prevalece la opacidad es muy probable que haya un ejercicio desaseado de los recursos públicos, como sucedió en los ayuntamientos que concluyeron su periodo en septiembre de 2012.
Sin avances, el acuerdo por la transparencia
Ante la expectativa que generó el relevo de los gobiernos municipales, Cimtra convocó en septiembre de 2012 a los 81 ayuntamientos del estado a firmar el Acuerdo por la Transparencia Municipal, un documento en el que los alcaldes se comprometían a “actuar de manera ética y orientar sus esfuerzos al cumplimiento de las obligaciones legales vigentes en materia de transparencia y al logro de una comunicación efectiva con los habitantes de sus municipios”, así como a “promover en sus gestiones el manejo transparente de los recursos públicos” y a “fomentar la participación de la ciudadanía como vigilante de la labor gubernamental”. Asimismo, su compromiso fue el de “asumir una actitud de apertura y disposición para la publicación de información”.
Sin embargo, a la cita sólo acudieron los presidentes municipales electos de Chilpancingo, Acapulco y Atoyac, Mario Moreno, Luis Walton y Edilberto Tabares Cisneros, y uno de los síndicos del ayuntamiento de Iguala, Justino Carvajal Salgado; ningún otro representante municipal hizo caso a la convocatoria.
No obstante que firmaron el documento, y a cinco meses de haber tomado posesión, los cuatro ayuntamientos que asumieron públicamente compromisos, muy poco o nada han hecho en favor de la transparencia.
Iguala, por ejemplo, aunque en la evaluación de Cimtra incrementó en 16 puntos su calificación respecto del gobierno anterior, los 24.1 puntos que obtuvo en enero pasado –y que le dan el primer sitio estatal– evidentemente son insuficientes para caracterizar a este ayuntamiento como transparente, pues está muy lejos de los 94 puntos que logró el ayuntamiento de Tlajomulco, Jalisco.
Chilpancingo es otro de los ayuntamientos que firmaron el Acuerdo por la Transparencia Municipal. Sin embargo, el gobierno de Mario Moreno no obtuvo mejores calificaciones que sus antecesores, ya que la revisión más reciente de Cimtra le dio 22.5 puntos. Hay que recordar que durante el periodo 2008-2012, en ese municipio se obtuvieron valores que van de los 10 a los 30 puntos en cinco revisiones. Es decir, la actual administración no ha alcanzado ni siquiera la calificación máxima que obtuvo el gobierno anterior.
Tampoco el ayuntamiento de Acapulco se ha caracterizado por sus prácticas de transparencia, no obstante sus constantes reclamos al gobierno anterior precisamente por su opacidad y nula rendición de cuentas. En esta materia, el gobierno municipal de Luis Walton no ha hecho ninguna diferencia con el de Manuel Añorve y sus relevos.
En la más reciente evaluación de Cimtra, el ayuntamiento de Acapulco obtuvo apenas 19.7 puntos; es decir, ni siquiera alcanzó la calificación promedio del municipio durante las cinco revisiones al gobierno anterior, que fue de 20.8 puntos.
El ayuntamiento de Atoyac también firmó el compromiso por la transparencia, y aunque, de acuerdo con Cimtra incrementó su calificación respecto del gobierno anterior, este aumento es insignificante, ya que pasó de 1.7 a 4.1 puntos. Si se considera que la escala es de 1 a 100, la conclusión es que el ayuntamiento de Atoyac ha hecho muy poco por la transparencia.
Otros gobiernos municipales no firmaron el acuerdo por la transparencia, pero expresaron su disposición de hacerlo, como el ayuntamiento de Zihuatanejo, que en la evaluación que cada semestre aplica Cimtra obtuvo una calificación muy baja, de sólo 6.6 puntos. Incluso es uno de los municipios que registró una disminución en su puntaje con respecto del gobierno anterior.
Impunidad en Acapulco
Además de la opacidad, la impunidad es otro pesado lastre que caracteriza a los gobiernos municipales, pues es vox populi que en aquellos municipios donde hubo saqueo o desvío de recursos del erario público, nada pasará en contra de los responsables. Esto sucede en gran parte porque no existe aún el andamiaje jurídico –ni la disposición política de quienes toman las decisiones– necesarios para sancionar y poner en su lugar a los presidentes municipales y a sus compinches que se enriquecieron con el dinero público o que lo desviaron a conceptos ajenos a los propósitos de un ayuntamiento, como al financiamiento de campañas políticas, por ejemplo.
En el caso más visible, el de Acapulco, de muy poco le servirá al gobierno de Luis Walton que haya presentado ante la Auditoría General del Estado una denuncia por “irregularidades presumiblemente cometidas durante la administración anterior”, ya que el argumento para hacer la denuncia es la falta de documentos (expedientes técnicos de proyectos y programas ejecutados de los años 2009-2012) y por la transferencia indebida de recursos del Ramo 33 (del Fondo de Infraestructura Social Municipal, que efectivamente están etiquetados para obras y acciones muy específicos) al gasto corriente.
Sin embargo, según experiencias anteriores, los señalamientos presentados por el actual ayuntamiento de Acapulco son insuficientes, y en el mejor de los casos terminarán en una “observación” por parte de la AGE que ordenará a algún ex funcionario municipal su solventación, pero es poco probable que se finquen responsabilidades de tipo penal.
Con esta seguridad, al día siguiente de que se presentó la denuncia ante la AGE, la ex secretaria de Finanzas del gobierno municipal de Acapulco en el periodo de enero a septiembre de 2012, respondió con toda tranquilidad que “la transparencia y la rendición de cuentas es una obligación constitucional y una exigencia de la sociedad y no está sujeta a veleidades ni estridencias”, porque sabe que la AGE no podrá fincar ninguna responsabilidad penal –una expresión popular dice que se les acusa de pillos, no de tontos–, si acaso una de carácter administrativo que evidentemente podría ser enfrentada sin pisar la prisión. Los resultados de esa denuncia son pues bastante previsibles.
La impunidad que se prevé para el gobierno de Manuel Añorve y que involucra muchos millones de pesos contrasta con la noticia aparecida recientemente en los diarios, donde una joven, madre soltera de dos pequeñas, enfrenta un proceso penal por haber robado comida en una tienda de autoservicio en Zihuatanejo, precisamente para alimentar a sus hijas.
Otros casos de impunidad
No sólo se requiere robustecer el marco jurídico para establecer sanciones severas a cualquier funcionario municipal que incumpla las diferentes normas en el ejercicio y fiscalización de los recursos públicos, también es necesaria la disposición política para la aplicación de las sanciones.
Hace un año, en febrero de 2012 se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero los decretos donde el Congreso del estado no admitió y declaró improcedentes las denuncias de juicio político en contra de ocho alcaldes (Apaxtla de Castrejón, Quechultenango, Alpoyeca, Cochoapa el Grande, Cutzamala de Pinzón y Teloloapan) por no haber presentado la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2009, así como sus informes cuatrimestrales de ese año.
La denuncia, presentada por Ignacio Rendón Romero, ex auditor general del estado, argumentó que con la no presentación de estos documentos financieros se vería obstruida la función de la Auditoría General del Estado “ya que al no haber presentado la Cuenta Pública e Informe mencionados, mi representada (la AGE) no pudo cumplir con las obligaciones que la Ley de Fiscalización de nuestro Estado le señala; por lo tanto el que suscribe solicita a ese H. Congreso del Estado, aplique las acciones que estime pertinentes” en contra de los alcaldes señalados.
Sin embargo, los diputados de la LIX Legislatura no encontraron elementos para la procedencia de un juicio político, ya que según ellos, las acciones denunciadas por el ex auditor eran en todo caso “materia de un procedimiento de responsabilidad administrativa”, y al final privilegiaron la forma (la manera en que se presentó la denuncia) sobre el fondo (la irregularidad documentada de los alcaldes).
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado establece que “es procedente el juicio político cuando los actos y omisiones de los servidores públicos (…) redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”, y menciona entre ellos, las “violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuesto de la administración pública y a las leyes que determinen el manejo de los recursos económicos de la Entidad”.
Pero los legisladores de Guerrero consideraron que la no presentación de la cuenta pública no era motivo de juicio político, sino sólo de responsabilidad administrativa.
Cuenta pública 2012
Por cierto, el 28 de febrero venció el plazo para la presentación de la cuenta pública del ejercicio 2012 y sólo 41 municipios la entregaron en tiempo, según la página electrónica de la AGE.
Este hecho coloca en su real dimensión el interés y la disposición que tuvieron los ayuntamientos del periodo 2008-2012 para rendir cuentas, ya no digamos a los ciudadanos, que tendrían que ser los principales destinatarios de la información del ejercicio de los recursos públicos municipales, sino a la propia AGE, que por ley es la responsable de fiscalizar formalmente esa información.
Sin embargo, desde hace muchos meses la AGE no publica ninguna información en su sección sobre “sanciones aplicadas por la no presentación de la cuenta pública” ni en la de “denuncias penales”, es decir, no hay un mecanismo que evidencie públicamente a los infractores y a la vez inhiba este tipo de prácticas en los ayuntamientos.